Incendios Forestales
El Estatuto de los Bomberos Forestales cumple diez meses sin que ninguna comunidad autónoma lo haya aplicado

El 8 de noviembre de 2024, después de hasta tres intentos de que fuera aprobado, se anunció en el BOE el deseado Estatuto de los Bomberos Forestales. La Ley básica 5/2024 tiene como objetivo situar en un mínimo las condiciones laborales de este cuerpo de bomberos que, entre otras cosas, reconoce su categoría profesional. Pasan de ser ‘peones forestales’ a ser bomberos forestales. Una situación de profesionalización muy desigual que ya advertían antes de que este verano se desencadenara la oleada de incendios que ha asolado la parte oeste de la península, registrando el peor incendio de todos los tiempos en León y los peores de Extremadura y Galicia. 

Además, mirándose en el espejo de otro tipo de bomberos, los llamados estructurales, multidisciplinares o urbanos, quieren promover una carrera profesional que no acabe cuando las condiciones físicas no sean las mismas que al empezar. “Tenemos una prueba física excluyente cada año y si no la pasas, te vas a la calle”, explica a El Salto Vicente Rodríguez Barbero, bombero forestal secretario del sindicato Firet y portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Bomberos y Bomberas Forestales (PASBF). Rodríguez Barbero, que tiene 54 años y más de 20 de experiencia en incendios forestales, comenta que sus compañeros urbanos tienen también pruebas, pero en el caso de no superarlas no es excluyente y se les ofrece una segunda actividad. Esto, junto con el coeficiente reductor de cara a la prejubilación y la cartera de enfermedades profesionales son también los puntos claves que el estatuto o ley básica de los bomberos forestales quería apuntalar. 

“Tenemos a gente con 64 años que se van a incendios de estos, no tiene ni pies ni cabeza”, denuncian desde la Plataforma de Asociaciones de Bomberos y Bomberas Forestales 

De esta manera, un o una profesional que empeore su estado físico, a consecuencia de la edad o de un accidente laboral, por ejemplo, no se verá con más de 50 años sin saber cómo ganarse la vida. Tampoco arriesgando su vida en primera línea del fuego, como pasa actualmente. “Tenemos a gente con 64 años que se van a incendios de estos, no tiene ni pies ni cabeza”, denuncia y recuerda que la edad de jubilación de estos profesionales con jornadas de hasta 18 horas en el monte a 40 grados es de 67 años. Para el portavoz de la PASBF, no es tan difícil ofrecer estas segundas actividades, ya que además de los bomberos urbanos, se está aplicando ya en Andalucía a los forestales.

“Las competencias en prevención y extinción de incendios son autonómicas, pero la ley es muy clara: no dice cómo gestionar pero sí las condiciones laborales que tiene que tener su personal”, explican desde Firet sobre esta norma que da un año de plazo a las comunidades para aplicarla y está a punto de cumplir diez meses sin que haya novedades. “Nos extraña que ninguna comunidad autónoma haya aplicado la ley”, comenta Vicente Rodríguez Barbero. “Podemos entender que en sitios como Castilla y León que están en términos muy ambiguos, con empresas privadas y brigadas municipales, pero en territorios con servicios consolidados como Andalucía o Madrid, que están dentro de la red del 112, no deberían tener ningún problema para aplicar el estatuto”. 

Una ley básica para homogeneizar y poner unos mínimos entre autonomías

De hecho, la norma explica que ante “el problema existente en la disparidad de medios materiales y humanos, tipologías de recursos, requisitos de formación, y cualificación profesional de los bomberos forestales”, esta ley básica pretende que “el colectivo cuente con el suficiente grado de cohesión en su naturaleza, operatividad y régimen en todo el territorio nacional, lo que no tiene que suponer en ningún caso un menoscabo de las respectivas competencias autonómicas, sino establecer un marco común”. 

Esto implica que son las comunidades quienes tienen que desarrollar las condiciones con convenios colectivos con la Administración —cuando los profesionales son personal laboral o funcionarios—, convenios de servicios o de centro de trabajo —cuando dependen de una única empresa pública, por ejemplo— o convenios sectoriales, cuando operen más contratas. El Estado impone un marco común mínimo y los competentes actúan para fijarlo. Es lo que acaba de hacer el Ministerio de Transición ecológica y los sindicatos mayoritarios con los bomberos que dependen de este órgano: las BRIF. Este convenio fija los turnos, los salarios, los descansos, las horas extras y otras condiciones como la formación o el material de trabajo.  

Para los bomberos forestales de cualquier comunidad las BRIF son un referente ya que parten de una situación determinante: ser personal 100% público. Aunque en algunas comunidades hay equipos que sí son funcionarios o personal laboral, como en Galicia, la mayoría tiene una empresa pública y algunas cuentan con decenas de privadas que ofrecen trabajadores. Como el caso de Castilla y León, que cuenta con hasta 35 empresas contratadas para extinción, o Madrid, donde los trabajadores están en huelga indefinida ante la inacción de Tragsa y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Ante esta falta de iniciativa por parte de las comunidades autónomas en cuanto a las condiciones laborales de los bomberos, y lo vivido este verano con incendios cada vez más destructivos y peligrosos, los y las profesionales se plantan el próximo 18 de octubre en una marcha estatal en Madrid. Así lo ha comunicado la plataforma, que pide la aplicación de la ley básica, los coeficientes reductores en la edad de jubilación, la segunda actividad, o que los servicios sean 100% públicos, EPI acordes con la actividad actual y mejoras en la prevención de riesgos laborales. En este punto, sobre todo, cabe destacar que mientras en algunas comunidades se toman en serio el riesgo tóxico de partículas cancerígenas que hay en los incendios, otras apenas acaban de poner una lavadora en las bases para que sean los trabajadores quienes intenten limpiar estas toxinas de sus uniformes. 

El 18 de octubre, además de acudir bomberos y bomberas de todas las autonomías, la plataforma pide el apoyo de la ciudadanía

En la marcha, que es convocada a mediados de octubre para estar cerca de cuando se cumple un año de la aprobación de la ley y cuando en territorios del sur termina la temporada alta de incendios, se tratará de visitar la sede de los principales partidos, el PSOE en la calle Ferraz y el Partido Popular en la calle Génova, para acabar en el Congreso de los Diputados. Además de acudir bomberos y bomberas de todas las autonomías, la plataforma pide el apoyo de la ciudadanía para tener un servicios de prevención y extinción adecuado. 

Se trata, recuerdan desde la Plataforma de Asociaciones de Bomberos y Bomberas Forestales, de una situación límite que se visualiza con los grandes incendios que cada vez arrasan más hectáreas o cuando hay víctimas mortales humanas, pero que lleva décadas conociéndose el problema y sin actuar.

“Creemos un excelente servicio de emergencias medioambientales, profesional, preparado, formado, eficaz y eficiente que garantice la salvaguarda del patrimonio medioambiental y los bienes y las vidas de las personas, desechemos el denominado negocio del fuego, con la seguridad no se comercia”, pedía esta plataforma en 2014 en el Consejo Europeo, en Bruselas, delante de todos los comisarios. Diez años después, las exigencias son prácticamente las mismas.