Opinión
No te detengas en la regularización: detén el abuso laboral

En todo el mundo, el anuncio de España de regularizar a aproximadamente medio millón de migrantes indocumentados ha sido ampliamente celebrado como un paso histórico hacia la justicia. Los periódicos internacionales elogian al Gobierno español por impulsar uno de los esfuerzos de regularización más ambiciosos de la historia reciente, presentado como una medida para compensar el envejecimiento de la población y, al mismo tiempo, ampliar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en situación irregular.

Pero mientras el país disfruta de la atención mediática por las razones correctas, especialmente en un contexto de creciente sentimiento anti inmigrante en otras partes de Europa, también está siendo sometido al escrutinio. ¿Puede nuestro Gobierno sentar un precedente en la gestión de la crisis migratoria europea? Tal vez. Pero, ¿regularizar a medio millón de migrantes significa realmente que también tendrán derechos iguales? Ni mucho menos.

Aunque algunas de las 500.000 personas migrantes en situación irregular que pronto obtendrán sus papeles proceden de países económicamente desarrollados, su situación difiere profundamente de la del migrante de clase trabajadora que huye de la violencia de bandas, la guerra, el hambre, los desastres climáticos y la pobreza. Este es el grupo de migrantes al que la ley podría beneficiar de manera sustancial, pero solo si abordamos una importante contradicción en sus condiciones laborales actuales: que su propio lugar de trabajo es inseguro.

De manera consciente o inconsciente, ciertos sectores de la sociedad española siguen creyendo que los migrantes tienen menos derecho a protección y justicia

Uno de esos lugares de trabajo inseguros es el hogar español, responsable de emplear a más trabajadoras del hogar migrantes que cualquier otro país de Europa. Dentro de este entorno laboral, la violencia de género sigue siendo vasta, incluso contra migrantes que cuentan con estatus legal.

El empleo doméstico en España se encuentra entre las fuerzas laborales peor pagadas y más sobrecargadas del país. Las mujeres representan el 95,5 % de las 350.000 trabajadores/as del hogar registradas, y el 43,5 % son nacidas en el extranjero, según datos de 2023 del Instituto Nacional de Estadística. La cifra real puede ser mucho mayor: se cree que hasta el doble vive en situación irregular, enfrentando un nuevo conjunto de dificultades al llegar a España.

En febrero publiqué una investigación sobre la violencia de género contra las trabajadoras del hogar. Más de cien trabajadoras del hogar migrantes de toda España han compartido conmigo sus experiencias relacionadas con la violencia de género en el ámbito laboral, incluyendo cerca de 50 entrevistas presenciales. La mitad de las mujeres encuestadas reconoció haber sufrido distintos tipos de violencia, desde insultos y acoso hasta hostigamiento y violación. Sin embargo, ninguna presentó una denuncia ante la policía.

La regularización puede reducir la vulnerabilidad específica de estar en situación irregular, pero no desmantela las estructuras sociales históricas que permiten el abuso de poder

Además, resulta revelador que más de la mitad de las participantes que sí tienen derecho legal a trabajar también manifestaron haber sufrido violencia de género en el lugar de trabajo. El hecho de que ninguna de las mujeres con las que hablé —ni siquiera aquellas con papeles— presentara una denuncia deja claro que el estatus legal por sí solo no elimina el riesgo de sufrir violencia de género en su entorno laboral.

La regularización puede reducir la vulnerabilidad específica de estar en situación irregular, pero no desmantela las estructuras históricas que permiten el abuso de poder. De manera consciente o inconsciente, ciertos sectores de la sociedad española siguen creyendo que los migrantes tienen menos derecho a protección y justicia. Esta dinámica es particularmente evidente en el sector del trabajo doméstico, un lugar de trabajo fuera de la vista que reproduce jerarquías coloniales de clase, etnia y género dentro del espacio íntimo del hogar familiar.

Cientos de miles de familias en todo el país consideran perfectamente normal contratar a una mujer migrante para vivir y trabajar dentro de su casa, y esperan que muchas trabajen más de 40 horas semanales y por menos del salario mínimo. Según mi investigación y entrevistas, una proporción alarmante de empleadores también considera aceptable erosionar —o directamente vulnerar— los derechos humanos de su trabajadora del hogar.

El sector del trabajo doméstico en España vincula el sustento de una mujer migrante a un solo hogar ajeno, un lugar de trabajo que probablemente nunca ha recibido una inspección

¿Quiénes son estos hombres —y mujeres— que adoptan esta lógica colonial hacia las mujeres migrantes en la España moderna? No son individuos al margen de la sociedad: ocupan puestos prestigiosos y bien remunerados, y son profesionales respetados, vecinos, padres y figuras públicas. Se mueven por la vida protegidos por la riqueza, el poder y el estatus, sin verse perturbados por el daño sistemático que infligen a quienes han vuelto aún más vulnerables al invitarlas a entrar en sus hogares.

El sector del trabajo doméstico en España vincula el sustento de una mujer migrante —y a menudo también su vivienda— a un solo hogar ajeno, un lugar de trabajo que probablemente nunca ha recibido una inspección. Las trabajadoras del hogar nunca han podido organizar una huelga colectiva debido al carácter aislado de su sector. A pesar de los valientes esfuerzos de colectivos y sindicatos de trabajadoras del hogar en toda España, su lugar de trabajo sigue siendo, en la práctica, un espacio sin ley.

Este punto ciego institucional permite a los agresores evadir responsabilidades, lo que a su vez alimenta un sentimiento de impunidad: una mentalidad en la que el daño ya ni siquiera se percibe como tal.

Daniela, abogada titulada y ex trabajadora del hogar de El Salvador, me contó que su antiguo empleador le rompió la ropa y la violó violentamente. Después, mientras se escondía en el baño intentando recomponerse, el hombre bajó a fumar. Su testimonio estaba lleno de horror, pero un detalle que me perturbó más de lo que imaginé fue la cotidianidad de lo que vino después: ese cigarrillo.

En el cine y la cultura popular, el cigarrillo después del sexo, a menudo compartido, es un recurso poético que retrata la conexión emocional creada tras la intimidad física. Es un momento de afecto entre quienes han disfrutado haciendo el amor. Sin embargo, en la historia de Daniela, el cigarrillo se convirtió en un símbolo completamente distinto. Señalaba no solo la absoluta ausencia de remordimiento por parte de su jefe tras presuntamente violarla, sino que cada calada parecía prolongar el placer que él afirmaba haber sentido a costa de la dignidad de Daniela, como si fuera una continuación de la violación.

Daniela había solicitado trabajo en un bufete de abogados, pero fue rechazada y le ofrecieron empleo como limpiadora, y su caso no es excepcional. Entre las trabajadoras del hogar que encuesté, el 42% posee títulos universitarios y el 85% completó la educación secundaria; sin embargo, muchas se ven obligadas a aceptar empleos poco cualificados porque sus credenciales son desestimadas o no reconocidas en España.

Es necesario reforzar las inspecciones laborales en sectores con alta presencia migrante y facultarlas para acceder rutinariamente a los espacios de trabajo

La homologación —el proceso administrativo oficial mediante el cual España reconoce formalmente un título extranjero como equivalente a una cualificación española específica, permitiendo a su titular ejercer una profesión regulada u obtener el mismo estatus académico legal en España— puede ser costosa y tardar años. Con la nueva ley de regularización también debe llegar un reconocimiento más ágil y accesible de las cualificaciones educativas internacionales para que los migrantes puedan optar a los mismos empleos que sus colegas nacidos en España.

Si Pedro Sánchez habla en serio cuando menciona la justicia interseccional, su gobierno debe adoptar medidas concretas e inmediatas. Es necesario reforzar las inspecciones laborales en sectores con alta presencia migrante y facultarlas para acceder rutinariamente a los espacios de trabajo. Deben promoverse canales seguros de denuncia accesibles en múltiples idiomas. Y en lugar de quedar confinados a los trabajos que otros rechazan, los migrantes deben ser reconocidos por sus habilidades y formación, y poder competir en igualdad de condiciones por cualquier empleo en España.

Con estas medidas en marcha, el hogar español podría dejar de ser uno de los lugares más peligrosos del país para trabajar y una histórica ley de regularización podría marcar el inicio de una igualdad real en España.