Espionaje
Amnistía Internacional denuncia la inacción y obstrucción de la justicia a las víctimas catalanas de Pegasus

Una conclusión tan triste como clara: el Estado español a través de sus organismos no ha atendido a los derechos humanos de las víctimas de Pegasus, en particular el derecho de acceder a la justicia. “Las víctimas de este presunto espionaje masivo llevan seis años sometidas a un sinfín de obstáculos para la obtención de auxilio y amparo en la investigación de estos hechos, especialmente por parte del Ministerio Fiscal”, refiere un informe de Amnistía Internacional hecho público hoy.

Mientras casos como los que han terminado en la condena de José Luis Ábalos o el que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero  avanzan como un tren de alta velocidad, el caso más grave de espionaje a cargos electos de la historia de la democracia en España transita por caminos empedrados: “Transcurridos ya seis años desde la interposición de la primera querella”, indica el informe, “todos los procedimientos siguen en la fase de instrucción o bien han sido sobreseídos provisionalmente a la espera del resultado de comisiones rogatorias sin respuesta por parte de las autoridades israelíes, o bien de órdenes europeas de investigación caducadas o cuya ejecución ha sido defectuosa”, se denuncia.

España, ¿qué han hecho con mis datos. Catalangate es el título del informe, que denuncia cómo la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno de coalición, ha obstaculizado las investigaciones sobre el espionaje de Pegasus a ciudadanos con pasaporte español desde 2020.

La organización asegura que el espionaje que tuvo lugar entre 2017 y 2020 a activistas, periodistas, políticos/as y abogados “todavía sigue impune” y concluye que la actuación del Ministerio Fiscal en las diez causas del entorno independentista catalán analizadas se caracteriza, hasta hoy, “por la inacción, la obstrucción para que avancen las investigaciones y la revictimización de las personas afectadas”.

Desde Amnistía Internacional se reclama a la Fiscalía que “respalde las diligencias para que se pueda determinar la naturaleza y los responsables de los hechos”

En el informe, la organización recuerda que este tipo de actuaciones “violan el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, además del de asociación y de defensa”, y hace que las víctimas queden “desamparadas”. Desde Amnistía Internacional se reclama a la Fiscalía que “respalde las diligencias para que se pueda determinar la naturaleza y los responsables de los hechos”.

Entre las víctimas reconocidas del uso de Pegasus se encuentran tres expresidentes de la Generalitat (Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas), el expresident del Parlament, Roger Torrent —la primera persona en aparecer como posible espiada— y hasta seis decenas de personas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha reconocido en sede parlamentaria y judicial haber usado Pegasus contra 18 objetivos; en esos casos con la autorización judicial de Pablo Lucas, magistrado competente para la autorización de registros, intervenciones telefónicas y escuchas del Tribunal Supremo. Introducido en los móviles a partir de ataques de “zero clics”, Pegasus y Candiru —un programa similar— permite extraer contenido del teléfono, dando acceso a mensajes, fotografías, y dar acceso en tiempo real a la cámara y el micrófono del dispositivo.

Modificaciones legales necesarias para la no repetición

“El hecho de que se hayan utilizado softwares espías como Pegasus o Candiru en España no es más que una muestra de un marco legal deficitario”, señalan los autores del informe. Como vienen alertando las organizaciones del ámbito de los derechos fundamentales, para revertir la situación es necesaria una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, algo que la organización lleva pidiendo desde que se destapara el caso; así como la colaboración con los requerimientos tanto del Comité PEGA—la comisión de Investigación encargada de examinar el uso de Pegasus y programas espía equivalentes, del Parlamento Europeo— Europeo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Pese a que Pedro Sánchez se comprometió a la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, los intentos de modernizar la norma para incluir plazos de desclasificación han sido un fracaso

En este nuevo informe, AI exige, asimismo, —hace años que insiste en ello— al Gobierno que “prohíba el uso, compra, venta o transferencia de este tipo de herramientas de espionaje” y exige más transparencia, ya que las investigaciones están topando “con la falta de acceso a información y colaboración al tratarse de información clasificada como secreto”. Tanto la normativa del CNI como de la Ley de Secretos Oficiales amparan ese secretismo. Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a la modificación de la Ley de Secretos Oficiales —vigente sin alteraciones sustanciales desde el franquismo—, los intentos de modernizar la norma para incluir plazos de desclasificación han sido un fracaso.

“Sin esos cambios legales urgentes, que impongan salvaguardas contra las violaciones de derechos humanos y aumenten el control judicial, estos hechos de espionaje pueden volver a ocurrir con total impunidad. El gobierno debe proceder a facilitar y desclasificar información solicitada por las víctimas en los procedimientos judiciales abiertos. No olvidemos que los servicios de inteligencia también tienen que respetar las normas de derechos humanos”, asegura Virginia Álvarez, una de las investigadoras que ha redactado el informe.

Obstáculos por parte del Ministerio Fiscal y revictimización de las personas afectadas

AI señala en el informe que el Ministerio Fiscal habría “dificultado” el avance de las investigaciones, “entre ellos, los relacionados con la admisión de las querellas, o con la oposición a las diligencias interesadas por las acusaciones”, lo que va “en dirección contraria al cumplimiento de los estándares para una investigación pronta, imparcial y efectiva”.

Los obstáculos también tendrían que ver con la investigación tanto de las actuaciones y responsabilidades del CNI como del NSO Group. Las personas afectadas han pedido órdenes de investigación en otros países europeos —lo que a la práctica es una forma de auxilio judicial internacional—, pero no han prosperado; en algunos casos por “la falta de respuesta por las autoridades de otros países”, y en otros por “la falta de debida diligencia por parte de las autoridades en España, al no subsanar, por ejemplo, fallos en su petición”, lo que ha provocado la solicitud del archivo o sobreseimiento de la causa.

La revictimización de las personas afectadas, a quienes, al parecer, se les ha exigido que “entreguen sus dispositivos a la Policía para la realización de nuevas periciales” supone, para AI otra vulneración más a la intimidad. “Nos preocupa que al Ministerio Fiscal le interese que las víctimas expongan nuevamente toda la información contenida en sus terminales móviles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, potenciales clientes de NSO Group. ¿Quién entregaría su teléfono a quien sospecha que le ha espiado?”, se pregunta Álvarez, una de las investigadoras del informe.

Un segundo informe en el que se denuncia lo mismo

También el pasado 7 de julio la ANC y la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) presentaban un informe al Relator Especial de Naciones Unidas sobre el asunto en el que se señala que “el Estado español no ha abordado adecuadamente el escándalo de espionaje del Catalangate” y se insiste en que “las víctimas no han obtenido ninguna reparación efectiva, no se han exigido responsabilidades y las graves acusaciones de vigilancia ilegal continúan sin resolverse”. Se le afea asimismo al Ejecutivo central el hecho de que no se hayan aplicado las recomendaciones formuladas por el Comité de Investigación sobre Pegasus del Parlamento Europeo (Comité PEGA) ni que el tema tampoco se haya abordado durante el Examen Periódico Universal de 2025.

La Assemblea y la UNPO se quejan, asimismo, de la “fragmentación” de los procedimientos, en lugar de “unificarlos en una investigación coherente”, lo que “vulnera los derechos de las víctimas a una reparación efectiva”. Desde ambas organizaciones se pide que Naciones Unidas emita una declaración y que solicite información al Estado español; al tiempo que exigen al Ejecutivo central que publique las autorizaciones judiciales del CNI para la supuesta operación.

Uno de los mayores escándalos políticos de nuestra era

El escándalo Pegasus saltaba a la prensa el 18 de abril de 2022, cuando Citizen Lab, un laboratorio perteneciente a la Universidad de Toronto, revelaba que los ordenadores y teléfonos móviles de al menos 65 personas, en su mayoría del entorno independentista catalán habían sido infectados con dos programas: Candiru y Pegasus. Este último, desarrollado por la tecnológica israelí NSO Group — y tal y como indica la misma empresa—, solo se vende a gobiernos y agencias estatales.

El rastro de Pegasus es extenso: de la matanza de Ayotzinapa a Catalunya, pasando por el espionaje a Pedro Sánchez o Emmanuel Macron. Pero, en prácticamente ninguno de esos casos ha habido consecuencias penales ni una reparación a las víctimas. Como señala el informe de AI publicado hoy, “la impunidad con la que se opera con este software de vigilancia masiva e indiscriminada muestra que los gobiernos pueden operar sin limitaciones y expectativas reales de que su actuación tenga consecuencias”.

Ese 2022, Citizen Lab publicó el informe CatalanGate: Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru; y entre aquella casi setentena de personas se encontraban europarlamentarios, representantes políticos, miembros de la sociedad civil, e incluso familiares de esto. Elisenda Paluzie, presidenta en aquel momento de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Sònia Urpí también de la ANC; Jordi Sánchez, expresidente de la ANC o Txell Bonet, mujer del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, eran algunos de los nombres entre los presuntos espiados. La intromisión se habría dado entre 2015 y 2021.

A pesar del revuelo mediático del momento, lo cierto es que de todo aquello no hubo ni consecuencias políticas ni judiciales; nadie dimitió y ni siquiera la Fiscalía presentó denuncia alguna. Y si bien Podemos, ERC, PNV y Más País solicitaron, el 3 de mayo de aquel año, la apertura de una comisión de investigación, la solicitud no prosperó porque el PSOE, PP y Vox se opusieron. Por contra, el Gobierno solicitó una investigación al CNI y otra al Defensor del Pueblo —que determinó que todo se había ceñido conforme a las leyes—; y se convocó a la Comisión de Secretos Oficiales.

Falta de transparencia del Gobierno

Desde que se destaparan los casos de supuesto espionaje a líderes del independentismo catalán y su entorno, Amnistía Internacional viene denunciando la falta de transparencia por parte del Ejecutivo central. Ya en 2022, la organización publicó un informe en el que exigía, con el objetivo de “llegar a la verdad de la ocurrido, establecer medidas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y evitar que se repitan los episodios de injerencia arbitraria y masiva y vulneración de derechos humanos” una serie de pasos por parte del Gobierno.

Amnistía Internacional pedía que se llevase a cabo una investigación “exhaustiva, independiente y eficaz sobre los casos de vigilancia masiva de personalidades catalanas, incluyendo la apertura de una Comisión específica que investigue este supuesto espionaje y cuyos resultados se pongan a disposición de la Comisión ad hoc del Parlamento Europeo sobre las infracciones de la legislación de la UE asociadas al uso de Pegasus”; así como el compromiso por parte del Estado y al Fiscalía General del Estado “para colaborar con las investigaciones judiciales abiertas”.

Desde 2022, poco han cambiado las peticiones de AI respecto a este tema, el que dice que no se trataría de “un episodio aislado”, sino que se enmarca dentro de “una operación de espionaje masivo”. Una vez más, se pide a las autoridades españolas que garantice que “las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos [...] acceso a información de lo ocurrido, así como a los mecanismos disponibles para acceder a una reparación adecuada, efectiva y rápida, con garantías de no repetición”.

Se exige que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de Pegasus y el alcance del programa, que el Gobierno muestre una actitud “proactiva ante cualquier diligencia que pretenda investigar la participación del CNI y NSO en los hechos”; que se colabore con las diferentes comisiones que investigan el caso y que se lleven a la práctica las recomendaciones que hay sobre la mesa en esta materia.

Por último, y como ya reclamaba en 2022, la organización reclama que se “impulse y se garantice una legislación que imponga salvaguardas contra las violaciones de derechos humanos mediante una modificación de la normativa que regula el CNI y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para adecuarla a estándares internacionales en relación a la clasificación de información reservada”, así como la suspensión del uso, comra y venta de este tipo de programas.

El caso Predator en Grecia, paradigma de la impunidad

El mismo año que se destapaba el Catalangate en España, en Grecia saltaba a la prensa el caso Predator, muy similar al español. Daba el grito de alarma el periodista de investigación griego Thanasis Koukakis quien, tras detectar que su dispositivo móvil no funcionaba correctamente, sospechó de haber sido infectado con el software de espionaje. Su intuición no erró y, tras ser examinado también por el Citizen Lab de Toronto, se concluyó que sí, su móvil había sido infectado con Predator, un programa similar a Pegasus y también de origen israelí. Predator habría llegado a Grecia desde Chipre, y a través de una de las empresas del consorcio Intellexa y dos empresarios muy cercanos al actual primer ministro, Kyriakos Mitsotakis —a quienes, por cierto, Koukakis— habría estado investigando—.

El espionaje en el país heleno no solo alcanzó a Koukakis; también el móvil del presidente del PASOK, Nikos Androulakis, que en aquel momento era eurodiputado, fue hallado con rastro de Predator. Fueron los servicios del propio Parlamento Europeo los que advirtieron a Androulakis del tema. También habrían sido espiados otros periodistas de renombre como Stavros Malichudis, al frente del portal de investigaciones Solomon, el popular Kostas Vaxevanis, de Documento, que publicó la Lista Lagarde en el país—, Nikos Dendías, en aquel momento ministro de Exteriores o el exprimer ministro Andonis Samaras.

A lo largo de todos estos años y a pesar de la evidencia, tanto el Gobierno heleno como el Servicio Nacional de Inteligencia griego (EYP) han negado que se usara el software para una operación de espionaje. Si bien sí hubo un par de dimisiones significativas, la de Paniagotis Kontoleon, responsable del EYP; y Grigoris Dimitriadis, supervisor de los servicios de Inteligencia (y sobrino de Mitsotakis) el Tribunal Supremo griego concluyó que “ninguna agencia gubernamental y, en particular, el EYP, la Agencia Antiterrorista y en general la Policía griega o cualquier funcionario del Gobierno estuvo involucrado con el software espía Predator o cualquier otro software similar”. La investigación, calificada por diferentes organismos como “irregular”, duró unos 26 meses. Como ocurre en España, el gobierno heleno siempre se amparó ante los argumentos de la “seguridad” y la “confidencialidad” para no colaborar con las investigaciones sobre el caso.