Laboral
Los menguantes recursos de la Inspección de Trabajo: estos son los datos

Durante el año 2018 se han detectado 91.325 infracciones a la legislación en orden social, con un importe de las sanciones propuestas de más de 300 millones de euros. Sin embargo, si observamos las materias que han sido objeto de dichas propuestas de sanción, podemos observar esas carencias que antes indicaban y que desgranaré más adelante.

ALGUNOS EJEMPLOS

En cuanto a los medios humanos, y en materia de prevención de riesgos laborales, el número de Técnicos Habilitados de las Comunidades Autónomas que han desarrollado su actividad durante 2018 es muy desigual territorialmente. Asturias, Canarias, Cantabria o País Vasco no cuentan con ningún Técnico Habilitado, una figura que se creó allá por 2003 y que comenzó a implantarse de manera efectiva desde 2006, esto es, doce años antes del citado informe. Sin embargo, en otras comunidades autónomas sí hay un desarrollo de esta figura (Andalucía 20, Aragón 13, Castilla la Mancha 13, Extremadura 17, Cataluña 31, etc.).

Si analizamos el número de Inspectores de Trabajo, nos encontramos con una tendencia decreciente en cuanto a subinspectores (aún más pronunciado en el periodo 2013-2017), y con un estancamiento en los recursos en cuanto a inspectores de trabajo. De hecho, hay que remontarse a 2011 para ver un incremento notable respecto a las plazas convocadas dentro del cuerpo de inspectores. Por último, en cuanto al personal de apoyo administrativo en las inspecciones provinciales de la Administración General del Estado, 2018 ha concluido con 67 personas menos.

Si analizamos los datos en cuanto a visitas y comparecencias en empresas, la tendencia es a la baja, y de forma continuada, desde el año 2011. Si al principio de la pasada década el número de visitas a los centros de trabajo por parte de la inspección se cifraba en unas 700.000, en el año 2018 apenas se llega a las 550.000. El número de actas de infracción, asimismo, ha mantenido idéntica evolución. Si en 2011 se realizaron 62.563, podemos observar que en los tres últimos años recogidos en el informe (2016-2017-2018) la cifra está en torno a las 55.000 actas de infracción. Por último, el número total de actuaciones del periodo 2011-2013 (en torno al millón doscientas mil por cada año) ha descendido a su dato más bajo en 2018, con 1.020.068.

En aquellas empresas sin representación sindical es donde la actuación de oficio por parte de la inspección debería ser más habitual. Sin embargo, si observamos determinados datos, esa falta de medios que se identificaban más arriba, unido a la voluntad política de quienes tienen encomendada la tarea de desarrollar campañas concretas dentro la inspección, nos muestran carencias preocupantes.

EL CASO DE LAS ETT

En el ámbito de las actuaciones en materia de relaciones laborales (de un total de 142.081), tan sólo se llevaron a cabo 574 actuaciones respecto a empresas de trabajo temporal. Un pírrico 0,4% del total de actuaciones realizadas en este apartado, cuando en ese mismo año se celebraron más de 4 millones de contratos de esta modalidad. En el ámbito de actuación de prevención de riesgos laborales, de un total de 311.234 actuaciones sólo se realizaron 180 en cuanto a obligaciones con trabajadores de ETT. En este caso, el porcentaje de actuaciones es casi inexistente: tan sólo un 0,06%.

Datos que hablan por sí solos y que muestran una realidad preocupante. Mientras los datos de siniestralidad laboral siguen al alza, observamos carencias que nos demuestran que la precariedad laboral no sólo se combate introduciendo novedades legislativas. Si la pasividad de las instituciones no garantiza su cumplimiento, muchos sectores, especialmente los menos sindicalizados, se encontrarán en absoluta indefensión.