Andalucía
La Junta de Andalucía busca aprobar una ley de vivienda que “criminaliza la pobreza” y apuesta por el ladrillo

El año electoral que se acerca parece estar soplándole en la nuca al presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, que se está apresurando en adelantar los procesos para aprobar diversos proyectos que han formado el eje central de su política y de sus promesas. Una de sus “obsesiones”, como él mismo ha remitido, es la puesta en marcha de la Ley de Vivienda de Andalucía que, según la propia Junta, “tiene como objetivo principal facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada”. El pasado 10 de septiembre el Consejo de Gobierno andaluz daba el visto bueno a la próxima normativa que, para hacerse realidad, tendrá que ser remitida al Parlamento andaluz, para posteriormente ser trabajada y debatida. La Junta planea que este proceso se realice antes de que comience el camino hacia las elecciones de 2026, por lo que se espera que los trámites se agilicen.

“Las causas que explican esos problemas son totalmente falsas y las soluciones que propone, no solo no combaten los problemas, sino que los agravan y además aparecen otros”, explica Ariana S. Cota, antropóloga.

La ley coincide con una situación de emergencia habitacional que recorre Andalucía por completo; según el Índice Inmobiliario Fotocasa, en muchas localidades andaluzas el precio de las viviendas se ha elevado un 20%. Según este mismo índice, alquilar una habitación es un 40% más caro que hace doce meses. En el primer trimestre de 2025, Andalucía registró 1.125 desahucios, encabezando el número de estas ejecuciones en el Estado. Según el Centra, la segunda preocupación de las andaluzas y andaluces es la vivienda. Una problemática que el Gobierno andaluz, como expone en su ley, quiere resolver a golpe de ladrillo o, como justifica el presidente andaluz, “no se construyen las suficientes viviendas desde hace muchos años, así que encarece la que ya hay y la hace prácticamente inaccesible”.

Un punto de partida desacertado

Un análisis que, según las expertas y expertos, es erróneo: “Las causas que explican esos problemas son totalmente falsas y las soluciones que propone, no solo no combaten los problemas, sino que los agravan y además aparecen otros”, explica Ariana S. Cota, antropóloga de la UGR y miembro de Stop Desahucios en Granada. “No es un problema de falta de vivienda, sino que el problema es el acceso a la vivienda; ya hay viviendas y la gente no puede acceder a ellas”, matiza la experta. Andalucía es la comunidad autónoma que encabeza el número de viviendas vacías en todo el Estado español, un 13,73% según el INE, lo que supone más de 640.000 inmuebles en los que no vive nadie de forma habitual. Por si no fuese suficiente el informe elaborado por el Ministerio de Vivienda con datos de 2024 acerca del número de viviendas disponibles dentro del Estado, cifra en 67.000 los inmuebles de nueva construcción que no tienen comprador.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expuso que tanto en Madrid como en Andalucía se encuentra “el agujero negro” de la privatización de la vivienda pública.

Otro de los puntos que la consejera de vivienda andaluza, Rocío Díaz, celebra de la ley es su propuesta de vivienda pública que expone que “quiere aumentar y mejorar”; sin embargo, el Gobierno de España ha advertido a la comunidad autónoma que si no blinda el parque de vivienda pública e impide que llegue al mercado. El proyecto de ley de la Junta de Andalucía estipula que en un marco de entre 5 y 15 años el inmueble pueda venderse y comprarse. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expuso que tanto en Madrid como en Andalucía se encuentra “el agujero negro” de la privatización de la vivienda pública, y ha anunciado que la comunidad que no la proteja de formar parte del libre mercado no contará con las ayudas del Gobierno central en materia de vivienda.

“El primer error es que la vivienda social en Andalucía está dirigida a la compra, por lo que no puede utilizarse en caso de emergencia habitacional; además, la Junta de Andalucía ha aumentado el rango de ingresos para poder beneficiarte de una VPO, es decir, para que gente con más dinero pueda acceder a ellas; es un disparate”, reflexiona Ibán Díaz, geógrafo y portavoz del Sindicato de Inquilinos de Sevilla. En marzo de 2025, el Ayuntamiento de Sevilla abría la convocatoria a unas Viviendas de Protección Oficial en la Cruz del Campo. Unos inmuebles cuyos precios oscilan entre los 200.000 y los 350.000 €, unos precios muy superiores a los de convocatorias anteriores y al que puede afrontar el grueso de la población, y una realidad denunciada por los colectivos por el derecho a la vivienda.

Persecución a la ocupación y a los movimientos por la vivienda

Una de las medidas más llamativas de la Ley de vivienda que Moreno Bonilla quiere hacer realidad es la creación de una Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación Ilegal. Si se hiciese realidad, sería la primera vez que una comunidad autónoma crea una normativa propia que regula la “ocupación ilegal”, como lo definen desde la Junta de Andalucía. “Tiene un carácter muy ideológico, muy populista y criminaliza la pobreza”, expone sobre la medida Díaz. “Sobredimensiona el problema y lo equipara a los desahucios; hemos tenido en Andalucía años con más de 10.000 desahucios, mientras que las causas abiertas por usurpación son mínimas, apenas cientos”, matiza.

“Tiene un carácter muy ideológico, muy populista y criminaliza la pobreza”, expone sobre la ley Ibán Díaz, geógrafo.

La ley andaluza recoge además que las personas que hayan ocupado un inmueble no podrán acceder a una vivienda social en cinco años: «No podrán ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta, las personas que en los cinco años anteriores al procedimiento de selección hayan sido condenadas, en sentencia firme, como autores de los delitos de allanamiento de morada con mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador o usurpación de vivienda o se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública ubicada en el mismo municipio», reza el proyecto. Una realidad que, como indica S. Cota, busca señalar a las personas en situación de vulnerabilidad: “protege mucho más a los arrendatarios y está impidiendo que una familia que habita una vivienda vacía propiedad de un banco, que no la va a habitar, no pueda demandar una vivienda social”. El artículo 245 del Código Penal español recoge el delito de okupación. “Es una medida populista porque no se puede castigar un delito dos veces según el marco legislativo español”, matiza el geógrafo. 

Para Ariana S. Cota, la creación de esta Comisión tiene como otro de sus objetivos la desmovilización de los momentos por la lucha de la vivienda: “Están pidiendo un control a la gente, porque si estás en situación de desahucio vas a tener que ir a ellos; lo que quieren es, por un lado, desmovilizar las luchas, penalizar a quienes acudan a los colectivos que luchamos por mantener a las personas en su vivienda”.