Bilbao
El Ayuntamiento de Bilbao desaloja Zorrotzaurre sin garantías de habitación para sus habitantes

Se viven días tristes en Bilbao para la dignidad y el respeto de los derechos humanos. El Ayuntamiento culminó ayer el desalojo de los pabellones Lancor y Consonni de la Ribera de Deusto, dentro del plan urbanístico que desarrolla en Zorrotzaurre. El consistorio liderado por el PNV ha tratado de justificar el desalojo alegando que se trata de un “abandono voluntario”, asegurando que se facilitará una alternativa residencial permanente.

Cómo ha podido comprobar Hordago desde el lugar de los hechos, y en contacto permanente desde hace semanas con las personas expulsadas, se han ejercido diversas presiones sobre quienes habitaban ambos edificios. Dichas presiones culminaron con el sabotaje de las cañerías y la apertura de las llaves de paso del sistema sanitario previo a la reurbanización, lo que provocó una grave inundación en una de las zonas de Consonni que terminó afectando al resto del pabellón. Fuentes del cuerpo de bomberos municipal atestiguan haber sufrido “impedimentos” en la realización de sus tareas durante las diez horas en las que un chorro de agua dulce a presión inundó la planta baja del pabellón.

Una inundación provocada por el sabotaje de cañerías precipitó el desalojo sin garantías de decenas de personas en los pabellones de Consonni, con presencia constante de la Policía Municipal y la Ertzaintza.

Al día siguiente, el 9 de octubre, y ante la conmoción de quienes encontraron sus enseres, documentación y única morada totalmente anegados, dos comitivas del Ayuntamiento de Bilbao acudieron al lugar hacia las 11 de la mañana para iniciar el denominado “abandono voluntario” de los residentes. La mayoría de las personas no se encontraban en los pabellones, pues a esa hora asistían a los cursos de alfabetización, requisito casi indispensable para acceder a los recursos del SMUS. Una de las comitivas, supuestamente interesada en realizar averiguaciones sobre el estado del inmueble y la misteriosa inundación, no se identificó en ningún momento y abandonó el lugar poco después.

Otra de las comitivas, encabezada por el director de Acción Social, Asier Alustiza, y la coordinadora del SMUS, prometía alternativas habitacionales a los afectados. La Policía Municipal acompañaba en todo momento el dispositivo, que en la práctica supuso un desalojo forzoso con un despliegue notable de efectivos. Se ordenó a todas las personas acudir al SMUS al mismo tiempo, lo que generó un auténtico caos. Allí se les entregaron fotocopias con indicaciones de a qué “recursos de emergencia” debían dirigirse (Claret en San Francisco, Montaño en la vieja vía de Lezama y Otxarkoaga), en un reparto que siguió una lógica meritocrática y edadista. En este contexto, militantes y activistas de la Plataforma BKAS, Etxebizitza Sindikatua y Errondoko Gaztetxea tuvieron que poner sus vehículos privados a disposición de los expulsados.

El Ayuntamiento habilitó de forma exprés refugios precarios de cuatro o cinco días a través de organizaciones del tercer sector y promete “soluciones permanentes” con unos sistemas sociales ya saturados.

El Ayuntamiento contrató de forma exprés a organizaciones del tercer sector para habilitar estos refugios. Fuentes de trabajadores implicados señalan que se trataba de un primer dispositivo “de cinco días”, acompañado de la promesa de integrar posteriormente a estas personas en los sistemas de políticas sociales. En la práctica, sin embargo, dichos sistemas se encuentran ya saturados y terminan dejando a parte de la gente en una situación de sinhogarismo severo.

Durante la noche del 9 al 10, la zona quedó completamente acordonada por al menos seis furgonetas de la Ertzaintza y la puerta fue sellada. El objetivo era dar cobertura a los camiones y máquinas de las empresas demoledoras. Bajo el amparo legal y logístico del Ayuntamiento se desplegaron cuadrillas “técnicas” que limitaron el acceso a las personas cuyo nombre figuraba en la lista elaborada por el SMUS. 

Desde entonces, la presencia policial ha sido constante, aunque es una empresa privada de seguridad la que gestiona la entrada de las personas expulsadas para recuperar sus enseres, en función de las listas previamente confeccionadas por el SMUS. Esta misma tarde han comenzado las labores de demolición, y a lo largo de la jornada se han presentado en la zona en diferentes momentos Asier Abaunza, concejal delegado de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos; Conchi Claver, concejala de Promoción Económica; y Javier Garcinuño, director de Bilbao Ekintza.

Según denuncian los colectivos antirracistas que hoy asisten a los afectados, la violencia institucional atenta contra el derecho a la vivienda y el respeto a la integridad de las personas. Estos hechos han sobrepasado todos los límites imaginables cuando el miércoles los habitantes de los pabellones sufrieron un ataque a sus pertenencias, al reventar de forma sospechosa, una tubería para inundar algunas de las habitaciones.

La prensa local que da cobertura al desalojo, en este caso con el objetivo de espolar que se produzca, no se ha hecho eco de ese ataque. Expertos jurídicos vinculados a los colectivos de las organizaciones que han prestado sus manos para achicar agua, dar de comer o acompañar a los afectados señalan que el proceso carece de legalidad.

El Ayuntamiento ha asegurado que garantizará alternativas residenciales sostenibles a las personas desahuciadas, aunque esta promesa genera dudas entre los colectivos que se han agrupado en su defensa. Estos colectivos —“BKAS”, “Etxebizitza Sindikatua” y “Errondoko Gaztetxea”— ya organizaron la semana pasada una cena solidaria con el objetivo de reforzar lazos y reivindicar el derecho a que sus moradas sean respetadas. Recuerdan, además, que en otros casos similares no se han asegurado alternativas de vivienda para las personas afectadas.

Desalojo sin garantías legales

Tras la aceleración del proceso de desalojo por parte del equipo de gobierno del PNV-PSE, que enmendaron la propuesta de “desokupación” del PP, para dar un impulso definitivo al derribo total de los edificios. El desenlace de los acontecimientos ha sido, por tanto, el previsto en la agenda oficial de la villa.

Estas han sido semanas de intensificación de la presión sobre los residentes de los pabellones de Zorrotzaurre con la instalación de cámaras de vigilancia y el incremento de patrullas policiales en la zona. A principios de septiembre, un operativo policial identificó a las cuatro de la madrugada a los ocupantes de los pabellones. Según datos municipales, se contabilizaron 60 personas; los residentes elevaban la cifra a entre 80 y 90. Hoy el alcalde reconocía esta cifra. 

Actualmente, las opciones ofrecidas a los afectados se limitan a estancias temporales que no permiten la convivencia de familias y dependen de derivaciones a otros municipios

Juristas consultados por Hordago  advierten que un desalojo sin notificación previa ni autorización judicial constituiría una vulneración de derechos fundamentales. La legislación vigente protege cualquier morada —incluidas chabolas o tiendas de campaña— frente a desalojos forzosos sin orden judicial. Hasta la fecha, ninguno de los residentes ha recibido comunicación formal sobre el proceso.

Fuentes municipales habían confirmado que el desalojo era “inminente”, aunque sin fecha pública, lo que también contradice la legalidad en la materia. El concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, reconocía en el pleno del 25 de septiembre que el Ayuntamiento estba “en vías de derribar Lancor y Consonni” y que era necesario “darle más ritmo” al proceso. El equipo de gobierno aprobó la colaboración con la Comisión Gestora de Zorrotzaurre para acelerar los derribos de los pabellones “fuera de ordenación”, sin presentar alternativas habitacionales concretas.

De la memoria industrial al negocio tecnológico

Los edificios de Lancor y Consonni figuraban en los planes originales de regeneración de Zorrotzaurre entre los inmuebles a conservar por su valor patrimonial como testimonio de la memoria industrial de Bilbao. El Ayuntamiento y la Comisión Gestora justifican ahora su demolición alegando graves daños estructurales.

Las parcelas están destinadas a la Corporación Mondragón, que construirá el Bilbao Bizkaia Digital Faktory, un polo tecnológico con una inversión superior a 20 millones de euros especializado en inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica. En julio se colocó la primera piedra del Campus Bilbao del Parque Tecnológico de Euskadi, con la confirmación de Mondragón Unibertsitatea e Ikerlan para el edificio de Consonni, y Vicomtech para Lancor.

Los residentes denuncian que el modelo de convivencia que el Ayuntamiento proclama se traduce en exclusión, presión institucional y destrucción de las redes comunitarias

Mientras avanza la transformación urbanística de la isla, los residentes de los pabellones sobreviven sin agua corriente, electricidad ni servicios sanitarios. Se asean en la fuente pública de la zona y subsisten recogiendo chatarra para vender o buscando alimentos en contenedores. Las citas con los servicios sociales municipales se dilatan varios meses.

Con las excavadoras esperando a pie de ribera, los residentes resistían ayer denunciando que el modelo de convivencia que el Ayuntamiento proclama se traduce, en la práctica, en exclusión, presión institucional y destrucción de las redes comunitarias que se han tejido en los márgenes de la ciudad.