Madrid
Los vecinos de 13 bloques afectados por la venta de pisos sociales de la Iglesia se movilizan

Más de 200 inquilinos pueden quedarse en la calle. El responsable es Fusara, una de las fundaciones de la Iglesia, que vendió en 2019 los pisos de 13 bloques de Madrid a una sociedad opaca llamada Tapiamar. Estos pisos fueron donados por un particular hace décadas para su uso como bien social y destinado a “los pobres de Madrid”, tal como denuncian los propios vecinos. Y esta fundación, dependiente del Arzobispado de Madrid, los vendió por debajo de su precio. Ahora, ambas entidades, investigadas por fraude y corrupción, pretenden dejarlos en la calle. 

Sin embargo, tal como denuncian los vecinos en un vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, colectivo en el que se han organizado, no tienen pensado abandonar sus casas. “Las vecinas no les importamos, solo somos números en sus excel. Pero no se lo vamos a poner fácil”, dicen.

Este domingo 16 de noviembre, a las 11h, se concentrarán en la sede del Arzobispado, en la calle Bailén, 8, para recordarle a la Iglesia que la “avaricia es pecado”. Y no se trata solo de sus pisos sino del modelo de ciudad que la Iglesia está contribuyendo a crear: “No vamos a permitir que se siga destruyendo nuestro Madrid para hacerle el negocio a los buitres mientras la iglesia no paga impuestos y se beneficia de nuestra inestabilidad”.

La operación inmobiliaria ha estado rodeada de irregularidades y denuncias de corrupción, estafa y fraude. Poco después de la operación, el Registro de la Propiedad suspendió la inscripción de cinco de los 14 inmuebles vendidos por la Iglesia, operación para la que se utilizaron 15 sociedades interpuestas. Desde entonces, la operación está siendo escrutada por la justicia en el llamado Caso Fundaciones, una causa que investiga a altos cargos de Fusara y Tapiamar por un delito de estafa con el objetivo de expoliar el patrimonio de la iglesia en barrios céntricos de Madrid. Una causa en la que también participan los inquilinos como acusación popular, aduciendo que son los principales afectados de la operación fraudulenta. 

En septiembre, esta fundación de la Iglesia se retiró como acusación particular en la causa contra esta empresa privada, dos meses después que ambas entidades llegaran a un acuerdo. Este pacto, que está siendo revisado por la justicia, permite que Fusara recupere su sede histórica en la calle Barquillo 22 e incremente el valor de venta de los otros 13 bloques en un 54% hasta llegar a los 99 millones de euros. Los inquilinos presentaron un recurso contra el acuerdo al considerar que supone una “consumación” de la estafa.

Tras este acuerdo extrajudicial, explican desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, se plantea una nueva operación de venta, ya que el primer acuerdo continúa bajo investigación judicial, “con los inmuebles aún sin poder venderse por orden judicial debido a las irregularidades que se están investigando” y en los que el propio comprador figura como imputado por presuntos delitos de fraude y corrupción.

“Estamos moviendo mar y tierra para parar esta operación inmobiliaria. Hemos llevado el caso a las calles, a las instituciones, a la justicia y al Vaticano”, dicen los inquilinos en el vídeo. “No nos vamos. Nos quedamos”, insisten.