Ayuntamiento de Madrid
El funcionario inhabilitado por un derribo ilegal en Cañada Real continúa firmando órdenes de demolición

En junio de 2025, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a un vecino de Cañada Real cuya vivienda había sido derribada, con una sentencia que condenaba a Julio César Santos, concejal y jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, firmante de la orden de derribo, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Quedaba así demostrado que su expedita actuación constituía un abuso del poder público con alevosía institucional y premeditación que vulneraba el derecho a la vivienda y al territorio.

Y es que el 19 de julio de 2022, cuando volvía de pasar unos días de vacaciones en Marruecos, A.C encontró la vivienda en la que llevaba residiendo desde 2004, en el sector seis de Cañada Real, reducida a escombros. En cuestión de minutos quedaron enterrados todos los enseres personales, electrodomésticos y recuerdos de su familia. Meses antes habían recurrido, en plazo, una resolución administrativa que les obligaba a abandonar la vivienda de forma voluntaria y estaban a la espera de la resolución definitiva. Fue después de que, en abril de ese año, recibiera una notificación de cese de uso por parte del Ayuntamiento por supuesta construcción ilegal.

En ese tiempo habían rechazado una opción “envenenada” de realojo debido a que la alternativa estaba a muchos kilómetros de distancia de Cañada -como viene siendo habitual durante los procesos de desalojo forzoso en el barrio-, con el impacto que esto genera en las redes comunitarias preexistentes. Ello se produjo a espaldas de lo establecido en el Pacto Regional para la Cañada Real de 2017, elaborado sin la participación de las vecinas de Cañada, donde queda patente que los realojos no pueden implicar el desarraigo de las habitantes sino que deben realizarse dentro del mismo territorio.

El hecho de que la sentencia condenatoria no sea firme todavía es lo que, tal y como explica Carlos Castillo, abogado de CAES, permite que César Santos continúe firmando órdenes de demolición

Sin notificar en ningún momento a A.C ni a su familia y aduciendo falsamente que la vivienda estaba abandonada se procedió al derribo sin presencia policial. La orden se dictó en menos de 24 horas y se ejecutó ilegalmente en 72, por lo que el caso fue llevado ante los tribunales. Años después, el fallo judicial determinó que con la demolición no se había respetado el derecho a la defensa del afectado ya que había un proceso judicial abierto al haber presentando alegaciones. Por tanto, se abrió la vía a la reclamación de una indemnización para el vecino, reconociendo la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid, obligado a responder patrimonialmente por los daños causados.

Sin embargo, el hecho de que la sentencia condenatoria no sea firme todavía es lo que, tal y como explica Carlos Castillo, abogado de la acusación particular y miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), permite que actualmente César Santos continúe firmando órdenes de demolición. Más de 30 familias de Cañada Real han recibido notificaciones de desalojo y órdenes de derribo, algunas firmadas por este mismo funcionario, que llegaron el día en que se cumplían los 5 años sin luz en el sector 6.

El letrado calcula que a lo largo de este año llegará por fin la sentencia definitiva pero por el momento el funcionario legalmente suspendido continúa trabajando como jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Otro funcionario con responsabilidad administrativa en este conflicto es Markel Gorbea Pérez, excomisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real. Gorbea había enviado cerca de siete días antes del derribo una comunicación a Santos en el que alegaba, sin previa verificación, que la vivienda estaba deshabitada. No obstante, la escolarización de los menores en Rivas y el empadronamiento de los miembros del núcleo familiar en el inmueble demuestran lo contrario. A pesar de que el exfuncionario reconoció los hechos, el tribunal negó –y por tanto absolvió– que éste tuviera cualquier capacidad de decisión directa sobre el derribo, pese a que su informe con datos intencionadamente falsos fue la que dio luz verde a la demolición.

“La ley se aplica contra las vecinas, pero no contra quien vulnera desde el poder. Estas órdenes de derribo obligan a las personas afectadas a entrar en un proceso de laberinto burocrático”: PAH Vallekas

“La ley se aplica contra las vecinas, pero no contra quien vulnera desde el poder. Estas órdenes de derribo obligan a las personas afectadas a entrar en un proceso de laberinto burocrático para recurrir una sentencia que debería ser nula desde el primer momento. En Cañada Real la Administración actúa al margen de la ley cuando le conviene”, protestan a través de un comunicado las integrantes del sindicato de vivienda PAH Vallekas, co-creadoras de la campaña #Cañadasequeda por el derecho al territorio de este vecindario. El tribunal madrileño calificó en su momento de “arbitraria” y “deliberadamente injusta” la actuación del alto cargo municipal y recalcó que Santos “actuó a sabiendas de la injusticia que se cometía”, imponiendo su voluntad al margen del procedimiento legal y provocando una vulneración flagrante de derechos fundamentales, comentan desde el CAES.

La impunidad de César Santos al estar firmando órdenes de demolición posteriores a su inhabilitación de empleo y sueldo choca frontalmente con lo estipulado en la ley de suelo de la Comunidad de Madrid. Ésta indica que aquellas viviendas que están construidas desde más de cuatro años no se pueden derribar ya que gozan de legalidad, algo que a todas luces no se está teniendo tomando en cuenta con la firma de estas nuevas órdenes.

En noviembre pasado la PAH vallecana ha presentado ante el Contencioso Administrativo medidas cautelarísimas, que permiten paralizar los derribos y requieren de su inmediata adopción sin necesidad de audiencia de la parte contraria

Amparándose en esta consideración legislativa y con el objeto de frenar las próximas demoliciones anunciadas, desde el pasado mes de noviembre la PAH vallecana ha presentado ante el Contencioso Administrativo medidas cautelarísimas, que por su urgencia permiten paralizar los derribos y requieren de su inmediata adopción sin necesidad de audiencia de la parte contraria. En algunos casos ya han obtenido una respuesta favorable, otras todavía no han sido respondidas. También el CAES presentó estas medidas en febrero del año pasado aludiendo igualmente a la suspensión del funcionario y, por tanto, su incompetencia de cara a firmar nuevas órdenes en el territorio.

Impunidad sustentada en la violencia institucional

Pero quienes llevan años pugnando por la dignidad de las vecinas de Cañada, que también han alzado la voz contra el corte de suministro eléctrico o el abandono institucional total en el territorio bien saben que los derribos no son casos aislados, sino la resulta de “una política deliberada de acoso inmobiliario”. Una violencia institucional de primer orden que lleva más de cinco años prolongándose para propiciar la salida “voluntaria” de los residentes del barrio hasta vaciarlo por completo. Desde que empezaron a proyectarse los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste madrileño, los distintos consistorios han tratado por activa y por pasiva -es decir, a través de políticas de acoso y derribo- hacerse con el espacio.

Una vez más, los intereses especulativos prevalecen sobre los derechos humanos y las viviendas turísticas y de lujo se abren paso mientras las vecinas se ven forzadas a abandonar sus comunidades. Así pues, la defensa de la Cañada, una batalla que está siendo librada mayoritariamente por mujeres marroquíes, trasciende la mera pugna por el derecho a la vivienda. Se trata de librar un pulso por resistir estoicamente en aquellos hogares que décadas atrás sus familias dedicaron tiempo, sudor y esfuerzo en construir desde cero.

El racismo institucional como herramienta de desgaste

La Comunidad de Madrid está tratando de precipitar las expulsiones a través de derribos y realojos (a los que, además, solo pueden acceder cerca del 20% de las familias ya que se condiciona su acceso a haber habitado en Cañada desde antes de 2011), pero también a partir de estrategias de desgaste continuadas. Así lo asegura Houda Akrikez, fundadora y presidenta de la Asociación de mujeres Tabadol de Cañada Real: “El dejar todo sin limpiar cuando derriban casas provoca ratas, bichos, serpientes y hay familias que su casa colinda con la que ha sido derribada, totalmente rodeada de escombros y de basura, con la contaminación que trae consigo. Es otra táctica de agobio a las vecinas para que se desalojen de sus viviendas haciendo que el entorno sea peligroso para que te agobies y te vayas de tu casa”, desliza con vehemencia.

Que el Ayuntamiento permita dejar escombros y basura “es otra táctica de agobio a las vecinas para que se desalojen de sus viviendas haciendo que el entorno sea peligroso para que te agobies y te vayas de tu casa”: Mujeres Tabadol

Desde Tabadol llevan años librando una desigual batalla contra el relato criminalizador que muchos medios han perpetrado a base de desinformación y estigma racista, narrativas que sirven para legitimar los derribos: “El Estado me está intentando quitar todos los servicios básicos para que mi casa aparezca como una casa que no cumple los requisitos. Tenemos viviendas que son dignas para nosotras y que queremos conservar, pero que el Estado las está haciendo indignas. Nos están abandonando en una situación inhumana para desalojarnos”, sostiene Akrikez.

Una situación con claros tintes de racismo, dado que las familias residentes en Cañada son en su mayoría migrantes magrebíes y gitanas rumanas, especialmente en el sector seis. Esa discriminación ha tocado techo cuando familias en situación administrativa irregular recibieron por parte de las autoridades policiales amenazas de deportación si se negaban a abandonar “voluntariamente” sus viviendas. Houda cuenta cómo, hace 20 días presenció la amenaza de dos agentes de policía hacia una pareja joven marroquí que no manejaba con solvencia el castellano: “Me llamaron para poder estar con ellos y nada más llegué, encontré a la policía diciéndoles, cómo sigas aquí te vamos a mandar a tu país”, relata. Buena parte de la impunidad de funcionarios como César Santos descansa en ese racismo persistente, que da alas a actuaciones desproporcionadas e ilegales cuando las afectadas son vulnerables y racializadas.

Acuerpadas por sus compañeras de La Laboratoria, copartícipes de la campaña, la Asociación Tabadol y PAH Vallecas protagonizarán una marcha el próximo 31 de enero para reivindicar el derecho a la vivienda y el territorio de las vecinas de La Cañada. La protesta, que se prevé multitudinaria, comenzará en Vallecas y finalizará en el sector 6. “Cañada sale en medios, se ganan premios en festivales con los documentales que se ruedan en el barrio, pero continúa siendo un fantasma en la ciudad, un fantasma también en Vallecas. Urge romper ese cerco. Urge 'abandonar el tono de excepcionalidad' que en todos los planos inunda las conversaciones sobre Cañada”, recuerdan en un comunicado las artífices de la campaña.