Empresas recuperadas en Argentina: del aguante a la construcción de alternativas

Las presiones e inercias estructurales que afectan a las empresas recuperadas se han visto amplificadas por la puesta en marcha de la agresiva agenda pro-corporativa, pro-imperial y reaccionaria encarnada por el gobierno de Milei.
Empresas recuperadas en Argentina
En la crisis argentina iniciada en 2001 las empresas recuperadas se convirtieron un válvula de escape para miles y miles de personas que se quedaron sin trabajo. En las siguientes dos décadas, no han dejado de crecer.
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad
27 nov 2025 11:00

Del 27 al 29 de noviembre se celebra en la ciudad argentina de La Rioja el X Encuentro Internacional sobre la Economía de las y los Trabajadores. Un espacio de articulación que reúne a experiencias diversas de construcción de economías alternativas, cuyo fundamento principal es la promoción de la autogestión de las unidades económicas por parte de las propias personas trabajadoras.

Se trata de una red que surge estrechamente vinculada al auge de las llamadas Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT), empresas en crisis o quiebra que, ante la amenaza de cierre y vaciamiento empresarial, son recuperadas y gestionadas de manera colectiva por las y los trabajadores. Un fenómeno que ha destacado especialmente en Argentina a partir del estallido de 2001, así como en países europeos como Grecia e Italia a raíz del crash de 2008.

El encuentro pretende dar un impulso renovado a las ERT como baluarte de resistencia en el nuevo ciclo político en marcha tanto en Argentina como a nivel global. Para ello, se reflexionará sobre la actual situación crítica de este sector popular, dada la combinación explosiva de una agudización de la crisis capitalista global, y de la emergencia consiguiente de fenómenos políticos como Javier Milei, cuya orientación ultraliberal, pro-corporativa y reaccionaria puede llegar a poner en jaque la ya de por si compleja viabilidad de estas experiencias.

Estos debates, a su vez, se entrelazan con la necesidad de llevar a cabo un balance en el seno del campo popular sobre los límites y contradicciones de las experiencias de gobierno progresistas, así como sobre el imperativo de insertar orgánicamente las ERT y otras experiencias análogas en estrategias más amplias de decidida subversión de las estructuras de poder político-empresarial a nivel nacional y global.

Radiografía de las ERT en Argentina hoy

Según el informe anual del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, elaborado por el académico y militante Andrés Ruggeri, en julio de 2025 las ERT en Argentina son un total de 398 y emplean a 13.812 personas. El grueso se concentra en diversas ramas industriales con un peso histórico en el tejido productivo argentino (metalúrgica, alimentaria, textil, gráfica, cárnica). Son sectores industriales plagados de pymes y muy enfocados al mercado interno; por ello, han sido las principales víctimas de los distintos planes de ajuste neoliberal que han asolado el país desde los años setenta del siglo pasado, generando un gran volumen de cierres y quiebras que han abierto la puerta a las experiencias de autogestión.

Esta centralidad de la industria explica también el alto grado de concentración de las ERT en el área metropolitana de Buenos Aires (el 47,49% del total nacional), que acoge un importante cordón industrial. También hay un volumen destacado de iniciativas en la práctica totalidad del resto de provincias, como Santa Fe, Córdoba e incluso algunas escasamente industriales como La Rioja.

Se trata, por tanto, de un fenómeno significativo en términos cuantitativos, que responde a una trayectoria dilatada que hace que el fenómeno trascienda una determinada coyuntura histórica para tornarse un actor permanente en el escenario sociopolítico del país. Pero, al mismo tiempo, se encuentra sometido a una serie de presiones que amenazan su proyección y, a medio plazo, su propia existencia y viabilidad en términos económicos, sociales y políticos.

La pandemia, y su correlato en forma de medidas de aislamiento social y limitación de las actividades económicas, supusieron un duro golpe para este sector, el cual ya venía arrastrando problemas de competitividad y productividad que aumentaron hasta cotas críticas. La irrupción de nuevas formas de informalidad laboral, así como el notable auge del cuentapropismo y del empleo a través de plataformas digitales como Rappi o Uber, compiten además de manera ventajosa en el imaginario popular, limitando el atractivo de salidas colectivas ─pero con altos costos personales─ como las que representan las ERT.

La consecuencia de toda esta concatenación de factores adversos es un cierto aumento de los cierres de ERT y, sobre todo, la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo en el sector entre 2022 y 2025.

Todo ello se ha venido produciendo en un contexto de frustración de las expectativas de cambio depositadas en el último gobierno del peronismo progresista presidido por Alberto Fernández, tras el interregno neoliberal comandado por Macri. Este desplome anímico ha facilitado un avance muy potente de ideas reaccionarias e individualistas, así como un reflujo del movimiento popular y sindical pocas veces visto en un país con la tradición combativa de Argentina.

Esto ha afectado directa y gravemente al sector de las ERT, el cual, en tanto que apuesta contrahegemónica ─que a su vez, nada a contracorriente al operar en el terreno de juego del mercado capitalista─, se ha alimentado históricamente de esta ebullición social transformadora hoy en jaque. Además, en lo inmediato, el esquema progresista implementado desde el gobierno en este campo ha demostrado unos límites claros, derivados de una apuesta basada principalmente en subsidios y ayudas que minimicen los problemas de competitividad y las pérdidas de ingresos de las ERT (necesarias, sin duda, pero insuficientes), y que mira al sector como algo más bien periférico en el contexto del conjunto del aparato económico-productivo del país.

La consecuencia de toda esta concatenación de factores adversos es un cierto aumento de los cierres de ERT y, sobre todo, la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo en el sector entre 2022 y 2025. En este sentido, un análisis más cualitativo nos lleva a constatar, tal y como señala Ruggeri, que nos encontramos ante el primer momento de la historia reciente de Argentina en el que no se produce una correlación entre el descenso del PIB (indicativo de una situación de crisis económica) y un aumento de las ERT. Así, a partir de la pandemia, la caída de la actividad económica no se ha visto acompañada por un auge de las mismas. Un síntoma, en definitiva, de la comprometida situación que vive esta modalidad de apuesta popular.

Milei o los zarpazos del “león anarcocapitalista”

Estas presiones e inercias estructurales que afectan a las ERT en Argentina se ven exponencialmente amplificadas por la puesta en marcha de la agenda agresivamente pro-corporativa, pro-imperial y reaccionaria que encarna Javier Milei. Sin ánimo de realizar una caracterización detallada de los planes económicos que hoy emanan de la Casa Rosada, destacamos algunos aspectos que a nuestro entender afectan de manera directa al desenvolvimiento de las ERT y, por tanto, a su situación y viabilidad en el corto y medio plazo.

En primer lugar, los inicios del gobierno de Milei han pivotado sobre la implementación de un draconiano ajuste fiscal con importantes consecuencias sociales. Un ajuste que responde a las pulsiones ideológicas “libertarias” más oscuras de La Libertad Avanza, que trata de justificar su necesidad inmediata en el eterno chantaje al que se ve sometida Argentina por el pago de la deuda con el FMI y agentes financieros privados, y que, a la postre, es el comienzo de un plan de largo recorrido para vaciar el Estado argentino de sus más elementales instituciones de protección social.

En un contexto en el que las ERT han venido solventando parte de sus problemas de competitividad a través de diversos flujos de ayuda y subsidio público, la expectativa de un cese abrupto de las mismas supone una amenaza casi existencial. Aquí, el parámetro ideológico ultraliberal pretendidamente antiestatista del mileismo, converge con la voluntad de hacer la guerra desde el Estado a las entidades populares no cooptables y consideradas del “otro lado de la barricada”. En este sentido, Milei no tiene ningún incentivo para apoyar económicamente a las ERT, como tampoco a la economía popular o a la agricultura familiar.

En segundo lugar, la previsión de una reforma laboral de alcance, que ahonde en la destrucción del poder sindical, de las complejas instituciones de carácter colectivo operantes en el país en materia de ordenación del trabajo asalariado, y que genere condiciones más favorables para los intereses patronales vía supresión de derechos, supondrá con toda seguridad un avance de una atomización social que ya es una realidad entre amplios sectores.

Esto, en ese contexto preexistente de expansión acelerada de figuras ajenas al trabajo asalariado clásico, ligadas a distintos tipos de informalidad, al cuentapropismo y al capitalismo de plataformas, apuntalará las dificultades –materiales e ideológicas- para sostener proyectos colectivos de resolución de la vida como son las ERT. En este sentido, si desde este sector se vino promoviendo sin éxito durante el gobierno de Alberto Fernández la creación de un estatuto específico para las y los trabajadores de ERT que protegiese su condición desde las especificidades del sector, parece evidente que no será el gobierno de Milei el que impulsará esta medida. No al menos por propia voluntad, más bien todo lo contrario.

La implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) responde a objetivos e intereses antagónicos respecto a un ámbito como las empresas recuperadas.

Por último, no podemos dejar de destacar una de las iniciativas-estrella del gobierno, la cual ejemplifica como pocas su vocación de transformación pro-corporativa del Estado y la sociedad argentinas, así como su exacerbado entreguismo al imperialismo y los capitales extranjeros. Se trata del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una arquitectura institucional de fomento y garantía para la seguridad jurídica enfocada a servir de pista de aterrizaje a inversiones extranjeras de más de 200 millones de dólares, circunscrita a una serie de sectores considerados estratégicos en el tejido productivo del país en los próximos años, entre los que destacan energía, hidrocarburos y minería.

Una regulación que se pretende desregulación, enfocada a la atracción masiva de inversión extranjera directa, que institucionaliza una notable apertura económica dirigida a la extranjerización y corporativización del tejido empresarial del país. Una estrategia que busca modificar la matriz económico-productiva en un sentido abiertamente primario-exportador, de la mano además de un reciente acuerdo con Trump que ─más allá de que su sentido último sea ungir a Argentina como punta de lanza de la renovada estrategia imperial de disciplinamiento y alineamiento de la región, como plataforma hemisférica para la pugna geopolítica con China─ en lo concreto pone a su disposición toda una serie de sectores estratégicos en el ámbito de las materias primas, en las que Argentina cuenta con importantes reservas. A la postre, una estrategia de este tipo pasa insoslayablemente por inducir deliberadamente una amplia desindustrialización del país.

En este sentido, la implementación del RIGI responde a objetivos e intereses antagónicos respecto a un ámbito como las ERT. El hecho de que la mayoría de las mismas se adscriban al sector industrial, y se enfoquen principalmente al mercado interno (en muchos casos, como suministradoras de empresas mayores de capital nacional), saca del foco de las prioridades de planificación económica del gobierno a las ERT, de la misma manera que lo hace con el amplio tejido de pymes que componen una parte sustancial de la industria nacional. Y, en el caso de las ERT, no se debe obviar que se trata de entidades que, operando en el mercado capitalista, pretenden trascender la mera obtención de rentabilidad en favor de lógicas colectivas de desmercantilización de las relaciones sociales y productivas, lo que agudiza aún más su desventaja competitiva frente al gran sujeto corporativo que se pretende fortalecer. La triada compuesta por corporativización, extranjerización y desindustrialización promovida por el gobierno Milei constituye un ataque directo a las ERT.

Construyendo alternativas desde el campo popular

El contexto es complejo, y las ERT se enfrentan al reto de aportar su grano de arena a la necesaria resistencia multisectorial frente al plan de gobierno antipopular de Milei, así como de dotar de un nuevo impulso a la propia propuesta autogestionaria. Para ello, planteamos algunas claves para el debate.

Tenemos que empezar por el carácter ambivalente de las ERT. Estamos ante iniciativas contrahegemónicas que combinan miradas de corto plazo (mantenimiento de la fuente de trabajo inmediata y resolución de los imperativos vitales elementales de las personas involucradas y sus familias), con otras de largo aliento (construcción de alternativas a la preeminencia corporativa, en el marco de una perspectiva más amplia de cambio social profundo). Una ambivalencia que se plasma en el hecho de que se pretende construir y consolidar experiencias e instituciones colectivas orientadas a la desmercantilización integral de la vida mediante empresas que, a la postre, producen mercancías para ser comercializadas en el mercado capitalista.

Esta materialización “por adelantado” del mundo que deseamos, en la compleja ─y muchas veces hostil─ realidad presente es una de las principales fuentes de problemas, en la medida que se deben garantizar ciertos umbrales de competitividad, productividad y eficiencia establecidos por ese mercado capitalista, manteniendo al mismo tiempo la fuente de trabajo para el máximo posible de personas trabajadoras. Como hemos visto, este parámetro se ha visto seriamente erosionado en los últimos años.

Frente a esta adversidad estructural, que es llevada al límite por la aplicación inmisericorde del programa de gobierno de La Libertad Avanza, la principal garantía para la persistencia y avance de las ERT como sujeto político y socioeconómico relevante pasa por insertar orgánicamente su experiencia en un marco más amplio que agrupe al conjunto del campo popular, y que trace sendas encaminadas a dar un nuevo impulso a la subversión del statu quo capitalista vigente. En este sentido, se trata tanto de reconstruir alianzas que acuerpen orgánicamente a las ERT y las vinculen con mayor fuerza al resto de sujetos emancipadores, como de recuperar una vocación de transformación social integral y radical en el programa de acción de ese campo popular. Ambas líneas de acción se encuentran hoy ampliamente debilitadas en Argentina ─de forma similar a lo que está ocurriendo en muchas otras latitudes, en el marco de una cierta crisis global de las izquierdas─, como consecuencia de los pasos atrás dados en la matriz confrontativa y transformadora de los gobiernos de corte progresista, el reflujo de movimiento popular y la consiguiente acometida capitalista encarnada, en este caso, por Milei.

En lo que respecta a la parte orgánica, es especialmente relevante que durante los últimos años las ERT hayan visto debilitados sus vínculos con las organizaciones sindicales. Si bien se trata de dos espacios diferentes que han venido teniendo encuentros y desencuentros, resulta fundamental fortalecer un lazo que amplifique el apoyo mutuo y multiplique la capacidad de incidencia y movilización de ambas instancias. Más aún en un contexto de mutación del mercado laboral argentino, en el que una parte importante de las capas trabajadoras está priorizando solventar sus necesidades desde lo individual a través de plataformas como Rappi, enajenándose tanto de las organizaciones sindicales como de la posibilidad de participar en proyectos de ERT, las cuales, cada una en su ámbito y medida, pierden referencialidad.

Lo mismo ocurre con sectores ambientalistas, feministas, de defensa del territorio y pueblos originarios, que encarnan hoy algunas de las principales expresiones de antagonismo respecto al avance del modelo corporativo, patriarcal y de depredación primario-exportadora que deben resituarse en el radar del conjunto del campo popular. Asimismo, la generación de lazos internacionalistas sólidos que permitan soportar con la máxima resiliencia la disputa con las élites político-empresariales es fundamental.

En lo que respecta al vínculo con las expresiones políticas diversas del progresismo y la izquierda, este también se ha visto debilitado en el marco de los gobiernos progresistas habidos a lo largo de las últimas dos décadas. Esto es consecuencia del carácter periférico y colateral que se ha otorgado al ámbito de las ERT en el marco de las políticas estatales del kirchnerismo, sin una apuesta clara y dotada de recursos para que ─más allá de garantizar, mal que bien, el mantenimiento de la actividad de las ERT existentes vía subsidios─ estas ocupen un rol más vertebral en el tejido productivo del país, en detrimento de los capitales hegemónicos. Es por eso que se precisa de una reconstrucción del vínculo orgánico de las ERT con los actores políticos progresistas y de izquierda sobre la base de un reimpulso decidido de los programas políticos de transformación social integral. Este vínculo, que no significa absoluta identidad o alineamiento acrítico, puede incluir a un amplio espectro de opciones políticas hoy operativas, desde el kirchnerismo hasta opciones hoy emergentes más a la izquierda como el FIT.

Las empresas recuperadas necesitan lo mismo que el conjunto del campo popular, tanto argentino como de otras latitudes: la articulación de una estrategia y programa de acción orientados a la transformación integral del tejido económico-productivo

Esto nos lleva a la parte programática. Es necesario realizar un balance crítico sobre los límites y contradicciones de los gobiernos progresistas-kirchneristas habidos en el país desde comienzos de siglo. Unos gobiernos que, si bien han llevado a cabo sustanciales políticas redistributivas, políticas exteriores relativamente contrahegemónicas de apuntalamiento de la soberanía, y algunas nacionalizaciones importantes en sectores estratégicos de la economía, no han terminado por liberar el tejido económico, empresarial, financiero y productivo del país del predominio corporativo nacional y transnacional. Un límite a la descorporativización que ha lastrado la consecución de cambios sustanciales en la correlación de fuerzas entre el campo popular y los sectores dominantes, generando a la postre cierto desencanto que se ha venido a manifestar de forma nítida con el gobierno de Alberto Fernández.

Así, en la medida en que no ha existido una vocación política para ir más allá en este sentido ─que se explica, en parte, en el contexto de ofensiva mediática de las derechas, lawfare, presión de la deuda, etc.─, entidades como las ERT se han mantenido en los márgenes de la planificación económica, sin ganar en protagonismo, sin considerarse seriamente su potencial rol en el marco de una transformación del metabolismo socioeconómico del país. Mientras, los grandes capitales han seguido jugando un papel determinante en el mismo, en interlocución público-corporativa, si bien es cierto que no siempre en términos amistosos, con los distintos gobiernos.

Las ERT necesitan esencialmente lo mismo que el conjunto del campo popular, tanto argentino como de otras latitudes: la articulación de una estrategia y programa de acción orientados a la transformación integral ─o al menos sustancial─ del tejido económico-productivo del país, sacando de la ecuación a las grandes corporaciones en el máximo posible de espacios, territorios y sectores económicos, y estableciendo un rumbo decidido de transición desde un esquema público-privado hacia un modelo público-comunitario, en el que un poderoso sector público planifique y actúe en beneficio de las mayorías sociales desde la alianza con sectores de vocación desmercantilizadora, como cooperativas, organizaciones sociales, PYME y, por supuesto, las ERT. Se trata de ganar en centralidad y situarse más cerca del núcleo central de la planificación económica del país, apartando consiguientemente de esa centralidad a los grandes capitales y sectores corporativos, intrínsecamente contrarios a los intereses populares.

En el actual contexto de acometida de las élites político-empresariales contra los sectores populares, experiencias como las de las ERT están llamadas a constituir uno de los ejes de resistencia y construcción de alternativas tanto en Argentina y a nivel global. Unas alternativas que, sí o sí, han de encaminarnos hacia horizontes de superación sistémica de un capitalismo que solo ofrece depredación, ecocidio, guerra y fascismo. Alternativas que constituyen la mejor base de partida para organizar la resistencia a proyectos tan abyectos como el que encarna Javier Milei.

Sobre este blog
La estrategia de la España-marca para “salir de la crisis” pasa por ampliar el poder y los negocios de “nuestras empresas”. Pero, nos preguntamos en este blog, ¿qué futuro le espera al capitalismo español? ¿Sobre qué pilares se pretende sostener el modelo de crecimiento y acumulación en los años venideros? ¿Podrán las organizaciones políticas y movimientos sociales construir contrapoderes efectivos y propuestas alternativas para confrontar los dictados de la clase político-empresarial que nos gobierna?
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