Incendios Forestales
Sueldos de 1.300 euros congelados desde hace 15 años para luchar contra el fuego

Trabajando sin descanso con relevos diurnos y nocturnos “para asegurar la continuidad de los recursos en todos los incendios simultáneos que están asolando a nuestra Comunidad”. Así se encuentra este 24 de julio de 2026 la plantilla de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid ante el avance de un incendio procedente de la provincia de Ávila y con otros dos originados en los municipios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Lo tres, que han desplazado ya a diez mil personas, incluyendo el municipio de Aldea del Fresno, amenazan con convertirse en un solo frente. Mientras tanto, el de Burgohondo (Ávila) está arrasando la reserva natural abulense de Iruelas. Se trata del incendio más peligroso de la ola que está azotando la Península por la concurrencia de temperaturas máximas por encima de los 30 grados y rachas de viento en la zona en torno a los 30 km/h.

Se suma a los fuegos actuales que, en la última semana, incendios como el de La Mierla (Guadalajara) —el tercero que más superficie ha calcinado en la historia de España desde que hay registros— o Almorox (Toledo) han puesto a prueba los dispositivos de incendios en Castilla y sus distintas administraciones regionales. Los bomberos forestales denuncian la falta de trabajos preventivos alrededor de las poblaciones y el escaso seguimiento de los planes de actuación municipal ante emergencias por incendios forestales (PAMIF). 

La solicitud por parte de la Comunidad de Madrid al Gobierno central de la declaración de “emergencia nacional”, que se ha extendido a la provincia de Ávila, acarrea la presencia y la dirección de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sin embargo, esto no suple las carencias de dotaciones de los cuerpos de bomberos forestales de la región, que han protagonizado protestas a lo largo de los últimos años.

Las huelgas de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid, que se conjugan en plural ya que afectan por un lado a los bomberos contratados directamente por la Administración y por otra parte a los contratados por la empresa pública Tragsa, han marcado las condiciones de preparación para un verano que, como ya habían avanzado los propios bomberos, era especialmente peligroso por el riesgo de incendios. A menudo fuera del foco, las movilizaciones de los bomberos forestales se han producido desde la temporada pasada y a lo largo de todo el invierno. Las dos huelgas permanecen activas, aunque en el caso de la de los bomberos dependientes de Tragsa, el preacuerdo está más cerca.

Pero los incendios no entienden de realidades administrativas y el hecho es que, en la provincia de Ávila, donde se mantienen confinados los pueblos de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, la situación de las plantillas de bomberos es también deficiente, como se denuncia reiteradamente en el contexto de las catástrofes de los últimos veranos en Castilla y León.

Dos huelgas y una ley que no se aplica

Como explica a El Salto Jesús Molina, presidente del comité de empresa de bomberos forestales dependiente de Tragsa, en las últimas horas se ha suspendido la huelga indefinida vigente para centrarse en la extinción del fuego y se ultiman las condiciones para la firma de un preacuerdo que ponga fin a la huelga y dignifique los salarios y los elementos de salud laboral y derecho al descanso que están detrás de la huelga.

La empresa pública Tragsa es la responsable de esa situación de precariedad, marcada por un convenio sectorial caducado desde 2008; un salario congelado desde 2010 y en torno a 1.300 euros, como señala Molina; falta de protección frente a agentes cancerígenos y condiciones de temporalidad que afectan a la prevención. Aproximadamente, cuatro de cada diez bomberos en la Comunidad de Madrid trabajan únicamente en la temporada estival, cuatro meses al año, lo que expulsa cada año a decenas de personas con experiencia a trabajos con más estabilidad.

Si no se aplica la ley que establece la categoría profesional 5.932, no se reconocen conceptos asociados como peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosidad o el riesgo psicofísico

Para los bomberos contratados directamente por la Administración la situación no es mucho mejor. Hace unos días, con los incendios de Toledo avanzando por el territorio castellano, saltó la noticia de que las aproximadamente 60 personas contratadas como bomberos forestales de Madrid estaban inactivos en una oficina porque la Comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso no está aplicando la Ley básica 5/2024, aprobada en el Congreso en la pasada legislatura, que tiene como objetivo situar en un mínimo las condiciones laborales de los cuerpos de bomberos para, entre otras cosas, reconocer su categoría profesional.

Desde la aprobación de esta norma, los bomberos de todo el Estado llevan denunciado la falta de reconocimiento profesional por parte de las comunidades autónomas. Como señalaba un bombero del sindicato Firet: “Las competencias en prevención y extinción de incendios son autonómicas, pero la ley es muy clara: no dice cómo gestionar pero sí las condiciones laborales que tiene que tener su personal”. Sin embargo, pasados casi dos años de la aprobación de esa norma, las condiciones no se han unificado y eso pone en riesgo la vida profesional, pero especialmente la vida a secas, de los bomberos.

Tal y como han denunciado los bomberos, si no se aplica la ley que establece la categoría profesional 5.932, no se reconocen conceptos asociados a su trabajo como la peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosidad o el riesgo psicofísico, establecidos en el artículo 8 de la ley de 2024.

“Nuestras reivindicaciones son muy sencillas: queremos trabajar todo el año y que se nos aplique la categoría de bombero forestal, que es lo que somos”, resumía en un artículo de comienzos de este mes el secretario del comité de huelga de los bomberos contratados por la Administración. Actualmente, denunciaba en esa pieza firmada por Laura L. Ruiz, buena parte de la plantilla continúa contratada bajo categorías profesionales ajenas a las funciones que realmente desempeña, como conductor para los que extinguen el fuego o personal de atención al usuario en el caso de los vigilantes forestales.

Los Bomberos Forestales Públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid contestaban esta misma semana al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la región, Carlos Novillo, denunciando que los tiene parados “durante toda la guardia en un cuarto de vending”. En ese mismo comunicado, los bomberos públicos denuncian que, a la última reunión con la Consejería, la administración se presentó “sin ninguna propuesta, y con muchas amenazas”.

Esta plantilla, que vive bajo las intenciones de supresión del cuerpo público por el que ha optado una Comunidad de Madrid que defiende las políticas de externalización y subcontratación, reclama que se contrate las 124 plazas presupuestadas para el cuerpo público.

En mayo, los bomberos forestales alertaron de condiciones que debido a la falta de efectivos y la reducción de trabajos preventivos, esta temporada podían repetirse los incendios de gran magnitud que, en 2025, ya angustiaron a poblaciones como la de Tres Cantos. Una falta de previsión que ya denunciaron con las nevadas en la región. 

Jesús Molina advertía entonces de que la situación de la plantilla ha tenido un impacto directo en la preparación del dispositivo. “Se han hecho un 50% menos de trabajos preventivos durante el invierno”, explica, en referencia a labores clave como desbroces o apertura de cortafuegos. Estas actuaciones, señala, son fundamentales para reducir la virulencia de los incendios y generar zonas seguras tanto para la población como para los equipos de extinción.