Euskal Herria
Colectivos de Iruñea exigen al Ayuntamiento abrir edificios vacíos para las personas sin hogar

La llegada del invierno en Iruñea desnuda, un año más, el fracaso institucional en la gestión de la emergencia habitacional. Pese a que el Ayuntamiento de Pamplona afirma que el presupuesto destinado a paliar el sinhogarismo aumenta cada año, un número creciente de personas continúa sobreviviendo en la calle “de manera indigna”.

Utilizar los espacios vacíos propiedad del ayuntamiento

Ante esta situación de “abandono institucional”, los colectivos Dar Etxea y el Consejo Socialista de Iruñerria han dado un paso al frente para exigir una solución inmediata, simple y de dignidad: abrir los edificios públicos vacíos para alojar a quienes no tienen techo.

La propuesta, presentada este lunes en rueda de prensa, pretende cuestionar el discurso oficial del ayuntamiento, que plantea que no hay nada que se pueda hacer para dar un alojamiento digno a las más de 200 personas que viven en los distintos asentamientos informales de la ciudad.

Solicitan la cesión de los más de 100 locales y edificios de propiedad consistorial que permanecen sin uso para las más de 200 personas que viven en los asentamientos informales de la ciudad

Los colectivos han solicitado formalmente la cesión de locales y edificios de propiedad consistorial que permanecen sin uso —más de 100, según los propios datos del ayuntamiento—. No se trata solo de una petición, sino de una oferta de autogestión: las organizaciones han manifestado su disposición a gestionar el uso de estos inmuebles como una “solución temporal a la emergencia habitacional”.

Gravar la vivienda vacía

La crítica lanzada desde los colectivos convocantes es clara: la institución pública, que debería garantizar un derecho fundamental, se está convirtiendo en una “herramienta para expulsar y castigar a la población excedentaria”. Además, han señalado las políticas de vivienda del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona como “excesivamente complacientes con los multipropietarios”. Para Dar Etxea y el Consejo Socialista de Iruñerria, gravar “de forma contundente” la vivienda vacía ayudaría a disminuir el número de personas que subsisten en la calle de forma precaria, en gran medida porque no pueden asumir los costes de un mercado de alquiler descontrolado

El derribo de la Ikastola Jaso y la estación del Tren de Alta Velocidad

La elección de la Ikastola Jaso para la rueda de prensa tampoco es casual. En este espacio conviven de forma precaria unas 80 personas, en su mayoría de origen marroquí o argelino. El ayuntamiento de Pamplona anunció ya en septiembre su deseo de derribar el edificio, argumentando que, en caso contrario “se pueden generar riesgos importantes para las personas”. A pesar del aparente interés institucional por el bienestar de quienes okupan el edificio, no se conoce ningún plan específico para ellos, más allá de aumentar la presencia policial en la zona.

El alcalde de la ciudad (Joseba Asiron, EH Bildu) ratificó más tarde la voluntad de su equipo de gobierno de desalojar y derribar el edificio, señalando, eso sí, que la decisión final está en manos del Consorcio del TAV, la entidad que gestiona el proyecto urbanístico que incluye una nueva estación de alta velocidad y 11.000 viviendas, y del que forman parte tanto el propio Ayuntamiento como el Gobierno de Navarra.

Para algunos activistas existe un vínculo directo entre las prisas del consistorio por derribar el edificio, la especulación urbanística y un marco ideológico que considera a las personas que viven en Jaso como “inintegrables”

Distintos colectivos de la ciudad e, incluso, el propio alcalde —antes de la llegada al cargo— no dudaban en calificar este proyecto como un “pelotazo urbanístico”. Para algunos activistas existe un vínculo directo entre las prisas del consistorio por derribar el edificio, la especulación urbanística y un marco ideológico que considera a las personas que viven en Jaso como “inintegrables”, en unas pautas similares a las que ya se han dado recientemente en Bilbao con el desalojo de Zorrotzaurre.

Soluciones desde la autonomía de los movimientos

La propuesta de Dar Etxea y el Consejo Socialista parte del convencimiento de que “si las instituciones no asumen su responsabilidad con respecto a las personas que viven en nuestra ciudad, es nuestra obligación recordárselo y, en última instancia, asumir esa responsabilidad desde el apoyo mutuo y la solidaridad de clase” señalan dos activistas consultados por Hordago. En este sentido, anuncian “una campaña sostenida de denuncia de las prácticas institucionales pero también un esfuerzo organizativo que nos permita demostrar que realmente no son necesarios tantos recursos para sacar de la calle a muchas de estas personas”.