Crisis climática
El recrudecimiento de la represión contra el activismo climático llega a los tribunales

Diez meses de prisión por participar en el bloqueo del puente de la calle Raimundo Fernández Villaverde, sobre el Paseo de la Castellana, en Madrid, convocado por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion el 7 de octubre de 2019. 21 meses más por ser una de las personas que formó parte de la acción de protesta de Rebelión Científica en el Congreso el 6 de abril de 2022, que acabó con la fachada de la Cámara baja pintada de rojo con zumo de remolacha. Esas son las penas máximas a la que se enfrentaría Jorge Riechamnn, poeta, filósofo, matemático, ensayista y profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) —además de activista social y militante de organizaciones como Ecologistas en Acción o Anticapitalistas—, si el juez aceptase íntegras las dos peticiones de condena de la Fiscalía en sendos procesos judiciales, puesto que una sentencia de más de 24 meses supone la entrada efectiva en prisión.

Es una situación similar a la que se enfrenta Francisco del Pozo, ingeniero técnico industrial y responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace. Además de los diez meses de cárcel que, al igual que a Riechmann, el Ministerio Público le pide por participar junto a cientos de personas más en el corte del puente sobre la Castellana, está pendiente de otro proceso judicial, también con posibles consecuencias penales.

Se trata del relativo a una acción de protesta llevada a cabo por Greenpeace el 26 de octubre de 2021 —a una semana de la Cumbre del Clima de Glasgow—, en la que el Esperanza, la embarcación más grande de la ONG, bloqueó la regasificadora del Puerto de Sagunto (València) impidiendo la entrada de un metanero proveniente de Estados Unidos. El buque estaba cargado de 138.000 m³ de gas fósil procedente de fracking, una técnica de extracción prohibida en España. En este caso, la Fiscalía le pide cinco años de cárcel, al igual que a otros compañeros, por desórdenes públicos. Además, la organización ya tuvo que hacer frente a una sanción de Capitanía Marítima por valor de 170.000 euros, multa que el colectivo ecologista recurrió.

Cuando poner el cuerpo por un mundo mejor te sitúa en la mirilla

El activismo ecologista está en el punto de mira, y siete años después de la eclosión —y posterior represión— del movimiento climático que surgió a finales de la pasada década con la aparición de Fridays for Future y Extinction Rebellion los procesos legales se suceden. Como dice el propio Del Pozo, “estamos en una época en que están lloviendo juicios: de aquellos barros, estos lodos”. 

Si el pasado jueves tenía lugar la vista oral contra nueve activistas que arrojaron pintura biodegradable a la fachada del Congreso en marzo de 2023, justo un año después de que Riechmann y otros científicos y activistas hicieran lo propio debido a la inacción del Gobierno ante la crisis climática, este martes 26 de mayo tendrá lugar el juicio contra los encausados por la acción sobre el puente del Paseo de la Castellana. Además de Riechmann y Del Pozo, también se enfrenta a la misma pena la activista de Extinction Rebellion Marina M. Martínez. A los tres se les acusa de un delito de resistencia grave a la autoridad, penado con condenas de tres meses a un año de prisión y por el que la Fiscalía pide diez meses a cada uno.

Entre las más de 300 personas que participaron en el bloqueo, decenas de las cuales fueron identificadas por los agentes de la policía, solo Riechmann, Del Pozo y Martínez fueron detenidas

Corría el año 2019 y el movimiento por el clima estaba en pleno auge. Fue el momento en que la protesta de una niña de 15 años, que cada viernes se plantaba ante el parlamento Sueco con un cartel con la frase Skolstrejk för klimatet (Huelga escolar por el clima), cristalizó en un movimiento juvenil global para exigir medidas contundentes para frenar la crisis climática. Pero los Fridays for Future de Greta Thunberg no fueron el único estallido social relacionado con el cambio climático: la desobediencia civil de Extinction Rebellion, nacida en octubre de 2018 en el Reino Unido, se propagó al año siguiente por todo el planeta para exigir lo mismo que los jóvenes de Fridays for Future con activistas de todas las edades y un toque más e fuerza.

En España se hablaba del 15M climático y eventos como la Semana Internacional de la Rebelión Contra la Extinción o la Huelga Global por el Clima tuvieron un amplio seguimiento. Es en ese contexto en el que se enmarca la acción de la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y el nodo español de Extinction Rebellion que este martes llega a los juzgados de Julián Camarillo, 11, en Madrid.

Las organizaciones convocantes llamaban a realizar un acción directa no violenta para “colocar la justicia climática en el centro y para garantizar una vida digna para todas las personas y especies”. La llamada estaba programada para el 7 de octubre en un Madrid que iba a ser sede inesperada de la XXV Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP25) apenas dos meses después. “La situación es grave y debemos cambiar las tácticas. Necesitamos dar un paso hacia la desobediencia civil no violenta frente a la inacción política”, señalaban en un comunicado en el que pedían a las personas interesadas que se inscribiesen en un formulario para participar en la acción.

La petición de diez meses de prisión promulgada por la Fiscalía es considerada por el activista “completamente sobredimensionada”. “Ejercimos nuestro derecho a la protesta pacífica, poco más. Desobediencia grave nos parece excesivo”

Entre las más de 300 personas que ese día participaron, decenas de las cuales fueron identificadas por los agentes de la policía, solo Riechmann, Del Pozo y Martínez fueron detenidas. “No sabemos por qué fue un poco aleatorio, porque no fuimos los últimos e hicimos lo mismo que todos los demás: estar sentados en el puente ejerciendo nuestro derecho a la protesta”, relata el responsable de Greenpeace a El Salto.

La petición de diez meses de prisión promulgada por la Fiscalía es considerada por el activista “completamente sobredimensionada”. “Están lloviendo este tipo de acusaciones desproporcionadas; estos delitos, digamos, abiertos y no muy desarrollados como ‘desobediencia’. Ejercimos nuestro derecho a la protesta pacífica, poco más. Desobediencia grave nos parece excesivo”.

Del Pozo sostiene que Fiscalía y administraciones deberían tener en cuenta que dicha protesta se llevó a cabo en un contexto determinado. “El propio Gobierno luego dictó la emergencia climática, con lo que nuestras demandas eran evidentes y fueron parcialmente recogidas”, indica, en referencia no solo a la declaración de emergencia climática sino también a la creación de una Asamblea Ciudadana por el Clima, entre otras. “No ejercimos la violencia, simplemente nos sentamos ahí para exigir algo por lo que luego se nos dio la razón. Aunque fue pobre y evidentemente no se llegó a lo que queríamos, hubo un guiño por parte del Gobierno a estas peticiones, con lo que son absurdas las peticiones de la Fiscalía”.

Multiplicación de procesos judiciales

Lejos de ser un caso aislado, la intensificación de la represión contra el activismo ecologista a partir del año 2022 es un hecho. De al menos 27 detenciones relacionadas con éste en dicho año se pasó a no menos de 74 en 2023, tal como recoge el informe Diagnóstico del derecho a la protesta: vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-23, realizado pro la plataforma Defender a quien defiende y coordinado por Novact e Irídia. Si en 2022 “ya se pudo observar cierta tendencia represiva” contra el activismo climático —se puede leer en el documento—, en 2023 “la represión y persecución política de activistas climáticos ha sido el principal titular del análisis de vulneraciones del derecho a la protesta en el Estado español”.

Francisco del Pozo: “Las causas por las que pusimos el cuerpo entonces siguen ahí: a la crisis climática se nos junta una crisis de democracia y de falta de paz brutal”

Al respecto, desde Greenpeace, Ecologistas en Acción y Anticapitalistas sostienen que no se trata de juicios rutinarios, sino de “elementos centrales de la respuesta del Estado ante la actuación colectiva por el clima”. “El sistema de consumo y producción sin límites acoge con gusto el discurso verde, pero no puede soportar una respuesta real que plantee límites efectivos para el desarrollo capitalista y en favor de una sociedad ecológica y socialmente sostenible”, denuncian en un comunicado conjunto. “Por eso, las causas penales que enfrentan [Martínez, Del Pozo y Riechmann] son una forma de reprimir y controlar la organización colectiva y la protesta popular”, añaden. 

A pesar de ello, Del Pozo no duda ante la pregunta de si volvería hacerlo. “Claro, creo que tenemos el deber de hacerlo. Las causas por las que pusimos el cuerpo entonces siguen ahí: a la crisis climática se nos junta una crisis de democracia y de falta de paz brutal”. De hecho, las razones de aquellas protestas se han intensificado. A la aceleración de la crisis climática se le suman las guerras derivadas del control de los combustibles fósiles, el auge del autoritarismo ligado a un nuevo colonialismo y la pérdida de fuerza del movimiento climático tanto a nivel de presencia mediática y discursiva como a nivel político. “Gaza, Irán, Ucrania… No ha cambiado nada, si acaso vamos todavía a peor, y tenemos el deber moral de seguir poniendo el cuerpo de manera pacífica”, sentencia el activista.

Del Pozo, Martínez y Riechamnn, no obstante, no están solos frente a la justicia. Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace han convocado una concentración a los tres el 26 de mayo a las 9 horas en los Juzgados de Julián Camarillo, 11, en Madrid. Su objetivo: “Exigir la absolución de todas las personas acusadas, defender el derecho a la protesta y denunciar la criminalización de la lucha por el clima”.