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Razón de estado, negocio privado

La llamada “razón de estado” ha sido el pretexto para una instrumentalización de la acción exterior por parte del sector privado. Al tiempo, la empresa pública ha desaparecido.

Periodista y sociólogo


publicado
2020-01-05 06:03

La articulación de la Razón de Estado con la empresa adquiere en España hoy una configuración singular. Ello es fruto de las peculiaridades del tipo hegemónico de capitalismo hoy vigente, que es de cuño financiero, especulativo e improductivo, en pugna con el capitalismo industrial y comercial clásico, éste a su vez muy capitidisminuido: primero, en la fase de la autarquía franquista, desde 1939 a 1959, con el Instituto Nacional de Industria (INI) como buque insignia; y luego, pese a conseguir cierta autonomía formal a partir del Plan de Estabilización de 1959, por acogerse a la inercia de una fase subvencionista, es decir muy apegado a las ayudas estatales, sin apenas contraer riesgos, cuyos ecos aún se escuchan fuertemente, sobre todo a escala regional, como muestra el asunto de los ERE en Andalucía.

La razón de Estado, que integra los intereses relativos a la supervivencia estatal en el espacio territorial, geopolítico-económico, y en el tiempo histórico, cuenta entre sus principales muñidores e ideadores el mundo financiero-bancario, que ha conseguido contaminar la mayor parte de la doctrina y las prácticas económicas estatales con un discurso neoliberal extremo que justifica mediante la llamada ingeniería financiera. Prueba de ello es que de las 130 empresas públicas estatales con las que España contaba hace apenas tres décadas hoy tan solo dispone, a escala estatal, de 16. España es el país de Europa más precario en empresas públicas estatales, más que Portugal, Alemania y Francia. La parte mollar de los ingresos del Estado español en este ámbito proceden solo de la Lotería y de la mitad, no privatizada, de AENA, vinculada a la gestión aeroportuaria.

La diplomacia oficial convirtió a numerosos jefes de Misión en verdaderos negociantes, más atentos a la obligada gestión de asuntos privados que a la representación de los intereses de los ciudadanos españoles

Sin embargo, a escala regional, la proliferación de empresas públicas, que en la mayoría de los casos adoptan objetivamente la condición de verdaderos chiringuitos clientelares en Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos, llega a varios millares. Sus prácticas, no obstante, son muy semejantes a las de las entidades privadas, por la impregnación doctrinal de sus actividades en clave neoliberal. Solo son formalmente empresas públicas, pues sus actuaciones lo desmienten y apenas revierten en mejoras sociales.

Puertas giratorias
Puertas giratorias. Arte El Salto

Altas esferas

La articulación entre empresa y razón de Estado en España se macera, se traba y se vertebra mediante los consejos áulicos, señaladamente los que asesoran a importantes instituciones del Estado, como la Corona. Ésta, pese a carecer de prerrogativas legales al respecto, durante el mandato del rey hoy emérito, se arrogó arbitrariamente la titularidad de una diplomacia paralela, por encima de la oficial gubernamental. Quienes le aleccionaban en tales tareas eran destacados miembros de círculos empresariales selectivos y privados, con acceso directo al palacio de La Zarzuela, donde decidían las grandes líneas de negocios a los cuales hacían concurrir al Estado y escudándose en él y en las amistades del titular de la Casa Real para maquinar sus tasas de ganancia.

Los asesores áulicos, procedentes en su mayoría de la empresa privada o versados hacia ella tras dejar sus cargos oficiales, verdaderos exponentes de las puertas giratorias, consiguieron contaminar tales prácticas “diplomáticas” con el discurso privatizador y con consignas tales como el de la automática generación de empleo “para España”, como efecto directo de los negocios financieros privados, muchos de ellos meramente especulativos e improductivos, a los cuales se les asignaba a priori una “españolidad” incuestionable.

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Distintos Gobiernos, por no decir todos, entes políticos concernidos en la aplicación de la Razón de Estado, durante toda la etapa de la post-transición, abdicaron reiteradamente de sus funciones en pos de la defensa de los intereses realmente nacionales, al permitir que Juan Carlos I se introdujera de hoz y coz y de manera continuada en la negociación y la contrata de grandes obras públicas en el extranjero, gestiones que resultaron satisfacer a compañías de ingeniería, energéticas, de transportes o químicas, en ocasiones afectadas por graves irregularidades —como alteraciones al alza de lo presupuestado al comienzo de las obras—, cuando no verdaderas prácticas de corrupción, comisiones incluidas, que degradaban precisamente la imagen exterior de España.

Claro que, la diplomacia oficial convirtió a numerosos jefes de Misión en verdaderos negociantes, más atentos a la obligada gestión de asuntos económicos de compañías privadas que a la política o a la representación de los intereses de los ciudadanos españoles en el extranjero. La pantalla bajo la que todo ello se escondía era la llamada Marca España, un dispositivo que asocia al Estado español a un producto comercial mercantil como cualquier otro.

Los medios de comunicación privados, muñidores a su manera, directa o indirectamente, de algunos flecos legitimadores de la Razón de Estado, como la opinión pública, experimentaron asimismo pareja contaminación doctrinaria ultraliberal. La aplicación e implantación general de tales doctrinas llevaba aparejada una previa e intencionada degradación, inducida desde el ámbito mediático, de todo lo que tuviera que ver con la eficiencia de la gestión empresarial pública estatal, así como con el ataque sistemático hacia cualquier tipo de planificación.

Se impuso y se dejó en manos de la Bolsa la valoración global y total de la actividad económica, devaluando al Estado abiertamente y dejándolo al pairo de crisis cíclicas de todo tipo, como la de 2008. Hasta los periódicos acudieron al mercado bursátil a cotizarse; eso sí, tras haber quedado desmantelada la Prensa pública que, despojada de su impregnación franquista cuando se denominaba Prensa del Movimiento, pudo haber sido, en años posteriores a la Transición, transformada en una herramienta eficaz para contribuir a democratizar la información y la cultura y fortificar una peana estatal con vocación social. “La mejor ley de Prensa es la que no existe”, fue el mantra acuñado entonces en los medios privados, embarcados en una política informativa que no solo les convirtió en apóstoles de la desregulación de los mercados financieros, sino que acabaron por confundir esa política informativa con la información política, práctica que dura hasta nuestros días.

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Es práctica común que las escasas empresas públicas estatales españolas se vuelquen permanentemente en la subcontratación, despilfarrando recursos propios y cediendo los beneficios a entidades privadas que litigan por conseguirlas mediante ofertas siempre a la baja que, a su vez, degradan la calidad de los servicios subcontratados por el Estado. Se contaba ejemplo de un célebre caso: el de un piano alquilado y pagado anualmente a una entidad privada durante varias décadas por parte de TVE, de tal modo que el precio final abonado multiplicaba por veinte lo que hubiera costado su adquisición inicial directa. Por cierto, la televisión pública fue pionera en la subcontratación de programas y medios a productoras privadas, despreciando copiosos recursos personales y materiales de los que disponía.

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En el segundo cinturón de la razón de Estado, el de la gestión de los intereses estatales, protagonizada ésta por los servicios de Inteligencia, tal supuesta españolidad causó efectos semejantes. Como gran novedad del arranque del siglo XXI se impuso entre sus líneas de acción una mentada “inteligencia económica”, doctrina cuya aplicación incurrió en la identificación entre los beneficios empresariales privados con los intereses sociales y públicos. Y lo pregonaban como si, de manera automática y mecánica, esos beneficios se tradujeran en siempre en empleo bien remunerado y en mejoras de las condiciones laborales. Lo cierto era que engordaron la tasa de ganancia de los dueños del capital, con magros resultados para su base empleada.

La política estatal de adquisición —y venta— de armas, por ejemplo, sigue al pie de la letra las consigas doctrinarias de esos mercados y de las doctrinas que los rigen, al igual que la de los astilleros, hoy en pleno declive, otrora florón de la economía estatal española.

La Razón de Estado muestra en España una caracterización según la cual, el capitalismo financiero, la ha sometido mayoritariamente a su servicio 

Poderes del Estado como el Judicial mantienen nexos irrompibles que fuerzan a los ciudadanos incluso a depositar gravámenes, fianzas, impuestos, multas y otros ítems en bancos determinados, casi siempre los mismos, yugulando la libertad de elección y teledirigiendo la tenencia de esa masa de fondos públicos hacia los bolsillos privados.

En este proceso, que cabe definir como de auténtica privatización del Estado, tuvieron mucho que ver las limitaciones de soberanía impuestas primero por la irrupción de compañías estadounidenses en inversiones españolas, fruto de la dependencia político-militar de Madrid respecto de Washington durante el Plan de Estabilización, y las procedentes de la Europa comunitaria, señaladamente después del Tratado de Maastrich en 1992, con la ulterior conversión de la peseta española en euros.

En definitiva, la Razón de Estado muestra en España una caracterización según la cual, el capitalismo financiero —cuyos vínculos con el crimen organizado han sido puestos de manifiesto en distintos procesos judiciales protagonizados por el PP—, la ha sometido mayoritariamente a su servicio, invirtiendo el sentido histórico de tal relación. Y lo ha hecho impregnándola con sus prácticas privatizadoras, antisociales pues, mediante un proceso de abducción por parte de círculos financieros que configuran la hegemonía doctrinal intramuros de los consejos áulicos, que no solo asesoran sino que casi siempre gestionan también la actividad económica de algunas de las principales instituciones estatales. La ingeniería financiera ha dislocado, plenamente, no solo la Razón sino el Estado mismo, devaluándolo hacia niveles de irrelevancia.

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