Opinión
Calor y desigualdad: cómo las políticas públicas afectan a la crisis climática

Estamos acabando la segunda ola de calor y aún queda mucho verano. Hasta el 11 de agosto de 2025 llevamos contabilizadas en España 1.869 muertes atribuibles al calor, un 34% más que el año pasado, según informa el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo). La primera ola, que se extendió desde el pasado 23 de junio al 2 de julio, dejó solo en la capital un saldo estimado 118 muertes, de las cuales 108 se pueden atribuir al cambio climático, según apunta el Grantham Institute, lo que en términos relativos situó a Madrid como la ciudad europea más afectada por la crisis térmica.

Este no es un hecho aislado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que el número de jornadas de calor extremo entre 1975 y 1999 fue de 212, mientras que entre el 2000 y el 2024 el número ascendió a 474: más del doble. Y las previsiones no son alentadoras: la propia AEMET, junto con otros organismos como la Agencia Europea de Medio Ambiente, el servicio de Cambio Climático Copernicus, la ONU o la Organización Meteorológica Mundial, alertan de que las olas de calor serán más frecuentes, tempranas y prolongadas.

Rara vez se vinculan los fenómenos de calor extremo con las políticas públicas que pueden mitigarlos o agravarlos.

El consenso sobre el origen antrópico de la crisis climática es científico, mediático y social, pero esa aceptación no solo no es crítica, sino que a veces roza la frivolidad: se habla de olas de calor y temperaturas extremas a la vez que se establecen rankings, se realizan conexiones en directo con niños bañándose en las fuentes, personas comiendo helados… Rara vez se vinculan estos fenómenos con las políticas públicas que pueden mitigarlos o agravarlos. Pero, si la situación actual de aumento generalizado de las temperaturas tiene su origen en la acción humana, entonces también tiene en ella su posible solución.

La mortalidad por calor va por barrios

La relación entre políticas públicas y las muertes asociadas al calor extremo se revela claramente al observar la desigualdad económica: la mortalidad va por barrios. Dentro de una misma ciudad la esperanza de vida difiere notablemente entre zonas ricas y pobres. El caso de Madrid ilustra bien este fenómeno. En 2018, cuando el Ayuntamiento aún publicaba datos desglosados por barrios, se constató una brecha de hasta 10 años en la esperanza de vida entre zonas del norte de la ciudad, con mayor renta per cápita, y las del sur. Hace 5 años, un estudio sobre mortalidad asociada al calor del Instituto de Salud Carlos III solo halló muertes por calor en 3 distritos madrileños, que no por casualidad se encuentran entre los de rentas más bajas: Tetuán, Carabanchel y Puente de Vallecas. La ecuación es simple: calor más pobreza, igual a aumento de mortalidad.

Las calidad del aislamiento térmico, la disponibilidad de zonas verdes, el mantenimiento de los edificios y el diseño urbano varían drásticamente de barrio rico a pobre.

La desigualdad entre barrios también se refleja en las infraestructuras. La calidad del aislamiento térmico y los materiales de construcción de los edificios, la disponibilidad de zonas verdes, el mantenimiento de los espacios comunes y, en general, el diseño urbano, varía drásticamente entre un barrio humilde y uno próspero. Un ejemplo ilustrativo de ello son las piscinas: en Madrid hay 14.732 piscinas privadas y solo 25 públicas, distribuidas, además, de forma muy desigual. En el barrio de Nueva España (Chamartín) hay 121 habitantes por cada piscina comunitaria, mientras que en San Diego (perteneciente al distrito obrero de Puente de Vallecas) hay una sola instalación comunitaria para las 45.000 vecinas y vecinos.

Pero no solo las infraestructuras marcan la diferencia, también los servicios reflejan la brecha entre zonas ricas y pobres. En los barrios obreros del sur de Sevilla —como Palmete, Padre Pío, Su Eminencia, Cerro del Águila o Torreblanca— miles de personas sufren interrupciones del suministro eléctrico, a veces con frecuencia diaria.

Las instituciones fomentan soluciones privadas para una crisis pública 

En esa línea entre frívola y superficial los medios nos informan constantemente de las medidas que podemos tomar. Lo inmediato es tratar de proteger a los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños y enfermos crónicos. ¿Y cómo se protegen? Se nos informa sobre la importancia de la hidratación —aviso exclusivo para los habitantes de la Comunidad de Madrid: con cañas se salió del Covid y con cañas saldremos de las olas de calor; los que no lo consigan se “van a morir igual”—. Nos piden que evitemos el sol, que acudamos a refugios climáticos (según el País, la mejor red de refugios climáticos son los centros comerciales), zonas verdes y espacios comunitarios acondicionados. Nos dicen que usemos con moderación el aire acondicionado… si nos lo podemos permitir. Que utilicemos el ventilador, que es más económico. Que permanezcamos en penumbra en nuestros hogares, bajando las persianas, desplegando los toldos. 

Luego vienen medidas más lúdicas, como darse un baño en la piscina pública o, si se tiene fortuna, en la piscina de la urbanización. ¿Quién no tiene un amigo cuarentón, de esos que se sienten incómodos porque el feminismo va demasiado lejos, que no se pase los veranos gratis en uno de los chalets con piscina en Cádiz que maneja Aldama?

Incluso la web oficial de turismo de Madrid se permite la frescura de anunciar 16 piscinas situadas en azoteas de lujosos hoteles, con precios por día que oscilan entre 50 euros los más populares hasta los 200 euros los más exclusivos. 

La uberización también rapiña en este sector. Existen apps que permite a los señores propietarios y emprendedores alquilar sus piscinas privadas a quien pueda (o necesite) pagar por refrescarse. Pero cuidado porque hay quien ofrece piscinas que no pueden llenarse, como las de Candamo en Asturias o Caldas do Rei en Pontevedra, lugares donde la escasez de agua amenaza con arruinar el negocio. Estas cosas no te pasarían si en lugar de piscina tuvieses acceso directo e ilegal al mar, como ese chalet-del-que-usted-me-habla. No te olvides de la cremita solar.

Nos hablan de refugios climáticos, pero solo tres de cada diez capitales de provincia tiene una red de este tipo. Y, cuando existen, están lejos de ser perfectos.

Hay soluciones más económicas. Las imágenes de las televisiones nos muestran españoles a la sombra de un árbol o echando un dominó de madrugada con las sillas en la calle. Nos hablan de refugios climáticos, pero resulta que solo tres de cada diez capitales de provincia tienen una red de este tipo. Y, cuando existen, están lejos de ser perfectos: cuando no cierran a mediodía, cierran de noche; los hay que cobran entrada; otros directamente son centros comerciales o estaciones de transporte, como en Bilbao o Barcelona, o están en la otra punta de la ciudad, como ocurre en Castellón o Alicante. Lo mismo sucede en la Región de Murcia, donde el refugio climático más cercano a Torre Pacheco, el centro cultural de Valladolises, está a veinte minutos en coche. En julio cerraba a las 15 horas y en agosto está completamente cerrado. Bajo el plástico del invernadero no hay refresco posible para el trabajador migrante. 

Seamos prácticos, la opción más segura es irse de vacaciones a lugares más frescos. Aunque según el INE un 33,4% de los españoles no puede permitirse salir al menos una semana al año y según Securitas Direct el resto de españoles que se va de vacaciones debe instalarse una alarma antiokupación. En el top del ranking anti ola de calor está la propiedad, ¿te sorprende? Como no tienes ningún problema con la vivienda, puedes incluso pensar en tener una segunda casa en un sitio más fresquito. Corre que vuelan. Lo mejor ya está pillado. Esperanza Aguirre tiene un palacio en Ribadesella para asegurar la humedad en su charca de ranas. Rocío Monasterio, la mujer cubana que odiaba a los migrantes, tiene una casita en Ponga, donde en enero de este año unos furtivos colgaron dos lobos de un cartel informativo. La UCO aún no se ha puesto a investigarlo. Otro buen sitio para los amantes del surf es Castropol, donde el descendiente inglés de Don Pelayo, Ortega-Smith, tiene ya tres propiedades.

Si todo lo anterior no funciona y la persona presenta síntomas de malestar, se aconseja acercarse al centro de salud más cercano. Si no tiene la suerte de que el centro público del barrio esté abierto (o tenga personal), puede acudir a un centro privado de Quirón u otros, siempre que pueda pagar la póliza. 

En definitiva, la mayor parte de las acciones a corto plazo para paliar los efectos negativos del calor dependen del poder adquisitivo de cada ciudadano y ciudadana. ¡Es el mercado, amigos! Pero veamos qué otras respuestas ofrecen las Administraciones para prevenir la mortalidad asociada al calor.

Las administraciones deben combatir el calor desde las políticas públicas 

Las medidas a medio y largo plazo en el ámbito municipal consisten en rediseñar activamente las ciudades, tomando medidas para aliviar el efecto isla de calor, reducir el tráfico rodado, promover el uso del transporte público, aumentar la superficie arbolada y ajardinada, aumentar el número de piscinas públicas, abrir parques y jardines durante el mayor tiempo posible o aumentar el personal público de mantenimiento de dichas instalaciones. 

Las actuaciones de las distintas Administraciones son dispares. En Madrid, por ejemplo, la motosierra no deja de funcionar ni en verano. Este año el Ayuntamiento, con la colaboración puntual del Estado o la Comunidad, ha talado miles de árboles en intervenciones como las de Montecarmelo, la plaza de Santa Ana, Méndez Álvaro, la operación Campamento y el soterramiento de la A5, la “cubrición” de Ventas o las obras del circuito de Fórmula 1… 

El urbanismo de plazas duras y arbolado escaso se ha convertido en el paisaje típico de las ciudades españolas.

Y esta situación no es exclusiva de la capital. El urbanismo de plazas duras y arbolado escaso se ha convertido en el paisaje típico de las ciudades españolas. Así tenemos el caso de la recién inaugurada Vía Laietana de Barcelona, donde no hay una sola sombra; el proyecto de remodelación de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que prima el pavimento frente a los espacios verdes; o las plazas de Bilbao en las que no pueden crecer árboles porque cubren aparcamientos subterráneos. A este fenómeno hay que sumar la creciente privatización de espacios verdes públicos: exclusivos desfiles de alta costura en el Parc Güell, terrazas tomando espacios históricos en Toledo, Córdoba, Sevilla o Ávila, parques utilizados como escenario para festivales y eventos privados en Madrid… El resultado es un acceso cada vez más limitado a los espacios verdes públicos. 

En plena crisis térmica los refugios climáticos se convierten en un privilegio de pago. Para miles de personas, el único refugio posible es el privado: un centro comercial, una terraza o un local con aire acondicionado, siempre que puedan permitírselo. La administración pública no puede ponerse de lado y favorecer la solución individual y cortoplacista de la problemática asociada al calor ni fomentar el lucro privado frente a las necesidades de bienestar de la ciudadanía.

Las administraciones deben reverdecer las ciudades, cuidar la vegetación existente y aumentar los lugares públicos que sirven como refugio climático, entre otras medidas.

Las administraciones deben desarrollar de manera urgente  una estrategia integral y proactiva de reverdecimiento de las ciudades, cuidado de la vegetación ya existente, políticas de plantación con especies apropiadas y resistentes al calor, fomento de plantas herbáceas y arbustos, un aumento de los lugares públicos que sirvan como refugio climático de una manera equitativa y freno a la privatización de los mismos, promover una reducción del tráfico en la ciudad, una mejora del transporte público. En definitiva, una apuesta por el cuidado colectivo de nuestra ciudadanía, en especial de nuestros mayores, niños y enfermos, ya sean pobres o ricos.