Andalucía
El escándalo de los cribados y otros hitos de 2025 que fracturaron la mayoría absoluta del PP en la Junta

Se cierra el año pero no las heridas políticas  y sociales que este 2025 ha dejado en Andalucía, sobre todo a las, al menos, cuatro mil mujeres afectadas por el escándalo de los cribados de cáncer de mama. Una crisis que además de conmocionar a toda la población ha supuesto un punto de inflexión dentro del Gobierno andaluz, que lo coloca según las encuestas al borde de perder la mayoría absoluta que desde 2022 ostenta en el Parlamento andaluz y que hasta ahora le ha facilitado a la hora de implementar sus políticas sin ningún tipo de freno.

Este octubre se daba a conocer por parte de la asociación Amama que miles de andaluzas se habían visto afectados por retrasos de hasta años en el cribado de cáncer de mama, una situación que la organización dio a conocer a la Consejería de Salud en 2023 pero que no había tenido acción alguna por parte de la Junta. Desde ese momento la estrategia del Ejecutivo andaluz para atajar lo que denominaban “un error de comunicación” que suponía “cuatro casos aislados” según las palabras de la, en ese momento, consejera Rocío Hernández. Desde el primer momento Amama señalaba que se trataban de miles de casos y señalaba la gravedad de la cuestión a pesar de las palabras de la Junta “A algunas mujeres las están llamando cuando no se puede hacer nada porque tienen un cáncer avanzado, por eso queremos que encuentren dónde está el fallo y que se depuren responsabilidades”, exponía Angela Claverol la presidenta de la entidad.

El año que nos deja también será recordado por la aprobación definitiva del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar a pesar de la advertencia de ecologistas y expertos.

Tras días donde Hernández seguía manteniendo la misma versión y que se negaría a abandonar su puesto el pasado 8 de octubre presentaba su dimisión y junto a otros cambios de nombres, el presidente andaluz nombraba a Antonio Sanz como consejero. A pesar de semanas en las que los casos iban aumentando así como la repulsa social el Gobierno ha internado mantener una versión dulcificada en la situación así como ocultar información a las andaluzas y andaluces. Así lo señalaba el Consejo Profesional de Canal Sur, que días posteriores presentó su dimisión,  exponiendo que los informativos de la cadena habían restado importancia al escándalo del cribado de cáncer de mama ocultando información e informando sólo de la versión de la Junta. Moreno Bonilla también expuso en el Parlamento andaluz que las privatizaciones no habían llegado a los cribados, sin embargo, la Junta ha realizado al menos dos contratos con compañías. Uno de 2021 con la compañía Centro de Diagnóstico Granada en 2021 por un valor de 8,8 millones de euros. Otro con la empresa sevillana Gestión y Ejecución de Sistemas de Información SL (GESI) por 18,5 millones de euros, prorrogado el año pasado por 27,74 millones.

El Gobierno andaluz ha bloqueado además la propuesta de creación de una comisión que investigue qué falló en los cribados de cáncer de mama propuesta por los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz. Moreno Bonilla ha intentado aligerar el relato oficial hasta el último momento, el pasado 15 de diciembre el presidente exponía que unas 23 mujeres habrían desarrollado un cáncer debido a estos fallos, una cifra que le rebatía Amama exponiendo que podrían ser más de trescientas. La organización ha presentado cientos de demandas al Gobierno territorial.

El impacto de este escándalo ha llegado a la demoscopía como señala el último Barometro del Centra publicado este diciembre.  El partido que gobierna la Junta podría perder en los próximos comicios de 2026 un 2.9% de los votos, lo que le haría pasar de 58 escaños a una horquilla entre 53 y 55. La mayoría absoluta en el parlamento andaluz se obtendría con 55 escaños. Los votos a Moreno Bonilla tienen un destino claro según el Centra: la ultraderecha, que aumentaría en un 4% sus votos, pudiendo llegar a los 22 escaños. 

Una crisis sanitaria total

 Las organizaciones en defensa de la sanidad pública han denunciado durante 2025 que la crisis de los cribados de cáncer de mama es un ejemplo más de la destrucción del sistema sanitario público que lleva emprendiendo la Junta desde hace años a través de las privatizaciones.

Unas privatizaciones que este año no se han reducido ya que la Junta conseguía poner en marcha el pasado septiembre el macro concierto sanitario en el que lleva trabajando desde 2023.  Decenas de conciertos que han dado 553 millones a empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios o, como exponen desde la propia Junta, es una “contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en centros sanitarios y servicios privados”. Los grandes beneficiarios de estos conciertos han sido gigantes sanitarios como HLA, Quirón o Vithas.

Las mareas blancas andaluzas, presentaron en septiembre una Iniciativa Legislativa Popular para  proteger la sanidad pública de las privatizaciones avalada por más de  de 57.000 firmas. A finales de noviembre, el Parlamento andaluz, con la luz verde del PP en pleno foco por el cribado de cáncer de mama, se aprobaba su tramitación. El proyecto difícilmente podrá hacerse realidad a causa de la convocatoria electoral de 2026. El Reglamento del Parlamento andaluz recoge en su artículo 192 que “al final de cada legislatura caducarán todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y de resolución por el Parlamento, excepto aquellos que correspondan conocer a la Diputación Permanente o deban prorrogarse por disposición legal”.

Aznalcóllar y recortes sociales

El año que nos deja también será recordado por la aprobación definitiva del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar a pesar de la advertencia de ecologistas y expertos. El pasado junio la Junta de Andalucía daba luz verde definitiva a la apertura de la Minera Los Frailes en la localidad, a pesar de las advertencias ecologistas, de tener a parte de la sociedad andaluza en su contra y de los más de 15.000 millones de litros de aguas contaminadas que pretende verter la empresa al río Guadalquivir.

El 2025 además se añade a la lista de años en los que al menos 14.000 personas han seguido viviendo despojados de Derechos Humanos en los asentamientos vinculados a la producción agrícola en Huelva y Almería. 

La decisión ha provocado decenas de movilizaciones y acciones para impedir que se haga realidad un proyecto que impactaría en el río Guadalquivir, símbolo de Andalucía. En julio pasado, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Greenpeace presentaron un recurso de alzada para parar la mina hasta que se garantice un procedimiento completo con garantías que asegure que se desarrolle “conforme a la legalidad y en defensa del interés público y la protección del medio ambiente”. Además distintos colectivos han denunciado irregularidades en los procesos de exportaciones forzosas de decenas de fincas para construir el tubo de 30km por el que se verterán las aguas tóxicas , un proyecto amparado por dos leyes franquistas, aún vigentes. En 2026 se proyectan nuevas movilizaciones y acciones para impedir que la mina vuelva a producir.

Un año más la Junta vuelve a basar su política económica en el recorte de gasto social, la bajada de impuestos con medidas como la reducción fiscal en gimnasio y en gastos veterinarios. Así como la inversión en sectores económicos destinados a un sector de la sociedad privilegiado como los 2,6 que se ha gastado el Gobierno andaluz en impulsar el golf o las ayudas a la tauromaquía. En Andalucía, el riesgo de pobreza alcanza un 35,6%, un porcentaje que la sitúa en el podio de las regiones empobrecidas.

El 2025 además se añade a la lista de años, que ya acumulan más de dos décadas, en los que una realidad sigue inamovible: al menos 14.000 personas viven despojados de Derechos Humanos en los asentamientos vinculados a la producción agrícola en Huelva y Almería.