Opinión
Extractivismo minero en el norte de Centroamérica: despojo, violencia y vulnerabilidad ecosocial

Una transición ecosocial justa solo será posible si alcanza una escala global. Por más manida que nos parezca la idea de la ineludible internacionalización de cualquier proceso político de cierto calado, esta cobra pleno sentido si nuestro empeño consiste en evitar la superación de los límites biofísicos planetarios, a la vez que revertimos las crecientes desigualdades a las que nos avoca un capitalismo nítidamente mundializado.

Porque nadie escapa a los graves impactos ecológicos que hoy sufrimos –aún de manera asimétrica–, por mucho que las responsabilidades históricas y actuales en su generación sean muy disímiles. Al mismo tiempo, los procesos geopolíticos y económicos que reproduce el orden institucionalizado en torno al capitalismo se sustentan sobre dinámicas y cadenas de valor globalmente estructuradas, que interrelacionan continentes, regiones, países y territorios bajo un enfoque corporativo y colonial.

Una transición justa, por tanto, avanzará únicamente si logramos internacionalizar agendas y alianzas que vayan desmantelando la acumulación y el crecimiento como principio civilizatorio, los mercados globales como espacio estratégico, las empresas transnacionales como sujeto protagónico, así como los megaproyectos corporativos como herramienta fundamental. Y si, al mismo tiempo pero en sentido contrario, integramos la perspectiva internacional en las reflexiones y estrategias sobre la transición en nuestros propios territorios, asumiendo nuestra posición en el tablero mundial, enfrentando sin ambages posibles impactos y afectaciones, y fortaleciendo la solidaridad de ida y vuelta entre la clase trabajadora internacional.

La ofensiva extractivista: del litio a las tierras raras

La relativa expansión global de la minería metálica es precisamente uno de los fenómenos que ningún proceso de transición puede eludir. Existe una correlación directa entre el desarrollo de los nichos de mercado de especial expectativa de capitalización actual (energías renovables, economía verde, digitalización, armamento) y la ampliación de la frontera extractiva de metales como el litio, cobalto, cobre, níquel o las tierras raras, especialmente –aunque no sólo– en países periféricos y semiperiféricos. De igual modo, la incertidumbre internacional y el belicismo en auge incrementan el interés del oro como depósito de valor frente a otras divisas e inversiones.

Esta ofensiva extractivista, no obstante, debe ser matizada a partir de un contexto económico de estancamiento y sobrecapacidad productiva a escala planetaria. Los inflamados horizontes que muchos estudios ofrecen sobre un incremento exponencial de la demanda de minerales metálicos pudieran no ser del todo realistas, ya que en estos se mezclan las expectativas de unos pocos negocios rentables (en muchas ocasiones, con fuerte apoyo público), algunos que únicamente lo serán para alguno de los contendientes en los mercados internacionales (nunca de manera generalizada, como parecen presuponer dichos estudios), junto con otros muchos que no son ni serán nunca atractivos para el capital (incluyendo auténticas burbujas cuyo desarrollo se agota en su propio relato, como por ejemplo la del hidrógeno) mientras la tendencia secular de estancamiento se mantenga.

En todo caso, la presión en favor de la expansión minera es una realidad –matizada, pero evidente–, y su avance en forma de megaproyectos corporativos ha estado siempre vinculada de manera sistemática a nocivos impactos ecosociales sobre las comunidades y ecosistemas en los que estos se implementan.

La frontera minera se extiende en el 'cinturón de oro' 

El norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) no es, ni mucho menos, ajeno a esta fiebre del oro y de otros minerales metálicos. Si hasta el año pasado la región incluía al único país en contar con una normativa de prohibición de la minería metálica (El Salvador), hoy las expectativas de ampliación de la frontera minera se extienden por los tres países. El histórico cinturón de oro centroamericano sufre de este modo un relativo resurgir, enmarcado además en un contexto político regional atravesado por la vigencia de la “arquitectura de la impunidad corporativa” en favor de las inversiones, por el avance del autoritarismo reaccionario, por la sombra permanente de golpes de Estado sobre los gobiernos de cambio de Guatemala y Honduras, por el protagonismo del crimen organizado como sujeto político y económico, así como por la dinámica colonialista de EE UU y otros actores internacionales.

La alerta lanzada por diversas organizaciones sociales centroamericanas al respecto, junto con la preocupación por avanzar en la mirada internacionalista sobre la minería metálica desde Euskal Herria, es lo que empujó a una serie de militantes sociales y sindicales, académicos y periodistas vascos y centroamericanos a comprometernos con el desarrollo de la Gira vasca sobre extractivismo minero en el Norte de Centroamérica, celebrada entre el 7 y el 20 del pasado mes de julio.

Durante la misma pudimos conocer de primera mano algunos de los principales conflictos ecosociales derivados de proyectos mineros en la región, como la mina de oro Cerro Blanco y el proyecto Fénix de extracción de níquel en Guatemala; la mina de óxido de hierro en Guapinol y la proliferación de iniciativas auríferas y de otros metales en el Corpus (Honduras); y el impacto histórico generado por el proyecto extractivo El Dorado en Cabañas (El Salvador), hoy en riesgo de reabrirse debido al interés del gobierno autocrático de Bukele por reactivar la minería metálica en toda la franja norte del país.

El conjunto de visitas, entrevistas, reuniones, asambleas y documentación analizada nos ha permitido atisbar una serie de tendencias preocupantes sobre el fenómeno de la minería metálica en el Norte de Centroamérica.

En el caso del Estor, en Guatemala, el proyecto de extracción de níquel ocupa una extensión de 248 km² cuando el límite legal es de 20

Este tipo de megaproyectos corporativos, liderados fundamentalmente por empresas canadienses, estadounidenses y europeas –también en ocasiones por las oligarquías locales– persiguen como único objetivo la maximización de la ganancia a través de la especulación y la exportación de oro y otros metales, aprovechando la riqueza natural de su territorio, su precariedad laboral, así como su marco político-jurídico neoliberal y violento.

Refuerzan en este sentido la lógica regional de economía de enclave al servicio de los mercados globales, sin vínculo ni capacidad de generación de sinergias con la matriz productiva de cada país. Atrae de este modo poca inversión, genera escaso empleo (menos del 1% en términos absolutos) y deja escaso retorno en forma de regalías e impuestos, en un contexto de fuerte competencia por atraer inversiones y captura oligárquica del Estado.

Profundos impactos en el medio

El impacto ecológico de estas iniciativas corporativas es profundamente negativo. La expropiación de tierras es una de las principales afectaciones, como pone de manifiesto el caso del Estor en Guatemala donde, saltándose toda normativa de consulta previa, libre e informada que ampara al pueblo maya q’eqchi’, el proyecto de extracción de níquel ocupa una extensión de 248 km² cuando el límite legal es de 20.

La otra gran afectación ambiental es la contaminación de acuíferos. Esta fue precisamente la razón que convocó a una mayoría social de El Salvador, incluida una parte significativa del empresariado, en el apoyo unánime a la ley de prohibición de la minería metálica, que Bukele derogó en diciembre de 2024 pese al estrés hídrico que sufre el superpoblado pulgarcito de Centroamérica. Y es también la principal alarma social de casos como el de la mina de oro Cerro Blanco, en la frontera entre Guatemala y El Salvador que, además de haber liberado durante años arsénico subterráneo en las tierras colindantes, podría alcanzar un impacto de escala internacional si se aprueba la transformación en mina a cielo abierto solicitada por la empresa, debido a la conexión de los acuíferos potencialmente afectados del río Ostua, el lago Güija y el río Lempa.

El extractivismo minero vinculado al oro y otros metales en el norte de Centroamérica acrecienta la vulnerabilidad ecosocial del territorio y redunda en una contienda política corrupta, violenta y represiva

A su vez, los megaproyectos mineros refuerzan exponencialmente y se aprovechan de un marco político corrupto, violento y blindado en favor de los intereses corporativos. El caso de Guapinol, en Colón (Honduras), es paradigmático: la mina de óxido de hierro, eje de un conglomerado de proyectos energéticos y extractivos, ha venido operando desde 2014 con una licencia obtenida el año anterior con el gobierno de Juan Orlando Hernández –hoy en prisión en Estados Unidos por narcotráfico– cuando este modificó los límites del parque nacional en el que se ubica la mina, situada previamente en la zona de máxima protección. Hoy, aunque el nuevo gobierno de LIBRE ha revertido este cambio, la empresa sigue operando pese a su carácter ilegal. Y la planta de procesamiento y la termoeléctrica se construyeron directamente sin licencia ambiental, a escasos metros de la comunidad Nueva Lempira.

Cuando las resistencias populares empezaron a organizarse frente a este atropello, se puso en marcha todo un conjunto de dispositivos de criminalización de la protesta y violencia contra líderes sociales, dentro de una férrea alianza entre empresa, instituciones locales y crimen organizado. De este modo, 32 personas han sido criminalizadas –ocho de ellas han estado en prisión preventiva durante dos años, en un proceso lleno de irregularidades–, mientras al menos ocho personas han perdido la vida como resultado del conflicto causado por este proyecto. Destaca en este sentido el asesinato de Juan López en septiembre de 2024, líder muy activo en la denuncia del proyecto que señaló los vínculos del alcalde de Tocoa con el narcotráfico.

Un modelo a medida de multinacionales y oligarquías

En definitiva, el extractivismo minero vinculado al oro y otros metales en el norte de Centroamérica refuerza el modelo primario-exportador en favor de empresas transnacionales y élites oligárquicas, acrecienta la vulnerabilidad ecosocial del territorio, y redunda en una contienda política corrupta, violenta y represiva.

Para enfrentar esta situación, los gobiernos de la región –al menos, los considerados progresistas en Honduras y Guatemala– deberían enarbolar, en la medida de sus posibilidades, una agenda minera que combinara la prohibición del extractivismo de metales en zonas de especial vulnerabilidad ecosocial y cultural; una moratoria minera generalizada mientras no se sitúe el debate minero en los parámetros de una transición ecosocial justa; la revisión del marco jurídico que ampara la impunidad corporativa y, por último, el desmantelamiento de las estructuras, normativas, figuras y prácticas jurídicas que definen los sistemas de criminalización de la protesta vigentes en los tres países.

En coherencia con la mirada internacionalista que creemos imprescindible a la hora de avanzar en términos de transiciones ecosociales justas, queremos hacer especial hincapié en qué podemos y debemos hacer desde Euskal Herria para colaborar en el desmantelamiento del entramado capitalista y colonial a escala internacional que sostiene el statu quo.

Planteamos así en primer lugar la movilización popular y la incidencia ante la Unión Europea (UE) y los Estados que la componen para derribar la constitución económica global que estos imponen en favor del blindaje de los intereses corporativos foráneos en Centroamérica, también los extractivos: tratados de comercio e inversión –en función de estos, Honduras y Guatemala acumulan más de una veintena de denuncia millonarias ante tribunales de arbitraje, auténtica privatización de la justicia–; apoyos institucionales y crediticios a la implementación de nuevos megaproyectos, como el otorgado al aeropuerto del Pacífico y al extractivismo del torio como suministro para la energía nuclear por parte del Estado español en El Salvador; o programas de despojo bajo el manto de la responsabilidad social, que es lo que representa en realidad el Global Gateway, supuesta cara amable de la estrategia colonial y depredadora de la UE.

Una estrategia extractiva como la del norte de Centroamérica, guiada fundamentalmente por la fiebre del oro y en un contexto de gran vulnerabilidad ecosocial, carece absolutamente de cualquier sentido en términos de transición.

En segundo término, todas las instituciones públicas, también las de Euskal Herria, deberían regular las obligaciones de las empresas que operan en su territorio, estableciendo mecanismos de inspección, control y sanción de las actividades de estas en todas las fases de la cadena de valor, incluso con carácter extraterritorial, y muy especialmente en lo que respecta a los suministros como los metales. Lo que se importa aquí para su transformación, producción y/o venta sí es un asunto nuestro, y debemos exigir a las instituciones que desplieguen a tal efecto todas las políticas y medidas a su alcance competencial.

En tercer lugar, es necesario abrir un debate a escala internacional en torno a la minería metálica. Situándonos completamente en contra de un paradigma extractivista que se basa en un desarrollo sin control de megaproyectos corporativos en búsqueda de la mayor ganancia posible, entendemos que la extracción planificada, público-comunitaria y directamente vinculada a la satisfacción de necesidades populares, a partir de estrategias que combinan decrecimiento asimétrico, electrificación y mitigación, podría ser un ámbito clave en una transición ecosocial justa. Cuánto, dónde, quién, cómo y para qué son por tanto cuestiones fundamentales de este complejísimo debate que, necesariamente, debería tener un carácter global.

En todo caso, una estrategia extractiva como la del norte de Centroamérica, guiada fundamentalmente por la fiebre del oro y en un contexto de gran vulnerabilidad ecosocial, carece absolutamente de cualquier sentido en términos de transición.

Por último, todo lo dicho será imposible si no logramos articular en una espiral de movilización y agencia internacionalista las luchas compartidas por organizaciones centroamericanas y vascas, que azucen bajo nuevos contextos las brasas de solidaridades históricas, que denuncien empresas, élites, gobiernos autócratas y sus alianzas internacionales, y que faciliten el desarrollo de agenda comunes de las resistencias mineras a ambos lados del Atlántico. Hay que insistir en ello.