Pacto de Estado contra la violencia de género
Movilizaciones en 40 ciudades para pedir que se cumpla el acuerdo presupuestario del Pacto de Estado
La Plataforma 7N contra las Violencias Machistas denuncia que los 80 millones que recoge el Libro Amarillo no aparecen en el desglose por Ministerios y advierte de que 59 medidas quedan en el aire por el incumplimiento de 120 millones para comunidades y ayuntamientos.
Cerca de 300 organizaciones feministas han convocado movilizaciones en 40 ciudades el próximo 16 de mayo para pedir al Gobierno que cumpla con el compromiso presupuestario que permita dar cumplimiento a las 213 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de noviembre.
El texto aprobado incluye el compromiso de “un incremento de mil millones de euros durante los próximos cinco años” y especifica que los Presupuestos Generales del Estado destinarán un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios vía transferencias a los ayuntamientos, así como 80 millones anuales a las comunidades autónomas.
Sin embargo la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que continúa su tramitación tras rechazarse en el Pleno del pasado 26 de abril las peticiones de devolver el proyecto al Gobierno y se encuentra en la fase de enmiendas, recoge un total de 80 millones para el cumplimiento de las medidas del Pacto en su Libro Amarillo (que contiene el cuadro macroeconómico y las principales partidas de ingresos y gastos ), y especifica que ayuntamientos y comunidades “deberán incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones respectivamente”, ignorando el compromiso de incluir transferencias directas.
Pero además, según la Plataforma, “incluso los 80 millones de aumento en la Administración central para ‘mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género’ no son reales, porque su anuncio en la Presentación o Libro Amarillo del Presupuesto no se corresponde con las cuantías reflejadas en los Programas de Gasto reales o no está especificada en partidas destinadas específicamente a actuaciones contra la Violencia de Género”, explican.
“Nos han robado 120 millones”, explica Henar Sastre, una de las portavoces de la Plataforma, que asegura que “de las 213 medidas, hasta ahora solo se ha puesto una en marcha, que es la creación de un Observatorio de Igualdad en RTVE, medida que no supone gasto y que ha cristalizado gracias al esfuerzo y la paciencia de sus impulsoras”, explica. “Lo que reclamamos es que cumplan lo pactado”, asegura.
Sastre recuerda que no se trata solo de un incumplimiento presupuestario, dado que algunas de las medidas no requieren asignación económica. Como ejemplo, esgrime las modificaciones relativas al título habilitante en la Ley Integral contra la Violencia de Género que permitirían el reconocimiento de la condición de víctima independientemente de la interposición de denuncia, una de las medidas que incluye el Pacto y a la que no se ha dado cumplimiento.
Medidas paralizadas
En cuanto al “recorte” de 120 millones en el presupuesto para ayuntamientos y comunidades, la Plataforma 7N asegura que el incumplimiento de destinar 100 millones a las comunidades autónomas hace imposible cumplir 47 de las medidas. Por ejemplo, en Educación, imposibilitan la prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes mientras que en Sanidad supone que no se aplicarán las medidas para Centros de Salud y hospitales y su coordinación con los servicios de atención en la Unidad de Apoyo Local.
Por otra parte, la no asignación de los 20 millones para administraciones municipales supondría la imposibilidad de dar cumplimiento a 12 medidas, según la Plataforma 7N, que además pone en el foco, en plena movilización por la sentencia a La Manada que absuelve a los cinco acusados del delito de violación y los condena por abusos, poniendo de relieve las resistencia del Código Penal a valorar la dimensión de las violaciones, que “muchos Ayuntamientos, sin competencias por la reforma del Régimen Local en 2013 y aplastados por el techo de gasto, están respondiendo frente a la inhibición del Estado central”. La organización considera que “la polémica sentencia 18/2018 de la Audiencia Provincial de Pamplona minusvalora los servicios sociales y de la Policía municipal y foral y la asistencia psicológica a la víctima en el CIMASCAM de la Comunidad de Madrid”.
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