Inundación en el PP de Madrid

Cerramos el primer número de El Salto Madrid con un ojo en los textos desbordados de las maquetas y otro en las investigaciones en torno a la corrupción, entre las que destaca la detención de Ignacio González. El expresidente de la Comunidad, hombre Aguirre, el señor de los espías y del ático en Marbella, ha sido detenido en la Operación Lezo, que investiga la gestión del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región. Clave, junto con Bankia, de la relación entre política y economía en una Comunidad que fue creada hace 34 años. Se sospecha que González podría haber desviado fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno regional del Partido Popular mediante la compra de sociedades en Latinomérica por un precio superior al de mercado.

La grieta se abre casi diez años después de que el Gobierno autonómico, entonces presidido por Esperanza Aguirre, pusiera en marcha la privatización del Canal. Un proceso ampliamente contestado desde los movimientos sociales y vecinales. Nos vienen a la memoria las 36.000 firmas que la Marea Azul presentaron en 2011 en contra de la privatización, las 178.000 papeletas a favor de la gestión pública que se recogieron en la consulta popular organizada en 2012 o el importante papel que jugaron en todo ello los activistas Paco Caño y Ladislao Martínez, fallecidos hace uno y dos años respectivamente. El mismo día que se celebró la consulta, para desprestigiar la figura de Ladis, El Mundo publicaba un reportaje basado en informaciones falsas que el PP madrileño difundió en sus redes sociales. De eso también nos acordamos.

Las relaciones entre el poder y los grandes medios asoman por esa grieta que abre la Operación Lezo. El juez ha imputado al director de La Razón, Francisco Marhuenda, a su presidente, Mauricio Casals (‘comisario político’ del grupo mediático Atresmedia), y al consejero delegado de su empresa editora y expresidente ejecutivo de Inassa, filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino.

La actual presidenta, Cristina Cifuentes, compañera de Sobrino en el consejo de administración del Canal cuando se produjeron los hechos, no los denunció hasta años más tarde, cuando la Asamblea autonómica le obligó a abrir una comisión de investigación. Aún y con ello Cifuentes sale, o así se presenta mediáticamente, reforzada como política, firme en la lucha contra la corrupción y vencedora conta la facción neocon del PP que encarna Aguirre.

La Operación Lezo investiga también si la constructora OHL pagó comisiones a González a cambio de la adjudicación de contratos. Los mismos delitos, entre otros, se incluyen en el sumario de la operación Púnica, que llevó a prisión preventiva al exconsejero madrileño Francisco Granados. Con la detención de González, Esperanza Aguirre ve caer a sus dos grandes seguidores políticos. La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que propuso a González como su sucesor al frente del Gobierno madrileño, dijo después de su arresto sentirse “conmocionada”. Lo hizo tras declarar ante el juez del caso Gürtel en calidad de testigo.

Lo que pone de manifiesto la grieta del Canal no es solo una trama corrupta para enriquecerse. Es una forma de ejercer el poder, el político, el mediático y el empresarial, que sustrae riqueza pública y la trasvasa a cuentas privadas. Y nos hace pensar en las consecuencias del modelo privatizador. El agua es solo un ejemplo de unos procesos que se han cebado también en dos pilares de cualquier democracia como la sanidad y la educación.
Por ello cobra plena vigencia el lema ‘Madrid no se vende’ con el que organizaciones y espacios sociales convocan a la movilización el 6 de mayo.

A nosotras también nos interpela.