Iglesia católica
El imperio inmobiliario de la Iglesia católica: de la venta ilegal de edificios a fondos opacos a los desalojo

“La especulación inmobiliaria ha llegado a entidades de la propia Iglesia Católica. El negocio de la vivienda no tiene límites, ha perdido toda humanidad, y es capaz de dejar a niños y personas mayores en la calle, para ellos no somos personas, somos números”. Con estas palabras interpelaba la pasada semana el Sindicato de Inquilinas al Papa León XIV a su llegada a España a través de una misiva que le fue entregada durante su fugaz visita a la capital. En los últimos meses, se han replicado sin descanso las protestas multitudinarias y acciones contra la financiarización de la vivienda en detrimento del derecho universal a disponer de un techo.

Si bien el acento ha estado puesto especialmente en fondos de inversión internacionales como Blackstone, Élix o Cerberus, que han depredado barrios enteros en las grandes ciudades condenándolos a la gentrificación, hay más actores multirentistas en el tablero, a menudo ignorados: La propia Iglesia atesora un nutrido parque inmobiliario compuesto por centros hospitalarios y sociosanitarios, viviendas, colegios y otros bienes inmuebles con los que también obtiene unos beneficios tan astronómicos como opacos.

Este año se mediatizaba el trágico caso de Mariano Ordaz (67 años), inquilino desahuciado de su piso de toda la vida en Embajadores por parte de la Venerable Orden Tercera (VOT) de San Francisco de Asís. Esta orden religiosa se negó a negociar un alquiler asequible para el pensionista pese a poseer más de 300 viviendas en el centro de Madrid, en su mayoría donadas por fieles para contribuir con la función benéfica de la Iglesia. Pero lo cierto es que casos como el suyo llevan años reproduciéndose de forma silenciosa mientras las órdenes hacen gala de valores como la caridad, la ayuda al prójimo o la hospitalidad. La Iglesia ordena ejecutar desahucios y lo hace de manera implacable a pesar de que muchos de estos inquilinos expulsados en su momento pudieron certificar su situación de vulnerabilidad.

Además, en las grandes urbes, estas órdenes llevan tiempo vendiendo sus edificios residenciales a empresas privadas y fondos de inversión (cuyas tácticas de presión inmobiliaria replican al milímetro con decenas de familias). La diferencia, sin embargo, con respecto a los fondos es que buena parte de estas viviendas adquiridas por la Iglesia proceden de donaciones solidarias de fieles que pretendían, legando al clero sus propiedades, hacer una labor social.

Insisten en todo momento en que las viviendas serán destinadas a “construir un futuro con mejores oportunidades para las personas que más las necesitan y, así, un mundo más justo para todos”

En la web de órdenes religiosas como la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios -pero también a ONGs pertenecientes a la institución como Cáritas- estas entidades instan a sus fieles a que leguen sus inmuebles en el momento de realizar el testamento vital a través de los llamados legados solidarios. Insisten en todo momento en que las viviendas serán destinadas a “construir un futuro con mejores oportunidades para las personas que más las necesitan y, así, un mundo más justo para todos y todas”. En el caso de la orden de San Juan de Dios, aunque anteponen que la herencia será destinada a un objeto social” añaden posteriormente que la orden “se reservan la potestad de que, en el último momento, otro fin merezca atención prioritaria”.

Una desviación ilícita en este sentido se produjo años atrás, concretamente en 2020 en plena pandemia cuando una devota que alquilaba a precios asequibles donó a esta orden el edificio que acogía a la cooperativa agroecológica Ecosol en Tetuán a través de un testamento solidario. Pese a que se define a sí misma como “una institución religiosa sin ánimo de lucro”, la misma vendió en 2024 el inmueble a un fondo de inversión a través de una inmobiliaria, Apolo Real State S.L. Tiempo después acabaría en manos de la socimi Élix Rental Housing (conocida por sus prácticas abusivas de acoso inmobiliario), que finalmente expulsó a las vecinas del edificio a golpe de orden judicial. De este modo, y siguiendo un ciclo de especulación que parece no cesar nunca, la Iglesia se desprende de sus activos inmobiliarios que inicialmente pretendían dar cobijo a vecinas, muchas de ellas vulnerables, para liquidarlos con celeridad.

Cabe mencionar que, en virtud de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado firmados en 1979, la institución eclesiástica está exenta de ciertos impuestos como el IBI por sus propiedades inmobiliarias. Esta casuística a su vez es utilizado en algunos casos como propaganda para alentar las donaciones. En Mensajeros por la Paz, por ejemplo, venden las bondades de realizar un testamento solidario refiriendo que “la parte de la herencia que dejes no se vería mermada por impuestos ya que al ser una personalidad jurídica no está sujeta al impuesto de sucesiones”. Asimismo, añaden desde esta ONG ligada fundada por el Padre Ángel, “los ingresos derivados de las herencias y legados están exentos en el impuesto de sociedades por ser una organización no lucrativa declarada de utilidad pública”.

Venta de viviendas a empresas pantalla y altos cargos de la Iglesia imputados

Clara Lapetra es una de las 200 inquilinas afectadas por el escándalo Fundación Fusara , gestionada por el Arzobispado de Madrid, tras haber vendido ilegalmente 13 bloques de edificios en Madrid a una empresa pantalla llamada Tapiamar Partners por 99 millones de euros, en 2019. Los pisos habían sido donados por dos viudas devotas para que fueran destinados a personas en situación de exclusión social, pero la Iglesia tenía otros planes y el objeto social se fue desfigurando al poco tiempo. En contra de lo establecido en los estatutos originales de la fundación, que explicitan que todas las rentas de estos inmuebles deben ir a fines sociales-, Lapetra denuncia la venta de su piso al mencionado fondo opaco: “Esos bienes son inalienables porque las fundaciones no son propietarias de los edificios. Es decir, una fundación no puede vender bienes a empresas opacas”.

En octubre de 2019 ella y los vecinos del resto de bloques empezaron a recibir burofaxes donde se les exigía abandonar sus casas en poco más de un mes por vencimiento de contrato. En febrero de 2020 interpusieron una querella criminal ante el Código de Instrucción para denunciar la operación de venta ilegal. “Durante todos estos años la instrucción ha seguido su curso y se ha descubierto una trama corrupta que opera en este tipo de fundaciones donde en el patronato está la Iglesia”, explica a este medio. La segunda venta del inmueble por 20 millones más se efectuó en julio de 2025 a la empresa pantalla Hopewell Management, constituida con 3.000 euros de capital, y fue firmada por el arzobispo de Madrid, José Cobo.

En el caso de Fundación Fusara ya hay un auto acusatorio que pesa sobre de cerca de 10 personas imputadas, muchas de ellas miembros del arzobispado madrileño

Este mes de junio, mientras continúa el procedimiento judicial (que ha cambiado hasta en tres ocasiones de de juzgado de instrucción), se ha efectuado la tercera venta al mega fondo Vehículo de Inversión Ibvest D SL, creado en abril de 2026 con un capital social de 3000 euros. Las vecinas al borde del desalojo forzoso han denunciado asimismo que muchos de los miembros del Consejo Económico y Social del Arzobispado de Madrid son consejeros delegados de holdings inmobiliarios, asesores de fondos buitres como Ares y Castle Lake. Actualmente, en la causa de los 13 inmuebles de Fusara ya hay un auto acusatorio que pesa sobre de cerca de 10 personas imputadas, muchas de ellas miembros del arzobispado, así como asesores económicos del antiguo arzobispo Carlos Osoro Sierra.

También por la polémica venta de un edificio religioso, que en este caso albergaba un colegio de la Compañía de Jesús en Palma de Mallorca, la Iglesia ha sido acusada de “especular con sus inmuebles”. En 2024, el presidente de los Antiguos Alumnos del colegio de jesuitas Montesión denunció públicamente las actuaciones indebidas de esta orden eclesiástica tras haber cedido el centro educativo de Palma a un magnate inmobiliario que podría explotarlo durante 70 años. Los medios locales se hicieron entonces eco de la misiva abierta en la que los exalumnos criticaban que la Compañía, en lugar de restaurar el espacio histórico para su conservación, llevara a cabo una “operación financiera con grandes réditos para la Iglesia”. Tachaban asimismo de “oscurantista” la operación de venta al millonario.

Abusos inmobiliarios en viviendas gestionadas por Cáritas Diocesana de Madrid

Otro escándalo inmobiliario todavía vigente que se cierne sobre la Iglesia está vinculado directamente con aquellas viviendas que la institución destina a familias vulnerables sin techo. A través del programa del Ayuntamiento de Madrid Sínodo 2005, así como otros similares como Jubileo 2000 o JMJ 2011, el consistorio madrileño deriva a personas vulnerables a edificios gestionados por la Fundación de Caridad la Constructora Benéfica, el brazo inmobiliario de Cáritas Madrid para la gestión de vivienda social.

En las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento para este programa en 2021 estaba prevista la concesión de una subvención de 85.000,00 euros a favor de Cáritas Diocesana de Madrid “para sufragar gastos derivados del convenio”. En el convenio marco de colaboración entre Cáritas Diocesana de Madrid y el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este medio, esta unión se da a través del Servicio Diocesano de Vivienda (en adelante SDV) y la Dirección General de Familia Infancia (en adelante DGFI), “colaboración fundamentada en mitigar los efectos que la exclusión residencial provoca en familias que no pueden acceder ni conservar una vivienda digna, que no pueden asumir el coste derivado del alquiler de mercado”, detallan en el concierto.

En los pisos del programa Sínodo 2005 viven fundamentalmente mujeres monomarentales precarizadas con criaturas a cargo. La Iglesia promociona estas viviendas compartidas como obras de caridad, aunque la permanencia está sujeta a una temporalidad de dos años y los inquilinos deben abonar 300 euros mensuales de renta, como si se tratara de un alquiler privado al uso. Además, las condiciones de habitabilidad se asemejan a las de los albergues municipales, tal y como denuncian desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. Por ejemplo, actualmente en una habitación residen un hombre, su hija y sus tres nietos, y todos ellos comparten un solo cuarto de baño.

Eris, portavoz de esta organización, indica a El Salto que la Agencia de Vivienda Social (AVS) de Madrid (antigua IVIMA), mediante concesiones o acuerdos estables como Sínodo 2005, externaliza los servicios públicos de vivienda a la Iglesia a través de estos programas cuestionados. recientemente conocimos el caso de Eva, quien vivía en una de estas viviendas de la AVS cedidas a Cáritas, hasta que la desahuciaron.

“En este caso, son inquilinos pero que no están sujetos ni a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino que les han hecho una cesión de uso un poco tramposa de la cual se aprovechan para vulnerar sus derechos a su antojo”, cuenta en diálogo con este medio. Expone el conflicto latente de una persona cuyo salario rozaba los 400 euros mensuales y pagaba todos los meses 300 para costear el piso: “Se vio abocada a renunciar a pagar porque no podía permitírselo y cuando se acabaron los dos años, puesto que ella llevaba residiendo 15 ahí, ya acumula una deuda de 40.000 euros, no se lo perdonan en ningún caso”, comenta. Como ella, decenas de personas están a punto de ser desalojadas pese a no disponer de ninguna alternativa habitacional. “Utilizan ese tipo de deuda para justificar impago y así poder echarles más rápido, algunos han recibido amenazas y coacciones mucho más fuertes, incluso intentos de allanamiento de morada”, describe.

Universidades católicas y lobby inmobiliario internacional

El entramado inmobiliario de la Iglesia alcanza su epítome con la vinculación directa de las universidades privadas del Opus Dei y otras instancias religiosas y la patronal inmobiliaria. En la escuela universitaria de negocios ESADE, de la Compañía de Jesús, nació el llamado Club Inmobiliario Esade Alumni, cuya web define como “el lugar de encuentro de los antiguos alumnos de Esade con intereses en el sector inmobiliario”. Compuesta por cerca de 1.500 miembros, pretenden convertirse “en un punto de encuentro y, sobre todo, en un foro de formación, discusión y análisis de todo lo relacionado con la gestión de los activos inmobiliarios”. Una de las socimis impulsoras de este club desde su fundación es Colonial, una de las mayores inmobiliarias de España. Uno de sus ex presidentes, Juan José Bruguera, que además figuraba en 2023 como uno de los consejeros mejor pagados del IBEX, estudió en dicha universidad y forma parte de la asamblea de la Fundación Esade.

En febrero de 2025 Esade Alumni y la propia universidad se unieron para ofrecer una nueva asignatura sobre inversión y gestión de activos inmobiliarios para “dar formación específica en las principales áreas de gestión del Real Estate puesto que cada vez son más los inversores que incorporan medidas ESG en cada etapa del ciclo de vida de sus inmuebles”. La Fundación Esade nace, indican en su página web, “de la iniciativa de un grupo de empresarios que, en 1958, encomendaron a los jesuitas de la Compañía de Jesús la formación de profesionales, con la visión de formarlos para liderar la transformación social y económica que, en los años 60, tuvo su máximo desarrollo”, describen alabando el régimen tardofranquista.

Algo similar sucede con las conexiones entre el Opus Dei del IESE Business School de Navarra y algunos grandes magnates de la vivienda. A priori, destacan, “los valores éticos y morales de la escuela están basados en la tradición cristiana. Estos valores hacen énfasis en los derechos, la libertad y la dignidad de cada persona”. Ahora bien, a través de la organización de eventos y cursos de networking como el 11.ª edición del IESE Real Estate Meeting han contratado como instructores a CEO y miembros fundadores de controvertidos buitres como Azora (ahora denominada Néstar), condenada en 2025 a pagar 20.000 euros a sus inquilinas por incluir numerosas clausulas abusivas en los contratos en Vallecas, así como de la promotora del polémico Plan Vive de Ayuso (Partido Popular), Culmia. El propio fundador del Opus, José María Escrivá de Balaguer, dejó escrito años atrás en una misiva a los miembros de la orden en relación a la misión evangélica del IESE que “vuestra mentalidad laical no entiende que haya ningún mal en el hecho de ejercer los negocios o las finanzas, porque sabéis orientar esas tareas con espíritu cristiano y apostólico”.

Toda esta red que hace a la Iglesia partícipe y beneficiaria directa del negocio rentista ha sido criticada con severidad por parte del movimiento de vivienda, pero también de los sectores más contestatarios de la institución. La Iglesia de Base, que reclama el fin del enriquecimiento ilícito de la Iglesia y su retorno a los valores del cristianismo primitivo, sí defiende el derecho a un techo por encima de los intereses especulativos de una minoría.

“Desde la perspectiva de un cristianismo crítico resulta absolutamente contradictorio creer el Evangelio, como proclama (José Luis Rodríguez) Almeida, que defender los bienes comunes y especular con ellos. Es lo que Juan Pablo II llamaba ‘pecados estructurales’”, defiende Pepa Torres, miembro de la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, activista e integrante de la Iglesia de base.

“Ha sido una oportunidad perdida que el Papa León XIV no se haya encontrado con las organizaciones populares o movimientos de la sociedad civil defensoras de la vivienda”: Pepa Torres

Torres recuerda que “la doctrina social de la iglesia determina que la función social de los bienes está por encima de la propiedad privada” y por ello “todas las políticas de privatización de los bienes comunes como la vivienda deberían estar cuestionadas por quienes creemos creemos en el Evangelio”. Ante las numerosas operaciones de la venta de viviendas antiguamente destinadas a fines sociales, reivindican el derecho a la vivienda pública y universal desde una perspectiva política y no asistencialista. “En este sentido ha sido una oportunidad perdida que el Papa León XIV no se haya encontrado con las organizaciones populares o movimientos de la sociedad civil defensoras de la vivienda”, concluye Torres.