Comunidad de Madrid
La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid amenaza con desahuciar a una mujer y sus cuatro hijos

Eva María Montes y sus hijos se mudaron a un piso de “El Ruedo”, un complejo de viviendas públicas de realojo ubicado en el barrio de Moratalaz, hace siete años. En aquel entonces era una vivienda que gestionaba Cáritas. Eva venía de vivir cinco años en una caravana en el barrio de Lucero y luego en una residencia de Cáritas. “Me dijeron, ahí una vivienda en 'El Ruedo', que eso era de las monjitas, ¿qué tal te parece que te metemos ahí?. Me hicieron un contrato, hasta que yo me buscara una casa”, describe nerviosamente Eva en conversación con El Salto.

Encontrar una casa sin recursos suficientes es hoy una utopía y la vida no se lo ha puesto fácil a Eva, quien ha sufrido violencia machista y cruzado por una depresión. Muy a su pesar ha tenido que  recomponerse para sostener, con la poca fuerza que le queda, el desahucio al que la Agencia de Vivienda Social (AVS, antes IVIMA) de la Comunidad de Madrid le ha sentenciado.

No ha importado que durante el tiempo que la organización religiosa gestionó la vivienda Eva estuviera al corriente del alquiler social y sus recibos de servicios . “Cáritas se lo pasó al IVIMA hace dos años sin consultar conmigo en ningún momento”, asegura esta madre de familia. Cuando recurrió a servicios sociales cuenta que era su trabajadora social la que hablaba con la AVS y le ayudó a recurrir los avisos de desalojo de la entidad pública. Hasta que a finales del mes pasado le llamaron de servicios sociales para decirle que el día 12 de junio la AVS la iba a desalojar, y al día siguiente, la agencia le entregó un papel.

De acuerdo con su testimonio, en todo el tiempo anterior nadie de la agencia pública de vivienda se habría puesto en contacto directo con ella y solo ha conseguido que los servicios sociales le tramitaran un certificado de vulnerabilidad, que lo ha presentado a manera de defensa. “Todos los años hago esto de los papeles de los pisos”, dice al referirse que cada año tramita algún papeleo en las Agencia para solicitar una vivienda o la regularicen en la que vive, “El otro día estuve también con las chicas de Caminar, haciéndolo otra vez”, admite. Caminar es la única asociación vecinal que se ubica también en El Ruedo y que junto con integrantes del Sindicato de Vivienda de Moratalaz (AVM), han acompañado a Eva durante estas semanas y haciendo todo lo posible para parar el desahucio.

La situación de esta madre viuda es desesperante –tres de sus cuatro hijos son todavía menores de edad– y solo el apoyo mutuo la mantiene en pie. “Gracias a ellos que estoy aquí tirando hacia adelante porque estuve en un punto muy mal. Yo no sabía por dónde tirar y gracias a ellos que me están apoyando todos los días, me ayudan a todos los papeles, vienen conmigo todos los días a IVIMA a dar guerra. Porque yo tengo mi contrato, y no me he metido en esa casa de ocupa, ¿por qué motivo me quieren echar a la calle? se pregunta cuando se ve ya en la calle con sus cuatro hijos ahora que está a punto de terminar el curso escolar.

El Sindicato de Vivienda de Moratalaz ha confirmado este mediodía a El Salto que Eva ha recibido una llamada de la AVS confirmando que el desalojo se va ejecutar. “Soy mujer viuda. No tengo a nadie, alternativa para nada, soy mujer víctima de violencia de género no ayudan para nada”, expresa con impotencia. A pesar de la amenaza de la AVS, el movimiento de vivienda de Madrid ha convocado a concentrarse desde las 7 de la mañana de este viernes en la vivienda de Eva (c/ Félix Rodríguez de la Fuente, 51 planta 3), en El Ruedo, para hacer el último intento de detener el desahucio de una vivienda pública a costa de victimizar, todavía más , una mujer en situación vulnerable.

Después de que se haya tumbado la renovación del decreto que actuaba sobre los desahucios de personas vulnerables, los desalojos tanto de vivienda pública como de fondos de inversión y rentistas no solo se han acelerado sino aumentado en número y prácticamente sin garantías mínimas de defensa por parte de las familias inquilinas.