Madrid
La Iglesia deja en la calle a Mariano, de 67 años, tras cinco intentos de desahucio

Cinco intentos ha necesitado la Policía Nacional para llevar a cabo definitivamente el desalojo forzoso de Mariano Ordaz, vecino del número 1 de la calle Carnero, en el centro de Madrid, pese a su más que demostrada vulnerabilidad. Este jueves cerca de las 15.00 de la tarde, el pensionista de 67 años se ha visto obligado a abandonar finalmente la que fuera su casa de toda la vida tras meses implorando a la propiedad la posibilidad de firmar un contrato asequible en relación a la pensión por jubilación que hoy por hoy cobra. “La propiedad se negó en rotundo una y otra vez, intentamos negociar con ellas, les enviamos más de 100 peticiones de negociación y las rechazaron todas, su única respuesta fue reforzar la presencia policial y ejecutar el desahucio”, explicaba esa misma mañana con impotencia en los aledaños de la vivienda Carolina Vilariño, vecina de Mariano y portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Vilariño se refiere a este caso como a un ejemplo paradigmático de “rentismo religioso”, ya que la propiedad del piso pertenece a la franciscana Venerable Orden Tercera (VOT), que atesora un parque inmobiliario de cerca de 300 inmuebles y un hospital en Madrid y ahora se dedica a expulsar a sus inquilinas para extraerles una mayor rentabilidad. De hecho, las compañeras de Mariano estas últimas semanas han podido advertir cómo otras vecinas de esta orden religiosa están recibiendo avisos de no renovación contractuales. Lo más probable, advierten las activistas que han estado en primera línea del desalojo, es que ahora la Iglesia transforme las viviendas en pisos turísticos o de alquiler de temporada para así obtener unos beneficios más elevados a costa de las vidas ciudadanas.

Pero también a costa de resquebrajar los sólidos vínculos que Mariano y muchas otras víctimas de estos procedimientos han tejido desde la infancia con sus barrios. “Mi relación con el barrio es de toda la vida, mi familia ya vivía aquí y siempre ha habido mucha ayuda entre nosotros, tengo amigos de toda la vida, porque he ido al colegio con ellos. Sales a la calle y no paras de estar dándole buenos días”, confesaba Mariano la noche antes de la decisión tomada por la Comisión Judicial.

La orden religiosa rehusó definitivamente ofrecer un alquiler asequible

La odisea de Mariano comenzó cuando cayó en situación de desempleo y, tras una subida irrisoria del alquiler-que fueron aumentando progresivamente hasta los 600 actuales- contrajo una deuda con la propiedad incurriendo en impago. Cuando se ofreció a abonar las cantidades requeridas la orden le negó toda posibilidad. Aquello precipitó sus primeros intentos de desahucio, el último frenado in extremis el pasado 13 de febrero gracias al músculo de las activistas provivienda desde primera hora de la mañana y la fuerte presión mediática in situ. En todas aquellas ocasiones tras las que Mariano solo obtuvo para sí escasos meses de margen para renegociar un contrato (el que le ofrecían era de 900 euros, una cantidad que no puede asumir) no hubo manera de que la VOT diera su brazo a torcer para salvarle de la calle.

La orden de San Francisco de Asís intentó durante meses expulsar de forma silenciosa al inquilino oponiéndose a reparar los desperfectos y humedades del piso, una dejación de funciones que ha estado cerca de costarle la vida

Además de negarse a la firma, la orden de San Francisco de Asís intentó durante meses expulsar de forma silenciosa al inquilino oponiéndose a reparar los desperfectos y humedades del piso, una dejación de funciones que ha estado cerca de costarle la vida cuando sufrió un derrumbe en el interior del edificio. El deterioro de muchos de los espacios había dejado inutilizables el baño y la cocina, algo que se enmarca dentro de una estrategia, afirma el Sindicato de Inquilinas, encaminada a propiciar su salida “voluntaria” sin procesos judiciales mediante.

Una de las últimas medidas políticas que han agravado estos últimos meses la situación de Mariano fue la caída de la moratoria antidesahucios. Una legislación que antaño le protegía al reconocer su vulnerabilidad tanto por edad como por recursos económicos ahora le dejaba indefenso ante la voracidad del mercado especulativo. Los votos en contra en el Congreso de PP, Junts y Vox el pasado 28 de abril tumbaron el decreto, reactivando así entre 60.000 y 70.000 desahucios de familias vulnerables que habían sido paralizados.

Por todo ello, desde el Sindicato han criticado duramente las palabras de la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien recientemente mostraba públicamente su solidaridad con Mariano y achacaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la responsabilidad del lanzamiento por “no aplicar la ley de vivienda”. “A la ministra Isabel Rodríguez se le llenó la boca hablando de proteger a los madrileños en el anterior intento de desahucio de Mariano. Nos preguntamos qué estará haciendo esta mañana mientras la policía nacional nos echa para expulsar a Mariano”, replicaban con indignación las sindicalistas en X (antes Twitter). Asimismo, en relación a la inacción del Gobierno central en este sentido, recordaban a las puertas de la vivienda las compañeras de Mariano a escasos minutos del desalojo.

El Sindicato señala al Ministerio de Vivienda por su inacción

“Han dejado caer la moratoria, ha dejado caer la prórroga de los alquileres y en medio de esta crisis no han sido capaces de generar ninguna medida válida para la ciudadanía. Hoy observamos todo este sistema absolutamente fallido, junto con los jueces y las comisiones judiciales que aplican leyes totalmente injustas”. Precisamente la caída parlamentaria de la prórroga de los contratos que permitía alargarlos hasta dos años con un límite de subida interanual del 2% ha sido una de las cuestiones que han llevado a la movilización convocada por el movimiento de vivienda de Madrid para el próximo 24 de mayo en Atocha bajo el lema “La vivienda no puede ser un negocio. No puede costarnos la vida”.

“Ha habido un operativo policial brutal, se han saltado todos los protocolos, han echado fuera la mediación, han detenido a gente, simplemente están cometiendo todas las irregularidades posibles”

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados durante el año 2025 fue de 25.540, mientras que este año se prevé una subida similar tras el corte de las medidas que antes protegían a las vecinas vulnerables. Además, como pone de manifiesto un informe reciente del del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en menos de dos décadas, dos millones de nuevos inmuebles han profundizado una estructura dual en la que la distancia entre quienes no tienen nada y quienes acumulan mucho no deja de crecer. “La vivienda dejará de funcionar como un mecanismo de seguridad, de integración social y de acceso al bienestar para convertirse, cada vez más, en una fuente de desigualdad persistente”, revela el estudio en colaboración con el CSIC. No sorprende, pues, que 4,5 millones de personas se encuentren en situación de exclusión residencial actualmente en España, habiéndose producido un 74,58% de los lanzamientos en aplicación de la LAU o por alquiler.

Un operativo policial “inaudito” y “desproporcionado”

Otra cuestión que ha despertado el enfado de las vecinas y activistas que acudieron desde las seis de la mañana -otras permanecieron la noche entera junto a Mariano para acuerparle antes de la ejecución- fue el desproporcionado despliegue policial desplegado para agilizar el lanzamiento. Desde cerca de las seis de la mañana, la calle permaneció acordonada y hasta seis lecheras de la Policía Nacional se han agolpado para impedir que nadie accediera a las puertas del edificio. “Ha habido un operativo policial brutal, se han saltado todos los protocolos, han echado fuera la mediación, han detenido a gente, simplemente están cometiendo todas las irregularidades posibles”, comentaba Vilariño. Se ha identificado a varias personas, entre ellas periodistas en ejercicio profesional. Pero el culmen ha sido la amenaza de varios agentes contra las activistas que se encontraban con Mariano afirmando que disponían de “ un bidón de gasolina de 5L”.

Como última medida de presión para forzar hasta el último momento la negociación con la propiedad, dos activistas han permanecido colgados durante nueve horas con cuerdas de la fachada del edificio colocando una pancarta con la frase “Aquí no desahucia ni Dios”. Si bien a priori parecía que la medida podía surtir efecto, ya que la ejecución tardó hasta cuatro largas horas hasta llevarse a cabo debido a su resistencia, finalmente los bomberos hubieron de intervenir para bajarles con seguridad hasta una colchoneta sin poner en peligro su integridad.

Finalmente, se ha convocado de manera urgente una concentración a las 18H,a las puertas de la Comisaría de Moratalaz, para exigir la puesta en libertad sin cargos de las dos activistas por el derecho a la vivienda detenidas hoy durante el desahucio de esta mañana.