Laboral
La precariedad tampoco frenará los incendios forestales este verano

Un mismo bombero forestal puede tener un salario de 1.500 euros frente a otro de 1.200, puede tener que llevar o no su uniforme cubierto de partículas potencialmente cancerígenas, puede ser funcionario, contratado por una empresa pública o subcontratado por una entidad privada. Puede estar contratado todo el año o solo los años de temporada alta de incendios. Puede hasta tener relaciones laborales o no con la Administración. Y así muchas más circunstancias que dependen única y exclusivamente de las comunidad autónoma a la que pertenezcan. Para cambiar esta situación de precariedad laboral, desde el Gobierno central se anunció una ley estatal que regularía estas y otras reivindicaciones de los profesionales: el Estatuto de los Bomberos Forestales o ley básica. 

Cuando se aprobó en noviembre de 2024, después de años de reivindicaciones, se podría pensar que ya todo iría a mejor, el problema es que más de año y medio después son pocos los puntos de esta ley los que se han aplicado. “Ha salido una norma general que no ha solucionado el fondo de los problemas que hay en los servicios de prevención y extinción de incendios”, indica a El Salto Vicente Rodríguez Barbero, miembro del sindicato Firet y bombero forestal, que resalta la jubilación como lo único positivo. “Ha salido una ley muy diluida, así que poco más que los coeficientes reductores podemos sacar como avance, porque hay servicios como el de Castilla y Léon que han ido a peor”, lamenta. E insiste en la falta de presupuesto. 

El sindicato Firet reclama que los efectivos sean contratados directamente por la Administración pública y más presupuesto para lograr un servicio eficiente y seguro

Desde Firet apuestan por ir a la raíz del problema y reclaman que estos servicios sean públicos, además de resaltar los problemas que hay en la relación entre las comunidades autónomas y las empresas contratadas. Pone el ejemplo de Castilla y León, donde, en su opinión, las empresas están metiendo un órdago al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y están haciendo chantaje para lograr más margen de beneficio mientras empeora la situación de los y las bomberas. 

De hecho, para muchos, Castilla y Léon es una de las comunidades con más problemas laborales. Aunque la Junta ha anunciado la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B —que llevaría la conversión de más de 800 puestos en personal fijo— y la aplicación de las jubilaciones anticipadas por los coeficientes reductores, se mantiene la presencia de decenas de empresas privadas intermediando en los servicios de extinción. Ángel Malanda, bombero forestal en la base del Barco de Ávila y delegado sindical de CGT, comenta a este medio que “este año en teoría, todo el mundo ya está a doce meses, otra cosa es que haya total improvisación en cuanto a si hay tareas, si hay infraestructura, si las torres están en condiciones, si tienen sitio en el que estar, donde tener su vestuario, su taquilla, eso ya sería para otro año”. 

Hay más avances como la bolsa de empleo, que permite que el primer filtro lo haga el Gobierno autonómico confirmando un mínimo de condiciones. “Esto ya es un salto cualitativo, porque en principio se podía apuntar cualquier persona con la única condición de que fuera parado de larga duración”, indica. Sin embargo, las buenas noticias acaban aquí. Malanda pone de ejemplo el Barco de Ávila, ubicación en la que él trabaja. “Allí tenemos una dotación, lo que llamamos una ‘charley’ que es un camión donde deberían ir cuatro personas, dos conductores y dos peones auxiliares. A fecha de hoy, falta un conductor. ¿Si sale un incendio? Pues no sabemos muy bien qué es lo que se va a hacer”, comenta y explica que por la noche hay el mismo problema. “Este es el caso del Barco de Ávila, pero se podría extrapolar, hay muchas plazas sin cubrir”, confirma y asegura que el problema es que “siguen apostando por la privatización”. 

Una de las cuestiones sería que Tragsa, como empresa pública, asimilara a los trabajadores de la privada. Al menos hasta el 80% de ellos. “Las condiciones de Tragsa son ligeramente mejores que las del Convenio Forestal Sectorial, entonces hay dos opciones: o te contrato, te mantengo la antigüedad, pero sigues cobrando la mierda que cobrabas o te pago algo más dentro del convenio pero perdiendo lo demás”, explica Malanda, quien asegura que la incertidumbre y las malas condiciones hacen que siempre falte personal. Muchos se van a otras comunidades o a otras profesiones, lo que está haciendo que se modifiquen los horarios a los trabajadores para poder cubrir las jornadas. 

“Ha pasado más de un año del Estatuto pero la Junta sigue pasando del tema, las empresas pasan del tema y desde los sindicatos no se presiona lo suficiente”, indica un bombero de León

“La cuestión está en cómo se trata al capital humano, con un capitalismo salvaje, donde se cambian las condiciones aunque no se cumpla ni el Estatuto de los Trabajadores”, indica en referencia a los cambios que se están intentando hacer desde las empresas subcontratadas. Una situación que el Estatuto de los Bomberos Forestales debería solucionar. “Ha pasado más de un año y medio desde su aprobación, pero la Junta sigue pasando del tema, las empresas pasan del tema y desde los sindicatos no se presiona lo suficiente”, opina el representante de CGT, que subraya, sobre todo, la falta de esta homogeneidad en cuanto a enfermedades laborales. 

Un tema que, por ejemplo en el País Valencià se ha avanzado pero no tiene una respuesta estatal contundente, ya que es un tema que está quedando entre el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas. “Las que están gobernadas por el Partido Popular son un ‘no a todo’ y van a boicotear todo lo que venga del Gobierno de Pedro Sánchez”, considera este bombero forestal. 

El País Valencià  como ejemplo de lucha por un servicio público

Precisamente lo logrado por los bomberos forestales valencianos son referencia para los de otras autonomías en la lucha por unas condiciones laborales dignas. “Nosotros logramos pasar a la administración pública, pero a través de la empresa pública de gestión de emergencias”, comenta a este medio Miquel Férriz, bombero valenciano de la base de Sant Mateu (Castellón), que asegura que “fue una alegría salir de Tragsa”, institución a la que califica de “mafia”. 

No pudieron ser contratados directamente por la Generalitat, sino por una empresa pública dependiente de esta, pero sí lograron una subida de salario del 30%, turnos de dos días consecutivos, eliminar las unidades de refuerzos y completar la plantilla por personal fijo. “Hacemos mucho más que incendios forestales”, recuerda Férriz, que puntualiza que han estado en inundaciones como la de la dana en otoño, en planes invernales, etc. Además, asegura que se están “desestacionalizando los incendios, los más grandes que hemos tenido han sido fuera del verano y, hoy en día, hay que contar con ese riesgo de forma continua”.

“De media se puede cobrar 1500 euros y, aunque antes era 1100, sigue sin llegar porque se siguen sin negociar los pluses de peligrosidad y de toxicidad del estatuto forestal”, explica un bombero de Castellón

Otra de las mejoras de pasar a estar contratados por la Administración ha sido la estabilidad laboral. “Teníamos unidades de refuerzo de verano de seis meses y las demás de doce, pero hace un año que ya pasaron a ser todo el año”, explica y concreta que era una reivindicación básica ya que “estamos formando a gente y acaban dejándolo porque encuentran un trabajo más estable o se iban a otra comunidad”. 

Pero quedan cosas por mejorar para estos 800 profesionales. “De media se puede cobrar 1.500 euros y, aunque antes era 1.100, sigue sin llegar porque se siguen sin negociar los pluses de peligrosidad y de toxicidad del estatuto forestal”, explica el bombero forestal valenciano que asegura que la norma estatal debería concretar cuánto se cobra, ya que si no, “se deja en manos de las comunidades autónomas y estas se lavan las manos”. Otra de las reclamaciones importantes es la falta de personal, que calculan que está en torno a un 30% sin cubrir en las 62 unidades de la comunidad. 

Aunque en la comunidad valenciana se ha logrado que haya una lavadora en cada unidad, siguen sin tener en muchas un EPI de repuesto. Además, “hay unidades que no tiene  parque o está muy viejo, y se tienen juntar con otras unidades por la logística”. Otra demanda es que haya duchas para los dos géneros, ya que cada vez hay más mujeres bomberas.

Este es un problema que también tienen en Murcia, pero es solo un punto en el listado de mejoras pendientes. Maika del Cerro, bombera forestal de esta comunidad y miembro del sindicato Sitras, denuncia que, después de una jornada extenuante, muchas veces debe decidir si espera una hora para ducharse al ser la única mujer en su dotación o irse a su casa a ducharse y descansar. Con el riesgo que supone para ella y para su familia las sustancias cancerígenas de los incendios. “Pero es que no es solo eso, es que el año pasado logramos que pusieran lavadoras pero ni todas las unidades la tienen ni duchas”, explica a El Salto esta bombera forestal. 

“Llevo 29 trabajando de bombera forestal, cuando empecé estaba contratada por la comunidad. Ahora cobro menos que hace veinte años y tenemos peor calidad”, denuncia una bombera de Murcia 

“Nosotros estamos externalizados a una empresa privada, algunos contratados doce meses, pero tenemos compañeros vigilantes que solo lo están ocho meses al año”, indica y explica que su salario medio está en 1200 euros, con la antigüedad congelada y unas condiciones de localización abusivas. “Tienes que estar a menos de 30 minutos de base las 24 horas de tu día de trabajo, es una esclavitud”, indica, algo que le impide mudarse o ir a comprar un poco más lejos en su jornada de descanso, por ejemplo. 

Además, explica que “va a ser un verano muy fuerte” y no hay suficiente personal. Maika del Cerro recuerda que cuando hay un incendio grave enseguida tienen que pedir ayuda a las brigadas valencianas, al BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica o incluso a la UME. “No tenemos suficiente personal porque si mandas a todos te quedas sin revelo para los siguientes turnos”, detalla y concreta que, actualmente, son unos 370 trabajadores repartidos en 19 brigadas. “Es inhumano, es como estar en la guerra”, recuerda respecto al año pasado. 

Del Cerro tiene claro dónde estaría la mejora: “Llevo 29 años trabajando de bombera forestal, cuando empecé estaba contratada por la comunidad autónoma y no hay color, ahora cobro menos que hace veinte años y tenemos peor calidad laboral y profesional”. 

Coeficientes reductores y pocas mejoras más 

Otra de las comunidades que destacan por haber frenado la privatización es Castilla-La Mancha, aunque siguen con muchas reivindicaciones. “Aquí solo se han puesto dos patas de las cuatro que componen el Estatuto del Bombero Forestal: los coeficientes reductores y la regularización de las condiciones laborales”, explica a El Salto Javier Rubio Sánchez, bombero forestal en la unidad de Navahermosa (Toledo) y parte de CCOO. Él asegura que ya han podido jubilarse compañeros con 65 años aunque algunos han tenido más dificultades que otros. “Es según el funcionario que te toca”, explica este profesional que lleva más de 20 años en el dispositivo toledano. “Es lamentable que un gobierno progresista no esté sacando las otras dos patas, la prevención de riesgos laborales y el tema de las enfermedades laborales”, denuncia y asegura que tienen “miedo de que no se pueda realizar”, en referencia al cambio de gobierno estatal posible el año que viene. 

En Castilla-La Mancha lograron pasar a ser contratados por la empresa pública Geacam, algo que mejoró la situación de unas 2.500 personas contratadas, entre torres de vigilancias, retenes terrestres, patrullas móviles y equipo helitransportados. “Actualmente, la mayoría de la plantilla tenemos un contrato fijo de doce meses, hay otros fijos discontinuos en campaña y luego interinidades del 1 de junio al 30 de septiembre o para cubrir bajas y permisos laborales”, indican pero puntualizan que “el problema es que en prevención no se cubren ni las bajas ni los permisos”. Por eso comenta que, aunque se activan medios completos, “desde enero hemos estado con dos personas por unidad, una barbaridad que está permitiendo las consejería”. 

“El cambio climático ha llegado para quedarse y pedimos a todas las instituciones que inviertan en dispositivos”, reclama un bombero de Toledo

“El cambio climático ha llegado para quedarse y pedimos a todas las instituciones que inviertan en dispositivos, para trabajar más seguros, de manera más efectiva”, reclama  Javier Rubio Sánchez, que recuerda que no solo es proteger los montes si no también las poblaciones. “Estamos pidiendo a la consejería que invierta más en personal y que anule las incorporaciones escalonadas”, indica en referencia a que en plena temporada alta de incendios aún no estaban incorporados el 100% de empleados. Algo que contrasta con los datos de los incendios: solo en Toledo, en el mes de mayo y los primeros diez días de junio se han registrado ya cien incendios, de los cuales la mitad fueron forestales y un cuarto pasaron de conatos. 

La activación escalonada ocurre desde el año 2020, cuando el gobierno de Emiliano García-Page lo impuso. Manuel Amores, presidente del comité intercentros en Geacam por CCOO explica que “solo desde el 15 de junio entra el 100% del servicio de extinción, porque el día 1 de este mes estábamos el 40% del dispositivo”. Para él las consecuencias ya se han visto: “Un ejemplo es lo que pasó el año pasado en el Pico del Lobo, que el 20 de septiembre dejaron solo un retén terrestre, se inició un incendio por culpa de una tormenta y se quemaron 3500 hectáreas por culpa de los recortes”. Además, hay ejemplos claros en esta primera quincena de junio, cuando se declaró un incendio en la academia militar de infantería de Toledo. “Menos mal que llamaron ellos a la UME, porque si no ese incendio hubiera pasado a gran incendio seguro”, indica Amores. 

“Tenemos que estar disponibles los 30 días del mes, 15 días a máximo 45 minutos de la base en cualquier momento y otros 15 días a máximo cinco horas de distancia”, denuncian desde Castilla-La Mancha

Otro de los problemas que apuntan desde Castilla-La Mancha y que coincide con otros territorios como la Comunidad de Madrid es el tema de los convenios colectivos caducados y la negociación de los nuevos paralizada. “Hace un año y medio que se caducó el de Castilla la Mancha y una sentencia ha obligado a la empresa pública a sentarse a negociar”, comenta a este medio el representante de CCOO que asegura que llevan “siete reuniones y ningún avance”. El problema, indica, es que no tienen presupuesto para mejorar los salarios pero critican que tampoco mejoran otras cosas que no dependen del presupuesto como jornada laboral o la disponibilidad obligatoria. “Actualmente tenemos que estar disponibles los 30 días del mes, 15 días a máximo 45 minutos de la base en cualquier momento y otros 15 días a máximo cinco horas de distancia”. No descartan volver a los juzgados si las reivindicaciones o la negociación no avanzan. 

Mención aparte tiene Cataluña ya que no diferencian entre bomberos estructurales (urbanos) y forestales. Todas sus dotaciones son integrales. El problema laboral destaca sobre todo por el gran porcentaje de plazas de bomberos que cubren los llamados ‘bombers voluntaris’. Se trata de una situación donde la relación laboral está puesta en entredicho por la Administración catalana pero no por los trabajadores. “Hacemos el mismo trabajo que los compañeros funcionarios pero no tenemos esta vinculación laboral con la administración”, explica a este medio Francesc Castillo, portavoz de Bombers Precaris en Lluita. Esta situación anómala, ya que cobran por sus servicios, pagan IRPF pero no tienen contrato, por lo que no cotizan ni para el desempleo ni para la jubilación, es un caso único en el territorio español.  

En huelga indefinida estuvieron los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que no encuentran negociación posible ni con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni con la empresa que les contrata, Tragsa. Después de encierros, manifestaciones y paros en 2025, siguen con el convenio caducado desde hace 17 años, con un salario medio de 1.300 euros y con menos personal del necesario. La diferencia con el anterior verano —donde tuvieron que suspender la huelga por responsabilidad ante la grave ola de incendios que asoló la Península— es que las condiciones de este año podrían ser peores. “Se han hecho un 50% menos de trabajos preventivos durante el invierno”, explica Jesús Molina Pino, presidente del comité de empresa, en referencia a labores clave como desbroces o apertura de cortafuegos. Estas actuaciones, señala, son fundamentales para reducir la virulencia de los incendios y generar zonas seguras tanto para la población como para los equipos de extinción.  

Una situación no mejor tienen desde la pequeña plantilla de bomberos forestales que sí que está contratada directamente por la Comunidad de Madrid. Actualmente son 120 personas frente a las 400 que llegaron a ser y en este mes de junio han denunciando que la negociación de sus mejoras laborales están siendo bloqueadas por la Consejería de Hacienda. Así lo aseguró el Director General de Emergencias en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Bomberos, que mientras los trabajadores estuvieran en huelga no se sentarán a la mesa a negociar. Los bomberos forestales denuncian la “terrorífica gravedad” de esta afirmación por lo que consideran que es una vulneración de sus derechos básicos. Por ello, se concentrarán el día 30 de este mes frente a la consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.