Migración
De Aranzadi a Martutene: una ola de desalojos sacude Euskal Herria

“Tolerancia cero ante los asentamientos ilegales”. Con esa fórmula, el grupo municipal socialista resumió su plan de acción contra la exclusión social en Iruñea, al calor del debate sobre el desalojo de la antigua Ikastola Jaso.

Este asentamiento, que acoge a unos 60 jóvenes magrebíes en situación irregular, es uno de los cuatro espacios en proceso de desalojo durante los últimos meses: el Convento de Agustinas en el Parque de Aranzadi, la mencionada Ikastola Jaso -ambos en la capital navarra-, el asentamiento en Zorrotzaure en Bilbao -desalojado en octubre-, el antiguo colegio de Agustinos en el barrio donostiarra de Martutene -desalojado el 4 de diciembre- y uno de los pabellones de la antigua fábrica de Zardoya-Otis situada en Herrera (Donostia). A esto habría que sumar el campamento improvisado frente a la comisaría de Salburua en Gasteiz, donde decenas de malienses han esperado durante meses a la intemperie para formalizar su solicitud de asilo.

El fenómeno de los asentamientos es relativamente nuevo en Euskal Herria y su origen es el lento declive de las sociedades del norte global y su particular declinación vasconavarra

El fenómeno de los asentamientos es relativamente nuevo en Euskal Herria y su origen habría que situarlo en “el lento declive de las sociedades del norte global y su particular declinación vasnonavarra”. La respuesta institucional, que incluye también a los partidos progresistas en el poder, parece limitarse a salvaguardar el “oasis vasconavarro” para la aristocracia obrera vinculada a la industria y las clases medias autóctonas en proceso de descomposición, que resisten como pueden al reciente embate de la inflación mediante el empleo estatal y el patrimonio inmobiliario.

La respuesta institucional ante esta situación de emergencia habitacional, aunque también novedosa, no sorprende excesivamente. Los discursos que se emiten desde las instituciones vascas y navarras basculan entre el supuesto “efecto llamada” que denunciaba Joseba Asiron -alcalde de Iruñea po EH Bildu- y la “tolerancia cero” que anunciaba el PSN por medio de su portavoz municipal, con Jon Insausti en una posición equivalente a la de Gabriel Rufián, que pedía en noviembre hacer frente al “reto” de la migración en los barrios: “lo que se está haciendo con Martutene es mirar al problema de frente, llamar a las cosas por su nombre y ofrecer soluciones concretas”, decía el flamante alcalde del PNV en Donostia para referirse al desalojo de Martutene, ejecutado días después de estas declaraciones.

Si bien hay cierta variedad en los discursos -dependiendo de la posición relativa de los partidos en la geometría variable de los gobiernos municipales y autonómicos respectivos- la estrategia está siendo similar en todas las capitales: señalamiento público de los medios de comunicación, que vinculan un supuesto aumento de la criminalidad con los asentamientos, intervenciones policiales de diversa intensidad sobre los residentes y, finalmente, la ejecución de un desalojo motivado por la preocupación por la seguridad de los residentes, previamente estigmatizados.

A esto hay que sumar las promesas incumplidas de intervención de los servicios sociales e incluso el ofrecimiento de alternativas habitacionales que se desvanecen como lágrimas en la lluvia al día siguiente del desalojo.

Lo que sigue a continuación es la crónica detallada de los desalojos de estos cinco edificios -dos de ellos ya ejecutados- que se sitúan en cuatro barrios de rentas bajas de las capitales vasconavarras -Bilbao, Iruñea y Donostia- que suelen despuntar tanto en el ranking de ciudades con mayor renta per cápita del estado como en el de los precios de vivienda más elevados.

La Ikastola Jaso y la estación del TAV en Iruñea

La ikastola Jaso tiene una historia de identidad cooperativa, apoyada sobre los valores de la participación comunitaria, la innovación pedagógica y el compromiso con el euskera. Tras 20 años de abandono del antiguo edificio de la escuela -con el paréntesis que supuso su uso como centro cultural durante algunos años- la cooperativa Jaso, como propietaria del edificio, manifiesta impaciencia sobre el desalojo y el pasado mes de junio solicita formalmente al ayuntamiento el derribo del inmueble.

El alcalde Joseba Asiron (EH Bildu) manifestaba su apoyo al derribo y declaraba que “es perentorio para evitar problemas a futuro que desde el juzgado se emitan las correspondientes autorizaciones”. Será, sin embargo, el Consorcio del TAV el que financie y ejecute el derribo, ya que el edificio forma parte del PSIS de Etxabakoitz, la denominación oficial del plan urbanístico que construirá unas 12.000 viviendas nuevas y la estación del Tren de Alta Velocidad.

El alcalde Joseba Asiron (EH Bildu) manifestaba su apoyo al derribo y declaraba que “es perentorio para evitar problemas a futuro"

La operación -que lleva atascada al menos 10 años debido a la caída en la rentabilidad del negocio inmobiliario tras la crisis de 2008- no se aleja demasiado de otras intervenciones de “regeneración” urbana en las que se prioriza el negocio privado frente a las necesidades de los vecinos y vecinas del barrio -en su mayoría inquilinos de rentas bajas-, para quienes no se prevén soluciones habitacionales alternativas.

En caso de ejecutarse el proyecto, la Cooperativa Jaso recibiría aproximadamente 1,22 millones de euros, aunque lo que motiva su solicitud según un comunicado emitido por la entidad es la preocupación por la situación de las personas que ocupan el inmueble para los que, de forma paradójica, no plantean ninguna alternativa.

Los colectivos confrontan al Ayuntamiento de Iruñea por su enfoque exclusivamente policial 

La asociación de acogida Apoyo Mutuo respaldó, el pasado verano, la puesta en marcha de brigadas de saneamiento y reconstrucción, organizadas por los propios inquilinos del edificio, y solicitó al ayuntamiento el traslado de escombros y basura y la instalación de contenedores y sanitarios. La respuesta municipal se redujo a asignar varias patrullas policiales a la vigilancia del edificio confirmando lo que para colectivos como Negu Gorriak confirma el giro del ayuntamiento hacia posiciones punitivistas: “se extienden los pánicos sociales y el culto a la seguridad, dejando margen tan solo a soluciones punitivas para problemas que, en realidad, provienen de la distribución del poder y la riqueza” señalaban en noviembre durante la rueda de prensa en la que lanzaban su campaña de acogida invernal para personas sin hogar.

El coste diario de mantener esta presencia, considerando el salario de dos agentes, uniformes, equipos de protección, mantenimiento del coche patrulla y combustible, puede superar los 1.500‑1.800 euros por día. Un despliegue policial de este tipo contribuye a apuntalar la narrativa que vincula inmigración magrebí con criminalidad y que es plenamente funcional a la derechización del bloque progresista. Tal y como analiza y cuestiona Nuria Alabao en un artículo sobre las declaraciones xenófobas de Gabriel Rufián no existen datos que prueben estadísticamente la relación entre inmigración y aumento de la criminalidad en el contexto europeo.

El desalojo del Parque de Aranzadi (Pamplona): mercantilización de los cuidados bajo la excusa de la sostenibilidad

Mientras se acelera el desalojo de Jaso, el Parque de Aranzadi vive su propia transformación impulsado por promesas de regeneración verde, inclusiva y sostenible. El parque, que fue remodelado por UPN en 2012 entre protestas y resistencia vecinal, experimenta ahora su segunda transformación: recibirá una inversión total de 2,75 millones de euros, provenientes mayoritariamente de los fondos europeos Next Generation. Si en 2012 UPN fue duramente criticado por demoler las huertas del meandro para crear una suerte de “parque temático” inspirado por esas mismas huertas, la propuesta de destinar el histórico edificio de la Casa Arraiza a una residencia “para estancias cortas de artistas, en un entorno propicio para la creación” contribuyendo a la “Mejora de Pamplona como ciudad que atrae arte y cultura”, ha pasado sin pena ni gloria, a pesar de que la primera decisión del consistorio fue la de tapiar el edificio y expulsar a las personas que trataban de sobrevivir en el inmueble.

En una Navarra en la que once grupos empresariales acaparan la vivienda en alquiler y más de 20% de las viviendas (unas 70.000) están vacías o usadas como segundas residencias, desalojar a personas sin hogar para albergar usos elitistas, puntuales y sin ninguna voluntad de priorizar medidas mínimamente encaminadas a la crisis habitacional, refleja cómo la regeneración urbana se entrelaza con lógicas de valorización del suelo y gestión selectiva de los espacios de espaldas a las necesidades de la poblaciones más vulnerables. En la misma línea, la también tapiada Casa Soto-Etxezuria florecerá como centro de horticultura ecológica acogiendo habitaciones destinadas a estudiantes universitarios. 

La transformación de los cuidados en un negocio lucrativo aterriza en el Parque de Aranzadi mediante esta operación del grupo Vitalia auspiciada por el Ayuntamiento de Iruñea

Pero la operación que reorganiza de forma radical el Parque de Aranzadi y cristaliza el viraje derechista de la ordenación territorial en la ciudad se materializa en el antiguo convento (también tapiado) de Agustinas, en el que conviven hoy en día unas 140 personas. El convento, una vez rehabilitado, se convertirá en un hospital de neurorrehabilitación con 33 habitaciones. En la parcela contigua se prevé una residencia de mayores con 120 plazas,a los que sumar 39 plazas en  apartamentos tutelados. La explotación, para los próximos 75 años, ha sido adjudicada a la empresa Hospital San Vicente, del Grupo Vitalia.

Este grupo ha sido objeto de investigación y sanciones por las condiciones deplorables de asistencia  que impone a sus residentes y que van desde mobiliario ensangrentado a viales  de insulina caducados: durante la pandemia, en la residencia de Leganés, 100 personas murieron en un mes por deshidratación y desnutrición, producida por la desatención médica y la falta de personal. El Grupo Vitalia Home ha sido recientemente adquirido por Stepstone y Greykite, dos fondos de inversión inmobiliario. La transformación de los cuidados en un negocio lucrativo aterriza en el Parque de Aranzadi mediante esta operación auspiciada por el ayuntamiento.

El desalojo de Zorrotzaure (Bilbao): el cooperativismo al servicio de la especulación

Las intervenciones violentas sobre los campamentos de refugiados se repiten por toda Euskal Herria: los equipos de gobierno practican con colectivos migrantes en situación de calle la omisión de atención, impidiendo la incorporación de poblaciones enteras a los circuitos de ciudadanía, ya de por sí limitados, que establecen los protocolos y normativas básicas en relación a la acogida: del padrón al desalojo, el objetivo parece ser la expulsión del proletariado migrante. 

El proceso de asedio racial desatado en la isla de Zorrotzaurre, como sueño húmedo de la patronal vasca ante la urgencia de reconfiguración de su Oasis inaugura el paradigma: habitados previamente por más de 80 jóvenes migrantes en situación de exclusión, el macrodesalojo se ejecutó a través de un operativo mixto en el que participaron el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, la Policía Municipal -en coordinación con una empresa de seguridad privada- y una constructora contratada directamente por el Grupo Mondragón.

La rotura de una tubería en octubre del año pasado -presentada como “accidental”- provocó la inundación que justificó el dispositivo de emergencia que dio comienzo al desalojo propiamente dicho, según denuncia BKAS (Bilboko Kaleko Adari Solidarioak) La maniobra terminó con accesos sellados y una demolición exprés, lo que ha dejado a las personas refugiadas que sobrevivían allí sin alternativa habitacional, a pesar de las promesas del ayuntamiento.

Ningún partido político del ayuntamiento de Bilbao -liderado por el PNV- se ha manifestado en contra de estos desalojos, sobre los que el Grupo Mondragon pretende desplegar el llamado Bilbao Bizkaia Digital Faktory, una alianza público privada que combina cesión municipal de suelo público, financiación europea y el impulso del grupo cooperativo.

El desalojo de Martutene (Donostia): actuar como la extrema derecha para evitar el auge de la extrema derecha

El desalojo del antiguo colegio Agustino de Martutene constituye otro de los procesos que ejemplifican a la perfección la deriva securitaria instalada en el abordaje de la exclusión. En esta ocasión, es el Ayuntamiento de Donostia el responsable del despliegue  Tras más de 20 años de abandono, el antiguo edificio se convirtió en refugio para 111 personas, en su mayoría jóvenes migrantes del Magreb, que lo habitaban ante la falta de alternativas públicas en la ciudad del Estado que encabeza récords históricos en el precio de la vivienda.

El ayuntamiento y la  Diputación de Gipuzkoa, a pesar de conocer las condiciones precarias del espacio, no sólo no han previsto planes de contingencia sino que han avivado el pánico securitario con el que justificar el adelanto del desalojo. A la prohibición de ofrecer cenas solidarias para las personas en situación de calle, el pasado año, se añaden las críticas del Ararteko por una operación policial contra las personas habitantes del edificio en marzo de 2025 en la que el defensor del pueblo percibía una clara motivación racista.

A pesar de que el Ayuntamiento de Donostia anuncia un trabajo individualizado para las 111 personas desalojadas de Martutene, las medidas concretas de alojamiento e itinerarios son mínimas, fragmentarias y condicionadas.   

A pesar de que el Ayuntamiento anunció un trabajo individualizado para las 111 personas desalojadas de Martutene, las medidas concretas de alojamiento e itinerarios son mínimas, fragmentarias y condicionadas: se ofrecieron unas pocas noches en albergues a unas pocas personas sin garantizar continuidad ni dignidad. A esto hay que añadir el hecho de que el albergue municipal La Sirena -previsto para la temporada de invierno- no ha abierto sus puertas ni un solo día. En la práctica, fueron las organizaciones de apoyo -y no el ayuntamiento- quienes organizaron una respuesta al desalojo, mediante la recogida de tiendas de campaña y ropa de abrigo.

El 4 de diciembre del pasado año Donostia fue escenario de un dispositivo policial absolutamente desproporcionado en Martutene: zona acordonada, furgonetas de la Ertzaintza, patrullas de la Policía Nacional y Municipal, a lo que hay que añadir el uso de drones y unidades caninas. 

Desalojo del pabellón de Zardoya-Otis: rematando la faena en la capital donostiarra

El último episodio de esta serie de macrodesalojos tuvo lugar en el barrio de Herrera. En los pabellones abandonados de la antigua fábrica de Zardoya-Otis -otra matáfora del declive industrial en Euskal Herria- sobreviven unas 200 personas, 30 de las cuales fueron desalojadas de uno de los pabellones el 26 de enero de este año.

Varios colectivos denunciaban la pasividad del ayuntamiento, al que acusaban de “complicidad” con los propietarios de la fábrica abandonada. Finalmente, los ocupantes abandonaron el edificio ante la llegada de la comitiva judicial, mientras que el el alcalde anunciaba la próxima construcción de “viviendas”, sin dar plazos ni mayores detalles.

El fin del “oasis” y la emergencia de un nuevo antagonismo

El periódico Argia recogía en un artículo del año pasado un rosario de algaradas racistas de distinta intensidad repartidas por todo el país, tales como las que al inicio del verano se dieron en las fiestas de Hernani y contra el centro de menores de Marcilla. Una de ellas tenía como protagonista el barrio popular de Martutene, donde aparecieron pintadas racistas y hubo conatos de organización de patrullas ciudadanas.

Este brote está conectado con el crecimiento del número de personas que pernoctaban en el Colegio de los Agustinos pero, sobre todo, con una oleada de morofobia que recorre Europa y a la que el “oasis vasco-navarro” no es ajena, por mucho que determinados actores políticos señalen la escasa representación institucional de Vox como una prueba irrefutable de la inmunidad de las clases medias locales a los discursos securitarios y anti-migración.

Lo “moro” se vincula cada vez más con esa categoría que antiguamente se aplicaba a los “bárbaros”: son poblaciones excedentarias en términos laborales, incapaces de adecuarse a los valores europeos de la igualdad y la convivencia pacífica.

Lo “moro” se vincula cada vez más con esa categoría que antiguamente se aplicaba a los “bárbaros”: son poblaciones excedentarias en términos laborales, incapaces de adecuarse a los valores europeos de la igualdad y la convivencia.

Quien mejor ha resumido este enfoque es el alcalde de Donostia -Jon Insausti, PNV- en las semanas previas al desalojo, cuando advirtió de que en caso de no ejecutar esta medida “luego tal vez vienen otras opciones políticas a ofrecer respuestas que nos gustan bastante menos” en clara referencia al crecimiento de la extrema derecha en las encuestas. Ante la posibilidad de que Vox capitalice el descontento ante una migración supuestamente descontrolada, la mejor solución parece ser asumir y ejecutar esas mismas políticas como propias.

Más allá del tono -más o menos conciliador según la existencia o no de presión social- la lógica institucional y las medidas concretas están discurriendo por carriles muy similares en todas las capitales. En Pamplona, a pesar de las críticas de Nafarroako Arartekoa y de los movimientos sociales, el ayuntamiento continúa negándose a adjudicar empadronamientos de oficio y retrasa de forma injustificada los trámites del padrón durante meses, vulnerando su propio marco administrativo.

A su vez, tanto el ayuntamiento de Donostia como el de Iruñea han sido criticados por los movimientos sociales por negarse a abrir los albergues durante la reciente ola de frío, una práctica reiterada en Donostia, tal y como también denunció en Ararteko en 2024.

En los cinco edificios los ayuntamientos han optado por la solución policial frente a otros enfoques, llegando a contratar seguridad privada para ejecutar el desalojo, como en el caso de Zorrotzaure

Al mismo tiempo, en todos los casos señalados se repite la falsa promesa de la alternativa institucional, cuyo ejemplo más sangrante es el reciente desalojo de Martutene: desde los movimientos sociales señalaron que fueron ellos y no el ayuntamiento quienes se ocuparon de derivar a las personas que habitaban el inmueble a los albergues municipales y que a día de hoy no han podido contabilizar cuántas de esas personas han sido realmente atendidas en estos refugios temporales.

En los cinco edificios, además, los ayuntamientos han optado por la solución policial frente a otros enfoques, llegando a contratar seguridad privada para ejecutar el desalojo, como en el caso de Zorrotzaure. En los cinco casos reportados hay siempre un interés inmobiliario de fondo, ya sea en forma de operación especulativa o de regeneración verde del barrio. Por último, en dos de los cinco casos son cooperativas con vocación “social” -la Ikastola Jaso y la Cooperativa Mondragon- las que se beneficiarán de estos desalojos y las que no han dudado en pedir públicamente la aceleración de estos procesos.

La lógica institucional y las medidas concretas están discurriendo por carriles muy similares en las tres capitales.

Detrás de las propuestas de integración de “las minorías ejemplares”, aquellas personas que supuestamente vienen a trabajar frente a los que vienen solo a delinquir, se ocultan los efectos devastadores de la Ley de Extranjería junto con la crisis de emergencia habitacional que azota a Euskal Herria.

Cuando las instituciones hablan de premiar al migrante que no delinque con supuestos itinerarios de integración, se están refiriendo a la prueba de obstáculos que debe superar cualquier extranjero en situación irregular, especialmente los de origen africano: sobrevivir en la calle durante dos años sin ingresos de ningún tipo y bajo vigilancia policial constante, con la esperanza de obtener la Renta Básica o la Renta Garantizada en caso de poder demostrar el empadronamiento de forma continua, un empadronamiento que se niega por parte de las administraciones y por el que se ven obligados a pagar, en ocasiones, hasta 500€ en el pequeño mercado negro que florece en torno a la violencia administrativa.

Ante esta ola securitaria que impregna todo el entramado institucional y que afecta a todo el arco partidista, tan solo algunos movimientos sociales están apostando por el apoyo mutuo, con la esperanza de tejer alianzas con el nuevo proletariado migrante. Negu Gorriak en Iruñea está impulsando la segunda campaña hivernal de pernoctas para las personas que viven en los asentamientos de Aranzadi y Jaso, que se prevé que dure hasta el final de abril.

Asímismo, el colectivo iruindarra realizó el pasado 14 de febrero un primer auzolan para reacondicionar el Convento de Aranzadi y llaman ahora a convertir el asentamiento en un “nuevo centro social autogestionado” para Iruñerria mediante un segundo auzolan, convocado para el 18 de abril.

B-KAS (Bilboko Kaleko Afari Solidarioak) comenzó ofreciendo comidas a las personas que residían en el edificio de Zorrotzaure y ha terminado por convertirse -junto con una parte del movimiento vecinal de Bilbao- en una de las pocas entidades organizadas en contra del racismo institucional.

En Donostia, una red de asociaciones y miembros del Movimiento Socialista han resistido en solitario el desalojo de Martutene mientras que CEAR y el Sindicato Socialista de Vivienda -junto con algunos vecinos de Gasteiz- dieron apoyo a las decenas de malienses que acamparon durante este invierno frente a la comisaría de policía de Salburua en busca de asilo político.

Ante esta ola securitaria que impregna todo el entramado institucional y que afecta a todo el arco partidista, tan solo algunos movimientos sociales están apostando por el apoyo mutuo.

En definitiva, ya no podemos considerar esta serie de desalojos como incidentes aislados. Se palpa la agudización de las contradicciones del capitalismo racial en Euskal Herria: en un lado, procesos de acumulación por desposesión que tratan de cabalgar ciclos inmobiliarios cada vez más cortos y menos rentables; en el otro, población migrante considerada excedentaria y unas clases medias en proceso de descomposición que se debaten entre la solidaridad con los recién llegados o las falsas promesas de conservar un estado de bienestar reservado solo a la población autóctona.

En el centro de todo ello, la cuestión de la vivienda, que es, al mismo tiempo, una fuente de ingresos para una parte de las clases medias autóctonas y una herramienta de expulsión para migrantes y jóvenes precarizados.