Sevilla
La Junta usa dos leyes franquistas para expropiar los terrenos por donde pasarán los vertidos al Guadalquivir

El pasado miércoles 13 de agosto, en pleno verano, la Junta de Andalucía anunciaba a través del BOJA el inicio del “expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de las fincas afectadas por la infraestructura para el vertido de agua procedente de la instalación situada en el derecho denominado Zona Aznalcóllar”. El objeto de la expropiación es la creación de una tubería, de más de 30 km según el proyecto de explotación de Mina Los Frailes, que conectará la nueva mina de Aznalcóllar con el Estuario del Guadalquivir y por el que se verterán más de 17 mil millones de litros de aguas tóxicas al río Guadalquivir. Según expone el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la finalidad de la instalación es el “vertido de aguas de depuración desde la Mina Los Frailes al río Guadalquivir”.

La Unesco ha mostrado su preocupación en torno a este proyecto minero y exige al Gobierno que presente la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) completa antes de tomar la decisión definitiva

Las expropiaciones se encuentran amparadas por dos leyes aprobadas durante el franquismo: la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y la Ley de Minas de 1973. Este proceso afectará a 249 fincas ubicadas en las localidades sevillanas de Santiponce, Aznalcóllar, Salteras, Valencina de la Concepción y Olivares. Los terrenos, en su mayoría, son de titularidad privada; sin embargo, hay algunos que pertenecen a instituciones públicas como los ayuntamientos de la localidad, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Transporte o la propia Junta de Andalucía. El plazo de alegaciones estará abierto hasta los primeros días de septiembre. Colectivos sociales y ecologistas están buscando a vecinos afectados por estas expropiaciones que quieran ejercer su derecho de alegar.

Ecologistas en Acción, junto a expertos y decenas de organizaciones, lleva años denunciando, desde que se diera a conocer la aprobación del proyecto de explotación minera por parte de Mina Los Frailes, propiedad del Grupo México, los peligros que suponen estos vertidos para el Guadalquivir y las localidades de su entorno. El movimiento para “salvar” el Guadalquivir exige la paralización de una reapertura que, según se hizo saber en julio con la luz verde de la Junta de Andalucía, parece inminente. En julio, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Greenpeace han solicitado, presentaron un recurso de alzada para parar la mina hasta que se garantice un procedimiento completo con garantías que asegure que se desarrolle “conforme a la legalidad y en defensa del interés público y la protección del medio ambiente”. Un señalamiento burocrático basado en una Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto “que incurre en nulidad de pleno derecho por irregularidades en el procedimiento y en la participación pública”.

Ese mismo mes de julio el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco mostraba su preocupación en torno a este proyecto y cómo podría afectar a Doñana y a su entorno. El organismo exponía a través de un comunicado que “la información presentada sigue siendo insuficiente para evaluar su posible impacto en el VUE (Valor Universal Excepcional) del bien”; además, la institución solicitaba que el Gobierno “presente la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) completa, incluyendo una evaluación específica de los posibles impactos del proyecto en el VUE del bien, de conformidad con la Guía y el Manual para las Evaluaciones de Impacto en el Contexto del Patrimonio Mundial, al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión por la UICN, antes de que se adopte cualquier decisión definitiva o irreversible”.

El experto en conflictos ambientales y profesor de Antropología Social en la Universidad de Sevilla, Félix Talego, explica que la amenaza de los vertidos “no es solo ecológica, sino sobre la pesca de la desembocadura y la bahía de Cádiz y sobre agricultura, arrozales y ganadería”. Es decir, es una amenaza sobre todas las actividades económicas de la comarca del Bajo Guadalquivir y de la Bahía de Cádiz”. Talego además hace hincapié en recordar procesos similares en otros espacios hídricos de Andalucía y en intentar reactivar una respuesta social para evitar estos nuevos vertidos: “Está en nuestras manos evitar que lo que ocurrió en el Estuario de Huelva, cuyas secuelas duran siglo y medio después, ocurra ahora en el Estuario del Guadalquivir”.