El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala que en determinadas circunstancias excepcionales, y ante la existencia de indicios sólidos de la comisión de actos ilícitos graves por parte de los trabajadores y trabajadoras, las empresas puedan emplear cámaras ocultas sin alertar de su presencia. Con todo, el fallo del TEDH sigue ofreciendo más garantías a nuestra intimidad de lo que lo hace la interpretación que los tribunales venían haciendo de la actual legislación española.

El pleno Tribunal Constitucional (TC) acaba de sentenciar hace pocos días -con la opinión discrepante de tres magistrados que han emitido votos particulares- que no vulnera ningún principio constitucional la norma que permite a las empresas despedir por causa objetiva a trabajadores y trabajadoras que en un determinado periodo de tiempo alcancen ciertos umbrales de absentismo, aún por causa justificada. Ninguno.

Siguiendo la estela de países como Francia, también en España se ha regulado el denominado derecho a la desconexión digital de los trabajadores y trabajadoras incorporándolo al articulado de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. ¿Pero en qué consiste este derecho y cómo se configura?

España cuenta en la actualidad con más de tres millones de trabajadores por cuenta propia y la tasa no deja de experimentar importantes porcentajes de crecimiento interanual. El empleo no asalariado empieza a erigirse en paradigma dominante en nuestro marco de relaciones laborales, condenando a una ingente cantidad de personas a verse privados de derechos esenciales y gozar de un menor grado de protección por parte del sistema de la Seguridad Social. Pero, ¿cómo saber que estamos ante un falso autónomo?