València
La construcción en zonas inundables de València sigue poniendo en peligro a decenas de miles de personas

Un año después del paso de la dana, que dejó 237 muertos, sobre todo en los municipios del sur de València, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para que una de las peores catástrofes climáticas de la historia reciente de España y Europa no vuelva a repetirse. El informe “Llueve sobre mojado” de Amnistía Internacional, hecho público este 22 de octubre, concluye que la construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la tormenta sigue poniendo en riesgo a decenas de miles de personas. 

Esta organización de derechos humanos se muestra clara en la advertencia: una tormenta como la que asoló Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha y, sobre todo, el País València, puede repetirse en un contexto de cambio climático donde los fenómenos meteorológicos “serán más frecuentes y más graves”. Y las consecuencias “nada naturales” de estos fenómenos amenazan a ser igual o más graves, ya que las instituciones, tanto estatales como locales, no han hecho lo necesario para evitar que se siga construyendo en zonas inundables.

Una realidad especialmente grave en la Comunidad Valenciana, donde 600.000 personas viven en zonas inundables. Todas las viviendas de Paiporta y Catarroja, donde se registraron las mayores cifras de víctimas, apuntan en el informe, están situadas en áreas de riesgo de inundación. Solo en estas dos localidades hay 16.775 viviendas expuestas a futuras riadas. 

La crisis de vivienda, agravada tras décadas de especulación inmobiliaria, y los fenómenos extremos climáticos, aupados por el aumento de las temperaturas producido por la actividad humana, están íntimamente relacionados y se potencian mutuamente. “Gran parte de la edificación en los municipios más afectados por la dana se realizó en zonas que ya fueron identificadas como inundables en 2003, aumentando la exposición de la población a catástrofes y contribuyendo a agravar los daños ocasionados”, señala el informe.

Inacción ante la catástrofe

Si la falta de reacción de las autoridades del PP valenciano marcó las primeras horas y días de la dana, la ausencia de medidas para evitar una nueva catástrofe ha sido la regla en el año transcurrido. Han pasado 12 meses desde entonces y aún no se ha aprobado la revisión del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), una de las tareas pendientes del plan de reconstrucción lanzado por la propia Generalitat Valenciana. 

El PATRICOVA, aprobado en 2003, reguló la edificación en zonas inundables condicionando su aplicación a la elaboración de estudios de inundabilidad y habilitando a los municipios para que pudieran imponer condiciones de adecuación de las futuras edificaciones. El alcance de la dana de 2024 mostró la insuficiencia del PATRICOVA: el agua desbordó las áreas inundables previstas en aquel plan y la evidencia demostró que no había servido para frenar la urbanización en las áreas consideradas peligrosas.

Lejos de haber aprendido la lección, la Generalitat Valenciana ha reaccionado ante la catástrofe de la dana con un “urbanismo exprés que flexibiliza los procedimientos y permite continuar aprobando proyectos urbanísticos en los municipios afectados, poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de las personas”, señala Marta Mendiola, investigadora sobre cambio climático y derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España.

Además de la urbanización desmedida en zonas inundables en los años previos a 2008, esta organización suma entre las razones de la magnitud del desastre la “notable desinversión” en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia a partir de 2009, una consecuencia directa de los recortes de la época. Entre 2006 y 2021, la inversión en estas instalaciones se redujo en un 83%. Una tendencia que, reconoce el propio gobierno valenciano en su plan de reconstrucción, “ha mermado la capacidad del territorio para responder de manera adecuada a los crecientes riesgos asociados al cambio climático y a la urbanización en zonas inundables, como se puso de manifiesto en las inundaciones de octubre de 2024”.

La Generalitat Valenciana ha reaccionado ante la dana con un “urbanismo exprés que flexibiliza los procedimientos y permite continuar aprobando proyectos urbanísticos en zonas inundables

Frente a esta inacción, Amnistía Internacional exige la paralización de todos los proyectos urbanísticos en los municipios afectados hasta que se apruebe la revisión del plan PATRICOVA y las autoridades “realicen un estudio pormenorizado” de las zonas de riesgo en sus localidades para que pueda ser aplicado. La reforma de este plan debe contemplar “una cartografía de riesgos más actualizada” y tener en cuenta “la peligrosidad y el riesgo en un contexto de cambio climático”.

Amnistía Internacional también apunta a la falta de reacción del Gobierno central, ya que “no se han reformado normas estatales sobre gestión de riesgo de inundaciones”. Entre las carencias en la respuesta dada desde La Moncloa, esta ONG destaca que no se ha llevado a cabo una revisión de la cartografía de peligrosidad ni se ha reformado el reglamento que regula el Dominio Público Hidráulico en los aspectos relacionados con la gestión del riesgo de inundación, ni el Real Decreto de evaluación y gestión del riesgo de inundación que traspuso la Directiva de Inundaciones, medidas contempladas en los planes de reconstrucción autonómicos y locales.

Ayudas deficientes

El derecho a la vivienda era un grave problema en las áreas afectadas por la dana y lo está siendo mucho más después del paso de la riada. Amnistía Internacional denuncia que el sistema de ayudas ha sido “insuficiente” y ha tenido un “impacto desigual”. Quienes se han llevado la peor parte han sido las personas migrantes y los habitantes de los barrios vulnerables. 

Según el informe, cerca de 60.000 personas migrantes víctimas de la dana, muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados que vivían en el mismo hogar donde trabajaban, se han encontrado con “barreras estructurales” para acceder a las ayudas como el empadronamiento, el Número de Identificación de Extranjero (NIE), un contrato de alquiler o la titularidad de la cuenta bancaria. El laberinto burocrático y una discriminación activa hacia las personas no regularizadas las ha “alejado de las ayudas y de su condición de personas afectadas”. 

Cerca de 60.000 personas migrantes víctimas de la dana se han encontrado con “barreras estructurales” para acceder a las ayudas y ser reconocidas como afectadas

A pesar del proceso de regularización extraordinario anunciado por el Gobierno central —solo por un año para las personas empadronadas antes de la dana—, “las barreras estructurales han impedido que miles de personas accedan a la condición de afectadas por las inundaciones y a los derechos de ellos se derivan. Hasta el 22 de septiembre, esta regularización temporal había favorecido a 33.044 personas, pero ha dejado a muchas más fuera, denuncia esta ONG.

En materia de vivienda, subraya el informe “llueve sobre mojado”. Un año después de la dana, afirman, el derecho a la vivienda sigue sin estar garantizado. “La falta de políticas adecuadas hace que sean siempre las personas más vulnerables quienes sufran más”, sostiene Mendiola. Las comunidades más marginadas “han sufrido de manera desproporcionada”.

La situación precaria de muchos hogares afectados por la dana en barrios precarios, como Xenillet y La Mancha en el municipio de Torrent, junto con las barreras en el acceso a las ayudas, los derribos de viviendas y los retrasos en la reconstrucción, han agravado la marginación que ya sufrían antes de la riada. En estos barrios, donde ya se experimentaba una “precariedad extrema”, muchas viviendas han sido demolidas “sin información suficiente sobre indemnizaciones, destino de los terrenos o alternativas habitacionales”. Además, indican, en estas calles persisten problemas en el alcantarillado y en el servicio de agua potable, que “exponen a la población a riesgos sanitarios, incluidos menores con erupciones cutáneas e infecciones”. 

La complejidad de los trámites, la falta de información, la escasez de vivienda social y la limitada cuantía de las ayudas —800 euros mensuales durante 12 meses para los hogares que consiguen superar la gincana burocrática— hacen que los problemas de vivienda de las personas afectadas estén muy lejos de estar solventados. La cuantía de las ayudas es definida por en el informe como “manifiestamente inadecuada” para cubrir los costes reales de reconstrucción de las viviendas o el acceso a un alquiler alternativo. Una situación, “especialmente grave en contextos de alta vulnerabilidad”, donde la escasez de vivienda social impide garantizar el acceso a una vivienda adecuada. El despliegue de vivienda social puesta a disposición de las familias afectadas ha sido “escasa” y, en su mayoría, en localidades lejanas al lugar de residencia y trabajo. 

Según el recuento de Amnistía Internacional, las autoridades estatales han ofrecido 305 viviendas procedentes de la Sareb y 26 del Sepes, mientras que las autonómicas han ofrecido otras 260. Sin embargo, apuntan, “una parte importante de estas viviendas no han llegado a ser ocupadas”, ya que las personas trabajadoras o que tienen menores escolarizados o personas dependientes no pueden trasladarse a otro municipio. Y la vivienda social en los municipios afectados es anecdótica: en Paiporta hay ocho viviendas sociales; en Torrent, 65; en Aldaia, 22.

“La vivienda no es sólo un bien que se ha perdido. Es un derecho humano que sigue sin estar garantizado un año después de la dana”, señalan desde Amnistía Internacional

El diseño de las ayudas, basado en una solicitud por vivienda, analizan “no contempla el contexto de escasez y encarecimiento del alquiler, que obliga a las personas con menos recursos a recurrir al arrendamiento de habitaciones”, como única alternativa viable para acceder a una vivienda. “La vivienda no es sólo un bien que se ha perdido. Es un derecho humano que sigue sin estar garantizado un año después de la dana”, señala Mendiola.

La crisis climática convierte cada tormenta en un riesgo mayor, pero el problema de fondo, señala Teresa García del Vello, investigadora sobre derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España, es estructural. “La ausencia de planificación, la escasez de vivienda social y las políticas de construir de espaldas a los derechos de la gente garantizan que la próxima catástrofe vuelva a golpear con más dureza a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad”, añade. La falta de vivienda social ha dejado a muchas familias “sin un alojamiento adecuado”.