Las licitaciones y compras por parte de las administraciones públicas pueden ser una herramienta efectiva para luchar contra la desigualdad de género y el machismo. Los ayuntamientos están jugando un papel muy importante en esa lucha, pese a las reticencias no solo de las empresas, sino también internas.

Con esta medida sin precedentes, el Ayuntamiento de Barcelona aplica por primera vez la ley de vivienda de 2007 que permite multar a la propiedad por acoso inmobiliario. Una “gran noticia” para el movimiento por la vivienda que ha impulsado el caso.

Sara Ahmed, escritora feminista y académica independiente, lleva años investigando los mecanismos institucionales que dificultan e impiden que las quejas por sexismo, racismo o acoso sean escuchadas y atendidas.