Migración
Regularización extraordinaria: una espera reivindicativa y alerta

Ha pasado más de una semana desde que comenzara abril, y miles de personas en todo el país esperan ansiosas a que comience el Proceso de Regularización Extraordinaria que el gobierno aprobó el 26 de enero, tras llegar a un acuerdo con Podemos, y que debía arrancar durante este mes, una vez se llevara a Consejo de Ministros y se publicara al día siguiente en el BOE.  Ante la previsión original de que el plazo duraría entre principios de abril y el 30 de junio, las organizaciones exigen que no se retrase más la publicación del Decreto Real,  y que se amplíe el plazo más allá de la fecha estipulada inicialmente.

El acuerdo culmina un largo periodo de lucha de los colectivos antirracistas desde que hace casi seis años, el 11 de abril de 2020, una carta dirigida al gobierno exigiera una regularización extraordinaria en el marco de la pandemia. A este primer antecedente siguió una Proposición No de Ley, presentada por el movimiento Regularización Ya, que fue rechazada en septiembre del mismo año. En febrero de 2023, la Iniciativa Legislativa Popular por la Regularización Extraordinaria, liderada por el movimiento antirracista e integrada por diversas organizaciones, llegó al Congreso con más de 700.000 firmas, el mayor apoyo de la historia, y que sin embargo no fue suficiente para que progresara en su camino parlamentario. 

“Estamos dentro del calendario previsto”, apuntaba el martes 30 de marzo la titular de  Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El retraso en el inicio del proceso, que se prevé que pueda finalmente abordarse el próximo martes 14, ha generado preocupación entre quienes llevan empujando la Regularización Extraordinaria desde hace más de un lustro, y vigilan que se dé en los términos necesarios. 

Así lo expresan desde la Articulación Antirracista de Madrid y la Asamblea Antirracista por la Regularización de Madrid, en un comunicado lanzado el 8 de abril, ante la frustración de ver aplazada la publicación del decreto y “preocupadas por limitaciones en los borradores del Decreto final”, por lo que exigen claridad, particularmente en un tema como el de la no obligatoriedad del informe de vulnerabilidad: “Resulta imperioso recordar que ello supondría una significativa barrera, tomando en cuenta la precarización de los servicios sociales y que pueden producirse lecturas restrictivas o burocráticas de la idea de vulnerabilidad”.

Los movimientos plantean así sus principales inquietudes, entre las que se encuentran la necesidad de mostrar los antecedentes penales. “No se deben penalizar las trayectorias de supervivencia”, apuntan en el comunicado, en el que frente a las miradas de criminalización de la migración piden evitar que “la pobreza, el desplazamiento forzado o la exclusión se conviertan en cierres del acceso a la regularización”. Así, esperan que las prácticas relacionadas con la supervivencia, como la venta ambulante, no constituyan un impedimento: “Las personas migrantes no somos ladronas, no somos criminales, estamos aquí porque es desde aquí que se saquean nuestros territorios y es aquí donde la vida no puede sostenerse sin nosotras”.

Conscientes de las dificultades de todo tipo que pueden darse en el proceso, desde la Articulación se insiste en que se amplíe el plazo, que consideran poco realista ante el número de solicitudes y las circunstancias complejas que atraviesa el colectivo al que va dirigido el proceso, y alertan contra la posibilidad de que sean justamente las personas más vulnerables quienes queden fuera. Por la misma razón, exigen que se eliminen los requisitos imposibles en forma de documentos inaccesibles, tanto debido a las barreras interpuestas en la administración española como las del país de origen. Un buen ejemplo sobre estos requisitos que actúan como barrera es el empadronamiento, y un éxito del movimiento ha sido excluirlo en principio de los requisitos. 

“Una vez más, se terceriza la gestión de nuestro acceso a derechos y se esquiva la deuda histórica que la administración pública tiene con la atención de las personas migrantes”

Desde la Articulación Antirracista de Madrid también exigen que se garantice que haya una vía presencial paralela a la online para que la brecha digital o la falta de un certificado digital, no impida que las personas se regularicen, asimismo, hace énfasis en la necesidad de un acompañamiento integral a las personas, con  “recursos públicos suficientes de mediación, traducción, interpretación y acompañamiento jurídico-social”, alertando contra una burocracia que reproduce el racismo institucional si no parte de una mirada antirracista. Además, exigen que no se tase a las mismas personas que se considera que están en una situación irregular: “No se puede afirmar que se quiere proteger a quienes están en exclusión y, a la vez, poner precio a su acceso a la regularización”, argumentan.

Para facilitar el procedimiento se previó ampliar los actores que pueden acompañar a las personas migrantes en su solicitud. Sin embargo, la articulación lamenta que la orden por la que se regula “el Registro de Entidades Colaboradoras ha excluido la participación directa de muchas organizaciones de personas migrantes y aliadas en el proceso de regularización”, esto, lamenta, deja fuera a organizaciones antirracistas integradas por personas migrantes: “Una vez más, se terceriza la gestión de nuestro acceso a derechos y se esquiva la deuda histórica que la administración pública tiene con la atención de las personas migrantes”. 

Los colectivos defienden que estas aportaciones ya fueron hechas durante la fase de audiencias públicas y “están basadas en el conocimiento directo de nuestra realidad migrante racializada”. Para evitar procesos fallidos, recuerda: “Nada sobre nosotras sin nosotras”. Por último, además de reivindicar la centralidad del antirracismo en el diseño del procedimiento, alertan contra el aprovechamiento que otros actores están haciendo ante la angustia de personas que necesitan regularizar su situación.  “Estamos vigilantes para poner en evidencia los abusos que se están produciendo por abogados y organizaciones que lucran descaradamente con la desesperación de nuestras comunidades”, afirman.

Cuidar el proceso

Adriana Zumaran y Gisele Touceda, de la Articulación Antirracista de Madrid y la Asamblea, insisten en la necesidad de que se prorrogue el plazo, ante un margen temporal que consideran muy restringido ya desde que se publicara el primer borrador. “Es poco viable que más de 800.000 personas puedan en tres meses —dos y medio ya— presentar toda la documentación. El argumento que se pone para poner una línea roja es la entrada en vigor, el 1 de julio, del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo”, apunta Zumaran.

La activista recuerda que no es la primera vez que se agita el fantasma de las políticas europeas para poner coto a la demanda de regularización en España, ya en 2020 el gobierno apuntó a que no podía proceder a realizar una regularización extraordinaria porque Europa se lo impedía, algo que la misma Comisión Europea desmintió, aclarando que las políticas de regularización son competencia de cada gobierno. En esta ocasión, explica Zumaran: “otra vez se ha hecho una consulta y la UE ha respondido que no hay una incompatibilidad”. 

“El cuello de la botella va a estar en la presentación de las solicitudes”, apunta por su parte Touceda, “la carga fundamental está en las persona que acceden a regularización y que tendrán muy poco tiempo para completar los trámites”.  La activista ilustra estas dificultades con algo concreto que sucede en Madrid, cuando, quienes no tienen empadronamiento, intentan mostrar el tiempo transcurrido en la ciudad a través del abono de transporte. “El consorcio de transporte solo está dando el certificado de titularidad y el certificado de recargas, dos papeles que son fundamentales, en la oficina de Ríos Rosas”. Esto implica dos dificultades que podrán verse con otros procesos: el primero es la escasez de citas para recogerlo presencialmente, el segundo, que aunque se puede tramitar online, se requiere para ello tener un certificado electrónico, un documento del que muchas personas migrantes que podrían solicitar la regularización carecen.

Dada su propia experiencia, como transmiten en su comunicado, las activistas lamentan que el decreto para las entidades colaboradoras haya dejado afuera a organizaciones antirracistas de base. Creen que la labor de estas entidades sería fundamental para “facilitar a la administración que los expedientes entren limpios”. Señalan asimismo que el hecho de que entrar como colaboradoras no traiga recursos asociados para hacer ese acompañamiento, también ha actuado como límite para facilitar que organizaciones más pequeñas pudiesen apoyar el proceso, al no contar con los medios para ello. También consideran que las tasas —cuya cuantía se desconoce aún— pueden operar como una barrera para acceder a la regularización.

Reiteran también la importancia de que “se revisen los expedientes de las personas desde una perspectiva de justicia”, apunta Zumaran, algo que, considera, “dependerá de la calidad del procesamiento de expedientes, de quién lo vaya a hacer”. Y en este sentido, reivindica una vez más la labor de los colectivos antirracistas que “aunque puedan tener pocos recursos conocen a sus comunidades, y cuentan con la sensibilidad necesaria para llegar a determinadas poblaciones”. 

Abogadas y administración

“Creo que el trabajo que han hecho desde Regularización Ya y al que se han sumado muchísimas entidades y organizaciones que trabajan con las personas migrantes, es un trabajo espectacular”, apunta la abogada especializada en extranjería Esjaba Messaoud desde Barcelona, quien transmite un cierto desconcierto por parte de las profesionales ante las preguntas de sus clientes mientras el decreto final no se ha publicado. “El problema es que es un periodo tan corto que hay muy poco margen de maniobra para resolver los problemas que puedan surgir antes de que haya finalizado el plazo”, lamenta.

La abogada espera que los “grandes logros” de Regularización Ya queden en el texto final, y comparte la preocupación de los colectivos antirracistas respecto a los fraudes que puedan darse por parte de profesionales de la abogacía: “Yo creo que al final esto no escapa de ser una situación excepcional, y a río revuelto, ganancia de pescadores. No puede ser que a las personas en enero, sin todavía salir ni el primer borrador, prácticamente se les esté obligando a reservar con 60€ por un supuesto cupo de solicitudes”, denuncia, apuntando a que es al Consejo General de la Abogacía Española así como a los diferentes colegios autonómicos, a quienes corresponde sancionar las prácticas abusivas. 

“Este corto lapso de tiempo para las personas es un factor estresor muy importante porque tienen que hacer todo en tres meses”

“Este corto lapso de tiempo para las personas es un factor estresor muy importante porque tienen que hacer todo en tres meses. Hay que insistir en la necesidad de informarse por vías seguras y sobre todo que la gente entienda que es un procedimiento que de quererse se puede hacer por parte de las personas a nivel individual”, recuerda, subrayando que no es necesario presentar la solicitud de la mano de un profesional: “Esto no afecta en nada al proceso, ni va más rápido, ni sale antes, ni lo miran con más cariño”. Messaoud considera que “debería ser la propia abogacía la que incidiera en este mensaje”.

La abogada encuentra que el proceso tiene aspectos muy interesantes respecto a la ejecución, como la participación de entidades colaboradoras, pero hay algunas cuestiones que le preocupan, como las tasas. “Los expedientes que se tramitaron con motivo de la Dana no llevaban aparejadas tasas, esto lo que hace es agilizar muchísimo la tramitación. Hubiese sido más estratégico aplicar esta experiencia”, apunta la abogada que teme que la petición de tasas, más allá de la barrera económica, alargue los procesos y deje afuera a quienes no reciban los requerimientos: “muchas personas no viven donde están empadronadas, o a veces ponen un domicilio a efectos de notificaciones donde no vive nadie o donde no están en todo el día porque están trabajando”.

Respecto a la experiencia de regularización de la Dana, proceso en el que la abogada lamenta que mucha gente se quedara afuera, sí que considera que se han hecho avances: “Es cierto que ahora los requisitos a priori son más flexibles, pero creo que para un reto tan importante o para dar solución a una situación tan compleja como es la situación de irregularidad de muchísimas personas se hubiese tenido que apostar por las oficinas de Extranjería y dotarles de medios, que es lo que está exigiendo el personal hace muchísimos años”. La letrada piensa que apostar por las oficinas: “hubiese sido tanto estratégico como conveniente”. 

Entre las cuestiones que le preocupan está el que el personal encargado de recibir y tramitar las solicitudes esté convenientemente formado. En este sentido se prevé que sean oficinas de Correo y de la Seguridad Social, las que recepcionen las solicitudes en horario de tarde, que a su vez serán tramitadas por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), un organismo que cuenta normalmente con 50 trabajadores a quienes se sumarán 150 de la empresa pública Tragsa.  “El problema de extranjería es que se trata de una materia muy compleja”, y teme que personal ajeno a esta temática pueda cometer errores que lleven a “denegaciones o requerimientos incorrectos. Lo que pueden hacer es que acabemos en un gran número de recursos interpuestos que serían evitables. Y entonces, al final lo que estamos haciendo es duplicar energías, tanto los profesionales como en la propia administración”. 

Desde sindicatos como Comisiones Obreras se ha criticado que entidades como la empresa pública Tragsa, se encarguen de la tramitación, en lo que consideran un proceso de externalización. Messaoud lamenta que desde muchas oficinas de extranjería no hayan reaccionado hasta ver cuestionada “su exclusividad dentro de la administración” y recuerda que muchas veces es en estas oficinas donde no encuentra una actitud colaborativa, o se ponen trabas burocráticas a las personas migrantes. 

 “Apoyamos la regularización extraordinaria como no puede ser de otra manera, pero estamos muy preocupados por la carga de trabajo que va a llegar a los distintos ámbitos de la Administración del Estado”, apuntan desde Comisiones Obreras. Montserrat Gómez Esteban, responsable de Administración General del Estado en el sindicato, aclara que no les preocupa tanto la recepción de solicitudes por parte de Correos o Seguridad Social, pues consideran que será un proceso fácil. Sí les inquieta que la UTEX esté capacitada para tramitar las solicitudes “es un trabajo que debería haberse encargado a las oficinas de extranjería, que son el personal que saben perfectamente cómo se tramita esto”. También les preocupa que la administración pública pueda responder a lo que vendrá después, más allá de extranjería, incluyendo al servicio de empleo o a las prestaciones de la seguridad social. “Eso supone una serie de cargas para la administración para la que no tenemos plantilla ahora mismo”.

La sindicalista recuerda otro gran proceso que también contó con Tragsa para tramitar la documentación inicial, la del Ingreso Mínimo Vital. “Entonces pasó un poco esto, no se recogió documentación, luego hubo que depurarlo a través de la Seguridad Social y hubo muchísima gente que no tuvo derecho al Ingreso Mínimo Vital porque no cumplía los requisitos o le faltaba documentación”, lamenta.

Ante estas eventualidades, desde el sindicato recuerdan que es necesario que el gobierno tenga en cuenta también el medio y largo plazo, y las necesidades que seguirán a esta primera fase del proceso, para evitar atascos en las distintas ramas de la administración: “Nos falta plantilla en Interior, nos falta plantilla en Seguridad Social, nos falta plantilla en las oficinas de Extranjería, nos falta plantilla en el Servicio Público de empleo”, enumera. 

Una victoria del movimiento antirracista

En un webinar público realizado por Regularización Ya el pasado 30 de marzo, para abordar los detalles del proceso y al que se apuntaron más de mil personas, la activista antirracista Victoria Columba recordaba que la regularización extraordinaria “no es un proceso cerrado si no en disputa, hay que defenderlo con uñas y dientes”. La activista radicada en Barcelona apuntaba que esta conquista del movimiento antirracista, se daba en “un contexto global de recorte de derechos y de criminalización de la migración”, y celebraba que, gracias al trabajo clave de la ILP —que sin embargo ha quedado encallada en el Congreso dada la “aritmética parlamentaria”— se consiguiera finalmente acceder a tan ansiado objetivo político, de la mano del diálogo con Podemos, y la negociación de este partido con el PSOE. Consciente de la ansiedad de las personas ante la espera, Columba esperaba que se respeten los criterios del proyecto inicial en el que tanto esfuerzo ha puesto el movimiento antirracista, para que “el proceso tenga todas las garantías, que garantice que nadie quede fuera”. En este cuidar el proceso, Columba muestra su frustración en conversación con El Salto por planteamientos como el de Comisiones Obreras, señalando al sindicato por negar en el pasado agencia y representatividad a los colectivos antirracistas, o no apoyar en su momento los esfuerzos del Movimiento por la Regularización Extraordinaria. La activista defiende el proceso de inscripción previsto, y la labor de las entidades colaboradoras para facilitar las solicitudes, frente a las prácticas abusivas de algunos abogados y las trabas burocráticas que las personas migrantes encuentran muchas veces en extranjería. Columba defiende que a pesar de un contexto adverso en el que se ha tenido que acelerar el proceso,  “se está consiguiendo que se haga sin padrón, que es un impedimento por las vías ordinarias de la Ley de Extranjería” y se ha logrado confirmar que no se solicitarán certificados de vulnerabilidad. Con todo, destaca el papel de las entidades colaboradoras para tramitar solicitudes y expedientes ante unas Oficinas de Extranjería que “dicen estar saturadas con miles de expedientes a la espera de resolución”, y “unos Servicios Sociales se niegan a realizar informes de vulnerabilidad”, de ahí la importancia de que finalmente se considere como “situación de vulnerabilidad la irregularidad administrativa”.Por último, alerta contra las resistencias contra una regularización que no será perfecta, “pero más imperfecto sería que la ILP se hubiese quedado dormida”. La activista lamenta que los sindicatos aprovechen este momento para pedir más presupuesto o agitar sus propias demandas, cuando el recorrido realizado por los colectivos antirracistas hasta aquí ha sido sin recursos económicos “poniendo el cuerpo”. 

También Touceda, desde Madrid, lamenta que los sindicatos mayoritarios hayan sido reacios a apoyar la Regularización Extraordinaria, frente a otros sindicatos más de base. Zumaran coincide con Columba en señalar que desde las principales centrales sindicales se han presentado como quienes tienen la potestad de negociar cuestiones de migración, disputando su rol como sujeto político e incluso expulsándoles de negociaciones. Sin embargo, ahora empiezan a apreciar un “cambio político como resultado de mucho trabajo, a veces invisible”. Esta activista considera que si bien los sindicatos no se han hecho cargo de su poder como agentes sociales, ahora están intentando dar pasos adelante —impartiendo formaciones o inscribiéndose como entidad colaboradora en el caso de Comisiones Obreras— y ve el hecho de que se estén implicando como algo positivo, “pero no han estado estos años en primera línea de las organizaciones con las cuales contar”. Respecto a los reclamos sindicales, la activista lamenta que “en seis años el gobierno no ha preparado las condiciones para el proceso, tomando conciencia de cuáles son sus capacidades para abordar una perspectiva más estructural a la hora de pensar una cuestión como la regularización”. 

Más allá de los desafíos que plantea el proceso de regularización, las activistas celebran este momento como un “un triunfo colectivo”, y el resultado de “años de lucha”, en un panorama adverso. Para ello, consideran, ha sido fundamental generar espacios de apoyo mutuo y de resistencia, y en el caso de Madrid, apunta Zumaran, contar con “núcleos vecinales y de cercanía que puedan ir mucho más allá de la regularización”, abrazarse desde lo pequeño y hacer lo posible desde ahí. “Está siendo muy interesante ver cómo se están organizando en los colegios profesores o madres y padres para sostenerse, pues ven que la situación de las personas migrantes en muchos barrios es muy dura”. Se trata de un proceso, explica la activista, que “estimula la responsabilidad colectiva”. Touceda reivindica también la experiencia de alianzas de la ILP para articular la Asamblea Mixta en Madrid e ir más allá de “nuestras organizaciones”, territorializar la lucha por la regularización, y “hacer pedagogía en la calle, y que esto nos sirva para hacer un red grande de apoyo mutuo en los barrios de Madrid”.