Pobreza
El empobrecimiento de los hogares se ensancha con la moderación salarial y las subidas de la luz y los alimentos

La supervivencia se complica para miles y miles de familias. La pandemia ha aumentado el número de hogares sin ingresos de origen laboral, unas familias que deben soportar, además, la subida de los precios de bienes básicos como los alimentos o la electricidad —que trepó este enero un 15,1%—, mientras las ayudas del Gobierno, como el subsidio extraordinario de desempleo o el ingreso mínimo vital, no terminan de llegar o, cuando lo hacen, resultan insuficientes.

Esta es la conclusión del informe realizado por los Servicios Económicos de Comisión Obreras (CC OO). Según el análisis de este sindicato, la leve caída del IPC en 2020 no ha conseguido compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de grandes capas de población y “está encubriendo” una subida de precios de los bienes y servicios indispensables para las familias más vulnerables. La electricidad, el gas y otros suministros básicos, indican “acumulan en los últimos años subidas muy superiores a la media, erosionando el poder adquisitivo de los hogares”. Desde CC OO hablan de una “inflación dual”: mientras los precios bajaron 0,5% desde marzo de 2020, en el caso de las familias vulnerables, los bienes y servicios que suponen la mayoría de su “cesta de la compra” han experimentado aumentos. 

La leve caída del IPC en 2020 no ha conseguido compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de grandes capas de población y “está encubriendo” una subida de precios de los bienes y servicios indispensables para las familias más vulnerables

Productos imprescindibles como las frutas frescas y refrigeradas han experimentado una inflación del 9,6%, mientras que el azúcar es ahora un 6,8% más cara que hace un año. Lo mismo ocurre con alimentos de primera necesidad, como la carne seca, salada o ahumada, la carne de ovino, porcino y de ave, la cerveza, el pescado fresco y congelado, que han subido entre el 2%y el 4%, mucho más que el IPC.

La inflación de los alimentos de la cesta básica podría no suponer una noticia tan negativa para los bolsillos de las familias más vulnerables si otro fenómeno no se produjera de forma paralela: el progresivo empobrecimiento de los hogares españoles.

Según el estudio Precios, rentas del trabajo y pobreza (Enero de 2021) del Gabinete Económico de CC OO, la crisis social y sanitaria ha elevado las cifras de paro y de hogares sin ingresos de origen laboral, es decir, que no cobran salario ni pensión ni prestación por desempleo. En el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con la primera ola del Covid-19, el número de hogares sin ingresos de origen laboral trepó hasta los 640.000, cien mil más que un mes antes.

La desescalada de finales de primavera y verano propició una leve recuperación, que no tardó en torcerse con la segunda y tercera ola de la pandemia. En enero de 2021, los hogares sin ingresos laborales eran 610.000, unas cifras “que siguen muy por encima del nivel previo a la pandemia, que, a su vez, ya era muy alto, debido a que todavía no se había recuperado los niveles anteriores a 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria”.

La moderación de los salarios es otro de los factores, junto con los ERTE y la subida del paro en dos puntos con respecto al cuatro trimestre de 2019, que explican el progresivo empobrecimiento de las familias españolas. 

Entre los convenios colectivos registrados en 2021, que cubren a tres millones de trabajadores, se recoge una subida media del 1,44%, muy por debajo que en los años previos. El pasado año, recapitula el informe de CC OO, el empleo público ha ganado poder adquisitivo con una subida del 0,9%, al igual que las pensiones, con aumentos del 0,9% en las contributivas y de un 1,8% en las no contributivas. Sin embargo, la congelación del Salario Mínimo Interprofesional ha “lastrado el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos y los ingresos de la Seguridad Social”, indican en el estudio.

El efecto de los ERTE se ha notado y han evitado que las consecuencias de la crisis sean mucho peores, al menos por ahora. Por primera vez en una crisis en España, señalan desde el Gabinete Económico de CC OO, el PIB ha caído más que el empleo. Según las cifras del estudio, el “proceso de desescalada” de los ERTE ya se ha realizado en su mayoría: cuatro de cada cinco personas que estaban en expediente de regulación temporal de empleo se han reincorporado a sus trabajos. Según este sindicato, el impacto de la segunda y tercera ola de la pandemia ha impedido la reincorporación de los trabajadores que todavía siguen en ERTE. Con fecha de 31 de enero, seguían afectados 739.000 personas, una cifra muy parecida a la de agosto de 2020.

“El alto grado de exigencia en la justificación administrativa para conseguir el Ingreso Mínimo Vital contrasta con el aligeramiento de trámites burocráticos que el Gobierno prepara para hacer llegar los fondos europeos a las empresas”, dicen desde CC OO

El fuerte aumento de la electricidad, el gas y los alimentos en el mes pasado ha contribuido a cambiar la tendencia de los anteriores meses de enero, marcados por las rebajas de invierno, y el IPC ha trepado un punto. El IPC subyacente, que no incluye energía ni alimentos perecederos, acelera su crecimiento hasta el 0,6% interanual.

A pesar de la crisis social y la caída de la actividad y del turismo, el precio de la vivienda en propiedad no ha dejado de crecer, indican desde el Gabinete Económico. Según el INE, en el tercer trimestre de 2020, la vivienda se encareció en un 1,7%, una cifra que revela una moderación del precio, pero que sigue “lastrando el poder adquisitivo de los hogares y su capacidad de satisfacer una necesidad básica”.

El progresivo empobrecimiento de las familias españolas no ha podido ser atajado por las medidas de protección social adoptadas por el Gobierno: “No solo no han conseguido rebajar el alto volumen de hogares pobres del que se partía antes de la pandemia, sino que tampoco han conseguido evitar su aumento de manera importante”. El ingreso mínimo vital, que debía llegar a uno 850.000 hogares, señalan que solo beneficia de momento a unos 160.000 “como consecuencia del alto grado de exigencia en la justificación administrativa para conseguirlo, que contrasta con el aligeramiento de trámites burocráticos que el Gobierno prepara para hacer llegar los fondos europeos a las empresas”.