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Consultoras
El Centro Vasco de Emprendimiento: una historia de caciquismo entre el PNV y PwC que ha dilapidado 30 millones
Las políticas públicas de emprendimiento vascas pueden sintetizarse en la fábula de una torre situada en el corazón mismo de Bilbao que, mágicamente, solucionará los problemas de innovación de la industria. Desde la energía, la automoción y la manufactura avanzada hasta la gastronomía, con startups sobre 'foodtech'. La realidad es que las nuevas empresas que se moverían rápido para romperlo todo nunca llegaron, solo los costes de levantar un mausoleo a las puertas giratorias entre las grandes consultoras y altos cargos del PNV. Hasta el momento, se han gastado más de 30 millones en fondos públicos.
La historia es harto conocida, aunque no siempre se narra en el orden correcto. En febrero de 2018, el entonces Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, colocó los cimientos para abrir un Centro Internacional de Emprendimiento en Bilbao. El movimiento, que debía estar listo en apenas un año, llegaba con la decisión del exburukide Asier Atutxa, amigo personal de Rementeria, de abandonar su cargo como presidente del Puerto de Bilbao para incorporarse a PwC. Si bien el plan se demoró ligeramente, la consultora estadounidense se hizo con el contrato de la Diputación de Bizkaia para dirigir y gestionar dicho centro en 2020.
Mientras se fraguaba la operación, el exmiembro del Bizkai Buru Batzar, Asier Atutxa, exedil en Lemoa, exresponsable de organizaciones juveniles del partido como EGI y Gaztiker, iba ascendiendo posiciones en la firma. Finalmente, el 1 de julio de 2019 llegó al liderazgo de PwC como socio responsable de las oficinas de la firma en la Zona Norte. Ello formaba parte de la estrategia de la consultora para incrementar su facturación en Euskadi y consolidarse como una de las principales contratistas en la red clientelista del PNV.
Desde entonces, el Gobierno Vasco ha encargado a PwC la elaboración del listado de proyectos para el fondo “Next Generation EU”, la reforma de la RGI, la transformación digital y la seguridad corporativa de Osakidetza, o la mejora del sistema de Seguridad Pública, entre muchos otros planes públicos. Ello ha llevado a que la administración pública vasca sea la tercera mayor fuente de adjudicación de contratos públicos para las Big Four (PwC, Deloitte, KPMG y Ernst & Young) en el Estado español.
Detrás de todos estos planes no se encuentra una suerte de Estado emprendedor, como trataba de reflejar Unai Rementeria cuando se gastó medio millón en traer a Bilbao a la reputada economista Mariana Mazzucato, cuyo último libro critica cómo el sector de la consultoría “debilita nuestras empresas e infantiliza nuestros gobiernos”. Más bien, una de las dinámicas más corrosivas del poder corporativo: las puertas giratorias entre el sector público y las consultoras.
El 3 de julio de 2019, tras ser ascendido, Atutxa fichó como socio para PwC a Aitor Soloeta, hasta entonces director general de la Hacienda de Bizkaia y exedil del PNV en Getxo. Meses después llegó uno de los contratos más importantes que ha firmado la consultora, concretamente con la Diputación de Bizkaia: la gestión del citado Centro Internacional de Emprendimiento, adjudicada en 2020 por 18 millones.
Terminada “la misión”, como diría Mazzucato en otro libro, Soleta busco otro quehacer el pasado mes de noviembre de 2023, fichando por Gómez-Acebo & Pombo, firma conocida por su relación con la elusión fiscal, y creada por Ignacio Gómez-Acebo, cuñado de la infanta Pilar de Borbón.
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BEAZ, en el foco por contribuir a manipular contratos
La licitación del servicio de dirección y gestión del Centro Internacional de Emprendimiento, encargada a BEAZ, sociedad pública foral cuyo objetivo es “apoyar a las empresas y las personas emprendedoras en su esfuerzo por crear nuevos proyectos, innovar e internacionalizarse”, es otro de los puntos que explica la perversión en la política de innovación vasca. Entonces, fuentes conocedoras del proceso criticaron en el diario Gara las “altas” puntuaciones obtenidas por la firma que dirige Atutxa frente a la firma competidora, Impact Hub. Concretamente, el foco se colocaba sobre la secretaria de la mesa de contratación: Eneritz Argatxa, directora de Organización en BEAZ desde 2018, y antigua empleada de PwC, KPMG y Deloitte.
Si bien es difícil hacer conexiones y extraer conclusiones dada la opacidad de estos procesos, el modus operandi corrupto de las consultoras apunta algunas claves. En octubre de 2018, con Asier Atutxa ya en PwC, la CNMC realizó registros domiciliarios en las sedes de varias consultoras en el marco de una investigación que terminó con una multa de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos por manipular contratos por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). En un anexo no publicado del expediente sancionador de este organismo, con 319 páginas, figura la existencia de un email entre las consultoras PwC y PA Consulting para repartirse un contrato de BEAZ en el año 2016.
BEAZ, sociedad pública que gestiona el Centro de Emprendimiento, adjudicó en 2016 un contrato para la aceleración empresarial en Bizkaia a PwC solicitando una oferta de cobertura para la licitación a otra competidora
El contenido del contrato tampoco aparece en el expediente de la CNMC, pero según se desprende de una sentencia judicial a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, BEAZ adjudicó en 2016 un contrato a PwC para la aceleración empresarial en Bizkaia para había solicitado a la consultora PA Consulting una oferta de cobertura para la licitación. La misma sentencia menciona un correo electrónico de la firma que ahora lidera Asier Atutxa dirigido a PA Consulting con dicho fin.
Ese mismo año, BEAZ había adjudicado otro contrato para la aceleración empresarial que fue objeto de reproche por parte de un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). El informe, fechado en 2018 y al que también ha tenido acceso esta revista, señalaba que los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares incluían “un apartado de mejoras sin precisar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación”.
Este informe lo firmó el vicepresidente del TVCP, en lugar del presidente, José Luis Bilbao, exDiputado General de Bizkaia. Antes de hacerse público dicho informe, BEAZ volvió a adjudicar a PwC otro contrato para la aceleración empresarial en Bizkaia a finales de 2017.
Los tres contratos adjudicados por BEAZ entre los años 2016 y 2017 a la consultora del cártel suman cerca de medio millón de euros.
Meses más tarde de que se firmaran contratos por medio millón de euros entre ambos, BEAZ fichó como gestora de proyectos a Paula Pereda, que se había formado en PwC
Meses más tarde de que se firmara el último contrato entre ambos, BEAZ fichó como gestora de proyectos a Paula Pereda, que se había formado en PwC. Para cerrar el círculo, en marzo de 2021, Jordán Guardo, hasta entonces asesor del alcalde de Bilbao, dejó su puesto para fichar por PwC y pasó a trabajar en el Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia, ahora conocido como B Accelerator Tower (BAT). Como señalaba recientemente en un artículo José A. del Moral, “tener a profesionales bien conectados con los políticos es clave para las Big Four”.
La connivencia entre la administración pública y las consultoras es de un grado tal que hasta Deloitte, para defenderse de las acusaciones, llegó a alegar que el cártel norte de consultoras contaba con el conocimiento y el apoyo de la administración pública vasca. Sin embargo, el Gobierno Vasco ha bloqueado una iniciativa conjunta de toda la oposición con la que se pretendía que un ente independiente analizara la relación de la administración y el cártel liderado por empresas afines al PNV, lo que llevo a adjudicar un centenar de contratos menores irregulares entre los años 2008 y 2018 recogidos por la CNMC.
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Impugnación, críticas e incluso una dimisión en la Torre
El broche final a esta operación urdida entre las administraciones y PwC, la licitación para la gestión de la Torre Bizkaia. que alberga el Centro Internacional de Emprendimiento (es decir, el B Accelerator Tower), tampoco estuvo exenta de polémica. De hecho, uno de los candidatos que aspiraba a hacerse con el servicio, Impact Hub, con experiencia acreditada en la gestión de centros de este tipo de centros, impugnó la adjudicación a PwC.
Impact Hub centró su recurso señalando que la firma dirigida por Atutxa no había acreditado solvencia técnica y añadió otro detalle importante: el objeto del contrato adjudicado, los servicios de dirección y gestión del centro, no tiene cabida en el objeto social de la consultora. Además, añadía Impact Hub, la oferta de PwC contemplaba la subcontratación de los aspectos nucleares de los servicios requeridos. Siendo así, partidos políticos y periodistas se preguntaron: ¿por qué adjudicárselo?
El contrato, con una duración de 15 años, fue criticado por la oposición en Juntas Generales, llegando a acusar a la Diputación de Bizkaia de “falta de transparencia”. EH Bildu y Elkarrekin Podemos coincidieron en cuestionar el proyecto y la elección de PwC para liderar el centro. Incluso el director foral de Proyectos Estratégicos, Asier Alea, abandonó la Diputación, según fuentes consultadas por esta revista, a raíz del desacuerdo con las maniobras del PNV para beneficiar a la consultora dirigida en Euskadi por uno de sus altos cargos y ahora socio responsable de PwC España para Transporte, Turismo, Logística y Gobierno, Asier Atutxa.
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La externalización de la torre a firmas con giratorias
¿Cuántos millones se han gastado en la torre de Bizkaia, que en teoría albergaría la renovada política de innovación vascas?, ¿han cumplido con sus objetivos? El medio Gananzia lo dudaba cuando publicó en marzo de 2023 que la Diputación de Bizkaia ayudaba a PwC en la gestión del B Accelerator Tower “asumiendo algunos costes que en condiciones normales debería cubrir la consultora”. Mencionaba el caso de dos adjudicaciones que aparecen como contratos menores por parte de la sociedad foral BEAZ.
Por un lado, la gestión de las redes sociales entre octubre y diciembre de 2022, adjudicada a la empresa Global DM Tech por 6.300 euros. Gananzia señalaba que “no existe ninguna sociedad con ese nombre en el registro mercantil”. Por otro lado, el catering de un foro de inversión celebrado en la Torre Bizkaia del B Accelerator Tower, que se adjudicó a la empresa madrileña Mediterránea de Catering por 4.000 euros. El citado medio advertía que “esta sociedad pertenece al fondo Portobello y fue noticia recientemente por haber recibido ayudas de la SEPI relacionadas con la pandemia en circunstancias extrañas”.
Según datos recabados por Hordago-El Salto, además, el servicio de vigilancia de la Torre Bizkaia fue adjudicado por Azpiegiturak, entidad en la que fue recolocado el exDiputado General Unai Rementeria antes de su reciente nombramiento como presidente de Elkarkidetza. El servicio, adjudicado en dos contratos que suman más de medio millón de euros, quedó en manos de la firma Integral de Vigilancia y Control, administrada por el exburukide Josu Olazaran, conocido como “el zorro plateado”.
En noviembre de 2023, también se adjudicó la dirección de las obras de habilitación interior de las plantas 10 a 16 de la Torre Bizkaia. Este contrato, por valor de 266.200 euros, ha ido a manos de Idom, otra de las firmas del cártel de las consultoras. Tampoco es casualidad. La directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno Vasco, Leyre Madariaga, se formó como comercial internacional en Idom antes de comenzar a escalar posiciones en la administración pública vasca. Además, hasta el año 2015, uno de los directivos de Idom era el jeltzale Federico Bergaretxe, exdiputado vizcaíno de Presidencia de la Diputación de Bizkaia.
Nada de ello, sin embargo, ha impedido los malos resultados. Si bien el director del B Accelerator Tower, Eriz Sainz, reconocía que la apertura de nuevas plantas se había retrasado hasta 2024, aunque sin aportar ningún dato de ocupación, Gananzia publicaba que “todos los que han visitado el edificio reconocen que está repleto de espacios vacíos”.
Los datos recabados por Hordago elevan hasta 30 millones de euros de gasto público la puesta en marcha del Centro Internacional de Emprendimiento en la Torre Bizkaia; en su mayoría, han ido a parar a empresas con puertas giratorias con el PNV.
En 2022, la plataforma Kapitalari Planto! señaló que en total el Centro Internacional de Emprendimiento de la Torre Bizkaia, B Accelerator Tower, había costado ya unos 26,5 millones de euros a la ciudadanía, 10 millones más de lo previsto. Los datos recabados por esta revista elevan hasta al menos 30 millones de euros de gasto público para poner en marcha el Centro Internacional de Emprendimiento en la Torre Bizkaia; en su mayoría, que han ido a parar al bolsillo de empresas con casos de puertas giratorias entre personalidades del PNV y consultoras multadas por formar un cartel que manipulaba contratos.
Aparte de los adjudicados a PwC, Idom, los casos que lo ilustran, o Integral de Vigilancia y Control, una constructora que también cuenta con cualificadas puertas giratorias, Grupo Moyua, resultó ser la adjudicataria de las obras de habilitación interior de la planta 6 hasta la 16, por un importe de 11,3 millones. Este grupo ha llegado a contar en su directiva a jeltzales de la talla del exconsejero del Gobierno Vasco José Félix Ormazabal y del edil de Gasteiz César Fernández. Además, Joanes Labayen, casado con la presidenta del Parlamento Vasco y asesor del Gobierno Vasco, a su vez ha ejercido de secretario en el consejo de administración del Grupo Moyua.
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La familia Atutxa (PNV): empresas y contratos públicos de Asier e Iskander
Los hijos de Juan Mari Atutxa, Asier e Iskander han creado múltiples sociedades y obtenido millonarios contratos de la administración pública. Además, estas empresas han estado ligadas a casos de irregularidades ligadas al clientelismo en ayuntamientos vizcaínos
La Torre de los millonarios
La venta de la Torre Bizkaia sembró muchas dudas sobre el futuro Centro Internacional de Emprendimiento. Al fin y al cabo, se trataba de un pelotazo inmobiliario, no de impulsar el emprendimiento. Las familias Galíndez e Ybarra habían desembolsado 165 millones por la compra del edificio al fondo inversor Angelo Gordon y a Talus Real Estate en 2022, quienes lo habían comprado a BBVA en 2018 por 100 millones.
Las dudas son aún más elevadas si se conoce que las mencionadas sagas familiares de millonarios vascos de la lista Forbes, los Galíndez y los Ybarra Careaga, comparten intereses societarios con firmas radicadas en paraísos fiscales. En el caso de los Galíndez, su sociedad Solarpack está participada por Veleta BidCo, firma radicada en el paraíso fiscal europeo de Luxemburgo donde precisamente PwC protagonizó la operación de elusión fiscal denominada LuxLeaks. Mientras, la oligárquica familia de los Ybarra Careaga se convirtió en accionista de Más Móvil tras su entrada en Euskaltel, una operación que contó con la asesoría de, efectivamente, PwC, junto a Lorca Aggregator Limited, otra sociedad con sede en el paraíso fiscal de Jersey.
Como paradoja final, mientras la Torre Bizkaia se vende al exterior como atractivo para el emprendimiento empresarial gracias a las ventajas fiscales de la Hacienda vizcaína, los propietarios de la torre tributan en Madrid.
Antes de su incorporación a PwC, Asier Atutxa (hijo de un expresidente de la Fundación Sabino Arana que llegó a fichar por Iberdrola Ingeniería, Juan Mari Atutxa, quien coincidió con Bustingorri en la fundación jeltzale), había participado en el consejo de administración de hasta 18 empresas. En esta red empresarial Asier Atutxa engordó currículum para poder ser nombrado posteriormente presidente del Puerto de Bilbao, desarrollando un modus vivendi de “fontanero” del partido en el marco del modus operandi de la red clientelista del PNV en la administración pública.
Un ejemplo de su actividad, desvelada en 2013 en el libro “Jóvenes Burukides Bizkainos” (Txalaparta, 2013), lo encontramos entre los años 1998 y 2015, cuando cinco empresas de la familia Atutxa recibieron 200 contratos públicos con un monto total de 68 millones de euros. Tres de estas empresas, IAZ Estudioa, Arkigest e Ingeplan, figuran en sendos affaires de gestión en Bakio y Karrantza por los que fueron condenados judicialmente hasta dos alcaldes del PNV: Txomin Renteria y José Luis Portillo.
Previo a esta actividad, la experiencia laboral de Asier Atutxa se reducía a una primera etapa como gestor en la empresa de la familia de su esposa, Prefabricados Lemona, y más tarde, al polémico nombramiento como jefe de recursos humanos en el Museo Guggenheim. Aunque su nombre sonó en las quinielas para liderar el Bizkai Buru Batzar del PNV, el partido lo colocó en la presidencia del Puerto de Bilbao, un cargo muy bien remunerado, tal y como destapó esta revista al publicar que incluso recibió 55.318,27 euros en retribuciones opacas.
Cabe señalar que PwC está presidida en el Estado español desde 2015 por el bilbaíno Gonzalo Sánchez. Según fuentes consultadas por El Independiente, el PNV y el PP mantuvieron en mayo de 2018, tres meses después de fichar PwC a Asier Atutxa, varios encuentros en la casa de Gonzalo Sánchez.
En 2017, cuando la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) abrió la investigación contra el cártel de las consultoras, más tarde remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Gonzalo Sánchez afirmó que “desde luego PwC España no” estaba “entre las firmas investigadas”. En relación a las prácticas colusorias replicó: “No sé ni cómo se haría eso”, “no es algo legal y jamás se nos ocurriría hacer algo así”.
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El PNV siempre fue así. Regionalista salvo el día del partido, que es independentista. Obras, proyectos, para mis amigos y familia. Colocar gente de su entorno por medio de filtrar exámenes, y NO le importa Euskal Herria una mierda. Deshace sus agrupaciones de varios pueblos, para dárselos al PP (auténtico) y los mete en Diputaciones. . . ¡Algo contrario a lo que dicen! Le debe de pasar cuenta de todo ello, y que sea pronto.
El PNV burgués ha vivido empleando a los miles de familias. Un voto cautivo, que solo les sirve a los familiares de jelkides. Ahí está el Estatuto, sin completar hace 40 años, se cargaron a los dos lehendakaris Karlos Garaikoetxea y Ibarretxe, metieron al Ardanza y Urkullu. Meten al PP en diputaciones, deshacen agrupaciones locales y les entregan los ayuntamientos a la derecha ultra. . . ¡Aquellos que le quitaron la Lehendakaritza a Juan José Ibarretxe!
Si esto NO es motivo para un cambio. . .
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