Opinión
¿Es anarcocapitalista la agenda económica de Milei?

La motosierra, como metáfora de la voluntad de desmantelamiento de un sector público considerado ineficiente, autoritario y despilfarrador, se ha impuesto hoy en día como una de las imágenes más poderosas de los vientos reaccionarios que recorren el mundo bajo la defensa a ultranza del capitalismo, el emprendedurismo y el individualismo.

Se insiste así en un relato de libertad de empresa –¡carajo!–, propiedad privada y desregulación, que pone en la diana las dinámicas redistributivas, de protección popular y relativo coto al poder corporativo que las instituciones pudieran impulsar. Capitalismo salvaje, darwinismo social y apuntalamiento de asimetrías y desigualdades como imaginario disruptivo para un mundo convulso.

Pero hay quien incluso va más allá. Frente a la evidencia generalizada del regreso del Estado como actor económico y geopolítico de primer orden –fundamentalmente en favor de los intereses y privilegios de sus élites–, ciertos espacios políticos recuperan postulados “libertarios” y anarcocapitalistas que abundan en un horizonte de dispersión y desaparición del poder estatal.

Se asume de esta manera lo público como “maquinaria sistemática de robo”, abanderando en consecuencia una agenda que apuesta por la privatización incluso de las funciones más básicas del Estado (justicia, política monetaria, etc.), el desarrollo de experiencias de gobierno de facto de las empresas (como el caso de las ZEDE en Honduras) y la autonomización de la dinámica de acumulación capitalista respecto de la contienda política (eliminando toda traba democrática que impida las lógicas de explotación y expropiación). En coherencia, y de manera complementaria, el anarcocapitalismo se sitúa también frente a la habitual captura corporativa de las rentas del Estado –asumiendo que este no debería tener rol económico alguno–, así como de aventuras imperialistas que amplían el poder del Estado hegemónico.

Javier Milei, presidente de la República Argentina desde diciembre de 2023, ha mostrado explícitamente sus simpatías por este paradigma del capitalismo libertario. Además de situar al estadounidense Murray Rothbard, principal figura del anarcocapitalismo, como una de sus referencias, comenzó la legislatura planteando medidas como la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central que, por su radicalidad, se situarían dentro de esta senda teórico-política.

Ahora bien, tras dos años de gobierno, ¿cuál es el proyecto económico de Milei realmente existente? ¿Podemos considerarlo anarcocapitalista? ¿Es, por el contrario, solo otro ajuste ortodoxo más? ¿O va más allá? ¿Qué impactos ecosociales está generando? ¿Qué futuro ofrece para la sociedad argentina? Estas son algunas de las preguntas que han guiado la redacción del informe El proyecto económico de Milei. ¿Qué hay más allá del relato libertario y anarcocapitalista?, que trata de diseccionar, caracterizar y evaluar la agenda económica de La Libertad Avanza (LLA), fuerza política generada en torno a la figura de Javier Milei.

En el presente artículo sintetizaremos algunas de las principales conclusiones del informe, centrándonos específicamente en la caracterización de la naturaleza del proyecto económico de Milei, así como en los graves riesgos que su avance conlleva.

Caracterización del proyecto económico de Milei

La agenda económica de LLA supone indudablemente un ajuste ortodoxo dentro de la secuencia que se viene repitiendo en la historia reciente del país, desde Martínez de la Hoz en la última dictadura (1976-1983) hasta Milei, pasando por Menem (1989-1999) y Macri (2015-2019).

Podemos en este sentido identificar lugares comunes en un discurso que, adaptado por supuesto a cada coyuntura, los vincula a partir de la necesidad de “reorganizar” Argentina frente al hipotético desastre generado por el “enemigo interno”, bien sean fuerzas revolucionarias, sindicatos, movimientos sociales, partidos peronistas o de izquierda.

Pero no hablamos únicamente de relato, sino también y sobre todo de agenda. Todos los ajustes de la secuencia están definidos por un mismo marco general de actuación: sus objetivos, herramientas, protagonistas e impactos comparten patrones similares.

Más de 275.000 personas perdieron su empleo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, de las cuales 85.000 eran funcionarias

Se apunta de esta manera a una estrategia cuyas metas se sitúan en el equilibrio macroeconómico, la jibarización de las capacidades públicas, el disciplinamiento de la clase trabajadora y la apertura exterior como vías para aumentar la tasa y la masa de ganancia corporativa.

Bajo este horizonte, se ha desplegado durante la primera parte de la legislatura (2023-2025) una amplia gama de medidas económicas, dentro de las cuales destacan el durísimo ajuste fiscal realizado –el gasto público primario ha caído un 40% desde 2023–; la preparación de una nueva oleada de privatizaciones a través de la conversión de más de una decena de empresas estatales en sociedades anónimas; la propuesta de una reforma laboral que pretende reducir los aportes patronales y abaratar el despido, flexibilizar la jornada, imponer salarios dinámicos en función de la productividad, priorizar los convenios de empresa y dificultar el ejercicio del derecho de huelga; y, especialmente, el aumento exponencial del endeudamiento externo como cobertura financiera del ajuste: nuevos créditos por encima de los 37.000 millones de dólares con el FMI como el prestamista más destacado, mientras los compromisos de cambio de divisas ascienden a 25.000 millones más (en un 80% dependientes del Tesoro de EEUU).

Este es el pack económico habitual –aunque el ajuste fiscal es inédito en su dureza, así como el relato anti-redistribución y anti-protección social que lo acompaña– que, por el momento, ha conseguido contener la inflación en un 30% mensual y equilibrar el tipo de cambio en torno a 1.500 pesos por dólar.

A costa, en todo caso, de la recesión: el PIB se contrajo un 1,7% en 2024, afectando especialmente a la industria y a la construcción, en un contexto de cierre de más de 19.000 empresas. Y también del aumento del paro y la precariedad: más de 275.000 personas perdieron su empleo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, de las cuales 85.000 eran funcionarias. Mientras, la inestabilidad macroeconómica se mantiene, como pone de manifiesto, por ejemplo, la pírrica cantidad de 540 millones en reservas netas de divisas a finales del año pasado. Un pack que, como siempre, beneficia fundamentalmente a las élites económicas, las grandes corporaciones y, dentro de estas, a los sectores primario-exportadores y financieros.

Nunca como ahora la República Argentina se había plegado a la potencia mundial declinante en su relato y agenda política

No obstante, el proyecto económico de LLA no es solo un ajuste más. Es también una apuesta de mayor alcance que se proyecta hacia 2030, tomando las presidenciales de 2027 como referencia estratégica: transformar la matriz económica del país abandonando a su suerte a la industria, priorizando la agroindustria y el extractivismo –pasando en consecuencia de país semiperiférico a periférico–, supeditándose explícitamente a la economía estadounidense, y avanzando en un marco político-jurídico que blinde los intereses corporativos en los sectores estratégicos de cualquier dinámica democrática y popular.

Se aboga así por un modelo de acumulación protagonizado por el petróleo y el gas de fracking, el hidrógeno verde, la minería metálica, la soja y la carne como motores centrales –aprovechando el interés global en dichos rubros–, complementado por las finanzas, los centros de datos y los servicios. Esta nueva matriz económica supuestamente favorecería, a partir de su consolidación en 2030, la llegada masiva de inversiones y la multiplicación exponencial de las exportaciones, resolviendo por fin el estructural problema del endeudamiento externo y ofreciendo al capital una senda estable de crecimiento.

Los sectores priorizados en este modelo gozarían de un estatus normativo especial, como establece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales y más impactantes medidas incluidas en la Ley de Bases aprobada en 2024: todo un marco de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante treinta años para proyectos que superen los 200 millones de dólares de inversión –existen ayudas adicionales para aquellas superiores a 1.000 millones–, con el fin de fomentar sectores estratégicos como energía, hidrocarburos, minería, infraestructura, foresto-industria, turismo, tecnología y siderurgia.

Este régimen incorpora además un sistema de protección de las inversiones que blinda los intereses corporativos en función del Mecanismo de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), asumiendo de facto la primacía de los tribunales de arbitraje estilo CIADI sobre la justicia ordinaria. Supone, en la práctica, la firma general y global de un tratado con cualquier inversor de cualquier país que cumpla las condiciones para su aprobación, lesionando en consecuencia la dinámica democrática y política del país, a la que estas inversiones serían ajenas.

Por último, la supeditación a EEUU como actor político y económico de primer orden en el país supone, junto al relato pro-darwinismo social, el draconiano ajuste fiscal, la voluntad de transformación de la matriz económica y el blindaje de los intereses corporativos en sectores clave, el quinto de los elementos diferenciadores del proyecto económico de Milei.

Nunca como ahora la República Argentina se había plegado a la potencia mundial declinante en su relato y agenda política. La firma del acuerdo de comercio e inversión UE-Mercosur no reequilibra esta nítida apuesta de sesgo ideológico, ya que este únicamente se inserta en la lógica de ampliar el mercado para la agroindustria, a expensas de los efectos negativos en la industria nacional y de los enormes impactos ecosociales que se generarán.

Entre otros elementos, el ejecutivo de Milei ha permitido la injerencia norteamericana en la política monetaria interna a través del swap de intercambio de divisas por valor de 20.000 millones de dólares, aprobado en 2025 bajo amenaza de no ejecutarse si Milei no vencía en los comicios legislativos del pasado octubre.

Además, el Marco de Acuerdo de comercio e inversión consensuado entre Argentina y EEUU supone un verdadero ejercicio de sumisión a los intereses económicos estadounidenses como vía de inserción internacional: estrechar el vínculo entre las dos economías a partir de una supuesta (y falsa) complementariedad, en la que la Argentina ofrece energía, minerales y materias primas –descentrando el protagonismo actual de China– a cambio de facilitar las importaciones de las corporaciones de la potencia norteamericana y contar (supuestamente) con un flujo suficiente de divisas, sobre todo en el “momento puente” entre 2025 y 2030.

Así pues, Milei significaría el cuarto gran ajuste de la historia económica reciente del país, aunque en una escala y con un alcance que lo proyectan más allá, a partir de un horizonte de transformación estructural de la matriz económica del país desde claves extractivas, periferizantes, extranjerizantes y autoritarias.

Esto, en todo caso, poco tiene que ver con el relato libertario y anarcocapitalista que lo recubre desde sus inicios. Regresando a la pregunta que da título al presente artículo, podemos afirmar que más allá de la sobreactuación con la motosierra y del desdén explícito hacia lo público, Milei ha postergado o abandonado la gran medida que podría haberse considerado como tal: la privatización de la política monetaria en un marco de dolarización y cierre del Banco Central.

Al mismo tiempo, su agenda reproduce algunos de los vicios que el anarcocapitalismo históricamente ha criticado. Por un lado, el uso de lo público como espacio de captura corporativa. Los incentivos, ayudas y beneficios del RIGI, por ejemplo, suponen un apuntalamiento institucional de ciertas inversiones, entrando en contradicción con la máxima de competencia absoluta en el marco de mercados abiertos sin intervención pública. Por el otro, participar aun subordinadamente en la política imperial de EEUU no solo no es libertario, sino que camina en el sentido contrario: refuerza el poder estatal –aunque no precisamente el argentino–, cuando el horizonte anarcocapitalista debería abundar en la destrucción y dispersión del mismo.

Por lo tanto, el anarcocapitalismo de Milei se queda en una simple pose, puro imaginario que en todo caso sirve para posicionar ciertas claves culturales en favor de una agenda económica salvaje.

Riesgos del avance del proyecto de Milei

La agenda económica de LLA puede ser evaluada desde un doble plano. En primer lugar, haremos referencia a la hipotética eficacia del mismo, esto es, su capacidad para alcanzar los objetivos establecidos a medio y largo plazo. En segundo término, analizaremos los principales impactos ecosociales que se derivarían de su avance, fundamentalmente en términos de vulnerabilidad ecológica, impacto en el mercado de trabajo y sistema de cuidados.

En lo que se refiere a la supuesta eficacia del proyecto económico de Milei, sostenemos que su éxito no está ni mucho menos garantizado. Aunque no tenemos la pretensión de posicionar sentencias categóricas al respecto, entendemos que el contexto económico internacional y la fragilidad política del país obligan a ser cautos tanto sobre la posibilidad de garantizar políticas puente de estabilización macroeconómica a medio plazo, como de consolidar un régimen extractivista de acumulación sostenido sobre exportaciones masivas y acceso constante a divisas.

Comenzando por el horizonte más inmediato, ya señalábamos cómo LLA habría conseguido cierta contención de la inflación y del tipo de cambio, pero en ningún caso un equilibrio macroeconómico estable. Más allá de la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la precariedad laboral, hemos constatado los guarismos alarmantes en los que se encuentran las reservas netas de divisas, que son la clave de bóveda del proceso, poniendo en evidencia la fragilidad del proyecto. En este sentido, el período puente (2025-2030) se le puede hacer muy largo al gobierno.

Bien es cierto que el apoyo de Trump ofrece un aval a los mercados, que podrían entender que el flujo de divisas se mantendría incluso más allá de los préstamos y acuerdos ya en vigor. Pero tampoco podemos dejar fuera de la ecuación la imprevisibilidad en la agenda del presidente norteamericano, el creciente peso de la deuda, ni la coyuntura internacional poco favorable para un salto cuantitativo en exportaciones e inversiones.

Y es precisamente en el análisis del contexto económico global donde se visualizan nubarrones para una estrategia a medio y largo plazo que, recordemos, se basa en la inserción internacional a través de la oferta de suministros para los principales nichos verdes, verde-oliva y digitales del capitalismo actual. El castillo de naipes de Milei, por tanto, se sostiene sobre un frágil terreno: inversiones y exportaciones masivas en energía, minería y agroindustria, derivadas de una demanda internacional sostenida, especialmente por parte de los sectores punta de la economía verde, la industria militar y la digitalización.

Y siendo real el incremento de las inversiones en estos sectores –la Agencia Internacional de Energía cifra en 3,3 billones de dólares la inversión en economía verde a lo largo de 2025, mientras el gasto militar ascendió en 2024 hasta los 2,7 billones, un 9,4% más que el año anterior, según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo–, también lo es que el capitalismo sufre de estancamiento secular, y está aquejado además de sobrecapacidad productiva.

El sistema vigente, de este modo, es incapaz de crecer de manera generalizada y sostenida en el tiempo, no solo desde una perspectiva coyuntural –las perspectivas de crecimiento del FMI y el Banco Mundial sitúan el crecimiento global del PIB para 2026 en un ralo 3%–, sino que hace décadas –y muy especialmente desde 2008– que su dinámica está, en la práctica, estancada.

Este estancamiento, junto al peso de las “finanzas en la sombra” como sector protagonista del capitalismo actual, lo convierte a su vez en un sistema cada vez más propenso a los estallidos (financiero en 2008, pandémico en 2020, militar en 2022, bancario en 2023), incrementando una vulnerabilidad estructural y permanente.

Pero es que además se evidencia una sobrecapacidad global de capital instalado. Numerosos poderes corporativos diferentes tratan de liderar unos escasos sectores de especial capitalización, generando una dinámica de competencia extrema que suele acabar con un único vencedor. Este controla el sector por su mayor rentabilidad y precios más bajos, cuenta con la capacidad de producción y venta a escala internacional, y provoca en consecuencia que el resto de competidores vea frenadas en seco sus expectativas de desarrollo. China, en concreto, ha sido el que ha venido llevando la delantera internacional en rubros estratégicos como el automóvil eléctrico, los paneles solares, las bombas de calor o las redes 5G, sosteniendo parte significativa de la inversión mundial.

Por tanto, el supuesto crecimiento acelerado de la demanda global de energía y materiales que se derivaría del crecimiento generalizado de estos sectores –que se ha trasladado a eufóricos informes de diferentes organismos internacionales– debería ser matizado tanto por el escaso crecimiento esperado, como por lo acotado del mismo. Al mismo tiempo, el horizonte de duplicación de las exportaciones agroindustriales, incluso en el contexto favorable que ofrece el acuerdo entre Mercosur y la UE, también debería abordarse con la cautela que exige el convulso panorama internacional actual.

Más allá de la demanda, también la competencia por la oferta se recrudece, sumándose todo un conjunto de países periféricos y semiperiféricos al intento de insertarse en los mercados globales a través de la energía y la minería metálica. América Latina es un ejemplo claro de cómo la región en su conjunto plantea estrategias similares, en función de los mismos rubros.

En resumen, las expectativas de demanda de la economía argentina podrían no ser tales, mientras la competencia de oferta se agudiza, complicando por tanto las expectativas de rentabilidad. Máxime si, como hemos señalado, el país se vincula a la potencia en declive, no a quien más invierte y demanda, en sectores además ya de por sí vulnerables. En esta línea, por poner solo tres ejemplos, el precio del litio ha caído un 70-80% desde 2022, los combustibles fósiles provenientes del fracking tienen valores mínimos para operar en condiciones –dentro de una inestable evolución de precios internacionales en forma de dientes de sierra– y la expansión del hidrógeno verde es una quimera si no se desarrollan nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte.

Pero no solo el contexto global es relevante, también la realidad interna del país. Las inversiones estratégicas en energía y minería suelen realizarse con una mirada de largo plazo. Requieren, en consecuencia, cierta estabilidad económica y política... cuestión que el país no puede ni mucho menos asegurar, si atendemos a su historia reciente. ¿Es entonces suficiente con la alfombra roja que despliega el RIGI para garantizar la llegada de inversores? No hay una respuesta clara a este interrogante.

En conclusión, es importante alertar sobre los nubarrones señalados, que bien pudieran hacerlo descarrilar, al igual que lo hicieron todos los ajustes anteriores de la secuencia. Pero si la eficacia del proyecto nos genera dudas, son certezas lo que planteamos sobre los impactos ecosociales negativos de este en su avance, tenga éxito o no, dada la radicalidad de su apuesta.

En este sentido, es fácil deducir cuáles serán los efectos en términos de pérdida de biodiversidad, afectación a las comunidades y ecosistemas, emisión de gases contaminantes, acaparamiento corporativa de bienes naturales, etc., derivados de un modelo de acumulación extractivista y agroindustrial. Máxime en el contexto de una agenda ultraliberal, que apuntala toda una arquitectura de la impunidad corporativa que el RIGI representa. Precisamente, en un momento global de alarmante superación de los límites biofísicos, en los que emprender de manera urgente y decidida estrategias de transición ecosocial justa se convierte en tarea obligada.

El proyecto de ley para la creación de un sistema integral de cuidados, cuyo debate comenzó en la legislatura anterior, ha desaparecido de la agenda

A la vez, la agenda de LLA aboga implícitamente por ahondar en la desindustrialización –dinámica favorecida por su apuesta en favor de la apertura exterior, como ponen de manifiesto el acuerdo con EEUU y el tratado UE-Mercosur–, eje fundamental del trabajo formal con ciertas garantías laborales. Apuesta, en sentido contrario, por sectores con escaso desarrollo del empleo que, además, suele ser precario.

Porque LLA no plantea siquiera una estrategia de escalamiento industrial a partir de los recursos naturales, en la que el Estado asuma un rol activo en la planificación de la transformación de la matriz productiva y en el desarrollo de ecosistemas de innovación para el desarrollo de servicios y nuevas capacidades en fases de mayor valor añadido dentro de las cadenas globales de valor. Al contrario, su empecinamiento en el desmantelamiento del Estado y en la vigencia protagónica del mercado deja en este toda decisión estratégica, apuesta más que arriesgada dado los precedentes fallidos a escala global. Esto condenaría a millones de personas, incluso si el proyecto alcanza sus objetivos, a su expulsión del sistema. Se abriría así un escenario socialmente endiablado, en el que no se descartan masivos episodios migratorios, fortalecimiento del crimen organizado, etc., en un marco político crecientemente autoritario y represivo.

De manera complementaria, la desaparición del Estado social y las agendas reaccionarias en boga han puesto coto a los avances que se habían producido en el ámbito de los cuidados, además de abandonar a su suerte al conjunto de sectores populares (empresas recuperadas, economías campesinas, economía social y popular).

En este sentido, el proyecto de ley para la creación de un sistema integral de cuidados, cuyo debate comenzó en la legislatura anterior, ha desaparecido de la agenda. Al mismo tiempo, los tímidos logros sobre tiempos para el cuidado incluidos en la ley de teletrabajo, fruto de la realidad de la pandemia, están amenazados por la ofensiva sobre el tiempo de las y los trabajadores que incorpora la reforma laboral, como ya hemos analizado.

Finalmente, la desaparición de muchos planes sociales desliga a lo público de la responsabilidad del cuidado. De este modo, esta recae de nuevo y prioritariamente sobre las mujeres –en un contexto en el que la ética reaccionaria sobre los cuidados cotiza al alza–, mientras el Estado se limpia las manos y, quien puede, recurre al mercado para garantizarlos.

El proyecto económico periferizante, extranjerizante, extractivista y antidemocrático de Milei, en definitiva, cuenta con visos reales de acabar en fracaso, como el resto de ajustes de la secuencia en la historia reciente del país. No obstante, sea este exitoso o no, amenaza con una devastación ecológica, con la expulsión masiva de personas del sistema, con el desmantelamiento del Estado social y con arrasar la diversidad de fórmulas económicas emancipadoras. Es crucial, por tanto, hacer descarrilar este tren que nos lleva al desastre, y hacerlo desde una clave internacionalista: si Argentina es un laboratorio de capitalismo salvaje, reventar la motosierra y su relato es una tarea de todos y todas.