Represión
Las vulneraciones del derecho a la protesta crecieron al menos un 66,7% en 2025

Una década después de la entrada en vigor de la conocida como Ley Mordaza, el ritmo represivo hacia el activismo político sigue in crescendo. Las vulneraciones de los derechos de reunión pacífica, de libertad de expresión, información y asociación mantienen una tendencia al alza desde el fin de la pandemia. Además, tal y como señala el informe anual de Defender a quien Defiende, el crecimiento en el número de casos documentados se acompaña de un cambio en la dinámica de los mecanismos utilizados en el proceso, “con mayor presencia de intervenciones coercitivas, judicialización y participación de actores privados”. Estos últimos se hacen notar especialmente en el movimiento por el derecho a la vivienda, estrechamente relacionado con la proliferación de empresas tipo Desokupa.

“2025 deja una constatación nítida: la represión se intensifica y lo hace de manera más visible y más sistemática. A más protesta y movilización popular, más represión”, expone Cèlia Carbonell (Irídia - Centre per la defensa dels drets humans) en la introducción del documento. Carbonell señala que esta represión opera “por dos vías que se refuerzan mutuamente y avivan la criminalización de este derecho: la vía penal y la administrativa”. Sobre la primera, explica que “las imputaciones, medidas cautelares y procesos judiciales castigan no solo con condenas, sino también con el propio recorrido del procedimiento: tiempo, incertidumbre, desgaste y criminalización”.

Carbonell (Irídia): “La reducción del espacio de la sociedad civil provoca un efecto desaliento que busca desmovilizar, paralizar y reducir la protesta a través del miedo y la criminalización”

Por otro lado, la vía administrativa “se expande y se normaliza a través de la burorrepresión con propuestas de sanción, multas, identificaciones, controles, restricciones de espacios y un uso creciente de herramientas burocráticas y policiales orientadas a disuadir y a hacer 'pagable' el hecho de protestar”, continúa. Para Carbonell, “ambas vías conforman un mismo paisaje: la reducción del espacio de la sociedad civil que provoca un efecto desaliento que busca desmovilizar, paralizar y reducir la protesta a través del miedo y la criminalización”.

Los datos cuantitativos del informe, presentado este pasado 26 de marzo por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira), Ibán Vazquez (BDS Madrid) y la propia Cèlia Carbonell, registran en 2025 un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta. Crece un 66,7% respecto al año anterior y se sitúa por encima del doble respecto a 2023.

En nuestro ordenamiento jurídico no existe ningún mecanismo oficial de recuento que documente las vulneraciones del derecho a la protesta

No obstante, Aragó advirtió que lo cuantitativo del informe “no hay que leerlo como una fotografía global de lo que es el derecho a la protesta en las calles”. “Nuestros recursos son limitados —apunta—, es una radiografía parcial: sabemos que como mínimo esto ha pasado, pero seguramente existen más casos que no hemos tenido la capacidad de recoger”.

Y es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe ningún mecanismo oficial de recuento que documente las vulneraciones del derecho a la protesta. Por eso, explican en el informe, su registro de los casos se basa en una combinación de fuentes primarias y secundarias, a través de “la observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”.

La solidaridad con Palestina lidera las vulneraciones del derecho a la protesta

Las vulneraciones del derecho a la protesta documentadas por el informe muestran una clara concentración en tres grandes ejes muy relacionados con los conflictos que atraviesa la sociedad. En concreto, el movimiento de solidaridad con Palestina (90 casos), el de vivienda y okupación (67 casos) y el antifascismo (61 casos) concentran cerca del 60% del total de casos registrados. Siguiendo la tendencia iniciada con el comienzo del genocidio en octubre de 2023, el movimiento propalestino vuelve a ser el más castigado en términos de represión y vulneración de derechos. Las protestas por la participación de un equipo sionista en La Vuelta y la jornada de huelga convocada el 15 de octubre, concentran la mayoría de situaciones.

El informe registra tanto intervenciones policiales en manifestaciones y concentraciones —con actuaciones de contención, uso de la fuerza, identificaciones y detenciones— como la posterior activación de mecanismos administrativos o judiciales vinculados a la participación en estas movilizaciones. En este eje, analizan, se constata “una elevada presencia de actuaciones que afectan a la integridad física y moral, así como identificaciones y procedimientos administrativos posteriores, configurando un patrón de intervención mixto que combina actuación policial directa en el espacio público con la activación posterior de mecanismos sancionadores administrativos y judiciales”.

De hecho, es en el contexto de las protestas propalestinas donde se ha registrado la reaparición del uso de gas pimienta (gas Oleore sin Capsicum), cuyo empleo no se había visto con tanta frecuencia desde hacía años. En Madrid se documentó su utilización durante las protestas contra La Vuelta, pero en el informe advierten que “preocupa especialmente la recurrencia y la forma en que ha sido empleado por los Mossos d’Esquadra en un corto período de tiempo. En 2025, en Catalunya el gas OC se utilizó en cuatro convocatorias distintas: una en Girona en abril y las otras tres en octubre de 2025.

El caso más paradigmático fue el ocurrido el 15 de octubre, cuando se empleó contra aproximadamente un centenar de manifestantes que permanecían sentadas en el suelo, en la rampa del parking de la Estació de Sants. Según acredita el informe, “las personas concentradas no mostraban conductas violentas, no se movían ni se dirigían contra el cordón policial, sino que su acción consistía en intentar impedir el paso del autobús que debía trasladar a un equipo de baloncesto israelí a Manresa, que estaba a centenares de metros. En ese contexto, los agentes rociaron gas pimienta directamente a la altura de los ojos y a muy poca distancia, en cuatro ocasiones, sin previo aviso ni orden previa de dispersión.

La actuación tuvo como consecuencia la obstaculización del ejercicio del derecho de protesta y de la labor periodística, ya que varios periodistas que cubrían la acción tuvieron que interrumpir su trabajo debido a la inhalación del gas. Además, un total de cuarenta personas requirieron atención sanitaria por síntomas de escozor y dolor en las palmas de las manos y plantas de los pies, irritación ocular, dificultades respiratorias, fatiga visual, hipersensibilidad y migrañas, con una duración que osciló, en algunos casos, entre tres y treinta días.

El movimiento por el derecho a la vivienda registra la segunda plaza en vulneraciones

El segundo eje en importancia cuantitativa, el de vivienda y okupación, ha documentado vulneraciones que incluyen intervenciones policiales en desahucios y desalojos —cargas, dispositivos sobredimensionados, detenciones durante intentos de paralización y vigilancia mediante drones—, así como actuaciones represivas más allá del momento del evento: sanciones administrativas vinculadas a concentraciones y protestas, procedimientos penales derivados de movilizaciones por vivienda y macrocausas contra activistas.

En este eje se han documentado también episodios de criminalización y violencia en el entorno de los desalojos protagonizados por actores privados (empresas de desocupación o seguridad privada tipo “desokupa”), así como campañas de difamación y hostigamiento contra referentes vecinales. En el informe se concluye que “su peso relativo confirma la centralidad creciente de la emergencia habitacional en el mapa de conflictividad actual”.

El tercer eje con más casos de vulneración del derecho a la protesta es el movimiento antifascista. En el informe destacan la irrupción como un cambio significativo, ya que en 2024 su presencia había sido residual. Han sido escenario de vulneraciones concentraciones contra la extrema derecha, dirigidas tanto contra formaciones políticas como Vox y Aliança Catalana, como contra la presencia pública de agitadores ultras como Vito Quiles y Macarena Olona, así como para rechazar a organizaciones de ideologia neonazi como Núcleo Nacional.

En el informe se documentan también en este eje “episodios que afectan al ejercicio de la libertad de expresión, asociación y no discriminación fuera del contexto estricto de protesta en la vía pública”. Se han registrado en este ámbito agresiones, amenazas, campañas de difamación y acoso en redes sociales, ataques contra espacios sociales (incluyendo pintadas de simbología nazi e incluso el lanzamiento de artefactos explosivos) entre otros incidentes . En varios de estos casos, apuntan, “los colectivos afectados no estaban desarrollando actividad antifascista directa en ese momento, sino que fueron objeto de ataque por su perfil ideológico o asociativo”.

El caso del antifascismo presenta una presencia relevante de detenciones colectivas y judicialización posterior, lo que, según el informe, “sugiere una continuidad entre la actuación en el terreno y el despliegue de mecanismos penales posteriores”. Una dinámica  que, recuerdan, no es nueva. El caso conocido como “los 6 de Zaragoza constituye un ejemplo paradigmático de esta dinámica. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, cuestionaron la proporcionalidad de las penas impuestas y señalaron deficiencias en la valoración probatoria, así como el riesgo del efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de reunión pacífica”. El caso culminó en 2025 con la concesión de un indulto parcial, lo que, señalan en el informe, “evidencia la controversia jurídica y social suscitada”.