Migración
Más de 700.000 firmas, seis años de lucha y un cambio de estrategia para conseguir la regulación de migrantes

“Hemos metido un gol desde mitad de la cancha”. Así, en pocas palabras, describe Vicky Canalla, portavoz de Regularización Ya, el acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE que cristalizará en una regularización extraordinaria para las personas migrantes que se encuentren en España en situación administrativa irregular antes del 31 de diciembre de 2025. “Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla con lo que valora la medida “más garantista” de toda la legislatura del actual gobierno de coalición, impulsada por colectivos migrantes. 

Pero, hasta llegar a este punto, hay que retroceder hasta abril de 2020, cuando en plena pandemia, y después de que el Gobierno portugués anunciara la regularización extraordinaria temporal de todos los inmigrantes con solicitudes pendientes, el colectivo Regularización Ya, una plataforma donde confluyen más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, comenzara a caminar con una carta al Gobierno que incluía la demanda de una regularización urgente, rubricada por más de 1.200 colectivos. Después vino la Proposición No de Ley, tumbada por el Congreso en septiembre de 2020, con los votos en contra de las derechas y también del PSOE.

 El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara

Lejos de desfallecer, en julio de 2021 desde Regularización Ya decidieron subir otro escalón más: conseguir más de 500.000 firmas para la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular de regularización masiva(ILP). En febrero de 2022 arrancaba la campaña de manera simultánea en más de 30 ciudades. En menos de un año, cuando corría diciembre de 2022, entregaron las firmas necesarias. Firmas que se toparon con la paralización de los trámites por las elecciones de julio de 2023. Pero el movimiento de presión no se detuvo y la ILP pudo seguir su curso con el establecimiento de una nueva legislatura. El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara.

Desde Regularización Ya decidieron cambiar de estrategia: intentarlo por la vía del Real Decreto y así saltarse las posibles enmiendas de grupos como Vox, Junts y PP. “Nosotras habíamos convocado a todos los partidos políticos para que remaran para que se aprobara en el Congreso, pero la aritmética no daba. El Real Decreto era la mejor medida, por lo que interpelamos a todos los partidos para que presionaran para ello. Podemos nos ofreció la oportunidad de redactar el texto conjunto y hemos conseguido meterlo”, resume Canalla.

De fondo, unas negociaciones entre Podemos y PSOE que se iniciaron cuando el partido morado dio su 'no' a un posible traspase de competencias entre Gobierno y Junts en materia migratoria. El PSOE se vio obligado a sentarse con Podemos para negociar. Y ahí fue cuando el partido, liderado por Ione Belarra, propuso la aprobación del Real Decreto que este lunes salía del consejo de ministros. “El traspaso de competencias frustrado entre Junts y PSOE fue clave para este acuerdo. Les dijimos a Podemos que lo bloquearan y no salió adelante. Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla.

En que consiste el Real Decreto

Según los datos más recientes de Funcas, a 1 de enero de 2025 en España habría 840.000 personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. A todos ellos va dirigida esta medida, que supondrá una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería. 

El nuevo Real Decreto permitirá, de manera excepcional y transitoria, el acceso a las figuras de arraigo a personas que ya están en España. Para ello será necesario acreditar permanencia de cinco meses en el país antes del 31 de diciembre de 2025. También incluye a las personas solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes de la misma fecha, cuya petición de asilo no decaerá con la petición de regularización. Estas, además, no deberán acreditar cinco meses de residencia. Otro requisito es carecer de antecedentes penales. 

Quienes cumplan con estos requerimientos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Los hijos e hijas menores de estas personas obtendrán una autorización de cinco años. Posteriormente “podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración progresiva en el sistema”, apuntaba la ministra Elma Saiz, durante la presentación de la medida.

Desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización la persona podrá trabajar, sin esperar a su resolución, y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones

Canalla celebra las medidas garantistas que han conseguido introducir en el redactado del Real Decreto del que, asegura, han supervisado todos los puntos. Esto es, por ejemplo, la no exigencia de empadronamiento para demostrar los cinco meses de residencia, papel que en la práctica se convierte en un obstáculo para acceder a derechos. Bastará con un recibo, una cita médica o cualquier documento como un comprobante de envío de dinero. Además, desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización, para lo que la administración cuenta con un máximo de 15 días, y que se podrá hacer en cualquier registro público, la persona podrá trabajar, sin esperarse a su resolución y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones.

Y esto, no acaba aquí, alertan desde Regularización Ya: “Nosotros hemos pedido que, después de iniciado el trámite, se pueda seguir trabajando en perfeccionar todo”, explica. Además no pierden próximos objetivos, entre los que estaría obligar a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

“Los partidos políticos de izquierdas tienen que aprender a ser interpelados por los colectivos, si no no vamos a avanzar. Les hemos metido ahí para que trabajen por los movimientos sociales. Hemos sido muy duras con Podemos y Sumar cuando se han olvidado de nosotras”, advierte Canalla, mientras asegura un contundente: “Nosotros vamos a por más”.