Violencia machista
Ángela Rodríguez ‘Pam’: “Los cuidados han generado siempre desigualdad, ahora tienen que generar derechos”

El 30 de septiembre, Noelia Vera anunciaba que dejaba su cargo como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género por motivos personales —“hay que saber parar cuando el cuerpo avisa”— y daba el relevo a Ángela Rodríguez ‘Pam’, cuyo nombramiento fue aprobado el 11 de octubre por el Consejo de Ministros.

Su paso a la política institucional, dice, se produjo desde la militancia en los movimientos feministas, lo que a su juicio imprime una manera de hacer política. Asegura que hacer política cuando se es mujer, feminista y de izquierdas tiene sus consecuencias, y pocas horas después de estas palabras aclara en Twitter que a las integrantes de Igualdad les gustan más los bolsos de tela que los de Louis Vuitton, después de que un conocido trol de extrema derecha haya señalado a Montero falsamente por llevar un bolso de 2.000 euros y el bulo se haya hecho trend en las redes sociales.

El Ministerio de Igualdad asume en este momento la responsabilidad de varios proyectos de calado de los que Rodríguez ‘Pam’ habla con El Salto en la primera entrevista a un medio escrito tras su nombramiento. Avanza que el Ministerio pondrá en marcha en 2022 un teléfono de atención a víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución como parte de un plan de atención más amplio y con 6 millones de euros con cargo a los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras se termina de perfilar el borrador de la Ley Trata que, asegura, está “muy avanzado”. 

Noelia Vera dejó el cargo explicando que “cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos”. ¿Es incompatible la política con el autocuidado, también en el Ministerio de Igualdad?
La política y el autocuidado tienen que ser compatibles y, de hecho, creo que eso es hacer política feminista. Noelia ha hecho un trabajo extraordinario este último año. No ha sido un año fácil para ella en particular pero tampoco para el ministerio, porque ha sido un año de pandemia en que nos hemos enfrentado a un reto que ninguna podíamos prever, que es cómo proteger a la víctimas de violencia machista en este contexto. Tenemos anécdotas muy dolorosas y muy difíciles de solucionar.

Hemos sido la diana de todo tipo de ataques machistas y misóginos, y seguimos siéndolo. Y además hay una guerra judicial, muchas veces sostenida por parte de los medios de comunicación que compran el relato de la extrema derecha, que evidentemente tiene sus consecuencias. La política feminista implica autocuidado, pero también implica señalar que cuando eres mujer, joven, de izquierdas, feminista y haces política, eso tiene sus consecuencias.

Tu nombramiento responde a su renuncia pero, ¿qué cambia contigo en el cargo? ¿Qué diferenciará a esta secretaría de Estado contigo como responsable?
Yo formaba parte ya del equipo de ministerio y en realidad hemos trabajado juntas, tanto con Noelia como con el resto del equipo, en el diseño de las líneas que están ya encima de la mesa. Mi tarea va a ser seguir reforzando esas líneas. Sí me parecía importante que hubiera un impulso a esas políticas que tienen que ver más con el eje de la redistribución, porque creo que hemos avanzado bastante en materia de violencias machistas, que era nuestro primer eje. Hay un segundo eje relacionado con el reconocimiento de la diversidad que eran derechos LGTBI y de personas racializadas. Nos quedaba seguir avanzando en este eje de la redistribución.

Además, creo que se convierte en fundamental cuando España está atravesando un momento de profundas transformaciones en el sistema económico y de producción que devienen de lo que ha sucedido con la pandemia, los fondos europeos y cuál es el planteamiento de la Comisión para aplicar estos fondos, y creo que ahí las feministas tenemos mucho que decir.

Los cuidados, que han asumido mayoritariamente las mujeres han generado siempre desigualdad y lo que planteamos ahora es que tienen que generar derechos

¿A qué te refieres con ese eje? ¿En qué políticas públicas se concreta?
Hay un elemento fundamental que son los cuidados. Muchas veces, la gente no sabe bien de qué hablamos cuando hablamos de cuidados y en realidad lo que estamos diciendo es una cosa muy sencilla pero creo que casi revolucionaria: que, hasta ahora, quienes han asumido las tareas de cambiar pañales, limpiar la casa, hacer la compra, cuidar de tu abuelo cuando se pone enfermo, cuidar de tu madre cuando se pone enferma… todo eso que han asumido mayoritariamente las mujeres —no hay un solo dato que digan que los hombres asumen mayoritariamente estas tareas— ha generado siempre desigualdad para quien asumía esas tareas. Lo que planteamos ahora es que tienen que generar derechos.

Lo que ponemos encima de la mesa es la idea de que el medio plazo en españa pueda existir un Sistema Estatal de Cuidados. De la misma manera que se garantiza que sanar o educar son tareas públicas que asume el Estado, cuidar también puede ser una tarea pública que asuma el Estado. El primer paso para poner esto en marcha es el Plan Corresponsables, que es un proyecto piloto pero que se consolida en estos Presupuestos con otros 200 millones de euros y que viene a incidir en otro de los elementos sobre los que creo que la pandemia ha arrojado luz, que es la incapacidad de las mujeres para conciliar. Es imposible, las mujeres no conciliamos, simplemente tenemos dobles y triples jornadas laborales porque ningún gobierno se ha tomado en serio la tarea de conciliar y nosotras creíamos que era una labor imprescindible después de lo que ha pasado a muchas madres durante la pandemia, que al cerrar los centros escolares se han visto solas con sus hijos teniendo que teletrabajar y cuidando al mismo tiempo.

Generemos espacio y generemos las condiciones para que puedan existir cuidadoras y cuidadores que se encarguen de esos niños, de momento de 0 a 14 años, para que exista la conciliación, no solo de la vida laboral con la familiar sino también con la vida personal. Creo que era uno de los grandes “debes” pendientes de la Ley de Igualdad y sin duda es una cuestión estratégica para los próximos años, porque puede ser un elemento que nos ayude a generar empleo público.

¿No preocupa que el empleo asociado a los cuidados que se cree con el Plan Corresponsables y que va a emplear sobre todo a mujeres, sea potencialmente precario, como lo es el empleo que se crea asociado a los cuidados?
Desde luego. Lo primero, hay que ser humildes, no podemos intentar resolver un problema que es tan viejo como el patriarcado, que es el problema de que nosotras somos las que sostenemos los cuidados y eso es lo que permite que exista un sistema de producción capitalista que explota al resto. No vamos a solucionar eso en dos meses ni con unos Presupuestos Generales ni con dos, no somos ingenuas. Sabemos que nos estamos enfrentando a una cuestión estructural, que es la columna del patriarcado. 

Partiendo de eso, nuestra primera y modesta apuesta es que tiene que haber personas que cuiden a estas niñas y niños de 0 a 14 años, que tienen que estar acreditadas profesionalmente. Esto incluye una cuestión muy interesante que es que a mujeres que hasta ahora hacían estas tareas pero no se les reconocía profesionalmente, ahora vamos a reconocerles esta categoría profesional para que puedan ser contratadas por Ayuntamientos y comunidades autónomas con los distintos programas que se desplieguen. A partir de ahí, cada comunidad está desarrollando sus distintos programas.

Hay una disparidad muy grande de cuáles son los elementos que se están utilizando para ayudar a esa conciliación y tenemos que seguir trabajando en que haya una especie de catálogo de buenas prácticas que detecte cuáles son esas actividades más interesantes. Para eso, va a ser imprescindible el desarrollo de la Mesa de Cuidados, porque ahí es donde se concitan todos los actores sociales, políticos e institucionales que queremos seguir trabajando en la creación del Sistema Estatal de Cuidados, y revisar lo que ya estamos poniendo en marcha como es el Plan Corresponsables.

Has sido muy clara con respecto a tu postura sobre la Ley Trans y la defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad. ¿Estás satisfecha con la forma en que se desbloqueó la ley trans? ¿A qué renunció Igualdad para que eso ocurriera?
Estoy muy satisfecha porque hubo un momento en el que muchísima gente quiso poner encima de la mesa que las personas trans no tenían que tener derechos y hemos conseguido ganar esa batalla: los derechos de las personas trans son derechos humanos. Desde luego, ahí ha tenido un papel el Ministerio de Igualdad, pero ha tenido un papel importantísimo el activismo, personas LGTBI, colectivos y específicamente personas trans que en primera persona han peleado por esto. Sería poco humilde sin no reconociera esto, que el papel fundamental para que se desbloqueara esta cuestión lo han tenido los colectivos.

¿No sientes que esa fusión de los dos borradores traiciona la idea primera de sacar adelante dos leyes específicas, como sostiene la Plataforma Trans y como intentó el Ministerio de Igualdad en un principio?
Creo que los derechos fundamentales están reconocidos. Todo el mundo conoce cuál es la opinión del Ministerio de Igualdad. Hubiésemos querido dos leyes, hubiésemos querido que se reconociera a las personas no binarias, hubiésemos querido que se reconocieran los derechos para las personas en situación administrativa irregular y otra serie de medidas que iban a incidir más en la educación sexual u otro tipo de cuestiones. Evidentemente, nuestro socio de Gobierno no ha querido aceptar estas propuestas y hemos llegado a una posición de consenso con una negociación muy dura y creo que satisfactoria.

La tarea no ha terminado porque esta ley se tiene que tramitar ahora en el Parlamento y es urgente que salga cuanto antes, porque a día de hoy la realidad es que las personas trans siguen sin poder tener derechoa a libre determinación de la identidad de género, y sigue siendo un proceso patologizante, que les hace pasar por cuestiones muy desagradables y que a día de hoy no hemos podido solucionar porque la ley sigue sin estar aprobada. Celebremos que hayamos llegado hasta aquí, para mí es una victoria del feminismo de la cuarta ola, del feminismo de los 8M, de las huelgas, que asume la interseccionalidad como suya y parte desde ese punto de vista pero las tareas siguen pendientes y hay que apurar.

Hubo un momento en esa negociación donde lo más benévolo que se podía decir era que la ley trans había “tensionado” a los socios de Gobierno. El la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros donde se aprueba el Anteproyecto de ley para igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos LGTB se da una imagen de haber superado las diferencias, pero el pasado fin de semana Carmen Calvo las recordó cuando dijo que el feminismo de Podemos se caracteriza por una “falsa modernidad”. ¿Va a seguir enfrentando el feminismo a PSOE y Unidas Podemos?
Carmen Calvo ha tenido un papel muy importante en la construcción de las políticas de Igualdad de Partido Socialista, es legítimo reconocérselo. Creo que ahora mismo no va  a jugar ese papel tan relevante y que nuestras interlocutoras serán otras. A partir de ahí, sobre las diferencias que puedan tener Unidas Podemos y el Partido Socisliata creo que es importante decir que probablemente en las cuestiones sustanciales podemos estar de acuerdo: estamos de acuerdo en la lucha contra las violencia machistas, en que tiene que haber un reparto diferente de las tareas de cuidados. Pero venimos de tradiciones políticas muy diferentes. Yo llegué a la políitica institucional porque militaba en el movimiento feminista. No solo me pilló el 15M estudiando filosofía, me pilló también el 8M en pleno auge de un montón de espacios políticos muy interesantes, que no solamente son Podemos. Yo empecé a militar en Galicia, y ahí se conforma de una manera diferente el espacio del cambio. 

El feminismo ha tenido un papel fundamental como una hoja de ruta para decidir qué tiene que ser el Estado, esta es la apuesta de Podemos desde el principio y que va mucho más allá de que las políticas sean una cuestión sectorial en una agenda de Gobierno

Creo que el feminismo ha tenido un papel fundamental como una hoja de ruta para decidir qué tiene que ser el Estado, y creo que esta es la apuesta de Podemos desde el principio y que va mucho más allá de que las políticas sean una cuestión sectorial en una agenda de Gobierno, sino que la políticas feministas son la agenda del Gobierno, y sobre todo la manera de hacer política. No soy partidaria del concepto de modernidad, pero desde luego lo que pensamos es que el feminismo es el futuro.

Después de lograr llevar a trámite parlamentario la ‘ley del solo sí es sí’, Igualdad aborda otro proyecto de calado, que es la reforma de la Ley del Aborto. Esto se inicia a mi entender de una manera abierta, suave: con la puesta en marcha del Instituto de las Mujeres de una serie de conversatorios sobre salud sexual y reproductiva. Sin embargo, de inmediato se dio una reacción de los médicos en contra de incluir en la ley la violencia obstétrica —algo a lo que al parecer Sanidad también es reticente— y es de esperar una reacción por parte de sectores conservadores. ¿Es la ley del aborto la siguiente batalla para el Ministerio? ¿Contra quién va a ser esta vez?
Me sorprende que digas que es suave que vamos a abrir un proceso de participación. Quizá es novedoso. Es muy probable que haya un montón de políticos, políticos con -o-, que hayan iniciado procesos legislativos sin abrir procesos de participación y nosotras hemos abierto muchos procesos de participación en este ministerio. Toni [Morillas], la directora del Instituto de las Mujeres, está haciendo una tarea fundamental, que es sentar a los actores que van a estar implicados en esta reforma y que muchas veces tienen posiciones enfrentadas, como es el caso de muchos profesionales de la Ginecología y muchas mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Creo que nuestra tarea como políticas, como instituciones, es a veces sentar a dialogar a partes diferentes e intentar llegar a consensos que sean útiles para la mayor parte de la ciudadanía. No es una cosa suave, es una cosa muy difícil de hacer y es una manera feminista de hacer política.

Dicho esto, es evidente que hay quien piensa que la Ley del Aborto hasta ahora ha funcionado perfectamente bien y quien considera que no es revisable ha dado su opinión públicamente. Nosotras hemos dicho que hay varios problemas con esta ley del año 2010. El primero de ellos es que no se puede abortar en la Sanidad Pública en muchos lugares y que, además, cuando sucede muchas veces hay carencias en la prestación de este servicio. Lo primero que decimos, es: este servicio tiene que ser un servicio que forme parte de la cartera de Sistema Nacional de Salud, se tiene que dar en la Sanidad Pública, con calidad y en cualquier hospital, y a partir de ahí hay que ver qué medidas hay que tomar para que esto sea una realidad. A nosotras nos parece que la primera de ellas es regular la objeción de conciencia para armonizar este derecho individual con el derecho colectivo a poder abortar. Trabajaremos en que esto sea así, sabemos que es una cuestión que va a generar reticencias, pero no tanto por un Ministerio u otro, sino porque hay reticencias en la sociedad, sobre todo por los sectores de la ultraderecha, católicos, a que esto sea una realidad. Están aun en el Constitucional intentando tirar la ley de 2010, once años después. Pero vamos a trabajar para que sea una realidad porque entendemos que debe formar parte de los servicios públicos.

Y evidentemente hay cuestiones en las que creemos que esa ley en su día se quedó muy corta. No solamente tenemos que hablar del aborto, tenemos que hablar de salud sexual y eso implica hablar de salud menstrual, hablar del parto —no se habla del parto en este país, se habla de maternidad pero no se habla de qué implica el parto o el puerperio—, de qué implican una serie de cuestiones que siguen estando apartadas de la agenda pública y que no son prioridad para muchísimos gobiernos.

Y una cuestión que me parece fundamental: necesitamos más formación entre los profesionales sanitarios que trabajan en Ginecología para que la interrupción voluntaria de un embarazo no sea penalizada en el ámbito médico sino todo lo contrario, porque de esta manera podremos reforzar que haya una atención sanitaria que tenga perspectiva de género.

Cómo la regulación de la objeción de conciencia limita el derecho al aborto

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Voluntad personal y política junto a una normativa más clara sobre la objeción de conciencia son las claves para que el aborto en la Sanidad Pública, que hoy supone solo el 15%, no sea la excepción.

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¿Y las diferencias con Sanidad a la que te referías en tu intervención en la mesa sobre derechos sexuales y reproductivos en Uni de Otoño de Podemos?
Tienen que ver con la inclusión [en la ley] de la violencia obstétrica pero nosotras aquí, como en casi todas las ocasiones, vamos a seguir lo que marcan los estándares internacionales, en este caso lo que señala el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) a España, que en un dictamen reciente decía: hay casos de violencia obstétrica muy graves, tienen que tomar medidas. No es la primera vez que el comité CEDAW le da toques a España en este sentido y tenemos que trabajar para solucionarlo.

Igualdad aumenta su presupuesto en 2022 hasta 525 millones y la mitad de ellos se destinarán a combatir la violencia de género. En total, 284,7 millones, se destinarán a medidas para luchar contra la violencia de género frente a los 180 del año pasado. Mientras, acabamos de saber que cada vez más jóvenes niegan la violencia de género y venimos de un verano donde ha habido en algunas semanas una preocupante acumulación de asesinatos. Para acabar con la violencia de género, ¿es suficiente con que el Ministerio de Igualdad tenga más presupuesto disponible?
Me sorprende la pregunta. Es evidente que tener más presupuesto para luchar contra las violencias machistas es una buenísima noticia y, de hecho, es más de la mitad del presupuesto. Nunca se ha invertido en España en la lucha contra la violencia machista. Cuando era diputada discutí el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, gobernaba Mariano Rajoy y una de las cosas que decían las feministas en la calle y las diputadas en el Congreso era: “Menos lacitos y más dineritos”. Que a día de hoy hayamos pasado de un presupuesto mucho menor para el total de todas la políticas de Igualdad —en el 2018 se llegó a 180 si no recuerdo mal— y ahora estemos hablando de 525 millones de euros lo que demuestra es una voluntad de este Gobierno para generar las mejores herramientas para poder llegar a tiempo.

Pero no somos complacientes, es evidente que sigue existiendo la violencia machista, es una cosa tan estructural que no se va a resolver en un año. Cualquier persona que dijera que con más o menos dinero pudiera resolverse el problema de la violencia machista probablemente no sería muy consciente del problema que hay. Y esto apunta a lo que señalas de esta encuesta: o empezamos a tomarnos muy en serio la cuestión de la educación sexual o todas las medidas que estaremos desplegando las estaremos desplegando para cuando ya lleguemos tarde.  Lo que tenemos que hacer es prevenir y para prevenir hace falta educación sexual. Y aquí tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande.

Por cierto, en octubre de 2020 se anunció una Estrategia Nacional Contra la Violencia de Género que se esperaba tener lista en el primer semestre de 2021. ¿Dónde está?
Está en proceso de licitación para ponerse en marcha cuanto. Lo fundamental de esto es que va a ser la primera Estrategia Nacional contra las Violencia Machistas, y que sea de violencias machistas es importante porque a lo que se refiere es no solo a todas las formas de violencia contra las mujeres —estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todas las herramientas que desplegamos sean en base a lo que dicta el Convenio de Estambul que España ratificó en 2014, donde se incluyen todas las formas de violencia— sino también atendiendo a aquellos nuevos ámbitos en los que se dan las violencias de siempre.

Desde luego, el ámbito digital es una cuestión fundamental, no podemos obviar lo que está pasando en las redes sociales. Tampoco lo que sucede en los medios de comunicación ni, en general, en la producción cultural. Tenemos que prestar especial atención a cuáles son las formas de machismo que se dan ahí y qué podemos hacer nosotras, porque la violencia simbólica es un elemento al que no hemos prestado demasiada atención hasta ahora. Hay otras cuestiones a las que no hemos prestado atención como la violencia económica, la violencia vicaria y una cuarta cuestión que es muy relevante que tiene que ver con el papel de los hombres. Esta Estrategia va a incorporar un eje específico de masculinidades, va a ser la primera vez que se trabaje a nivel estatal en una cuestión tan relevante como esta y creemos que es imprescindible porque sin los hombres no vamos a encontrar cuál es el camino de salida a esa sociedad de los buenos tratos.

Esta semana defendías con vehemencia en RTVE la “tercería locativa”, una medida incluída en la Ley de Libertad sexual con sorpresa por parte de las trabajadoras sexuales, que aseguraron que este aspecto no estaba contemplado inicialmente. Ellas creen que esta reforma, dirigida a penalizar a quienes se lucren en locales donde se ejerza la prostitución, lo que hará es criminalizarlas. El PSOE es abolicionista, Irene Montero se ha nombrado abolicionista, ¿tú lo eres?
Lo que tenemos que hacer desde las instituciones es intentar generar consensos con las mejores políticas públicas para atender a las cuestiones urgentes. Más allá de las etiquetas, ¿cuáles son las cuestiones urgentes y cuál es mi tarea como Secretaria de Estado? Hay un montón de mujeres en contextos de prostitución que están en una situación muy precaria, hay muchas mujeres que son víctimas de exlotación sexual y trata con fines de explotación sexual, y hay una industria proxeneta que es impune. Estas tres cuestiones son las que señalan los organismos internacionales como el GRETA, CEDAW y el informe de la Fiscalía General del Estado.

Hay que atender a estas tres cuestiones con medidas tan importantes como un plan de inserción social y laboral para mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata y expotación sexual o la modificación de la Ley de Extranjería. Porque, si las entidades nos están diciendo que el 70% de las mujeres que están en estos contextos de prostitución están en situación administrativa irregular y además incluso reconocemos que una parte de estas mujeres son víctimas, ¿qué derechos les vamos a dar si no pueden acceder a una vivirenda, a un trabajo o abrir una cuenta corriente para salir del puticlub en el que están? Además, la única vía que les damos para hacerlo es la denuncia policial, cuando los organismos nos están diciendo que esa no puede ser la puerta de entrada a las instituciones y que tenemos que dar una puerta de entrada social.

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Opinión

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La penalización de la tercería locativa comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país.

Durante el confinamiento, creamos una cosa que pasó muy desapercibida y que tiene sus déficits pero que marca un antes y un después en esta cuestión: el modelo de acreditación unificada. ¿Para qué sirve esto? Pues para lo mismo que ha servido el título habilitante en violencia de género pero para mujeres víctimas de trata y explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.Esto significa que para estas mujeres que acercándose  a un servicio social, sin la necesidad de pasar por una denuncia policial, puedan acceder a derechos: la petición del IMV, un plan de vivienda pública, a todo tipo de prestaciones, e incluso con los derechos que se van a reconocer en la Ley de Libertad Sexual como son la reparación, el acompañamiento psicológico, la justicia gratuita. Todo eso es para mí lo prioritario, lo importante. ¿Cuál es la etiqueta que se le da a esto? No me preocupa.

Creo que como Secretaria de Estado no puedo perderme en ese debate, sobre todo porque hay una tercera cuestión que es fundamental. Lo dice claramente el GRETA [Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings] y la CEDAW no en general sino en sus informes a España, y la Fiscalía lo reconoce: el tipo penal del proxenetismo no sirve para perseguir la industria proxeneta. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de los tíos dueños de los puticlubs donde hay delito de explotación de manera habitual. Y lo que dice la Fiscalía es que eso no se puede perseguir en España. De hecho su informe es demoledor porque dice: tenemos constancia de que hay unas 12.0000 mujeres que podrían estar en situación de explotación de un delito pero apenas conseguimos que se condene unas decenas de responsables.

La tercería locativa está enfocada a la industria proxeneta; es importante que las mujeres que están en esos contextos tengan claro que vamos a intentar proteger sus derechos más allá de lo que pensemos del debate sobre la abolición de la prostitución

Lo que dice CEDAW es: amplíen el tipo del proxenetismo y eso es lo que hemos hecho. Pero, y es importante, cuando se habla de la tercería locativa, que es una ampliación del tipo de proxenetismo, se tienen que dar una serie de condicionantes pensados para esos dueños de los puticlubs. Para empezar, que haya lucro. En segundo lugar, que se habitual. En tercer lugar, que se beneficie de la explotación de una persona ajena. O sea, que estamos hablando que se tiene que dar un delito de explotación, que sea otra persona la que sufra ese delito y además que haya un lucro habitual y que sea el dueño. Por eso la pena que se propone va acompañada de la disolución de la persona jurídica porque lo que sucede muchas veces es que son empresas que al día siguiente cambian el rótulo y continúan. Estaremos de acuerdo en que perseguir a la industria proxeneta puede ser un consenso y en que proteger los derechos de las mujeres que están en situación precaria, víctimas de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución que no necesariamente se consideran víctimas, evidentemente tienen que tener reconocido sus derechos.

¿No se va a criminalizar a las trabajadoras que por su cuenta ejerzan en un piso?
El tipo penal está diseñado para que eso no suceda, y si podemos debatirlo lo debatiremos para remarcar esta idea. El tipo está enfocado a la industria proxeneta. Y hay una cuestión fundamental: lo que sí que afecta a las mujeres en contextos de prostitución es la Ley Mordaza, que en su artículo 36 sigue reconociendo la posibilidad de multar a los puteros pero también a las putas. Eso permite que muchas veces las mujeres sean criminalizadas y se tiene que derogar.

Es importante que las mujeres que están en esos contextos tengan claro que vamos a intentar proteger sus derechos más allá de lo que pensemos del debate sobre la abolición de la prostitución, que es un debate que no va a solucionar este ministerio, porque en el propio ministerio tenemos posiciones diferentes.

No es cualquier cosa un plan de inserción social laboral para estas mujeres, para las que lo quieran. Además como parte de este plan vamos a contar a través de fondos europeos con un teléfono que permita que esas ayudas y esos circuitos de inserción social y laboral para las mujeres en contextos de explotación, para las víctimas de trata y explotación sexual, puedan consultarse. Es una cuestión que ya hemos empezado a trabajar desde que se aprobó con fondos europeos el plan España te protege contra la violencia machista y creemos que puede ser muy positivo esa asesoramiento y acompañamiento a través de esa línea telefónica. Estamos en una fase muy preliminar del diseño de este proyecto pero creo que puede salir bien. 

¿Un 016 para víctimas de trata?
Algo así, pero que incluya todas las situaciones de las que estamos hablando. Es importante que, si hemos asumido que no es lo mismo un caso de violencia vicaria que uno de violencia económica, o psicológoca, o un asesinato, cuando hablamos de prostitución hay un espectro muy grande que va desde las que son víctimas de trata a las que son víctimas de explotación sexual, a las mujeres que están en ese contexto incluso volunatriamente. Tenemos que señalar todas las aristas y no podemos esperar a resolverlo en una etiqueta, sino que la política pública tiene que ser una cosa más profunda que se encargue de decir qué información tenemos, y después de diseñar una política primero dirigida a las urgencias y luego al medio plazo.&

Has dicho también esta semana que “la ley de Libertad Sexual pone encima de la mesa las medidas más importantes para luchar contra la explotación sexual”. ¿Hay que leer en esas declaraciones que Igualdad renuncia a desarrollar una ley de trata como tenía previsto, o que lo empieza a ver difícil?
En absoluto, de hecho tenemos un borrador prácticamente terminado. Lo que sucede es que tenemos que ir ordenando las cosas, todas las leyes a la vez no se pueden tramitar y esta ley requería de un trabajo titánico porque requería de no solamente pensar los derechos que les queríamos reconocer a las víctimas de trata, que ahí la Ley de Libertad sexual avanza y dice que son también víctimas de violencias sexuales y muchos de los derechos que van a tener reconocidos van a estar ya en la ley de libertad sexual. Pero lo que tiene que ver con la erradicación de la trata es mucho más  complejo y necesita suscitar el consenso de muchos más actores institucionales: tenemos que trabajar con Interior, con Justicia. Además, no estaba tan avanzado como estaba el trabajo de la Ley de libertad sexual o de la Ley Trans, que veníamos trabajando desde hace años incluso en procesos parlamentarios como es el caso de la ley LGTBI.

Lo que hemos hecho es contactar con una serie de expertas que pudieran aunar por un lado el trabajo que había realizado previamente el PSOE en la anterior legislatura, por otro lado todas las novedades en materia de estándares internacionales, que son muchas y además aquellos consensos a los que se había llegado en el Parlamento sobre esta materia. Este borrador está prácticamente terminado y en los próximos meses podremos darle salida. 

Lo que estamos viviendo en España con la extrema derecha no dista mucho de lo que ha sucedido en otros países, se están repitiendo debates sobre las personas LGTBI, el aborto, la existencia o no de las violencias machistas que son las narrativas que la ultraderecha está utilizando en todo el mundo

En el contexto europeo, la extrema derecha está frenando los derechos de las mujeres en algunos países. ¿Es España un país donde se pueda trasladar esta situación?
Más que un freno es una reacción. Lo que estamos viviendo en España con la extrema derecha desgraciadamente no dista mucho de lo que ha sucedido en otros países y se están repitiendo debates sobre las personas LGTBI, el aborto, la existencia o no de las violencias machistas que son las narrativas que la ultraderecha está utilizando en todo el mundo y no solo en España. Cuando se piensan soluciones para desactivar estas narrativas del odio las tenemos que pensar en clave internacional.

Pero a la vez hay una cuestión particular en España que hay que señalar: la insistencia por parte del Partido Popular de no querer colaborar a la hora de renovar los órganos constitucionales, incluyendo el CGPJ para nosotras también es una muestra del poco interés que tienen en avanzar a una justicia que atienda a la perspectiva de género como señala Naciones Unidas en su recomendación general 35 al través del comité CEDAW. Es importantísimo y en España no sucede, vemos casos todo el rato, hay ausencia de perspectiva de género en los operadores jurídicos y nosotras creemos que aquí existe una connivencia entre los partidos de la extrema derecha  que llevan al Constitucional leyes como la de Infancia o la Ley del Aborto y además la insistencia en no querer renovar esos órganos judiciales.

A nadie se le escapa que hay un estado profundo que está sentado en el poder judicial, esto que decía Cayetana Álvarez de Toledo de que van a ser la última resistencia. Ahí también va la última resistencia del patriarcado, que se ha puesto patas arriba en muchos procesos que han sido muy relevantes para el movimiento feminista como fue la sentencia de La Manada y otros muchos casos que hemos vivido.

El hecho de que la ley de infancia haya llegado al Constitucional para mi es extremadamente grave y se traduce en que haya cierta permisividad por ejemplo con lo que ha sucedido en Castellón que es su censura de un listado de libros LGTBI, que es gravísimo en una democracia como la nuestra.

Tenemos una tarea muy pendiente y por eso creo que el feminismo tiene que tener una voluntad de poder de estado, de pensar cuáles son los poderes del estado y cómo pude beneficiar la reconfiguración de los poderes del Estado a esta agenda feminista de los derechos de las mujeres.

El primer Ministerio de Igualdad fue creado en 2008 desapareció con la crisis, en 2010. Pero este Ministerio de Igualdad está inmerso en reformas ambiciosas y a día de hoy es impensable que desaparezca aun en medio de una crisis. ¿Qué ha pasado para que esto sea así?
Ha pasado una ola del feminismo que nos ha arrollado a todas. Sin esa oleada del movimiento feminista no habríamos llegado aquí. Es una ola que ha puesto encima de la mesa un elemento clave como es que la Economía también es un tema sobre el que opinan las feministas y no vamos a volver a permitir, precisamente por lo que sucedió con el Ministerio de Bibiana Aído y las soluciones que se dieron a la crisis que se cargó el ministerio anterior, que las mujeres seamos las grandes damnificadas de esas crisis económicas. En las huelgas del 8M lo que se estaba diciendo era eso: aquí tenemos un sistema económico que funciona a costa de que las mujeres lo sostengan sin ningún tipo de beneficio, es más cobrándose las desigualdades.

El feminismo es una herramienta para salir de la crisis y creo que esa es una tesis política muy poderosa, muy profunda y nada ingenua que desde el Ministerio de Igualdad compartimos y vamos a seguir impulsando con toda la fuerza

En eso consistió la huelga del 8M y es importante decir aunque esté mal hacer publicidad que solamente Unidas Podemos apoyó esa huelga de todos los partidos que estaban en el arco parlamentario. Creo que teníamos tan claro que el feminismo era una agenda de país que no hemos dudado al llegar al Gobierno en ponerlo en marcha.

Y ese impulso del movimiento feminista, que es imparable, y esa claridad que tenían muchos partidos de la izquierda, porque algunos comparten esta hoja de ruta, es lo que ha permitido que un contexto tan duro como el de la pandemia hubiera cuestiones a las que no estábamos dispuestas a renunciar, al contrario. El feminismo es una herramienta para salir de la crisis. El lema de esta eño del 8M era “saldrá feminista”, por aquello de “saldrá bien”, y creo que esa es una tesis política muy poderosa, muy profunda y nada ingenua que tienen que ver con cómo pensar la Economía de un país  y que desde el Ministerio de Igualdad compartimos y vamos a seguir impulsando con toda la fuerza.