Crisis económica
Claves para leer la pandemia desde la crítica y la resistencia de clase

Con la pandemia emergen con fuerza las contradicciones de fondo en el sistema capitalista español, que reorganiza sus estructuras productivas para recuperar los cuantiosos niveles de extracción de plusvalía. El saqueo de los fondos del Estado es el ingrediente necesario para que la clase dominante readapte una vez más el tablero de las relaciones de producción y asegure la reproducción ampliada del capital. 

Los intereses de las clases aparecen polarizados y con plena visibilidad en las decisiones que el gobierno de coalición ha venido tomando a lo largo de la pandemia, que sin disimulos se coloca del lado de la poderosa oligarquía empresarial. En segundo plano, en las trincheras, machacados y humillados por el poder político del capital quedan la clase obrera y otros sectores sociales como los trabajadores autónomos y pequeños

En la contienda contra el coronavirus ha sido determinante la falta de recursos materiales y humanos, resultado de los recortes y las privatizaciones que se han venido realizando desde hace muchos años en el sistema público sanitario empresarios

Nuevamente la realidad confirma que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases, y que los gobiernos actúan como los consejos de administración que rigen los intereses colectivos de la clase burguesa. Un breve recorrido por alguna de las decisiones que por acción u omisión aplica el gobierno de coalición en este breve período de tiempo en cuestiones que tienen que ver con la sanidad, las vacunas, los ERTES, los fondos europeos, los beneficios y los impuestos, nos muestran cómo se imponen los criterios de dominación del armazón empresarial organizado en torno al IBEX y a la CEOE.

La escasez de recursos

En la contienda contra el coronavirus ha sido determinante la falta de recursos materiales y humanos, resultado de los recortes y las privatizaciones que se han venido realizando desde hace muchos años en el sistema público sanitario y en el sistema de la dependencia. A todo el desconcierto anterior se sumaron las informaciones desorientadoras del gobierno sobre las medidas preventivas ante los contagios que, según los resultados en las elecciones catalanas, extrañamente le han dado un buen rédito político. Probablemente, Eduardo Galeano tenga toda la razón del mundo cuando dice que si las elecciones sirvieran para algo, no habría elecciones.

La calidad de la sanidad española está muy alejada de la media de los países de la UE, con un gasto público sanitario como porcentaje del PIB de los más bajos de los países occidentales, pero lo que no tiene sentido son los enormes gastos militares del Estado español, aún a pesar de la falta de recursos para hacer frente al Covid. Por eso, para justificarlos y mostrar la aparente utilidad social de las fuerzas armadas, se desplegaron en labores humanitarias y de desinfección, se militarizaron las calles y se impuso una ola represiva de denuncias y prohibiciones que frenaron movimientos populares de resistencia.  

Lo privado no se toca

La lucha contra la pandemia reclamaba con urgencia la intervención estatal de ciertas industrias y de la sanidad privada ante la falta de recursos humanos y materiales en los centros sanitarios públicos. Nada de esto se realizó y como alternativa, en competencia con otros países, se acudió a los mercados internacionales, destinando importantes sumas de dinero para la compra de elementos excesivamente caros y que en algunas partidas resultaron defectuosos. Por otro lado, se puso en evidencia la tacañería y la falta de sensibilidad del gobierno central y de los gobiernos autonómicos en la ejecución de políticas de contratación de personal ante la falta y agotamiento físico del personal sanitario que se enfrentaba directamente al virus.

Lo que podía haber sido un buen momento para rescatar y mejorar la sanidad pública y universal se tradujo en un espectáculo político y de control represivo sobre la sociedad. Las enormes listas de espera con el inmenso número de personas pendientes de atención médica son una muestra de la violencia que el sistema emplea sobre los sectores sociales más deprimidos. Un buen número de personas huyeron hacia los seguros y consultas privadas.

El fracaso del gobierno extremeño

Una vez que asume plenamente la gestión de las decisiones sobre movilidad, apertura y cierre de establecimientos públicos, se multiplican las apariciones y declaraciones televisivas del consejero de sanidad, Vergeles, y del presidente de la Junta, Fernández Vara. En ellas, además de mucha retórica y palabrería hueca, sin medidas contundentes y efectivas y con referencias alegóricas a la colaboración público-privada, o lo que es igual, a dar dinero público para los beneficios privados, se reitera indefinidamente la responsabilidad de la población en la extensión de los contagios y, de modo contradictorio, se señala la imperiosa necesidad de alcanzar una armonía entre salud y economía. El ansiado equilibrio fuerza a que en ciertos períodos se flexibilicen las restricciones a la movilidad produciéndose la aparición de picos devastadores y dramáticos de contagios.

La nacionalización de las instituciones sanitarias

Desde amplios sectores de la población, y desde diferentes movimientos sociales y partidos políticos, estamos exigiendo la nacionalización de todas las instituciones privadas y la supresión de los artículos y leyes que dan alas a la privatización de los recursos sanitarios. En Extremadura, las políticas de la Junta y del PSOE se caracterizan por las continuas privatizaciones y externalizaciones de los servicios en el ámbito de la sanidad. No obstante, todas las leyes de ordenación sanitaria autonómicas son subsidiarias de las leyes estatales (Ley General de Sanidad y Ley 15/97). Sólo la derogación de las estatales permitirá blindar la sanidad en todas las autonomías.

Conviene recordar que todas las políticas de privatización y externalización se realizan en base a ciertos artículos contenidos en las leyes estatales enunciadas (como el artículo 90 de la Ley General de Sanidad del año 1986, aprobada con mayoría absoluta socialista, en la que se establece la posibilidad de establecer conciertos sanitarios), o la ley 15/97 (aprobada por el gobierno de Aznar, con la colaboración del PSOE y sindicatos como CCOO) y que estas normativas se han mantenido posteriormente bajo los gobiernos de PSOE y ahora de PSOE-UP.

El saqueo de las Multinacionales Farmacéuticas

Los estados occidentales de la UE acuerdan con las multinacionales farmacéuticas la producción urgente de vacunas contra el virus, financiándolas y facilitando su acceso a las investigaciones básicas que se han desarrollado en laboratorios estatales y que son imprescindibles para disponer de una pronta y eficaz inoculación. Muchos de ellos, excepto Alemania, renuncian a aprovechar los avances que en esta materia realizan países como Rusia, Cuba o China.

Según la economista especializada en desarrollo, Jayati Ghosh: “Primero, les dieron dinero para investigación y desarrollo. Pfizer recibió 2.000 millones de dólares de dinero público para Investigación y Desarrollo; Moderna se embolsó 1.200 millones. Todos los costes de desarrollar estas vacunas han sido pagados por las subvenciones públicas en EE.UU., la UE, Japón. Luego las empresas las han vendido a precios bastante elevados. Es decir, que ya han registrado excelentes beneficios. Pero todavía se agarran a los derechos de propiedad intelectual y abusan de su poder monopolístico”.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), regula y controla todo el sistema de patentes. Las grandes corporaciones farmacéuticas tienen vía libre para la producción, distribución y venta de las vacunas durante un período de 20 años. Las multinacionales priorizan los beneficios económicos a la inmunidad de la población frente al virus, dejan al margen a los países subdesarrollados que carecen de dinero para comprar las vacunas. La OMC, que puede eliminar las patentes en situaciones de emergencia mundial para la salud pública, prefiere no interferir en un negocio redondo que proporciona miles de millones de euros a estas multinacionales farmacéuticas.

Los desvaríos del capitalismo salen a relucir con el incumplimiento por las poderosas empresas farmacéuticas de los acuerdos y compromisos con la Comisión Europea, ocasionando retrasos en las distribuciones y vacunaciones. La especulación financiera y los negocios millonarios con la compra y venta de las acciones son prioritarios. Las subidas en bolsa de las cotizaciones prima sobre todo lo que tiene que ver con la necesidad humana de una rápida producción y distribución.

El sistema capitalista exhibe sus peculiaridades intrínsecas con un comportamiento criminal a cualquier precio y en cualquier actividad en donde pueda extraer un buen provecho lucrativo. La necesidad de acabar con el capitalismo y sus negocios se imponen como una meta irrenunciable para las clases trabajadoras.  La superación de todas las limitaciones políticas y de precios que imponen las grandes farmacéuticas es una finalidad a la que se debe avanzar con la creación de una Empresa Pública que intervenga y controle la investigación, producción y distribución de las medicinas.

Las crisis agudiza los conflictos en las estructuras internas del Estado

El gobierno, para frenar la extensión de los contagios, acuerda la paralización de actividades productivas no esenciales, los cierres perimetrales de localidades y los confinamientos temporales de la población, produciéndose una caída generalizada de la venta de bienes y servicios.

El miedo gubernamental y empresarial a que el desempleo desate una ola de conflictos sociales conduce a la puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs). El gobierno cede a los criterios del IBEX y la CEOE.  Los recursos del Estado se ponen a disposición del gran capital. Los estados capitalistas se organizan.  La Comisión Europea. mediante las ventas de bonos. generará una bolsa de miles de millones de euros que se repartirán proporcionalmente a los países durante los años 2021 a 2027. El pago comenzará a partir del ejercicio 2028.

Los fondos europeos abren un horizonte de expectativas y se presentan por los aparatos mediáticos, políticos e institucionales como un maná que caerá del cielo para dotar a nuestra economía de los dineros suficientes con los que afrontar los enormes gastos del Estado y realizar poderosas inversiones que modernicen nuestro aparato productivo con la digitalización, robotización y las transformaciones medioambientales.

Sin embargo, lo que no se dice es que los préstamos y las transferencias directas que vendrán de Europa se depositarán en las tesorerías de bancos, fondos buitre, constructoras o eléctricas. Este enorme endeudamiento del Estado lo pagaremos con los recortes en los servicios públicos, en las pensiones, y con nuevas reformas laborales que aseguren una mayor explotación de las clases trabajadoras.

La venta de los ERTES

Un gobierno identificado con los intereses de las clases trabajadoras y de la mayoría de la población no se habría arrodillado ante la gran patronal, habría actuado de modo totalmente diferente a como lo ha hecho. En principio, hubiera procedido a la nacionalización de las grandes empresas. Los ERTES, con los que se pagan salarios y cotizaciones sociales, se venden a la opinión pública como un mecanismo laboral para proteger a la clase obrera y mantener los empleos, cuando la realidad es que constituye una medida que favorece muy especialmente a las grandes empresas.

Aún queda la incertidumbre de los despidos una vez finalicen los compromisos de mantenimiento del empleo a los que están obligadas las empresas. Todavía hay más de 700.000 trabajadores y trabajadoras en ERTEs

Importantes corporaciones anunciaron que realizarían expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) en sus plantillas de miles de empleados/as como consecuencia del cese de actividad o de la caída del mismo. Según informaciones periodísticas, algunas de ellas llevaron miles de trabajadores y trabajadoras a las regulaciones temporales de empleo como el Corte Inglés (con 25.900); Seat (con 14.812); Burger King (con 14.000); Iberia (con 13.900); Renault (con 10.000), Indra (con 10.000), y un largo etc. de empresas mayúsculas.

El escudo social, tan aireado por el gobierno más progresista de la historia, no ha impedido que la crisis del capitalismo haya empeorado las condiciones de vida de la clase obrera, con el incremento del paro, la pobreza y la precariedad. Aún queda la incertidumbre de los despidos una vez finalicen los compromisos de mantenimiento del empleo a los que están obligadas las empresas. Todavía hay más de 700.000 trabajadores y trabajadoras en ERTEs.

La solidaridad con los desfavorecidos

Un gobierno al servicio del pueblo y protegiendo el interés de la mayoría de la población habría obligado a las grandes empresas con beneficios millonarios en años anteriores a ser solidarias con los sectores sociales más acosadas por las graves condiciones económicas del momento. El gobierno de coalición se ha mantenido al margen, no ha querido saber nada de este asunto, pero consentirá que los mismos de siempre sigan con el usufructo de los recursos del Estado.

En el estudio llevado a cabo por Oxfam Intermón sobre los beneficios empresariales se pone de relieve cómo las empresas del IBEX obtuvieron beneficios millonarios recientemente, repartiendo buenos dividendos y pagando jubilaciones multimillonarias a sus directivos y consejeros.

“A pesar de la crisis se repartieron más de 9.500 millones en dividendos. Casi el 60% de las empresas del IBEX, unas 20 compañías, han distribuido en total 9.558 millones en el segundo y tercer trimestre de 2020 con cargo al beneficio de 2019, siendo, Iberdrola, Telefónica y BBVA las que distribuyeron los dividendos más altos, mientras que otras, como Acerinox o Más Móvil, decidieron no repartir los excedentes ante la tormenta causada por la covid-19. Repsol repartió 1.434 millones pese a haber cosechado pérdidas, Endesa, Ferrovial y Telefónica se repartieron el 100 % de sus beneficios”.

Los grandes capitalistas saquean el Estado, pero no quieren pagar impuestos

El Estado español recauda poco al tener un sistema impositivo que esquilma y castiga a las clases trabajadoras, resultando muy favorable para las rentas de capital. Según expertos economistas y técnicos de la Agencia Tributaria, el sistema fiscal grava a las rentas del capital mucho menos que a las rentas del trabajo. El impuesto de sociedades, que grava a las rentas del capital, es menor que el sector del IRPF que grava las rentas del trabajo.

Las grandes fortunas, grandes empresas y entidades financieras minimizan las aportaciones impositivas a la hacienda pública recurriendo a todo tipo de mecanismos financieros, desde los sicavs, paraísos fiscales o las elusiones fiscales, apoyándose en buenos equipos de abogados, hasta las exenciones y subvenciones públicas que reciben de los gobiernos de turno. Por estos chanchullos la Hacienda Pública deja de percibir y pierde decenas de miles de millones todos los años.

En estos años pasados las grandes empresas pagaron cantidades aproximadas al 7,7 % de sus beneficios por el impuesto de sociedades y, en cambio, las pequeñas empresas lo hicieron por un montante del 18,37 %

Según los datos estadísticos publicados por la Agencia Tributaria, en estos años pasados las grandes empresas pagaron cantidades aproximadas al 7,7 % de sus beneficios por el impuesto de sociedades y, en cambio, las pequeñas empresas lo hicieron por un montante del 18,37 %.

No obstante, esto sucede con notables diferencias dentro de las mismas, ya que el rango del cumplimiento con Hacienda varía notablemente en relación a los trabajadores empleados. Según los datos estadísticos, las que tienen más de 5.000 trabajadores pagaron solo un tipo del 4,59%, mientras las que tienen entre 250 y 500 empleados pagaron casi el 16 % (15,59%). Los que menos pagan en el Impuesto de Sociedades son los bancos, con pagos de tipos efectivos inferiores al 5% sobre el beneficio.

En resumen, las multinacionales españolas que más ganan son las que menos impuestos pagan. La Agencia Tributaria publicó en el año 2019 datos escandalosos: 27 grandes multinacionales españolas, que en 2016 ganaron 25.000 millones de euros, sólo pagaron en impuestos, en todo el mundo, 65 millones, el 0,3 por ciento de sus beneficios. 

Los autónomos y empresarios de la comunidad

La pandemia ha castigado duramente a las clases trabajadoras y a la pequeña burguesía de la comunidad. Según los datos aportados por la prensa extremeña, en nuestra región más de 6.000 autónomos han ido a la bancarrota en este breve período.

En estos días ha visitado Extremadura el presidente del gobierno para presentar el plan de reactivación económica. La comisión europea, mientras, dictaminó que el 50 % de los fondos que vienen de Europa serán gestionados por las Comunidades Autónomas, a las que ya se han adelantado ciertas cantidades. En la capital autonómica extremeña los máximos dirigentes políticos y los sindicatos oficiales celebraron la visita y las palabras del presidente con júbilo, al margen de las necesidades de la población. Los dirigentes institucionales quieren transmitir tranquilidad y confianza a los empresarios extremeños, asegurándoles que van a tener la posibilidad de acceder a las abundantes remesas monetarias que llegarán a nuestra Comunidad.

Las porciones de la tarta europea serán pequeñas y ni mucho menos suficientes para salir del atraso económico y social; seguiremos exportando materias primas y juventud

Pero el alborozo es engañoso; el capital financiero tiene pocas expectativas en un territorio que carece de infraestructuras técnicas y medios para afrontar inversiones cuantiosas en digitalización, robotización y en la mejora del medio ambiente. Las porciones de la tarta europea serán pequeñas y ni mucho menos suficientes para salir del atraso económico y social; seguiremos exportando materias primas y juventud, y contradictoriamente a lo que se vende, seguiremos soportando los intentos avariciosos de las industrias extractivas por acometer nuestro subsuelo. 

Mucho nos tenemos que Pedro Sánchez ha venido aquí a reforzar su imagen política y a vendernos la moto del Plan de Reestructuración Económica y poco más. Extremadura está en el fondo oscuro de la lucha de clases, y serían necesarios importantes esfuerzos desde el aparato estatal para poner en marcha planes de reactivación que incidan con fuerza en la economía extremeña.

En nuestros pueblos, los trabajadores autónomos y pequeños empresarios necesitan un enorme apoyo institucional, pues de otro modo irán cayendo a toda velocidad en la ruina.  La población extremeña necesita la máxima transparencia en los fondos, el conocimiento de los diferentes proyectos, quiénes son los interesados y responsables de los mismos, puesto que a la postre los vamos a pagar todos.

Además del empuje económico y financiero que necesita este sector de autónomos y pequeños empresarios, es indispensable el apoyo fiscal desde la Hacienda Autonómica y Estatal, con la suspensión del pago de todo tipo de impuestos y contribuciones fiscales mientras se alcanza la estabilidad y se recupera la normalidad del funcionamiento comercial.

La clase obrera

En su visita, Pedro Sánchez habrá conocido el reflejo de la lucha de clases en nuestra comunidad. Un buen número de trabajadores y trabajadoras del campo, de la hostelería, del transporte, de la ayuda a domicilio, de la construcción, etc., se ven atrapados por la precarización laboral, la pobreza y la economía informal que se multiplica a toda velocidad en nuestra región, con más de 50.000 personas pendientes de lo que les pueda suceder cuando finalicen los ERTES.

Los datos relativos al paro y a la pobreza son espeluznantes; el desempleo se aproxima al 22 %, con más del 36 % de la población en el umbral de la pobreza y un 50 % de desempleo juvenil. Además, el último informe del Instituto de Estudios Estadísticos (IEE) sitúa a nuestra comunidad con unos valores de la economía sumergida que superan el 29 % del PIB regional, siendo la agricultura uno de los sectores con mayor peso en la economía informal. 

Pedro Sánchez debe saber que se necesitan de modo urgente programas de empleo que generen riqueza social y den esperanzas de futuro a los jóvenes y a los miles de desempleados y desempleadas de nuestra comunidad. Las partidas presupuestarias destinadas a estas acciones seguirán siendo raquíticas, y llegarán a pocas personas desempleadas.

Según los datos estadísticos publicados por la Agencia Tributaria, en estos años pasados las grandes empresas pagaron cantidades aproximadas al 7,7 % de sus beneficios por el impuesto de sociedades y, en cambio, las pequeñas empresas lo hicieron por un montante del 18,37 %

El fracasado ingreso mínimo vital, las anémicas ayudas sociales, los subsidios y algunas pensiones de miseria no dan para vivir decentemente y abren el camino a las colas de los bancos de alimentos. Los problemas relacionados con las viviendas están presentes en cientos de familias extremeñas, siendo urgente que la Consejería elabore y ejecute verdadera política pública de viviendas. Los desahucios dibujan el horizonte que espera a corto plazo a cientos de familias extremeñas. El miedo y el hambre se configuran como bestias que despliegan perfiles y formas humanas.

La reforma agraria, finalmente, y atendiendo a la naturaleza rural y a la importancia definitiva del sector primario de Extremadura, debe ser un objetivo prioritario a recuperar en el imaginario colectivo de la clase obrera y de los campesinos, entendida como un proceso colectivo para la transformación económica y social, para la supervivencia de nuestra tierra.