Julio Fuentes

Diversas organizaciones sociales se han hecho eco de la terrible situación que están viviendo las personas migrantes a causa del COVID-19. Una situación que, en opinión de la Confederación General del Trabajo, justifica, ahora más que nunca, la necesidad de que estas personas puedan acceder a una atención sanitaria, así como al acceso a cuantas medidas se han diseñado para proteger a las personas en situación de exclusión y más vulnerables, sin olvidar el acceso a la educación o a recursos habitacionales.

El teletrabajo que se viene desarrollando en las empresas desde que se decretó el Estado de Alarma ha de ser entendido como una medida de carácter preventivo.

La salvaje privatización de los servicios públicos que ha vivido este país durante los últimos años muestra durante estos días su cara más dramática. La privatización de la sanidad, parapetada bajo el pretexto de una mejor eficiencia, se demuestra como un error imperdonable; un error que no se solucionará haciendo palmas cada día desde nuestro confinamiento a las ocho de la tarde, y para el que será imprescindible el empuje de la ciudadanía en su conjunto cuando al fin podamos tomar las calles.

El Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018 es el último del que disponemos a fecha de hoy, y mediante el mismo se pueden observar los medios de que dispone la Inspección de Trabajo en nuestro país, así como el detalle de sus actuaciones. Los datos del citado informe nos indican que los recursos son en algunos casos insuficientes, dado el alto nivel de incumplimientos por parte de las empresas, ya que aunque el número de actuaciones ha sido menor que en ejercicios precedentes, el importe de las sanciones propuestas ha sido superior.

Nuestro ordenamiento jurídico dice que el derecho de sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto.

Cada vez que se convoca una huelga de cierta entidad, los medios de comunicación tratan de poner sobre la mesa un viejo y falso debate. ¿Qué derecho tiene preeminencia? ¿El derecho a huelga como medida de presión para que la clase trabajadora pueda defender sus derechos, o el derecho de la ciudadanía respecto a los servicios esenciales para la comunidad?

El próximo día 26 de febrero se celebrarán elecciones sindicales en la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid), una empresa que presta un servicio básico a los madrileños y madrileñas, y que depende directamente del Ayuntamiento de Madrid.

Existe una trampa recurrente, por parte de los sindicatos mayoritarios (CC.OO.-UGT), que favorece enormemente los intereses empresariales. Dicha trampa consiste en mantener un discurso que trata en todo momento de posponer las luchas.

Los nuevos dispositivos de salud nos transforman nuestra salud en deseo inalcanzable a pesar del cumplimiento estricto de los deseos de la “máquina”

Andalucía era la única Comunidad Autónoma que no había conocido la alternancia política desde el final del franquismo. Durante esos cuarenta anos, los gobiernos socialistas han ido tejiendo una perniciosa red clientelar y han ido desarrollando políticas cada vez más escoradas a la derecha. Ahora sabemos que Andalucía es también el primer gobierno autonómico sustentado por un partido de ultraderecha.