Editorial
Gobierno Sánchez: vayamos al grano

A estas alturas, nadie puede esperar del PSOE un cambio de las estructuras del Estado que han llevado al Reino de España a una fuerte crisis política, económica y social. Solo queda media legislatura y, en términos estrictamente presupuestarios, faltan por debatirse los Presupuestos de 2019 y de 2020, tras la renuncia, en un primer momento (auténtico gesto fundacional del nuevo Ejecutivo), a plantear con sus socios en la moción de censura unas cuentas menos antisociales en 2018 que las heredadas del PP. Pero seis años de Rajoy y ocho años de recortes han dejado margen para ciertos cambios de calado (y posibles con la actual correlación de fuerzas) que podrían iniciarse o proyectarse estos dos años. Apuntamos solo algunos —dejando de lado la cuestión territorial— para que el nuevo Gobierno merezca el apelativo de reformista:

Seis años de Rajoy y ocho de recortes han dejado margen para ciertos cambios de calado (y posibles con la actual correlación de fuerzas) que podrían iniciarse o proyectarse estos dos años

Economía: El Gobierno tiene por delante aún dos años de probable crecimiento económico. Debería aprovecharlos para poner las bases de un cambio en un sentido redistributivo que aguante la previsible recesión futura y permita recuperar los servicios públicos —gravemente dañados— en el medio plazo.

Los movimientos y partidos a su izquierda pueden presionar para cambios efectivos en materia de vivienda y desahucios (que requerirán, antes que de grandes inversiones, de medidas de enajenación de viviendas vacías).

Aún es posible cumplir los irracionales objetivos de déficit simplemente recuperando el poder de recaudación del impuesto de sociedades, que en el quinto año de recuperación económica recoge aproximadamente la mitad que en 2007. Será el momento, también, de pedir concreción en las promesas sobre nuevos impuestos a la banca para financiar las pensiones: el movimiento de pensionistas ha demostrado que debería haber fuerza para presionar. Es posible, también, aprovechar los bajos tipos de interés (situación que tampoco durará siempre) para amortizar de una vez el pago de la deuda pendiente por el rescate de 2012 (condicionado a un control real sobre Sareb, ‘el banco malo’ creado en 2012 para comprar los activos inmobiliarios invendibles de la banca, y Bankia): aplazarlo para un futuro será peor, y su amortización estratégica daría poder negociador frente a la Unión Europea.

Empleo: Toda acción debería ir orientada estratégicamente a recomponer el poder de negociación de los trabajadores, a crearlo allí donde no existe (en los amplísimos espacios oscuros de la überización laboral y en los sectores más feminizados, como el trabajo doméstico y de cuidados) y a recuperarlo allí donde sí hay presencia sindical, empezando por la Administración del Estado. Sin esta orientación estratégica, la anulación necesaria de los peores aspectos de la reforma laboral de Rajoy (descartada por el Gobierno una derogación integral) se quedará coja; también los objetivos de eliminación de brecha salarial entre hombres y mujeres. Mientras, la anulación de los artículos que permiten la cesión de trabajadores, un régimen estricto de sanciones para las empresas que usen falsos autónomos y la equiparación salarial y de cotizaciones de las 600.000 empleadas del hogar son objetivos mínimos perfectamente posibles.

Libertades y derechos: El Gobierno ya ha anunciado que restaurará la sanidad universal y la financiación plena de las medidas incluidas en el Pacto Estatal contra la Violencia de Género. Es esperable y exigible la derogación inmediata de la denominada Ley Mordaza; lo es también la liberación (mediante la retirada de las acusaciones de la Fiscalía, algo para lo que el Gobierno podría apoyarse en el Parlamento) de todos los presos del proceso soberanista catalán. Son posibles y aplicables los cambios en la política de visados y la puesta en marcha de la petición de asilo en el país de origen, así como el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros sin ser sustituidos por ninguna medida de encierro.

Somos conscientes de que mezclamos, quizá, las churras con merinas: medidas que son técnica y políticamente aplicables en estos dos años (bastaría con volver a una situación anterior, o de desbloquear propuestas ya en marcha) con reformas de mayor calado cuyo apoyo parlamentario —empezando por el del propio partido del Gobierno— es más que dudoso. Tampoco se nos escapa que, incluso en el corto plazo, nos dejamos múltiples campos sin tocar (baste mencionar las diferentes propuestas, que parecen recoger un amplio consenso social y político, sobre la ampliación de bajas maternales y paternales). Por supuesto que entrarán en juego los intercambios parlamentarios de cromos, las carreras y ambiciones personales, el ojo avizor de la UE, los conflictos de interés y el cambio de prioridades dictado por el tema candente de la semana. Por eso hemos elegido una serie de campos —podrían haber sido otros— a modo de termómetro: es posible que resulte tan instructivo como desalentador examinarlos dentro de dos años.