Empresas públicas estatales

Desde hace años, diversos colectivos sociales, vecinales, ecologistas y grupos políticos vienen reclamando el convenio secreto que regula la denominada Operación Chamartín. Tras numerosos intentos de acceder por la vía parlamentaria, de transparencia, tanto ADIF como los socios privados de la operación (BBVA-San José) han hecho lo imposible, incluso acudir a los tribunales, para evitar que se conocieran los detalles de esta operación. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué tienen que ocultar una empresa pública del sector ferroviario de la alta velocidad y sus socios privados? Han tenido que pasar más de 25 años para que empecemos a entender los lazos que unen la historia de la alta velocidad en España y los pelotazos urbanísticos, pero cada vez estamos más cerca de conocer toda la verdad.