Comunidad de Madrid
Los bomberos forestales públicos denuncian que la Comunidad de Madrid no cumple la ley

Al grito de ‘La ley se cumple, las mejoras se negocian”, los bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid han vuelto a salir a la calle cuando superan los 1.145 días de huelga indefinida. Este martes, representantes del comité de huelga se han manifestado y han registrado una carta dirigida a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo para exigir el desbloqueo de unas negociaciones que, denuncian, permanecen paralizadas porque la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, de la que dependen, asegura que la Consejería de Hacienda les impide sentarse a negociar mientras continúe la huelga. Todo ellos dentro del mismo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

“Nuestro conflicto es con Emergencias, pero la excusa que nos dan es que Hacienda prohíbe negociar mientras haya una huelga”, explica Óscar de Castro, secretario del comité de huelga. Una justificación que consideran “ilegal”, ya que, sostiene, la Administración “tiene la obligación de buscar una solución al conflicto”. “Entendemos que nos responderán... o no, porque en esta comunidad es habitual que unas consejerías se pasen la pelota a otras”, lamenta.

El conflicto, que comenzó hace más de tres años, gira principalmente a la falta de estabilidad al trabajar el 50’14% del año -de mayo a octubre solo- y ha empeorado al no aplicar la Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024. La norma reconoce la categoría profesional de bombero forestal y establece un marco común para todo el Estado, pero la Comunidad de Madrid sigue sin adaptarla a su servicio público.

“Nuestras reivindicaciones son muy sencillas: queremos trabajar todo el año y que se nos aplique la categoría de bombero forestal, que es lo que somos”, resume De Castro, en referencia a la categoría profesional 5.932. Actualmente, denuncia, buena parte de la plantilla continúa contratada bajo categorías profesionales ajenas a las funciones que realmente desempeña, como conductor para los que extinguen el fuego o como personal de atención al usuario en el caso de los vigilantes forestales.

“Creo que está claro que es una profesión peligrosa”, afirma el secretario del comité de huelga al recordar a un compañero que estuvo tres días en UCI.

La consecuencia, afirman, va mucho más allá de una cuestión administrativa. “Como no se aplica la ley de bomberos forestales, no podemos acceder al reconocimiento de enfermedades profesionales ni de la peligrosidad de nuestro trabajo”, denuncia el portavoz del comité. Recuerda que un compañero permaneció tres días ingresado en la UCI tras un accidente y que otra dotación quedó atrapada durante el incendio del Heraldo de Pinares (Ávila) lo que podría haber tenido un final dramático. “Creo que está claro que es una profesión peligrosa”, afirma.

Los trabajadores sostienen además que la falta de reconocimiento profesional se traduce en un deterioro continuo del servicio público. “Hace diez años éramos unas 400 personas. Hoy la plantilla teórica es de 230, pero en realidad somos bastantes menos”. Según explica De Castro, actualmente apenas están operativos menos de 140 trabajadores: unos 70 efectivos de vigilancia, 60 en las labores de extinción y ocho en los centros de control. "Muchos compañeros se han marchado a otros trabajos por las lamentables condiciones laborales”, comentan. 

“Es un incumplimiento tras otro”, resume Óscar de Castro, quien considera que el Ejecutivo de Ayuso está llevando a cabo “una destrucción del empleo público”.

Desde el comité denuncian que la Comunidad de Madrid incumple incluso su previsión de cuántos retenes y puntos de vigilancia deberían permanecer operativos. “Es un incumplimiento tras otro”, resume De Castro, quien considera que el Ejecutivo regional está llevando a cabo “una destrucción del empleo público”.

La plantilla critica además que la Administración continúe considerando el servicio como estacional cuando la propia Ley Básica establece que los bomberos forestales deben prestar servicio durante todo el año. Actualmente, los contratos cubren únicamente el periodo comprendido entre mayo y octubre, apenas algo más de la campaña de alto riesgo de incendio forestal. 

“Es fundamental la prevención”, insiste el representante sindical. "Hay que preparar el monte para que no vuelva a pasar lo que hemos visto recientemente. Somos muy útiles en las zonas llamadas de interfaz, donde el monte toca con las viviendas. Ahí es donde se crean los puntos estratégicos de gestión que permiten atacar un incendio o proteger a la población”, indica. 

Mascarillas caducadas

Mientras buena parte del año permanece sin actividad preventiva, los trabajadores denuncian situaciones que califican de absurdas. “Estamos en Emergencias, pero existe un vacío de competencias porque no nos facilitan medios ni vehículos para hacer el trabajo. Hay compañeros que pasan jornadas enteras veinte personas en una sala de vending mirando al techo”, describe un bombero forestal público. El deterioro del servicio también se refleja, aseguran, en el material disponible. ”Nos han entregado equipos de protección individual cuya trazabilidad no está garantizada y mascarillas caducadas", denuncia De Castro.

Preguntado por la situación que viven los ‘otros’ bomberos forestales contratados a través de Tragsa por parte de la Comunidad de Madrid, estos profesionales recuerdan que ellos tuvieron que pasar un examen para ser personal laboral, pero denuncian que tuvo trampa. “Fue un ERE encubierto”, sostiene De Castro, que recuerda que la Administración del Gobierno de Ayuso aceleró el proceso de estabilización para convocar un concurso con oposición libre para estabilizar sus plazas. Si hubieran convocado más tarde, hubiera entrado en vigor la Ley de Estabilización que hubiera permitido a estos trabajadores consolidar sus empleos solo con méritos. “Echaron al 40% de la plantilla, gente que llevaba años trabajando”, recuerda y asegura que así se quitaban trabajadores con antigüedad. 

“Que esto siga ocurriendo con el capital humano y la técnica de la que disponemos es, sencillamente, absurdo”, denuncian los bomberos con el recuerdo del incendio de Tres Cantos en 2025.

A esa sensación de estafa se suma la sensación de abandono. “Nos sentimos como becarios sacrificables”, afirma el secretario del comité, ya que denuncian que pese a la oposición no están al mismo nivel de derechos laborales que los bomberos estructurales. “Nos siguen tratando como personal temporal”, explica.

El comité de huelga insiste en que el conflicto no afecta únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino a la capacidad de la Comunidad de Madrid para prevenir grandes incendios forestales en un contexto de temperaturas extremas y creciente riesgo climático. “Hay sitio para todos y muchísimo trabajo por hacer”, indican en referencia al otro cuerpo de bomberos forestales contratados a través de Tragsa. 

“No podemos permitirnos más desgracias en la Comunidad de Madrid”, denuncia este trabajador que el año pasado, recuerda, estuvo con la familia del fallecido en el incendio de Tres Cantos y tuvo que ayudar a unos niños a buscar sus juguetes entre las cenizas de su casa en la misma comunidad madrileña. “Que esto siga ocurriendo con el capital humano y la técnica de la que disponemos es, sencillamente, absurdo”, concluye.