Racismo
El racismo también opera para negar el derecho a la vivienda a la población romaní

El Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 destaca la vivienda como uno de los ámbitos en que más se extienden los comportamientos discriminatorios con motivación étnica o racial. En concreto, según los datos que arroja el último informe anual de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), la vivienda es uno de los ámbitos donde más frecuente resulta la discriminación hacia las personas gitanas en España.

Tal y como recoge esta entidad, entre algunas de las manifestaciones habituales del antigitanismo en el plano residencial figuran la denegación del alquiler (una de las expresiones más recurrentes de racismo inmobiliario), atención deficiente o discriminatoria en la Administración ante problemas habitualmente relacionados con viviendas sociales, desahucios sin respeto a los procedimientos legales y administrativos o denuncias falsas por parte de vecinos racistas. Tal es la despreocupación institucional hacia este escenario que ni siquiera existen estadísticas oficiales sobre desahucios ejecutados específicamente a familias gitanas en los últimos años en el Estado español.

“No solo hablamos de pobreza, sino también de una de las cuestiones que sigue incidiendo con especial dureza en el acceso a bienes, derechos y servicios de las personas gitanas. Propietarios que presuponen que no vamos a pagar, que les vamos a destrozar el piso o que afirman que somos demasiado ruidosas sin siquiera conocernos”, desliza a este medio Carmen Cortés, abogada en el Departamento de Igualdad de Trato en la FSC. El derecho a la vivienda no puede entenderse de forma aislada del resto de derechos sociales y económicos. En este caso, el “techo de hormigón” con el que se golpea la comunidad gitana cuando sus miembros intentan acceder a una vivienda digna origina dinámicas de segregación espacial, exclusión e incluso agrava el rendimiento escolar de las criaturas.

Para muchas personas gitanas el periplo discriminatorio empieza una vez consiguen firmar el contrato de alquiler o bien subarrendar una habitación. El falso estigma que tiene a las gitanas como “eternas sospechosas”, tal y como denuncian distintos colectivos consultados para este reportaje, a menudo alimenta amenazas, coacciones y hasta denuncias falsas por parte de sus convecinos cuando estos abrazan marcos racistas y xenófobos. Prueba de ello es la sentencia dictada el pasado 11 de marzo de 2025 por parte del Juzgado de lo Penal nº1 de Badajoz que falló a favor de una familia gitana víctima de hostigamiento colectivo por parte de otros habitantes de su edificio. El autor de las amenazas fue condenado por dos delitos de coacciones con la circunstancia agravante del odio racista mediante actos como impedirles utilizar el ascensor, exigir pruebas de tener un contrato de alquiler, romper el vehículo del padre, o denunciarles falsamente a la Policía por ruidos, tendentes a conseguir que abandonaran su vivienda. Hechos proferidos desde que la familia llegara a la comunidad en 2014 y agravados durante la pandemia.

Otra victoria judicial vivió la familia agraviada por parte de tres vecinas al poco de mudarse a una comunidad vecinal en Burgos. El Juzgado de lo Penal nº2 de Burgos condenó a estas inquilinas por un delito de coacciones con la circunstancia agravante de la motivación antigitana a una familia entre marzo y septiembre de 2020. Las encausadas llegaron incluso a enviar una carta a los miembros de la familia romaní en la que vertían insultos deshumanizantes como “salvajes” y publicaron un cartel en el edificio para instar al resto de vecinos a hostigar a la familia a la puerta de su vivienda. Tras sufrir episodios de estrés y ansiedad -en especial los menores- debido a la persistencia de ese acoso antigitano, abandonaron el domicilio una vez la situación se volvió insostenible.

Racismo inmobiliario y acoso antigitano

La inmensa mayoría de situaciones de esta naturaleza quedan soterradas debido a que las mismas familias gitanas han acabado normalizando la violencia. Séfora Jiménez, activista romaní e integrante de Gitanas Feministas por la Diversidad, así como la Escuela de Liderazgo Feminista Romaní, vivió en sus carnes experiencias tanto de acoso como de racismo inmobiliario antigitano después de haber sido rechazada en varias ocasiones por caseros e inmobiliarias “por tener apellidos gitanos”.

“La presidenta de la asociación jamás ha podido alquilar a su nombre y tiene cinco másteres, es trabajadora social y lleva toda su vida formándose”, traslada Séfora Jménez, de Gitanas Feministas por la Diversidad

“Teniendo trabajo, nómina y todo lo necesario, me ponían la excusa de que no alquilaban a familias con niños, pero con el tiempo he pasado por allí y se lo habían alquilado a una familia con tres hijos”, cuenta. Para lograr un alquiler tuvo que contar con el aval de una persona blanca que certificara que “era de fiar”, mientras que compañeras suyas nunca han podido arrendar un piso a su nombre por los mismos motivos: “La presidenta de la asociación jamás ha podido alquilar a su nombre y tiene cinco másteres, es trabajadora social y lleva toda su vida formándose”, traslada.

Cuando por fin consiguió entrar a vivir en régimen de alquiler en 2015, la discriminación continuó y se hizo parte de su cotidianidad: pese a que admite no haber puesto nunca música en voz alta en su casa ni tampoco ha causado molestias en las zonas comunitarias de su vecindario, “cada vez que se rompía algo en el portal o algo se estropeaba pasaba automáticamente a ser la culpable de cualquier desperfecto, me llamaban la atención y me acusaban sin pruebas”. “El estigma no lo van a quitar y no podemos avanzar más por culpa de los prejuicios que no hacen más que ponernos barreras. Llevamos carga una mochila de más de 500 años”, comenta en conversación con El Salto Ana Cortés, miembro del colectivo de mujeres Un Techo por Derecho, que lucha por el acceso interseccional a la vivienda en Málaga.

La mayoría de personas que sufren esta violencia por el hecho de pertenecer a la etnia gitana sienten una desprotección constante por parte de las instituciones que deberían velar por su seguridad. Rara vez son escuchadas o creídas por las instancias policiales y judiciales en caso de producirse desencuentros entre comunidades vecinales sino que sus relatos son casi siempre cuestionados o directamente ignorados. En lugar, son las primeras en ser señaladas si se origina un conflicto vecinal. Esta sensación perenne de soledad y desamparo institucional cuando enfrentan violencia en sus lugares de residencia hace que muchas renuncien a denunciar los hechos vivenciados, aunque estos constituyan delitos de odio.

“Cuando hablamos de infradenuncia apelamos al miedo y a la poca expectativa de que haya una resolución positiva, de que se reconozca que se le ha vulnerado un derecho que le pertenece”: Carmen Cortés, abogada de Secretariado Gitano

Por eso resulta imposible sondear el número total de casos de violencia racista sufrida debido a la normalización de la misma y a la elevada tasa de infradenuncia: “Muchas veces las personas que sufren discriminación étnica tienen miedo a causar más problemas, meterse en líos, piensan que la policía va a interrogarlas en vez de a los agresores. Por eso, cuando hablamos de infradenuncia apelamos al miedo y a la poca expectativa de que haya una resolución positiva, de que se reconozca que se le ha vulnerado un derecho que le pertenece” , infiere Carmen Cortés.

Borrado cultural y “falsa inadaptación”

Pero este señalamiento particular nace de un contexto anterior de desconfianza histórica, pero también de marcos racistas que sitúan las formas de vida propias de la comunidad gitana como subalternas e indeseables. El discurso antigitano ha calado en el imaginario colectivo también en el espectro habitacional de tal forma que a menudo opera una exigencia de asimilación de las costumbres, hábitos y formas de socialización payas: el borrado cultural y la renuncia a lo propio emerge así como una condición inequívoca para la convivencia pacífica. “Nuestras costumbres son parte de nuestra identidad y nuestra originalidad. Tendremos que adaptarnos a las cosas que sean también buenas para nosotros pero, ¿por qué tienes que perder tu costumbre de vivir en familia todos juntos o socializar de una determinada manera que no molesta ni perjudica a nadie?”, alega Ana Cortés.

Fakali, una federación de asociaciones de mujeres gitanas que a su vez forma parte de la Federación de Asociaciones Gitanas en el Estado español señala a las “políticas de integración” como aquellas que prácticamente obligan a la población gitana “a despojarse de sus señas de identidad para entrar en el sistema que se cree que está bien pero que acaban fracasando porque no tienen en cuenta las especificidades de la comunidad”, esgrimen sus integrantes, José Vega y Carmen Carbón. Esto se observa, por ejemplo, en las políticas de realojos para personas que se encuentran en situación de infravivienda. Las reubicaciones se llevan a cabo en muchos casos sin considerar las necesidades concretas de las personas que van a desplazar, como el arraigo (muchos realojos se llevan a cabo en viviendas sociales situadas a kilómetros de sus antiguos lugares de residencia, separándose así familias enteras) y el papel que desempeñan las redes de apoyo comunitarias.

Carmen Cortés explica que en este sentido que “si tú llevas a cabo un realojo porque la persona lo requiere pero lo propones sin ningún tipo de acompañamiento ni de información, vemos casos en los que se traslada a una persona de 60 años a vivir en otro espacio a 40 kilómetros de donde vivía donde esa persona va a sentir miedo y va a intentar volver a donde vivía antes”. Séfora, por su parte, insiste en que muchas políticas de realojo favorecen la guetificación y la segregación espacial, por ejemplo, cuando “sacan una partida de viviendas sociales y ese barrio meten a 30 personas gitanas, por lo que se convierte en un gueto, en vez de hacerlo de forma diseminada”.

“No tienen en cuenta las necesidades de la comunidad gitana cuando se producen realojos porque en realidad nunca nos tienen en cuenta”, sentencia Séfora

“No tienen en cuenta las necesidades de la comunidad gitana cuando se producen realojos porque en realidad nunca nos tienen en cuenta”, sentencia. En Málaga, explica Ana Cortés, las Administraciones públicas han ido creando, a través de decisiones políticas en materia de vivienda, contextos de exclusión y aislamiento residencial tras desplazar a núcleos exclusivamente gitanos a familias romaníes realojadas. Mientras que quienes abanderan discursos racistas y antigitanos culpan a las familias romaníes de “falta de adaptación social”, las instituciones promueven procesos de guetificación forzosa mediante planes urbanísticos discriminatorios.

La lucha eterna del pueblo gitano contra el chabolismo cronificado

Desde Secretariado Gitano insisten en la urgencia de respetar los procedimientos legalmente establecidos en los realojos llevados a cabo por las autoridades municipales en donde prime el interés superior de las familias y en especial de los menores. Pero también el seguimiento estricto de lo estipulado en la recomendación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Étnica o Racial, CEDRE, sobre medidas para prevenir y erradicar la discriminación étnico-racial en el acceso al derecho humano a la vivienda, además del cumplimiento de la Ley 12/2023, de 24 de mayo sobre el principio de igualdad y no discriminación habitacional. El informe CEDRE constata, además, que las personas pertenecientes a minorías raciales y/o étnicas corren mayor riesgo de vivir en condiciones insalubres y de segregación residencia.

Por eso una de las batallas centrales en los últimos años por parte de las plataformas gitanas ha sido revertir el chabolismo cronificado entre la población romaní. Secretariado Gitano establece que todavía 2.000 hogares gitanos, unas 11.000 personas, viven en chabolas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Además, el 77% de los habitantes en poblados chabolistas son personas gitanas, la mitad menores de 16 años. En 2023, gracias al impulso de esta asociación, el Consejo de la UE emitió una resolución que instaba a los Estados miembros a adoptar medidas para hacer frente a los asentamientos segregados donde vive la población gitana. El acuerdo reconocía entonces la “existencia de una situación crítica” en relación a los asentamientos segregados” y “los obstáculos que a menudo encuentran la población gitana para acceder a una vivienda adecuada que refuerzan el círculo vicioso de pobreza intergeneracional y las violaciones de los derechos humanos”.

Sin embargo, la comunidad gitana converge en que ha faltado ambición a la hora de desplegar herramientas para atajar el problema de raíz, un problema sistémico y estructural. El Estudio sobre el perfil y la situación de las personas en los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España, lanzado en 2023, clarifica que los asentamientos sufren en mayor medida problemas de contaminación, suciedad y problemas medioambientales que la población general. Asimismo, un 32% de las personas en los asentamientos sufre riesgos por vivir cerca de las vías de circulación, fábricas o tendidos eléctricos, un 85% de hogares sufren de contaminación y suciedad y un 17% por crecidas de ríos. Además, un 69% de hogares en asentamientos chabolistas no tienen electricidad y en 92% casos no la tienen o es muy deficitaria, frente a un 21% y un 5% respectivamente en asentamientos no chabolistas.

Tres de cada cuatro personas residentes en asentamientos chabolistas vive allí por no tener suficiente dinero para pagar un alquiler y un 27% porque nadie les alquila un piso en otro barrio

Tampoco cuentan electrodomésticos imprescindibles para la subsistencia e higiene cotidianas, infraestructuras de calidad y baños en condiciones. No obstante, frente al relato que sostiene que el chabolismo es inherente a la cultura gitana, la crisis de los alquileres y el racismo inmobiliario vuelven una vez más a situarse como causantes de este fenómeno. De este modo, el citado estudio recalca que tres de cada cuatro personas residentes en asentamientos chabolistas vive allí por no tener suficiente dinero para pagar un alquiler y un 27% porque nadie les alquila un piso en otro barrio.

Algunos de estos poblados se crearon para alojar temporalmente a personas que esperaban a ser realojados en viviendas sociales o de protección: “En Ponferrada hay un poblado chabolista donde muchas veces no pasa el camión de la basura y tienen inundaciones porque está al lado del río, también cortes de luz y humedades. Eran supuestamente para uso temporal, hasta que pudieras acceder a un alquiler social pero eso en la práctica no ha sucedido y ese poblado lleva más de 30 años y no les dan suministros”, traslada Séfora. Ante la posibilidad de permanecer en el asentamiento si se garantizan unas condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad, más de la mitad de las personas encuestadas en el informe expresó su voluntad de seguir en el asentamiento por motivos de arraigo. Vivir en asentamientos constituye una situación de vulnerabilidad que se cronifica y reproduce la pobreza, además de perpetuar la exclusión social en el largo plazo.

Resulta inevitable, pues, que la vulneración sistemática del acceso a la vivienda hacia las personas gitanas no acabe interseccionando con el ejercicio efectivo de otros derechos. De hecho, muchos movimientos sociales coinciden en que una vez el derecho a la vivienda se tambalea, el resto se resquebrajan sucesivamente. La educación y la sanidad son quizás los que más se ven afectados en este caso. Se palpa especialmente en las tasas de rendimiento académico y abandono escolar de los niños residentes en asentamientos ya que la tasa de repetición es notablemente más alta en los asentamientos que fuera de ellos.

La población gitana en los poblados chabolistas por lo general presenta niveles educativos inferiores a los alcanzados fuera de ellos ya que las condiciones para estudiar son inferiores a las de los estudiantes que crecen en lugares dotados de una infraestructura adecuada. Séfora incide en el impacto en la salud mental y física que resulta de esta discriminación étnica histórica: “Las mujeres gitanas vivimos entre 10 y 15 años menos que la sociedad mayoritaria aquí en España. Hay a veces que vivimos en viviendas llenas de humedades, en muy mal estado, viviendas que no tienen calefacción, pisos que no se las alquilarían a nadie porque son insalubres, es como si fuésemos menos merecedores de espacios dignos”, subraya.