Migración
Colectivos migrantes y sociedad civil llevan al Congreso el reclamo por un proceso de regularización

El pasado viernes 19 de junio, en los últimos días del estado de alarma, un pequeño grupo de personas se dirigía al Congreso. Llevaban con ellas un documento que contaba con el respaldo de más de 1500 entidades sociales, colectivos, y personas migrantes, que agrupadas en torno al movimiento #RegularizaciónYa y a la Coordinadora Obrim Fronteres piensan que este es el momento para dar un paso histórico: presentar una Proposición No de Ley (PNL) para la regularización “urgente, permanente y sin condiciones” que podría suponer un giro vital para las 600.000 personas que se estima residen en España en situación administrativa irregular y por lo tanto privadas de derechos fundametales. Personas que además, en el contexto de la crisis del covid-19, se han visto excluidas de todas las medidas tomadas para amortiguar el impacto social y económico de la pandemia.

El documento, que registrarían ese mismo día, será presentado durante la jornada de hoy 26 de junio durante una rueda de prensa en las escaleras del Congreso en la que tomarán la palabra las principales voces que han ido dando visibilidad, a las realidades y colectivos que están tras la demanda del proceso regulatorio. Se culmina de esta manera un recorrido que ha llevado varias semanas de discusión y que tiene como ambición superar los procesos de regularización que se han dado en España, pero también modelos como el de Italia —donde con motivo de la emergencia sanitaria se aprobaron medidas que preveían la regularización solo para los trabajadores y trabajadoras de determinados sectores esenciales— que en palabras de Edith Espinola, una de las portavoces de #RegularizaciónYa, son utilitaristas e instrumentalistas.

“No se puede mantener esta política de personas de primera y personas de segunda —personas con papeles y personas sin papeles—”

Con esta PNL, sin embargo, se apuesta por una regularización que no atienda a las necesidades del mercado laboral ni haga distinciones en el acceso a la regularización. “No se puede mantener esta política de personas de primera y personas de segunda —personas con papeles y personas sin papeles—”, apunta Espinola. “La vida de la persona migrante es atravesada por la ley de extranjería que tiene demasiadas exigencias: nos atraviesa el empadronamiento, la documentación que tienes que traer de tu país, demostrar cierta estabilidad económica a través de un contrato, cosa que es muy limitante a la hora de regularizar tu situación”.

Un proceso al calor de la emergencia sanitaria

Explica Karim Sabni, uno de los portavoces de Abrim Fronteres, que empezaron el estado de alarma retomando un tema que históricamente ocupa a las organizaciones y colectivos que integran esta coordinadora: el reclamo por la regularización. “Entendimos que la situación se estaba poniendo cada vez más complicada, no había perspectiva: veíamos que las situaciones a través del territorio, ya solo en Catalunya, se estaban poniendo difíciles para las personas que estaban en situación documental irregular”.

La coordinadora, surgida a raiz de la gran manifestación que reclamara hace cinco años en Barcelona una sociedad de acogida, con medio millón de personas marchando en las calles en la conocida como “crisis de los refugiados”, se puso manos a la obra. Tras descartar la posibilidad de derogar la ley de extranjería, tomó un resquicio de la normativa ya existente que posibilitaba la propuesta de una regularización, para formular un documento jurídico. “El artículo 127 del reglamento de extranjería habla de que se puede regularizar, documentar una persona siempre que sea de interés público. Y valoramos que es de interés público que todo el mundo tenga acceso a los derechos de toda la ciudadanía”, zanja Sabni, apuntando también al marco de excepcionalidad de este 2020.

Mientras, #RegularizaciónYa —una campaña devenida hashtag devenido movimiento, según lo define Espinola, se ha ido haciendo cada vez más visible. Ambos actores han confluido para dar forma a esta PNL y empujar por un mismo objetivo de manera complementaria: así mientras que #RegularizaciónYa apuesta por la denuncia y la visibilidad mediática, desde la Coordinadora Obrim Fronteras reivindican la incidencia política.

Cuenta Espinola que cuando se elaboró la PNL se hizo en base al trabajo ya previo de Obrim Fronteras. Un trabajo realizado gracias al apoyo de “compañeras juristas que han ayudado a aterrizar la propuesta (...) para poder incidir en algo, para sentarnos en una mesa de negociación con los grupos del Congreso”, apunta Sabni. Una vez tuvieron el documento jurídico empezaron las conversaciones con partidos políticos. Primero con aquellos que, a principios de marzo, habían firmado un primer manifiesto por la regularizaciòn de las personas: ERC, CUP, Bildu y En Comu Podem.

“Cuando hablamos de situaciones de derechos humanos, de un colectivo de ciudadanos que están en esa situación muy vulnerable y ahora mismo aún más, creemos que aquí no hay color político que valga”

Durante estas semanas de trabajo han sumado el apoyo además de Compromis, parte de Unidas Podemos (la propuesta cuenta con las firmas de Pablo Echenique o Irene Montero, explica Sabni), el BNG, Coalición Canaria y ahora negocian con el PNV. Su objetivo: sumar al resto de Unidas Podemos y al PSOE. “Esto no ha parado, ha comenzado pero queremos que el día de la votación tenga mucho apoyo desde varios grupos y la intención también de que incluya apoyo de la izquierda y la derecha, pues cuando hablamos de situaciones de derechos humanos, de un colectivo de ciudadanos que están en esa situación muy vulnerable y ahora mismo aún más, creemos que aquí no hay color político que valga”, explica el portavoz de Obrim Fronteres.

Espinola da un toque de atención al gobierno y le invita a ser coherente: “España dice que lucha por los derechos humanos, que está a favor de que los inmigrantes que vengan pero claro —ironiza— hasta cierta medida, y es que en estas condiciones… siempre se contradice”, crítica. Además recuerda que el país ha firmado la agenda 2030 y que esta le compromete. Se trata de un gobierno, afea Espinola, “que dice que lucha contra la precariedad, contra la exclusión y contra la pobreza pero sin embargo ahora en la pandemia deja fuera a toda una población que está excluida por estas situaciones de vulneración de derechos que se dan con la ley de extranjería”.

Según la nota de prensa difundida en ocasión de la presentación de la PNL, en este contexto histórico esta propuesta supone “una cuestión de justicia social y de equiparación de derechos de todas las personas, instando también a repensar un cambio de paradigma, donde la vida de todas las personas esté en el centro”. Recuerdan que en este contexto de crisis sanitaria, económica y social las personas en situación migratoria irregular son las que más expuestas han estado y además, no han contado con el rescate de ninguna de las medidas propuestas por el gobierno. Mención especial para el ingreso mínimo vital, cuyo fin manifiesto era que nadie se quedará atrás y que sin embargo excluye a esas 600.000 personas.

“Tenemos muchas esperanzas de que la Proposición No de Ley se apruebe y que acabe en un real decreto, en una regularización”

En este sentido, Espinola reivindica que el documento está elaborado por personas que conocen de primera mano la migración, pero que también tienen amplios conocimientos jurídicos. “Muchas de nosotras tienen preparación académica, doctorandas, doctoras... tenemos juezas, abogadas, especialistas en extranjería y luego tenemos la vivencia de lo que nos atraviesa, esa ley de extranjería”. Incide en esto: “en este documento no solo está una dimensión legal, está un dimensión de experiencia de vida y de un deseo de crear una mejor sociedad: hablamos de una reconstrucción y esa reconstrucción tiene que darse dentro de los derechos humanos y la justicia social”.

Optimismo

La PNL ya lleva una semana registrada, y supone para quienes la han elaborado y respaldado el principio de un largo camino. Un camino que emprenden con cierto optimismo. “Tenemos muchas esperanzas de que se apruebe y que acabe en un real decreto, en una regularización” apunta Sabni. Para el portavoz de Obrim Fronteres, esta regularización se hace más urgente ante el posible escenario de rebrote y recrudecimiento de la crisis. “Creemos que esto va a durar bastante, nos va a costar salir, no podemos dejar a nadie atrás, como dice el gobierno. Y cuando decimos a nadie, incluimos a las más de 600000 en situación irregular administrativa”.

Para ello, cierra Espinola, “tenemos que dar todos los pasos posibles, golpear todas las puertas, tratar de mantener ese diálogo con todos los artífices políticos que son capaces de llamar la atención, de alzar la voz, porque sabemos que solo los políticos con esta voluntad pueden cambiar nuestra historia”.