Movilizaciones tras el archivo de la causa de las temporeras marroquíes

El pasado 10 de diciembre el juzgado de primera instancia e instrucción 3 de la Palma del Condado (Huelva) archivó la causa de las cuatro temporeras marroquíes que habían denunciado por acoso sexual al empresario Antonio Mato. El sobreseimiento se argumentó en un documento de solo dos páginas en las que se avalaba la tesis de la defensa: la denuncia respondería a una “maniobra” de las mujeres para quedarse en el Estado español. Antirracistas y feministas se están movilizando para responder a lo que consideran un nuevo exponente de justicia patriarcal.

Iruña, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Melilla fueron ayer escenario de protesta. Hoy será el turno de Madrid, Barcelona y Valencia. En Huelva, una concentración está prevista mañana 19 a las siete de la tarde. Son solo algunas de las acciones convocadas por plataformas feministas y colectivos antirracistas. “Nos hemos coordinado con hermanas moras de distintas generaciones y de todo el territorio para organizar las protestas”, cuenta Amal Abakkouy, del Movimiento Moro Antirracista (UMMA), uno de los colectivos que está detrás de las movilizaciones. La manifestación de Madrid, convocada a las 18 horas en la plaza Nelson Mandela, coincidirá con la que ya había convocado el Sindicato de Manteros por el Día Internacional del Migrante.

“No aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, apuntaba el juez en el auto del sobreseimiento. La abogada de las temporeras, Belén Luján, criticó la ausencia de nuevas diligencias desde que se presentara la denuncia y el acusado declarara. Critica también que no haya permitido prorrogar la instrucción. Según esta letrada, las víctimas ni siquiera han sido escuchadas. Por ello ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Acusaciones

Las mujeres acusaban al empresario de acosarlas sexualmente, llegando a tocar los senos y genitales de una de ellas. El acoso tendría como escenario una finca en Almonte (Huelva) propiedad del acusado. Las cuatro mujeres que interpusieron la denuncia forman parte de las 10 que se quedaron en territorio nacional tras denunciar abuso sexual y laboral en los campos de fresa de Huelva, a principios del verano pasado. Aún hay otro proceso judicial abierto, con un acusado en una finca de Moguer.

A principios de junio, tras ser retenidas en las fincas para evitar que denunciaran a sus empleadores, unas 100 jornaleras fueron devueltas intempestivamente a Marruecos sin que hubiera finalizado su contrato de trabajo. Tampoco se les habían abonado sus salarios. Solo las diez mujeres mencionadas escaparon a su deportación.

Los abusos sufridos por las trabajadoras marroquíes llegaron a la esfera pública tras la publicación de un reportaje de dos periodistas alemanes. Previamente, diversas investigadoras marroquíes venían relevando las condiciones de trabajo de estas mujeres y la situación de indefensión y precariedad en la que transcurrían sus meses en España. “Si bien se conocía su situación, hasta ahora no se había visibilizado”, apunta Abakkouy.

La inmigración temporaria con contrato en origen por el que se eligen prioritariamente a mujeres con cargas familiares, de zonas rurales, con poco conocimiento del español y cuya estancia en el país depende plenamente de sus empleadores, habilitaría este tipo de abusos. “Que se hayan atrevido a denunciar ha permitido visibilizar finalmente en qué condiciones viven”, dice Lucía Muñoz, periodista, integrante del medio feminista La Poderío. La comunicadora comenta que los abusos laborales llevan ocurriendo mucho tiempo en los campos “lo que ha pasado este año, es que no se han dado solo abusos laborales sino también abusos sexuales”. Muñoz enmarca la denuncia en un momento de auge feminista relacionado con el 8M y sus efectos en el feminismo estatal y andaluz. “Hemos visto necesidad de juntarnos y de apoyar las luchas”.

A la condición de migrantes de las víctimas se une la experiencia de las mujeres en el medio agrícola andaluz. “La agricultura y ganadería suponen el sector más importante de la economía”, señala Muñoz, “las manos de las mujeres son las que se encargan de llenarnos la nevera y nuestras despensas. Es un trabajo que está muy poco valorado porque las mujeres en el campo andaluz somos siempre las últimas”.

Hasta principios de octubre, el SAT se encargó de acompañar a las jornaleras denunciantes y proveerles de alojamiento durante el tiempo que durara el proceso. Un denuncia interpuesta por Belén Luján, en nombre de sus representadas, cortó el vínculo, trasladándose estas mujeres a Albacete.

Justicia patriarcal

Virginia Piña Cruz, es una psicóloga integrante del Área de la mujer del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT). Recuerda que estas mujeres “no querían quedarse en el país, tienen ahí a sus niños, su familia, su vida, lo que querían era permanecer en el Estado el tiempo que durara el juicio y poder volver con una sentencia a Marruecos”.

Respecto al archivo del caso, afirma: “En este tipo de situaciones no se tiene en cuenta el desequilibrio de poder entre las partes, la perspectiva de género brilla por su ausencia en estos juicios, no creo que se haya tenido en cuenta ni que se vaya a tener en cuenta en la resolución final”.

Como consecuencia del archivo de la causa, avalando la hipótesis de que las temporeras mentían para quedarse, afirma Muñoz: “Toda la criminalización ha caído sobre las mujeres, dicen que se veía venir, que son denuncias falsas. De hacer denuncias falsas es de lo que nos suelen acusar a las mujeres. El archivo las victimiza a ellas y nos perjudica a todas”.

Mientras, en Marruecos, colectivos de mujeres han puesto el foco en las condiciones en las que viajan estas mujeres, pues las ofertas de trabajo y el proceso de selección se dan en el país de origen. “Estos colectivos indagan en las ofertas de empleo para conocer las condiciones”, cuenta Muñoz, “pues las mujeres a veces no saben a dónde vienen, no conocen quien es su empleador, en que empresa van a trabajar”.

“Esto venía pasando desde hace tiempo”, lamenta Abakkouy, “nos permite ver la diferencia entre qué voces se escuchan y qué voces son invisibilizadas”. El movimiento antirracista viene denunciando cómo el racismo y el colonialismo se ha expresado en los cuerpos de estas mujeres, y la respuesta distinta que han recibido respecto a otros casos. “Tenemos que visibilizar estas violencias porque hay mucha gente que desconoce lo que han pasado las temporeras” argumenta la activista.

“Lo idílico sería que este caso haya servido para visibilizar la situación de desprotección y de vulnerabilidad que tienen estas mujeres, no solamente en Huelva. Pero si la resolución final es negativa no sabemos cómo afectará a posibles denuncias en el futuro, el efecto disuasorio está ahí”, afirma Piña. Por su parte, en UMMA, explica Abakkouy, están a la espera de ver cómo se desarrolla el caso, también de “poder contactar a las hermanas temporeras y pensar de qué manera podemos apoyar su lucha”.