Dos meses para la derogación del decreto que dejó sin sanidad a los sin papeles
El Gobierno se reunirá con las autonomías y alargará dos meses la derogación del Real Decreto que excluyó de la sanidad pública a inmigrantes irregulares y a otros colectivos.
El segundo consejo de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ha acordado iniciar con las Comunidades Autónomas un proceso para la derogación del Real Decreto 16/2012, que excluyó del acceso al sistema sanitario público a todas las personas en situación administrativa irregular, entre otros colectivos. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa posterior a la reunión de ministras y ministros en la Moncloa.
El Gobierno quiere debatir con las autonomías los detalles de un nuevo Real Decreto que derogue el RD 16/2012, en un proceso que puede llevar seis semanas más otros treinta días para su tramitación en el Congreso: más de dos meses. “Tendremos que actuar con otro Real Decreto para proceder a la eliminación de este real decreto y devolver a todas las personas su derecho a la salud”, ha señalado. La ministra ha expresado su confianza en que todas las Comunidades Autónomas cumplirán con la derogación.
Llegada del Aquarius
En cuanto al barco Aquarius con 629 refugiadas y refugiados a la deriva, la ministra ha anunciado que el Ejecutivo prevé su llegada para la mañana del domingo 17, y ha precisado que será el ministerio de Fomento el encargado de coordinar las actuaciones sanitarias, de acogida y de identificación de estas personas “según el protocolo europeo normal para estas situaciones”, incluyendo la posible expulsión de estas personas.
La ministra se ha referido en repetidas ocasiones al hecho de que las aguas españolas son “frontera sur” de la Unión Europea: “No es un asunto español ni italiano ni griego, somos europa, es un asunto europeo”, y no ha precisado si el Ejecutivo actual revisará el incumplimiento por parte del gobierno de Rajoy de la cuota de admisión de refugiados acordada con el resto de países de la Unión Europea.
Retirada de las concertinas
En la misma línea, ha anunciado que el ministerio de Interior encargará un informe para estudiar medidas adicionales de seguridad en las vallas de Ceuta y Melilla después de la retirada de las llamadas “concertinas”, las cuchillas denunciadas por haber provocado graves heridas a las personas que trataban de saltar la valla. No ha precisado plazos para la retirada de estas cuchillas. “Se puede tener seguridad en la frontera sin herir a las personas”, ha asegurado, y se ha referido a las políticas abiertas tras la crisis de los cayucos de 2006 como ejemplo de actuación en los países de origen. Este tipo de políticas, y en concreto los acuerdos de España con Mauritania y otros países del Sahel, han sido denunciadas por diversas ONG como maneras de pagar a terceros países para hacer el trabajo sucio de control y represión de los movimientos migratorios.
Como ejemplo de la agenda social del Gobierno, Celaá se ha referido a la aprobación de dos medidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, elaborados por el anterior ejecutivo: la aprobación de un crédito del Tesoro para sufragar los 7.500 millones de euros de coste de la paga extra de los pensionistas en junio, y la puesta en marcha de las medidas previstas en el Plan de Vivienda del ministerio de Fomento.
Pese a que en su primera rueda de prensa como portavoz la ministra aseguró que el Gobierno trataría la retirada de la llamada Ley Mordaza en su segunda reunión, Celaá no ha hecho referencia a este asunto.
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