Migración
Hacia el Real Decreto definitivo: “No existe el migrante en situación irregular ideal que el Gobierno imagina”

El pasado 18 de febrero algunas organizaciones sociales han podido acceder al segundo borrador del Real Decreto (RD) de la regularización extraordinaria en el que trabaja el Gobierno central, antes de emitir la última versión que se publicará en el BOE, y que será el que rija el proceso de regularización extraordinaria, anunciada el pasado 26 de enero y aprobada en el Consejo de Ministros del día siguiente. Se trata de una segunda versión, probablemente no definitiva, que añade algunas de las 350 enmiendas que decenas de organizaciones y colectivos le han hecho al primer texto, en el breve plazo que se abrió para ello. Para entonces, en la primera versión del texto, ya se manejaban algunas informaciones generales sobre las que versaba el texto del Gobierno.

Tanto organizaciones como colectivos de migrantes, y entidades que trabajan con esta población, han sido las primeras interesadas en que la información que se comunique por diversas vías sea lo más veraz posible, aunque no sea la definitiva. A su vez reconocen que la falta de un texto definitivo ha dado pie al invento de bulos que pueden crear falsas expectativas, fraudes y engaños o incluso crear desconfianza y miedo que podrían desalentar la solicitud la regularización.

Apenas días después del anuncio de que el Gobierno español daba luz verde a permitir la regularización extraordinaria de personas migrantes, los cientos de colectivos que participaron en la recogida de 700 000 firmas de la ILP Regularización Ya se reorganizaban de nuevo. Poco tiempo pudieron celebrar su logro, ya que el día 6 de febrero era el último día para presentar alegaciones al borrador del decreto. “Esperamos que el gobierno acceda a añadir alegaciones que tengan la sensibilidad de incluir el mayor número de personas posibles”, explica a El Salto, Mónica Gortayre, integrante de la Articulación Antirracista de Madrid, formada por diversos colectivos migrantes y organizaciones que trabajan con esta población, desde una marcada propuesta contra el racismo institucional y social.

Desde la Articulación Antirracista de Madrid han aportado enmiendas para que “los procedimientos asociados se diseñen y apliquen con garantías efectivas de accesibilidad, seguridad jurídica y tutela administrativa, evitando requisitos desproporcionados o prácticas excluyentes”

Las alegaciones de la Articulación, subraya Gortayre, han sido pensadas desde un enfoque de derechos y justicia social, “con el objetivo de que la regularización extraordinaria y los procedimientos asociados se diseñen y apliquen con garantías efectivas de accesibilidad, seguridad jurídica y tutela administrativa, evitando requisitos desproporcionados o prácticas excluyentes”.

Y es que “No existe el migrante en situación irregular ideal que el Gobierno imagina”, asevera Gortayre, con respecto a algunos de los requisitos del futuro RD que, para muchas personas, podrían significar piedras en el camino hacia la regularización. Por ello, los colectivos antirracistas insisten en que las aportaciones que han hecho al borrador se orientan, no solo hacia eliminar barreras administrativas y discriminatorias, sino a asegurar la participación de la sociedad civil organizada, “y garantizar que la reforma produzca un impacto real e inmediato en el ejercicio de derechos y en las condiciones de vida de las personas migrantes y racializadas que viven en el Estado español”, apuntan.

Principal preocupación: ampliación del plazo

Entre las principales alegaciones aportadas por esta Articulación –y apoyadas por 35 organizaciones más en Madrid– está la de ampliar el plazo de todo el proceso. La ministra Elma Saiz habría hecho un primer anuncio de que comenzaría el próximo mes de abril para finalizar el 30 de junio. Es decir, tres meses de plazo previstos en el RD para regularizar a 840.000 personas de acuerdo al informe de Funcas, con datos de 2025, citado en este artículo de El País. Si ese fuera el caso, las administraciones en su conjunto tendrían que gestionar más de 9.000 solicitudes al día.

A juicio de la Articulación Antirracista de Madrid esto no es realista ya que implicaría dotar, de manera inmediata, de recursos materiales y humanos a todas las Delegaciones de Gobierno y a las diferentes instancias de la Administración. Además de incluir amplios equipos de mediación intercultural y traducción multilingüe, elementos que han incluido también en sus alegaciones como condición necesaria para una atención inclusiva.

En todo caso, a las organizaciones les parece que el decreto debe publicarse lo antes posible, primero, “para saber con qué tiempo se cuenta para hacer efectiva la presentación de solicitudes de todas las personas en situación administrativa irregular”.

Trámites que no recaen solo en las personas solicitantes

Dado el volumen de personas que se espera puedan acceder a la regularización, la casuística entrará en juego. Así, la administración se va a encontrar con muchos casos de personas muy distintos y otros más complejos, “pero que tienen el mismo derecho que cualquier otra persona a acogerse a la regularización” recalca Mónica. La activista se refiere a las diferentes circunstancias de miles de personas que han tenido experiencias migratorias complejas, pasando por varios países algunas de ellas, y es probable que no tengan los documentos que se piden o que no cumplen exactamente los requisitos.

Sobre la documentación que extienden consulados y embajadas “aquí el factor de sensibilización de estas instancias ante las distintas situaciones será vital”, aprecia Mónica Gortayre

Hablamos de documentos como actas de nacimiento, pasaportes o antecedentes penales que se solicitan a través de consulados o en los países de origen, o de paso, que normalmente no son sencillos ni rápidos. “Aquí el factor de sensibilización de estas instancias ante las distintas situaciones será vital”, aprecia Gortayre. La simple solicitud de estos papeles podrá significar un factor de demora para cientos de migrantes.

Desde la Articulación han puesto énfasis en que, para que el proceso de regularización sea accesible al mayor número de personas, estos otros dispositivos —embajadas y consulados— también tienen una responsabilidad. Para ello, la Articulación llama a que el Gobierno central apele a su vez a los servicios exteriores de estos gobiernos para facilitar, agilizar, incluso sin tasas, la documentación que necesitan sus connacionales. Como iniciativa propia, desde los colectivos antirracistas están ya elaborando y enviando cartas a consulados y embajadas para solicitar su cooperación en este proceso.

Organizarse desde abajo

Como sucedió en la recogida de firmas para la ILP, grupos de colectivos autónomos pero también organizaciones se organizaron en todo el territorio español para lograr ese ambicioso objetivo. Nuevamente en Catalunya, Valencia, Madrid principalmente, han empezado a coordinarse para, una vez publicado oficialmente el RD, llegar al mayor número de personas posibles. Durante este mes ya se han venido realizando tanto asambleas como reuniones informativas sobre lo que se sabe hasta el momento del proceso de regularización. La idea es crear una amplia red interdisciplinar (abogados, trabajadoras sociales, vecinas, comunicadoras, etcétera) de cara a evitar que se extienda la desinformación y, sobre todo, a coordinar el ingente trabajo que vendrá.

“Tenemos estos meses para hacer trabajo de base y que haya en cada sitio un punto de información, un punto de reparto de hojas informativas traducidas en varios idiomas y con información fidedigna y certera”

Ahora mismo unas 300 personas trabajan en grupos para organizarse por barrios y pueblos. “Tenemos estos meses para hacer trabajo de base y que haya en cada sitio un punto de información, un punto de reparto de hojas informativas traducidas en varios idiomas y con información fidedigna y certera”. Apuestan también por crear, a través de alianzas con otras organizaciones, sindicatos de clase y de barrio, asociaciones vecinales incluso comercios, puntos de asesoramiento con equipos voluntarios que formen a más gente “desde una visión antirracista y desde un trato cargado de empatía, de cuidados y de trabajo comunitario”, subraya Mónica Gortayre.

La sensibilización de todo este proceso no solamente se tiene que hacer con los equipos de voluntariado y la red de alianzas sociales, “sino de cara al Gobierno que también es una de nuestras principales alegaciones”

Para la Articulación Antirracista de Madrid la sensibilización de todo este proceso no solamente se tiene que hacer con los equipos de voluntariado y la red de alianzas sociales, “sino también hay que hacerlo de cara al Gobierno y también es una de nuestras principales alegaciones”. Consideran importante, por tanto que los medios de comunicación pero sobre todo las administraciones entiendan este proceso “como un derecho humano y el que tener la documentación te habilita para acceder a derechos sociales y por justicia social también”.

La preocupación de los colectivos que ya se están organizando no es banal. La falta de información veraz da cabida a los bulos y estos pueden generar aún más miedo e incertidumbre. En ese sentido, la Articulación teme que esto haga desistir a las personas de presentar su solicitud a tiempo. Se refieren a la infinidad de anuncios de abogados que han aparecido en las redes sociales que ven esto como una oportunidad de hacer caja.

En las distintas asambleas y reuniones organizativas que han tenido les han llegado muchos casos de personas que ya han pagado 200-300 euros de entrada a unos abogados cuando todavía no sale el decreto, y luego les piden otros 500 euros cuando, supuestamente, termine el proceso. “Se están aprovechando claramente de la falta de información y de la falta de transparencia. Y además se están aprovechando de personas muchas veces que tienen miedo porque además tienen la experiencia de citas interminables que no llegan y de papeles difíciles de conseguir”, alega Gortayre.

Los colectivos antirracistas enviarán una comunicación al Consejo General de la Abogacía Española para advertir de los bulos que circulan y los posibles fraudes que puedan cometer algunos profesionales a costa de la regularización extraordinaria

En este sentido, las organizaciones y colectivos están ya en el diseño de una comunicación dirigida al Consejo General de la Abogacía Española para advertir de los bulos que circulan y posibles fraudes que puedan cometer algunos profesionales a costa de la regularización extraordinaria, antes incluso de que se publique en el BOE el RD. El objetivo es que el Consejo tome nota e interpele a sus asociados.

Finalmente, tras todo el esfuerzo que va a implicar esta nueva etapa a la que los colectivos han entrado tras el anuncio de la regularización, la activista antirracista insiste en que: “no tenemos que perder el horizonte, es algo que insistimos mucho. El verdadero trabajo es la derogación de la Ley de Extranjería, que es la que genera precisamente bolsas cíclicas de irregularidad”.