Andalucía
La criminalización de la okupación se expande por Andalucía

El miedo a que te ocupen la casa al bajar a por el pan, auspiciado por partidos de derecha, ultraderecha, publicidad de empresas de seguridad y algunos medios de comunicación, ha calado en los consistorios de Sevilla y Granada. Durante el mes de julio, ambas ciudades han anunciado la creación de una oficina antiokupación. Una estrategia que sigue la marcada por el PP andaluz, que en 2021 creó un teléfono antiocupación, que ha recibido menos de 12.000 llamadas en los últimos cuatro años y que en la próxima ley de vivienda de la comunidad, que pretende poner en marcha a finales de 2025, pone el foco de forma especial en la “coordinación, información y asesoramiento en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal”, mientras pasa de puntillas por la creación de políticas sociales para el acceso a la vivienda que afecta al grueso de la sociedad andaluza.

En la presentación de la Oficina de Asesoramiento en materia de Vivienda y Ocupación, el alcalde sevillano José Luis Sanz ha anunciado que Vox es su “mano amiga” y que, en cuanto a la “okupación ilegal”, hay una “total coincidencia entre Partido Popular y Vox”. La creación de este espacio, como el de la oficina antiaborto abierta el pasado mayo, es una de las concesiones que el alcalde popular tuvo que hacer al partido de ultraderecha para que se diera luz verde a los presupuestos locales y se situara en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, EMVISESA. El alcalde ha insistido en que la oficina “se aleja de lo ideológico” y ha tildado la okupación como “una emergencia social”.  Una afirmación que desmienten los datos. En 2023 se registraron en toda la provincia sevillana, según el Ministerio del Interior, 506 denuncias por ocupación, sobre un parque de 919.899 viviendas. Eso supone apenas el 0,05%, una cifra que además descendió un 30% respecto al año anterior.

“Es una oficina sin sentido; el Ayuntamiento nos distrae con el miedo a la okupación en lugar de atender la falta de vivienda accesible”, explica Macarena, activista del Área de Marginación y Vivienda de la APDHA

Colectivos sociales como la APDHA han denunciado la creación de este proyecto: “Es una oficina sin sentido; el Ayuntamiento nos distrae con el miedo a la okupación en lugar de atender la falta de vivienda accesible”, explica Macarena, activista del Área de Marginación y Vivienda de la organización. La activista denuncia que se trata de una apuesta que busca “criminalizar la pobreza” y desplazar el foco del debate público. En Sevilla, como explican desde la APDHA, hay “pobreza estructural, alquileres imposibles y miles de familias sin alternativa habitacional. Ya no puedes alquilar una vivienda en Sevilla por menos de 800 euros en zonas obreras; esa es la realidad que no se está atendiendo”.

Los indicadores de vivienda en Sevilla dibujan una situación crítica: más de 18.000 familias están inscritas en el registro de solicitantes de vivienda pública. A esto se suman muchas más que no pueden registrarse por la dificultad documental o por la escasa oferta pública. La vivienda social apenas representa el 3,3% del parque nacional, muy por debajo de la media europea del 9,3%.

En 2024, los juzgados granadinos abrieron 56 procesos relativos a la okupación, mientras que ejecutaron 336 desahucios y 673 ejecuciones hipotecarias

En Granada, la alcaldesa Marifrán Carazo anunciaba este mes la puesta en marcha de la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas en septiembre en la sede del Colegio de Abogados local. Carazo considera la puesta en marcha del proyecto como “una necesidad urgente” ante “un problema social” que hace que los vecinos “se sientan indefensos”. En 2024, los juzgados granadinos abrieron 56 procesos relativos a la okupación, mientras que ejecutaron 336 desahucios y 673 ejecuciones hipotecarias. 

Desde el Sindicato de Vivienda de Granada consideran que esta oficina es “claramente un chiringuito del Ayuntamiento, un uso de dinero público que únicamente responde a la criminalización de sectores vulnerables de la población de la ciudad”. Desde el SVG miran con especial preocupación la colaboración entre el Ayuntamiento y el colegio de abogados “puesto que son esos abogados los que en un futuro podrían encontrarse defendiendo a una familia que va a ser desahuciada o a víctimas de empresas de antiokupación”. El colectivo por la vivienda granadino señala además que se trata de una campaña de “inversión en la cual la víctima a ojos de la sociedad pasan a ser los rentistas y multipropietarios”.

Miedo al okupa, impunidad de las empresas privadas

En 2024, la Oficina de Okupación de Sevilla ocupó todas las portadas de los medios locales y algunos nacionales a raíz de unas jornadas por la okupación realizadas en el CSOA La Malatesta. Los medios conservadores señalaron el proyecto de forma alarmante como “un entramado” que actúa “con total impunidad”; sin embargo, las oficinas de okupación son una práctica de autogestión colectiva que se encuentran en distintas ciudades del Estado español desde hace años. “Lo que es curioso es que mucha gente llega a la Ofi porque desde la propia institución les han mandado una vez que han acabado su proceso administrativo y no han podido hacer nada”, explican activistas de este colectivo.

La okupación está perseguida “incluso por las propias vecinas, cuando esto hace años no pasaba, el discurso del miedo al okupa ha calado en las clases medias o en quienes aspiran a ser propietarios; además, la policía tiene más legitimación que nunca”, reflexionan desde la Ofi de Okupación de Sevilla

Desde esta Ofi creen que la oficina antiocupación del Ayuntamiento es un acto de propaganda y una muestra “de la guerra de clases”, ya que corresponde a salvaguardar el interés “de la clase propietaria que quiere proteger la propiedad por encima de las necesidades y además busca proteger el Estado policial, es una guerra contra los pobres”. La okupación está perseguida “incluso por las propias vecinas, cuando esto hace años no pasaba, el discurso del miedo al okupa ha calado en las clases medias o en quienes aspiran a ser propietarios; además, la policía tiene más legitimación que nunca”, reflexionan las activistas, que añaden: “Hay más criminalización, pero no solo de okupar, sino de hasta pegar una pegatina”.

En un momento en el que los movimientos por el derecho a la vivienda se encuentran en auge en todo el Estado, debido a la innegable crisis habitacional que atraviesa el territorio, desde la Ofi señalan que muchos de esos movimientos han perdido el interés o no miran con buenos ojos a la okupación: “Más que nunca los movimientos sociales tienen que volver a legitimar la okupación con K sin el miedo al conflicto social”.

A la persecución de la okupación que obsesiona a muchos ayuntamientos, partidos y capas de la sociedad se le suma un tercer agente: las empresas de seguridad y desokupación privadas que operan por todo el Estado. Con intervenciones que se caracterizan por su violencia. Durante junio y julio, la empresa Black Hound Professional Services ha intentado desalojar de forma ilegal a varios habitantes de una casa en el centro de Granada. Según refieren los vecinos de La Leva, el pasado 12 de junio varios empleados de esta empresa comenzaron a amenazar a sus ocupantes: “Bloquearon de manera violenta el acceso al edificio; el episodio acabó con una compañera herida”.

Desde ese momento el “acoso” por parte de la compañía no ha cesado. El 2 de julio, según relatan, forzaron la puerta para acceder al interior del edificio. “Nos ofrecieron negociar, dejar nuestras viviendas a cambio de dinero, a lo que respondimos con rotundo rechazo; enseguida llamamos a la policía denunciando la amenaza y se presentaron para mediar la situación. Después de demostrar nuestro derecho legal a residir en el edificio y la gravedad de las repetidas agresiones, la policía ordenó su retirada”.

El episodio de mayor violencia se vivió el pasado 8 de julio cuando varios empleados de Black Hound entraron por la ventana del edificio con porras extensibles, despertando a las vecinas con amenazas de muerte, intentando sacar a quienes allí habitan. “Usaron las porras extensibles y llaves profesionales de artes marciales; es evidente que este grupo de personas está entrenado para saber hacer daño de forma profesional”, cuentan desde la Leva. “Destacamos esto porque no solo nos preocupa nuestra integridad, también nos parece alarmante que estos sucesos se realicen a plena luz del día y sin consecuencia alguna”, añaden. Cuatro personas resultaron heridas.

Decenas de empresas de desokupación operan en el territorio andaluz, como en el resto del Estado, con impunidad gracias a que no existe regulación alguna al respecto y a que se esconden bajo los servicios de seguridad. 

Blackhound Services se encuentra registrada en el Boletín Oficial de Registro Mercantil como Hispánica Seguridad Integral Sociedad Limitada desde diciembre de 2024. El BORME señala que su objeto social es “la vigilancia y protección de bienes, control de accesos, sobre todo tipo de inmuebles”. Entre sus actividades destacan la seguridad en eventos como conciertos o espectáculos deportivos y “servicios de protección antibullying”. La compañía sigue en sus redes sociales a líderes de ultraderecha como Santiago Abascal o Alvise Pérez y a agrupaciones como el Partido Nacional Patriótico, que señala como uno de sus objetivos la “reamigración” de las personas migrantes que se encuentran dentro del Estado español. El propietario de esta compañía, según el BORME, es Antonio Ramino Gómez, miembro del Ejército del Aire y propietario de varios pubs en la provincia de Granada.

Decenas de empresas de desokupación operan en el territorio andaluz, como en el resto del Estado, con impunidad gracias a que no existe regulación alguna al respecto y a que se esconden bajo los servicios de seguridad. Empresas como AMA Desokupa, que protagonizó los intentos violentos de desalojo del CSOA La Madriguera en Granada provocando varios heridos; Desokupa, de Daniel Esteve y vinculada en Andalucía al Frente Bokeron del Málaga FC de abierta ideología de extrema derecha; o Desokupa Sevilla, cuyo propietario se encuentra en las listas de morosos de Hacienda, como señala una investigación del colectivo antifascista Sistema 161.

En algunas ocasiones, estas empresas en el limbo de lo legal se benefician de ayudas estatales. En 2022, el Servicio Andaluz de Empleo otorgó a AMA Desokupa una subvención de 1.925,00 €. En ese mismo año, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública otorgaba una ayuda de tres mil euros para implementar el KIT digital en la empresa de desokupación. En 2024, la empresa Desokupa Demolition recibió una ayuda del Ministerio para la transformación digital de 3.000 euros. A finales de ese mismo año, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid apoyaba a la empresa Bastión Desokupación SL con 2.900 euros. Diversos partidos políticos y colectivos sociales llevan años exigiendo la ilegalización de estas empresas, sin que aún se haya puesto en marcha ningún límite a estas compañías.