Opinión
El Salario Mínimo Interprofesional es una causa común de toda la clase trabajadora vasconavarra

Llega la Huelga General del 17 de marzo con el principal objetivo de seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa. Es de agradecer que se impulsen dinámicas de lucha entre sindicatos y agentes sociales, especialmente si es a favor de una reivindicación justa, necesaria y perfectamente viable. Es una reivindicación justa porque incide en la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras que tienen rentas más bajas y que están más desprotegidas en el mercado laboral. Proteger a estas personas, en un contexto, además, de continuas subidas de precios de los bienes de primera necesidad (alimentos, vivienda y energía), debería ser una prioridad de cualquier política laboral progresista.

Es una reivindicación necesaria, porque, en las próximas décadas, estamos obligados a implementar una transición ecosocial que transforme nuestro sistema económico para hacerlo compatible con el sostenimiento de la biosfera a largo plazo. En este contexto, se hace imprescindible una política de rentas fuertemente igualitaria que oriente el sistema productivo hacia la satisfacción de las necesidades básicas del conjunto de la población.

Por último, es una reivindicación viable desde el punto de vista económico, donde tiene efectos positivos a diferentes niveles; y es, además, viable desde el punto de vista político, lo que se demuestra por el hecho de que el propio Gobierno Vasco se ha posicionado a favor de un SMI de convenio de hasta 1.385 euros brutos mensuales en 14 pagas, basándose en un informe recientemente publicado.

Durante décadas el SMI ha estado olvidado tanto en el debate político como en el sindical. A lo largo del siglo XXI los diferentes gobiernos lo congelaron o aplicaron ligeras subidas, lo que llevó al SMI a tener cada vez menos incidencia en el conjunto de la clase trabajadora, siendo marginales quienes veían su salario aumentado por esta medida que se impulsa vía decreto del gobierno.

Desde 2018 se acumula un incremento del SMI del 66% hasta los 1.221 euros actuales, periodo en que la subida de los precios ha sido del 23%, 39% la de los alimentos, mejorando los salarios reales de las personas que menos cobran

Pero en 2018 se dio un punto de inflexión y fuerte cambio de tendencia en la materia, gracias a la política aplicada por la mayoría de izquierdas que desde entonces gobierna en España. En el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la moción de censura de Rajoy, a la que el PNV fue el último partido en brindar su apoyo, la subida del SMI de 735 a 900 abrió una brecha en el debate público. Año tras año, se ha ido asumiendo por todas las partes como un camino acertado por todos sus efectos positivos, habiendo acumulado un incremento del 66% hasta los 1.221 euros actuales. En el mismo periodo la subida de los precios ha sido del 23% (39% la de los alimentos), mejorando los salarios reales de las personas que menos cobran.

Además de su efecto beneficioso sobre las rentas bajas, el incremento del SMI tiene un impacto directo en la transformación de la estructura económica. Por un lado, sirve para disciplinar al capital obligando a las empresas a realizar inversiones que incrementen la productividad. Además, el aumento del SMI incentiva la demanda interna, aumentando el consumo, la producción de bienes y servicios imprescindibles y cercanos y la contratación de empleos para llevarla a cabo. Finalmente, la subida del SMI también afecta al cálculo de las prestaciones por desempleo, a la negociación de convenios colectivos y a la parte de rentas no embargables, ampliando fuera de los márgenes del mundo del trabajo su impacto de mejora general de las condiciones de vida.

Aparte de los beneficios económicos, el debate sobre el SMI también tiene potencialidades políticas evidentes. La lucha en el ámbito sindical conecta con un ámbito político más amplio, erigiéndose en reivindicación universal del conjunto de la clase trabajadora, ya que promueve su cohesión interna, mejorando la igualdad distributiva y, por tanto, cortando el paso al auge de propuesta racistas y movimientos neofascistas.

Pero el SMI actual también tiene límites y no es de cuantía suficiente para generalizar vidas dignas, máxime en territorios donde el coste de vida es más alto, como en Euskal Herria. Por ello, la implantación de un SMI propio, siempre más alto que el estatal, así como la lucha generalizada por el salario, con la que diversos sindicatos inciden en esta convocatoria de huelga, refuerzan el poder obrero, mejorando su perspectiva de ampliación de los márgenes de avance social y transformación política.

Durante las últimas semanas y meses han sido muchos los estudios publicados y lecturas realizadas en torno a esta reivindicación concreta, lo que nos anima a hacer públicas algunas precisiones que aportar a favor de la huelga y de su posible victoria.

En Euskal Herria sólo hay 42.000 personas que cobren el SMI actual de 1.221 euros al mes a tiempo completo, siendo el 2,3% de los hombres y el 5,9% de las mujeres asalariadas

¿1.500 euros mensuales, para quién?

Por un lado, la subida del SMI ha incrementado notablemente el número de personas trabajadoras que cobra este nivel de salario, aunque todavía son pocas, tanto en Euskal Herria como en España. En ese sentido, algunas estimaciones sindicales hacen una sobreestimación de las personas que cobrarían el SMI de 1.500 euros propuesto, bien porque se computan trabajadores/as parciales que cobran por encima del SMI, a las que no afectaría la medida, bien porque se computan contratos y no personas, distorsionando las mediciones.

A la vista de los micro-datos de la población asalariada en la Muestra Continua Vidas Laborales (MCVL), y al margen de los agricultores para quienes hay problemas de medición en la muestra, actualmente en Euskal Herria sólo hay unas 42.000 personas que cobren el SMI actualmente fijado, de 1.221 euros al mes para quienes trabajan a tiempo completo, siendo el 2,3% de los hombres y el 5,9% de las mujeres asalariadas. En España la incidencia del SMI es mayor, aunque también limitada, con un 4,2% de hombres y un 9,6% de mujeres con salarios regulados y aumentados vía decreto del Ministerio de Trabajo.

De alcanzar los 1.500 euros propuestos, más de 165.000 trabajadores y trabajadoras vasconavarras se verían beneficiadas directamente, el 21% de las mujeres y el 11,2% de los hombres asalariados

Por lo tanto, todavía hay margen para subir el SMI, sabiendo además que cada incremento multiplicará el número de beneficiarios. Para ser conscientes de su importancia, cabe destacar que de alcanzar los 1.500 euros propuestos, más de 165.000 trabajadores y trabajadoras vasconavarras se verían beneficiadas directamente, el 21% de las mujeres y el 11,2% de los hombres asalariados, Vemos, por lo tanto, que con una subida moderada, pasamos de una situación en la que la incidencia del SMI es marginal a otra en la que empieza a afectar a porcentajes significativos de la clase trabajadora.

Esto pone de manifiesto la potencialidad política del SMI, ya que, con su aumento, la base de potenciales personas beneficiarias no deja de aumentar. Además, las subidas transforman también la composición de quienes reciben el SMI, aumentando el peso de quienes han nacido en Euskal Herria, respecto a la población extranjera, y afectando a puestos de trabajo en cada vez más sectores y actividades. Podríamos decir, en este sentido, que el SMI podría pasar de ser una política que se mueve todavía en el terreno de lo asistencial, a ser el elemento central de una política de clase. Esto reforzaría la cohesión política de la clase trabajadora y de la sociedad en su conjunto en un momento en el que la ofensiva del fascismo fósil amenaza con llevarse por delante el planeta.

Medidas complementarias

Aun así, la política del SMI tiene también sus límites. Al seguir siendo su impacto bastante escaso, las subidas de los últimos años no han aumentado lo suficiente su grado de cobertura. Existe, por lo tanto, un amplio margen de mejora y es necesario seguir empujando en la dirección señalada. Además, la inflación, sobre todo la vinculada a alimentos, energía y vivienda, contrarresta parte de las subidas del SMI y, por ello, sería imprescindible compaginarla con una política de control de precios.

Por otro lado, la subida del SMI puede inducir a algunos trabajadores al trabajo irregular y, por ello, también hay que reforzar la inspección laboral. En este sentido es también imprescindible avanzar en la eliminación de las barreras raciales que fragmentan el mercado laboral y condenan a las personas más vulnerables a situaciones de explotación laboral extrema. En esta línea se ha dado pasos positivos, como la regularización general de los más de 500.000 inmigrantes que aún no tienen el derecho fundamental al trabajo legal regulado por ley, convenio y contrato, pero habría que facilitar también su acceso a la plena ciudadanía empezando por el derecho a voto.

Volviendo a los precios, hay grandes diferencias en el coste de la vida entre los diferentes territorios y esto pone de manifiesto la necesidad de un SMI autonómico. Además, un SMI propio permitirá articular dinámicas de movilización a una escala más cercana, optimizando las fuerzas sindicales e incorporando la subida del SMI con más fuerza en la agenda política.

El riesgo de que el SMI propio dividiera la lucha por el salario se puede neutralizar con un coeficiente respecto al fijado por el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, de 1,21 del SMI estatal para alcanzar los 1.500 euros mensuales

Controlar el riesgo de fragmentación a través de un SMI vinculado

Pero la negociación territorial también tiene un riesgo, ya que puede dividir la lucha por el salario mínimo, excluyendo a otros territorios con estructuras económicas más precarias o un menor poder sindical. El caso del salario mínimo en Estados Unidos es un claro ejemplo de esta posibilidad y toda propuesta de mejora en el ámbito autonómico debe articularse considerando la importancia de impulsarse con posibilidades de expansión y solidaridad entre territorios.

Para ello, sería sencillo neutralizar este riesgo si el SMI propio se definiera como un complemento al fijado por el Ministerio de Trabajo, es decir, como un coeficiente que se aplicaría al SMI español. El SMI de 1.500 euros por el que ahora luchamos, por ejemplo, sería el 1,21 del SMI estatal.

Para una Huelga General que bloquee la economía, tanto en los lugares de trabajo como en los barrios y pueblos, es imprescindible la unión de todos los sindicatos, partidos y agentes sociales que defienden la mejora de los salarios

Esta propuesta, al igual que la planteada por los sindicatos en Euskal Herria, podría ponerse en marcha a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores y generaría la solidaridad de las luchas entre las diferentes naciones y pueblos, ya que instaura la posibilidad de subir el SMI a través de dos vías, la autonómica y la estatal, que se refuerzan mutuamente. Esta propuesta optimiza el poder sindical, aprovechando las coyunturas políticas más favorables en cada territorio y, además, no deja fuera a las personas trabajadoras fuera de convenio.

La principal desventaja de esta propuesta es que generaría mayores resistencias por parte de las patronales, que tendrían que hacer frente a las reivindicaciones políticas y sindicales del SMI desde ambos frentes retroalimentados.

Para terminar, llamamos a secundar la huelga y a movilizarse en consecuencia. En estos días de activación social y sindical, desde el mundo del trabajo tenemos que forzar a los partidos gubernamentales y a las asociaciones empresariales a aceptar la reivindicación del SMI propio, organizando nuestra capacidad de bloquear la economía, tanto en los lugares de trabajo como en los barrios y pueblos. Para ello es imprescindible la unión de todos los sindicatos, partidos y agentes sociales que defienden la mejora de los salarios.