Colombia
Cartagena: megaproyectos y ofensiva corporativa en la Colombia del cambio

Colombia se encuentra inmersa en un ambicioso proceso de cambio en todos los órdenes: político, social, económico, energético, militar, cultural. La llegada a la presidencia de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico ha desencadenado una suerte de catarsis, alterando parcialmente equilibrios de poder, lógicas de dominación e inercias asentadas, todas ellas al servicio de unas élites que perciben el nuevo escenario como una amenaza a su estatus tradicional.

El primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, dentro de una amplia agenda de transformaciones, ha puesto el foco en dos ámbitos prioritarios. Por un lado, la “paz total”, donde destaca el diálogo abierto con el ELN, así como el reto de negociar con el creciente fenómeno del paramilitarismo. Por el otro, la transformación y modernización de la matriz económico-energética del país.

En este último ámbito, la propuesta gubernamental se encuentra muy influenciada por la ideas de la economista neokeynesiana Mazzucato, que apuesta por reforzar el rol del Estado en el marco de una gestión público-privada de grandes iniciativas estratégicas vinculadas a la transición verde y digital. Con dos objetivos fundamentales: primero, mejorar la posición periférica de Colombia en las cadenas de valor globales, produciendo y comercializando en el mercado internacional mercancías de mayor valor agregado; segundo, modificar sustancialmente la matriz energética del país, avanzando en la descarbonización mediante una fuerte apuesta por el desarrollo de energías renovables.

En este marco, adquieren especial relevancia los grandes parques eólicos y fotovoltaicos en La Guajira, las experiencias piloto de hidrógeno verde, la proliferación de pequeñas centrales hidroeléctricas en territorios como el oriente antioqueño, la exploración y explotación de minerales críticos para la transición energética como el cobre, o la expansión de negocios vinculados a los bonos de carbono, entre otras iniciativas. Todas estas apuestas, a la vez, conviven con las clásicas actividades extractivas altamente contaminantes, como el carbón, el gas y el petróleo, vinculadas a su peso en el comercio exterior del país.

La orientación exportadora sigue siendo fundamental en el modelo económico colombiano, no habiendo visos de cambio con el actual gobierno en favor de esquemas más autocentrados. Más bien se pretende avanzar en la modificación de la tipología de mercancías a exportar, situando el país a la cabeza de los mercados internacionales de energías renovables. En ese contexto, enclaves portuarios como Cartagena cobran gran importancia en el diseño del nuevo modelo económico-energético del país.

Cartagena: enclave estratégico

Cartagena y su comarca circundante constituyen un enclave estratégico tanto en la región del Caribe como en el conjunto de Colombia. Es un territorio donde fluyen y se concentran mercancías, dinero, poder, intereses, desigualdades y violencia.

Cartagena es el principal puerto de exportación del país. Prácticamente la mitad de las exportaciones colombianas (el 48% del total en 2021) se canalizan a través del mismo, con destino a Estados Unidos, Brasil, México o la Unión Europea. Con el puerto como núcleo vertebrador, en la zona se ubica también un importante corredor industrial ligado a sectores estratégicos de la economía nacional. Así, destacan en la zona infraestructuras como Reficar, una gran planta de refinamiento de la compañía estatal Ecopetrol; y Puerto Bahía, central regasificadora especializada en gas natural licuado, entre otras.

Vinculada tanto a la vocación exportadora como a la centralidad que va ganando con el nuevo gobierno la llamada “economía verde”, destaca la puesta en marcha por parte de Ecopetrol de un proyecto-piloto para la producción y exportación de hidrógeno verde. Producido a través de fuentes renovables de energía, fundamentalmente eólica proveniente de la Guajira, este hidrógeno se proyecta para un mercado incierto cuyo destinatario principal sería Europa; concretamente, la industria pesada alemana altamente necesitada de suministro energético.

Para completar el panorama, otro elemento no menor que da fe de la importancia de este enclave es que tanto la ciudad como toda una serie de enclaves costeros aledaños, como Playa Blanca, constituyen una fuente de entrada de ingresos turísticos.

La ciudad y toda la comarca se caracterizan por un alto grado de captura corporativa de sus actividades económicas y financieras fundamentales

En este contexto tan complejo, en el que tantos intereses y recursos atraviesan el territorio, se siente enormemente el peso de toda una serie de lógicas de dominación y control. La ciudad y toda la comarca se caracterizan por un alto grado de captura corporativa de sus actividades económicas y financieras fundamentales; un amplísimo acaparamiento empresarial de bienes esenciales como el agua o la tierra, al servicio de lógicas de acumulación privada; la prevalencia absoluta de importantes redes de corrupción que manejan las tramas de contratación pública, tanto en lo que se refiere a los servicios esenciales como a la construcción y operación de los grandes megaproyectos de la zona; una asfixiante presencia narcoparamilitar que ejerce un férreo control del territorio para favorecer esa captura corporativa en la que se mezclan negocios lícitos e ilícitos; un alto grado de inequidad social; la pobreza extrema, con una ausencia de equipamientos esenciales y carencias materiales severas; y la subalternización radical de unas comunidades racializadas (principalmente afrodescendientes) que son víctimas de este modelo.

Sacyr y el Canal del Dique: megaproyecto de libro

En el marco de esta caracterización general, está a punto de comenzar a implementarse un nuevo megaproyecto que entronca nítidamente con todas las lógicas que dominan la región: las obras de adecuación del Canal del Dique. Este canal data de mediados del siglo XVII, y fue construido por las autoridades coloniales españolas utilizando mano de obra esclava. Se trata de una bifurcación artificial del río Magdalena —una de las principales arterias fluviales que vertebran el país, que conecta toda una serie de núcleos poblacionales y productivos desde el departamento del Tolima hasta su desembocadura en el Caribe— concebida para establecer una conexión directa entre este río y el importante enclave portuario de Cartagena.

Con el Canal del Dique se garantiza una vía directa de contacto y transporte de mercancías desde este puerto al interior del país, superando los obstáculos existentes por medios terrestres. Se construyó sobre la base de la unión consecutiva de toda una serie de ciénagas, y tiene actualmente una longitud de 115 km: comienza en el interior del departamento de Bolívar, a la altura del municipio de Calamar, y desemboca en la bahía de Cartagena. Las intervenciones para mejorar la navegabilidad del canal han sido constantes a lo largo de su dilatada historia, sobre todo para reducir el gran número de curvas presentes a lo largo del trayecto.

El megaproyecto que está hoy sobre la mesa ha sido objeto de una importante guerra de relatos y posiciones entre las autoridades locales, departamentales y nacionales, junto con las empresas interesadas, por un lado, y las comunidades afectadas, por otro. El discurso oficial, que defiende con uñas y dientes la pertinencia de esta macro-obra, trata de entroncar de la forma más explícita posible con el auge del debate a nivel nacional, promovido por el gobierno del cambio, sobre la crisis climática y la necesidad de establecer políticas públicas para la promoción de la sostenibilidad ecológica.

Las obras planeadas en el Canal del Dique servirían, según este relato, para controlar los sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas; regular los caudales y niveles para controlar las inundaciones y minorar la intrusión salina; hacer del canal un recurso hídrico valioso de agua potable para garantizar los regadíos, la ganadería, la pesca y otros servicios; recuperar los parques ecosistémicos y las conexiones con las ciénagas y caños, tejiendo un escenario más ordenado para afrontar el cambio climático; y restaurar, en última instancia, los ecosistemas del Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo.

Tal y como señala Adil Meléndez, abogado y representante de las comunidades afectadas, el proyecto se plantea a sí mismo como una “obra de arte” inédita en el mundo en materia de restauración ambiental, social y económica. Pero no es esa su mirada ni la de las comunidades locales, que no compran la pátina “ecológica” que se le pretende dar a una iniciativa en la que identifican un salto cualitativo en la apropiación corporativa de sus bienes naturales, con el consiguiente ahondamiento de las lógicas preexistentes de despojo.

Según Meléndez, en el impulso de este megaproyecto se sitúan los intereses corporativos de grandes empresas, colombianas y transnacionales. Uno de ellos es optimizar el transporte fluvial de mercancías y recursos estratégicos, como petróleo y otros hidrocarburos, desde los yacimientos situados en el interior hasta el enclave portuario de Cartagena. No en vano se trata de un corredor energético de primer orden, ya que al propio Canal se le suma el discurrir —por debajo del mismo— del mayor gaseoducto subfluvial de América Latina, operado por la compañía colombiana Promigas.

La presencia de transnacionales canadienses y españolas en el sector hidrocarburífero desplegado en todo el área Caribe es muy relevante. Este control corporativo se extiende a otros ámbitos y bienes de la región, destacando especialmente la privatización del agua. Una dinámica ya existente hace tiempo, de la que se benefician empresas camaroneras (como por ejemplo Océano, filial colombiana del grupo multinacional Manuelita) o entidades de suministro de agua y gestión de residuos (como Aguas de Cartagena, subsidiaria de la transnacional Aguas de Barcelona).

También se observa la voluntad de ampliar el ya saturado sector turístico operativo en el área de Cartagena. Todo ello con el objetivo de incluir nuevos servicios de turismo de naturaleza para los que la navegación por el Canal del Dique resultaría un elemento indispensable de cara a llegar a nuevos enclaves, ahondando en la mercantilización del territorio y la vida de las comunidades.

Sacyr se verá beneficiada por una colaboración público-privada que comprende “año y medio de preparación, cuatro y medio de construcción, y otros nueve de operación y mantenimiento”

Está además, por descontado, el interés de la propia empresa concesionaria: la multinacional española Sacyr, que se presentó en solitario a la licitación de la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) que fue resuelta en su favor en diciembre de 2022. La compañía se verá beneficiada por una importante operación de colaboración público-privada que comprende “año y medio de preparación, cuatro y medio de construcción, y otros nueve de operación y mantenimiento”, según Carlos Rosado, portavoz de la firma en Colombia. En este sentido, la preeminencia de la multinacional en el control de las actividades desarrolladas en el Canal del Dique durante todo este periodo es, cuanto menos, una amenaza al uso comunitario de recursos y actividades como el disfrute y consumo del agua, o la libre navegación. Si a esto le sumamos que lo que, según Meléndez, era un proyecto valorado en poco más de 3.000 millones de pesos ahora alcanza los 10.000 millones, contamos con el repertorio completo de triquiñuelas para el engorde de la cuenta de resultados corporativos a costa de las arcas públicas.

Sacyr no es ninguna recién llegada a Colombia. Con una inversión de casi 3.000 millones de dólares en el país, la corporación española se ha hecho con importantes megaproyectos en los últimos años, como la construcción del Túnel del Oriente en la ciudad de Medellín, o la de la planta regasificadora de Puerto Bahía en Barú (Cartagena), por poner solo dos ejemplos. También cuenta con toda una red de concesiones de gestión y mantenimiento de autopistas.

Pese a los recientes anuncios de la compañía sobre eventuales procesos de desinversión, su presencia está asentada en Colombia. Sacyr forma parte del conglomerado de corporaciones españolas que, desde el inicio del proceso de apertura económica neoliberal de finales del siglo pasado, controlan resortes estratégicos del tejido económico y político del país. En Colombia, desde lo que vinimos a llamar el segundo desembarco, la inversión extranjera directa con origen en el Estado español se ha mantenido de forma permanente entre los tres primeros puestos del ránking.

El Canal del Dique forma parte de los negocios en Colombia de una multinacional que opera en claves neocoloniales con el apoyo del gobierno español

Para ello, el capital español ha contado con el apoyo directo de la diplomacia económica impulsada por el gobierno español, fuera del del signo que fuera. En lo que respecta a la concesión a Sacyr de la megaobra del Canal del Dique, cabe señalar que la multinacional fue una de las diez elegidas (junto con Indra, Navantia, Airbus, OHLA o Red Eléctrica) para acompañar a Pedro Sánchez a la toma de posesión de Gustavo Petro en agosto de 2022, poco antes de la resolución de la ANI. El Canal del Dique forma parte, por tanto, de los negocios en Colombia de una multinacional española que opera en claves abiertamente neocoloniales con el apoyo del gobierno de su territorio de origen.

Las comunidades que temen verse afectadas por el desarrollo del megaproyecto son mayoritariamente afrodescendientes, con un fuerte sentido de identidad étnica y colectiva, sometidas a altísimos umbrales de pobreza, carentes de los más mínimos servicios y dotaciones, que viven de la pesca artesanal y se trasladan cotidianamente a través de las aguas del canal, ahora en proceso de reapropiación corporativa. El carácter estratégico de este canal atrajo ya hace décadas a los paramilitares de las AUC, que se hicieron con el control del territorio a sangre y fuego, estimándose en unos 10.000 los cadáveres que descansan en sus profundidades. Hoy esa presencia ha sido sustituida por otras nomenclaturas como el Clan del Golfo, pero el control paramilitar al servicio de la gobernanza corporativa permanece.

Los principales impactos que se prevén tiene que ver con la agudización de la privatización del agua y del acceso al canal para las comunidades que se mueven por esas vías fluviales, y que viven prácticamente en exclusiva del río y del acceso al mar para pescar. Este es un elemento que se destaca especialmente en los testimonios de los liderazgos comunitarios. Resulta especialmente ilustrativo que, en el marco de las obras del canal, se prevea a la altura del municipio de Puerto Badel el cercamiento en beneficio de empresas camaroneras locales, de tierras actualmente en proceso de restitución por despojo paramilitar.

Para dar curso a estos objetivos, las comunidades denuncian dinámicas de corrupción explícita, incluyendo cooptación de liderazgos mediante sobornos, alteración y manipulación de procesos de consulta previa, etc. Hay que señalar, asimismo, la amenaza de impactos medioambientales que una intervención de semejante calado puede generar. Como reseña Adil Meléndez, el proceso de reducción de curvas en el trazado del Canal producirá previsiblemente una subida del caudal, el cual circulará a una mayor velocidad, y todo ello en un contexto de aumento del tráfico fluvial.

Frente a este panorama adverso, un total de trece consejos comunitarios y comunidades negras afectadas directamente por el megaproyecto consiguieron impulsar un proceso negociador con el ministerio de Transporte y la ANI. Este culminó el 4 de octubre de 2022 con un acuerdo “vinculante para la Empresa Colombiana de Petróleos y para las empresas navieras que utilizan el Canal del Dique como hidrovía”, en el que el planteamiento de las comunidades pasaba por garantizar algunas reivindicaciones básicas: definir las obras que permitan la navegabilidad por el canal, sin que las comunidades se vean afectadas o limitadas en el ejercicio autónomo de su derecho a la movilidad y libertad de tránsito; garantizar el derecho a la consulta previa en aquellas comunidades en que fue omitido; rehacer las consultas previas en los casos en que el derecho pleno a la autonomía y el principio de no violencia fueron vulnerados; tramitar el licenciamiento ambiental; realizar las obras y adoptar las medidas orientadas a mitigar los graves impactos que causará el aumento del sedimento en los ecosistemas estratégicos; garantizar el pago de los daños y perjuicios causados en las diferentes etapas del proyecto; elaborar un protocolo de inhumación para rescatar los restos de posibles víctimas de desaparición forzada que puedan estar en el lecho del Canal del Dique.

Dado que la pugna de las comunidades sigue vigente, corresponde a las organizaciones internacionalistas seguir visibilizando y apoyando desde el Estado español y Europa estas demandas.

Aguas de Barcelona: llueve sobre mojado

Ni Sacyr es la única empresa española presente en la zona, ni el Canal del Dique es el único megaproyecto operativo que tiene graves impactos sobre las comunidades. Como antes señalábamos, el acaparamiento corporativo del agua es un factor que el canal pretende intensificar mediante nuevas herramientas de despojo, pero que viene produciéndose en la zona de forma continuada a lo largo de varias décadas.

Es el caso del control que la española Aguas de Barcelona ejerce sobre el suministro, tratamiento y saneamiento de las aguas de la ciudad de Cartagena. La multinacional de matriz española es adjudicataria desde 1995 de la prestación del servicio en alianza público-privada con la municipalidad, tras adquirir la en aquel entonces recién privatizada Aguas de Cartagena, convertida a partir de ese momento en su filial local. Si bien Meléndez reconoce que en estos años se ha producido una relativa mejora en la prestación de servicios, la irrupción de la multinacional española ha generado graves impactos en toda la comarca, hasta llegar al punto de poner en riesgo la propia viabilidad de toda una serie de comunidades.

Las consecuencias de la privatización del servicio en favor de una multinacional extranjera como Aguas de Barcelona se hicieron sentir desde el primer momento: subidas de tarifa, cortes de suministro a la población más vulnerable que no podía hacer frente a las facturas, abandono del suministro a las áreas más empobrecidas de Cartagena… consecuencias que constituyen todo un patrón que se repite sistemáticamente en este tipo de procesos. Algo muy similar ocurrió en el caso de la privatización del servicio eléctrico de la región en manos de Electricaribe, filial de Unión Fenosa.

Pero los impactos, en este caso, fueron incluso más allá. Para lograr la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de Cartagena, la empresa se provee mayormente de un lago llamado Juan Gómez Bohorque y Dolores, que está en una municipalidad cercana habitada por tres comunidades afrodescendientes que dependían exclusivamente del lago para su sustento diario (pesca, abastecimiento de agua potable, etc.). Este se encuentra muy cerca del paso del Canal del Dique. Y la empresa ha bloqueado todas las fuentes que surtían de agua al lago, instalando en su lugar grandes tuberías que, a través de un sistema de trasvase, captan agua del canal para optimizar el suministro con destino a Cartagena.

Esa agua contiene un importante grado de sedimentación y materia orgánica. Aguas arriba se ubican alrededor de diez municipalidades con un sistema de saneamiento altamente deficiente, por lo que vierten sus residuos sólidos al río. El agua contaminada es así bombeada desde el Canal y depositada en la ciénaga sin ningún sistema de tratamiento. Esta situación se ha venido produciendo a lo largo de veinte años, dando como resultado la colmatación y eutrofización del ecosistema lagunar, que hoy se encuentra destruido y carece de vida: el 95% de las especies ya no existe.

La capacidad de resiliencia del sistema lagunar ha desaparecido, y eso ha tenido impactos económicos, sociales y culturales sobre las comunidades que vertebraban su vida comunitaria en torno a la ciénaga. La soberanía alimentaria de comunidades como Rocha está gravemente afectada porque no hay pescado disponible, con lo que se ven en la obligación de desplazarse durante varias noches en embarcaciones artesanales a otras ciénagas, o incluso mar adentro, para obtener unas pocas piezas de pescado.

Las consecuencias del acaparamiento corporativo del agua se van a ver acrecentadas con la mega-obra del Canal del Dique, donde se prevé una actuación conjunta de Sacyr y Aguas de Barcelona

Como denuncian las comunidades, las consecuencias del acaparamiento corporativo del agua se van a ver acrecentadas con la mega-obra del Canal del Dique, donde se prevé una actuación complementaria entre las multinacionales Sacyr y Aguas de Barcelona. Así, las comunidades temen que la obra vaya a cercenar la capacidad de acceso y tránsito de las poblaciones locales por el Canal, de la mano de un aumento de la vigilancia por parte de la empresa concesionaria, así como de una proliferación de muros, cercados y vallados en las inmediaciones.

Aguas de Cartagena señala en sus informes de RSC que ha invertido importantes sumas de dinero en comunidades como Rocha, en contrapartida por estos impactos. Las comunidades, por su parte, denuncian que esa inversión no existe. Una simple visita al municipio da fe de la absoluta carencia de equipamientos básicos e infraestructuras para sostener una vida digna. Las comunidades se ven sometidas a una precarización extrema. La destrucción de sus fuentes de reproducción comunitaria no conlleva la sustitución por alternativas viables, aumentando la pobreza general, la sensación de asedio por parte de las corporaciones y, a la postre, la promoción de un desplazamiento masivo hacia los arrabales periféricos de Cartagena. “No nos quieren a los negros aquí”, señalan lideresas de la zona.

Esta sensación de asedio y voluntad de desplazamiento es compartida al otro lado de la ciudad, donde se cierra el ciclo de la gestión del agua por la multinacional española. El municipio de Tierra Baja cuenta con el dudoso honor de contener en su subsuelo las canalizaciones de evacuación de las aguas residuales de Cartagena. Las constantes rupturas de los conductos han generado también allí una abrumadora contaminación de los acuíferos circundantes, imposibilitando la actividad piscícola artesanal, el consumo de agua potable e incluso su mero uso recreativo.

Las madres denuncian cómo sus hijas e hijos sufren enfermedades estomacales y afecciones en la piel como consecuencia del consumo y el baño en las aguas contaminadas. Una degradación de la vida comunitaria que se está viendo complementada por toda una ofensiva inmobiliaria que, al final, pretende fomentar el desplazamiento masivo de esta población ancestral para construir viviendas solamente asequibles para las rentas altas y las operaciones turísticas. Sería interesante comprobar si la situación de abandono de estas comunidades sería la misma si ese proceso de desplazamiento afectase a los estratos más pudientes.

Cartagena: exponente extremo del modelo corporativo

La Colombia del cambio tiene frente a sí un reto colosal en territorios como Cartagena, exponente extremo de un modelo de acumulación por la vía del despojo violento que ha caracterizado de forma sangrante la historia del país. Un modelo en el que la complicidad pro-corporativa de las administraciones, la corrupción y compra de voluntades, y fenómenos tan arraigados como el paramilitarismo se amalgaman con una amplia presencia de empresas transnacionales que operan en términos de pura depredación neocolonial.

La estrategia económico-energética del nuevo gobierno, no exenta de significativos riesgos, no puede ser ajena a la histórica “pista de aterrizaje” de la que han gozado las multinacionales a la hora de desarrollar sus megaproyectos, con notables impactos sociales, ecológicos, económicos y culturales sobre las mayorías populares y los ecosistemas. Una de sus principales obligaciones, en consecuencia, es escuchar y priorizar la agenda de las comunidades afectadas, desarrollar regulaciones que pongan freno a la asimetría entre los intereses corporativos y los derechos colectivos, así como repensar profundamente un modelo económico que sigue basado en los grandes megaproyectos como herramientas incuestionables.

Sobre estas comunidades llueve sobre mojado, megaproyecto tras megaproyecto, haciendo imposible una vida en condiciones dignas

Al mismo tiempo, y partiendo de una mirada internacionalista, toca denunciar la presencia y actividades que despliegan las compañías multinacionales con la casa matriz en el Estado español, como es el caso de Sacyr y Aguas de Barcelona. Se trata de poner en jaque la “pista de despegue” con la que cuentan estas multinacionales, el apoyo que el gobierno español les proporciona a través de ayudas, créditos blandos, aval diplomático e intermediación ante otros gobiernos.

Ningún supuesto desarrollo debe atentar contra los planes de vida de las comunidades cartageneras a las que el megaproyecto del Canal del Dique va a afectar. Sobre estas comunidades llueve sobre mojado, megaproyecto tras megaproyecto, haciendo imposible una vida en condiciones dignas de seguridad, paz y bienestar.

Hacemos por tanto un llamado explícito a los gobiernos colombiano y español a revertir esta situación y poner coto a los intereses empresariales en favor de unas comunidades que han sido excluidas históricamente, pero que creen sinceramente en los vientos de cambio que recorren el país, en el protagonismo que en la construcción de otros modelos socioeconómicos, basados en la justicia social y ambiental, han de tomar “los y las nadie”.