Opinión
Dos exigencias ante unas elecciones históricas

Además de una sociedad civil movilizada, es crucial afrontar el problema de la dispersión de candidaturas y buscar acuerdos amplios para construir un programa de confrontación democrática que ofrezca compromisos concretos y verificables.

Sociólogo

12 oct 2026 05:23

Sin abusar del calificativo, pocas veces se habrá podido decir con tanta razón que unas elecciones van a ser históricas. En un mundo que normaliza la inhumanidad y la brutalidad, España no quedará al margen de un ciclo político que ya ha transformado Estados Unidos, buena parte de América del Sur y numerosos países europeos.

Cuando digo España me refiero también a todas sus realidades políticas interiores, se piensen a sí mismas como nación, nacionalidad, comunidad autónoma o región. La desigualdad desatada, la xenofobia, la reacción machista, la crisis climática o el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas no se detendrán ante ninguna frontera nacional. Ningún territorio dispone de una inmunidad democrática que le permita desentenderse de lo que sucede a su alrededor.

En este escenario, lo que necesitamos de cara a las próximas elecciones generales es bastante sencillo de exponer, aunque seguramente mucho más difícil de conseguir. Son dos exigencias: la primera responde a la ética; la segunda, a la lógica electoral.

La democracia necesita una ciudadanía organizada, capaz de defender sus derechos y de exigir responsabilidades a quienes gobiernan y las elecciones constituyen un momento especialmente importante de esa responsabilidad colectiva

La primera es una sociedad civil plenamente movilizada. En las calles, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los barrios, pero también en las urnas. La democracia necesita una ciudadanía organizada, capaz de defender sus derechos y de exigir responsabilidades a quienes gobiernan y las elecciones constituyen un momento especialmente importante de esa responsabilidad colectiva.

Comprendo el hartazgo de quienes han perdido la confianza en la democracia electoral, si es que alguna vez la tuvieron. Comprendo el cansancio ante las interminables peleítas entre las izquierdas, sus personalismos y sus disputas por espacios de poder cada vez más pequeños. Hay motivos sobrados para la decepción. Pero también hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de decidir que votar ya no merece la pena: ¿quiénes van a pagar las consecuencias de nuestras decisiones?

Pensemos en las personas que dependen de unos servicios públicos accesibles, en quienes no pueden pagar un alquiler, en las familias amenazadas por un desahucio, en las mujeres amenazadas por la violencia machista, en las personas migrantes y refugiadas cuyos derechos son cuestionados, en quienes sobreviven gracias a unas prestaciones sociales siempre insuficientes. Pensemos en quienes tienen menos recursos para protegerse de las decisiones políticas que afectan a sus vidas.

La abstención puede expresar una protesta legítima, pero sus consecuencias no se distribuyen por igual. Quienes disponemos de patrimonio, contactos y recursos siempre encontraremos más posibilidades de protegernos. Las personas más vulneradas, bastante menos. Por eso creo que, incluso desde la decepción más profunda, merece la pena preguntarse por la responsabilidad que tenemos hacia quienes seguro sufrirán un retroceso de sus derechos y condiciones materiales de vida si gobiernan PP y Vox. La ética política empieza ahí, en la conciencia de que nuestras decisiones, incluida la de quedarnos en casa, afectan a otras personas.

La segunda exigencia se dirige a las organizaciones políticas. Si se pretende que la participación electoral tenga una traducción institucional eficaz, hay que afrontar el problema de la dispersión de candidaturas. Ya que, en un sistema electoral como el español, la división entre opciones próximas se traduce en una importante pérdida de representación. Es una cuestión conocida, pero parece que nunca suficientemente aprendida.

Ya hay pequeñas formaciones, tan impolutas como históricamente impotentes, que han anunciado a bombo y platillo su voluntad de concurrir a las elecciones con sus propias siglas, aunque sus posibilidades de obtener representación sean nulas. No quisiera despreciar a nadie, pero me resulta difícil disimular el hartazgo ante una fragmentación que parece reproducirse indefinidamente. Pero las principales fuerzas de la izquierda a la izquierda del PSOE todavía tienen margen para buscar acuerdos amplios, aunque este margen es ya mínimo.

No conviene idealizar las primarias, ya que con frecuencia terminan funcionando como mecanismos de selección entre élites previamente constituidas, mientras las cuestiones de fondo quedan relegadas

¿Son importantes los liderazgos, las caras que representen ese proyecto compartido? Sin duda, pues vivimos en democracias profundamente mediatizadas, en las que la imagen y la comunicación condicionan la percepción pública de la política. Pero resulta desolador que las conversaciones sobre la unidad de las izquierdas acaben reducidas a quién encabeza una candidatura, quién ocupa cada puesto o qué organización consigue mayor visibilidad.

Las primarias pueden contribuir a democratizar estas decisiones, aunque tampoco conviene idealizarlas ya que con frecuencia terminan funcionando como mecanismos de selección entre élites previamente constituidas, mientras las cuestiones de fondo quedan relegadas. La participación democrática en los partidos debería abarcar bastante más que elegir nombres en una papeleta. En esto se recuerda poco a Julio Anguita: «Programa, programa, programa». Y, sin embargo, pocas cosas resultan hoy tan necesarias como recuperar aquella exigencia. Porque lo verdaderamente importante para construir una unidad reconocible y capaz de suscitar ilusión es acordar qué se quiere hacer, con quién y frente a qué intereses.

Necesitamos un programa de confrontación democrática. Sí, de confrontación. Porque hay conflictos sociales reales que ninguna apelación abstracta al consenso puede resolver. No se puede garantizar el derecho a la vivienda sin intervenir sobre los intereses que hacen de ella un negocio especulativo. No se pueden defender unos servicios públicos universales mientras se tolera su deterioro y se favorece su privatización. No se puede combatir la desigualdad sin una fiscalidad que redistribuya efectivamente la riqueza. Ni afrontar la crisis ecológica dejando intactos los privilegios de quienes más contribuyen a provocarla.

Ese programa debería ofrecer compromisos concretos y verificables. Vivienda asequible, salarios y pensiones dignas, reducción de la precariedad, servicios públicos fortalecidos, una transición ecológica socialmente justa, derechos efectivos para todas las personas con independencia de su origen. Y también una política internacional comprometida con la paz, los derechos humanos y el derecho internacional, en un momento en que la militarización amenaza con absorber recursos y energías que necesitamos para sostener la vida.

Necesitamos una izquierda capaz de explicar sus propuestas, reconocer las dificultades y construir mayorías sociales que permitan llevarlas adelante, hablando de los problemas cotidianos de la gente y relacionándolos con las estructuras económicas y políticas que los producen

Nada de esto será sencillo. Habrá resistencias poderosas, límites institucionales y desacuerdos legítimos sobre las medidas más adecuadas. Precisamente por eso necesitamos una izquierda capaz de explicar sus propuestas, reconocer las dificultades y construir mayorías sociales que permitan llevarlas adelante. Una izquierda que vuelva a hablar de los problemas cotidianos de la gente y que sea capaz de relacionarlos con las estructuras económicas y políticas que los producen.

La unidad electoral es necesaria, pero solo un proyecto compartido puede darle sentido y continuidad. Y ese proyecto deberá construirse escuchando a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales, a las iniciativas comunitarias y a tantas personas que llevan años defendiendo derechos y sosteniendo la vida colectiva.

Ante unas elecciones que pueden tener consecuencias duraderas, la ciudadanía tiene derecho a exigir esa responsabilidad a sus representantes, y las organizaciones políticas tienen motivos de sobra para tomársela en serio. La democracia merece ser defendida, pero también necesita ser transformada para que sus promesas de igualdad, libertad y justicia alcancen a todas las personas. Esa es la tarea, y el tiempo para afrontarla no es ilimitado.

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Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la visión del medio.

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