Andalucía
La Junta promueve los bíceps y los pomeranians mientras deja miles de posibles cánceres de mama sin notificar

Desde hace una semana, la Junta de Andalucía ha emprendido su séptima reducción fiscal, copando las portadas y el debate social por algunas de sus decisiones. Entre las medidas, que se pondrán en marcha en 2026 y formarán parte de los próximos presupuestos andaluces, se encuentran la reducción de hasta 100 euros de IRPF para las familias que cuenten con un animal de compañía en sus hogares, una rebaja del 15% de la cuota del gimnasio en el IRPF, así como otras rebajas fiscales en el alquiler para las personas menores de 35 años y en los productos sin gluten. Unas decisiones económicas que siguen con el proyecto de bajar impuestos que define la política del presidente andaluz, una senda que lleva intensificando desde su llegada a San Telmo en 2019.

El equipo de comunicación de la Junta de Andalucía ha aprovechado estos anuncios para proyectar una imagen de cercanía. El pasado 30 de septiembre, el Whatssapp oficial del gobierno andaluz lanzaba una encuesta entre sus seguidores para que valorasen las medidas preguntando: “¿Cuál es la deducción fiscal que más valora?”, y entre la que se encontraba la opción de “las tres, deberían aplicarse en el resto de España”. Estas deducciones, según el economista Giuseppe Quaresima, forman parte de unas “políticas electoralistas” y son “una estrategia de marketing, para hacer creer que sus políticas fiscales benefician a todo el mundo y no solo a los más ricos”.

“La capacidad de tributación propia de la Junta de Andalucía se ha reducido, ahora es mucho más dependiente de las transferencias estatales”, sostiene el economista Giuseppe Quaresima

Desde la oposición política han denunciado estas reducciones, como expone el portavoz de Izquierda Unida, Santiago Alba: “Nos parece de vergüenza ajena que en vez de reforzarse la sanidad pública andaluza se den exenciones fiscales a gimnasios o centros de fitness, que no son una necesidad básica para las familias andaluzas”. Una idea en la que insisten también desde Adelante Andalucía, que considera que deberían reforzarse los servicios públicos en vez de realizarse estas políticas económicas: “En vez de descontar ocho euros del gimnasio, que la gente tenga que esperar dos meses para una cita médica o pagarse un seguro privado porque no lo atiende”.

En siete ocasiones el Gobierno andaluz ha emprendido medidas de reducción fiscal, como la bonificación del 100% del impuesto al Patrimonio iniciada en 2022. Gracias a esta decisión de la Junta de Andalucía, las grandes fortunas dejaron de pagar 98 millones de euros a las arcas públicas ese mismo año, según los datos de la Agencia Tributaria. “La capacidad de tributación propia de la Junta de Andalucía se ha reducido, ahora es mucho más dependiente de las transferencias estatales”, sostiene Quaresima, sobre las continuas rebajas fiscales de Moreno Bonilla. 

2.000 mujeres sin diagnosticar y 43.000 personas en las listas de espera de dependencia

Estas políticas económicas de la Junta emprendidas durante los últimos años coinciden con un desmantelamiento de los servicios públicos en favor de un sistema “público-privado”, como sostienen desde el propio Gobierno andaluz. Unas decisiones institucionales que continuamente dan casos alarmantes como el conocido esta semana sobre el cribado de cáncer de mama. Un error en el sistema ha provocado que al menos 2.000 mujeres no hayan sido diagnosticadas tras un primer “resultado dudoso”. La situación ha llevado a que desde distintos colectivos y la oposición se pida la dimisión de la consejera Rocío Hernández, que ha sostenido que no lo hará y que dimitir sería “lo fácil”, y además ha dicho a las víctimas “que no vean el vaso medio vacío”.

En el territorio andaluz 43.393 personas se encuentran a la espera de la ayuda de dependencia

Un escándalo que se une al día a día de los espacios sanitarios: listas de espera, falta de facultativos y deficiencia en las infraestructuras. Todo ello mientras la sanidad privada es favorecida por el ejecutivo de Moreno Bonilla; desde septiembre se está aplicando un contrato macro que dará 533 millones de euros a 38 empresas privadas para derivar operaciones y otras intervenciones sanitarias.

Además de en la sanidad, los recortes están afectando a la educación pública, que desde 2019 ha perdido al menos 2.400 aulas, según los datos del sindicato Ustea. En cuanto a la situación de la dependencia en el territorio, según los datos del Imserso, Andalucía y Cataluña encabezan el número de personas que esperan una ayuda para la dependencia en todo el Estado. En el territorio andaluz 43.393 personas aún no han recibido su ayuda, con retrasos que incumplen el límite establecido de seis meses.