Medio ambiente
El año en que un virus frenó (aún más) la acción climática

Al igual que 2019 (y tantos otros antes), el año empezaba mal para la salud del planeta. La 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid, no dejaba los resultados esperados. Con la excepción de la Unión Europea, los grandes contaminadores globales bloqueaban un histórico acuerdo que debía poner en marcha el Acuerdo de París firmado en 2015 pero aún no concretado un lustro después. Los Estados Unidos de Trump, junto a China —que en septiembre anunció que será neutra en emisiones en 2060—, India y Brasil, entre otras naciones presentes en la lista de mayores emisoras de gases de efecto invernadero, vetaban el cierre de flecos pendientes para arrancar con París de una vez por todas.

Lo que ya quedó para 2019 en la también fracasada COP24 de Katowice, pasaba ahora a la COP26 de Glasgow, programada para noviembre de 2020. Ninguna nimiedad entre las tareas pendientes. La regulación de los futuros mercados de carbono globales, recogidos en el artículo 6 del Acuerdo de París, no se cerraba por desavenencias en la contabilización de las emisiones. De fondo, además de los vetos estilo neocon populista de Bolsonaros, Trumps y derivados, se encontraban las contrapartidas en materia de financiación por parte del llamado primer mundo. 
   

La cifra del fracaso de la COP25 la simbolizaba el número 73. Es la cifra de países que aceptó en Madrid aumentar su ambición climática (incrementar sus esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura global). Entre todos apenas llegan al 10% de las emisiones totales. Las organizaciones ambientales repitieron una palabra en sus conclusiones sobre la cumbre: fracaso.

La COP26, aplazada

El 2 de abril se hacía realidad lo que era un secreto a voces: la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los gobiernos del Reino Unido e Italia, organizadores de la COP26 —un encuentro previsto para los días 9 a 18 de noviembre—, anunciaban que esta quedaba aplazada a 2021. Un mundo paralizado por la primera gran pandemia global del siglo XXI reaccionaba así ante la dificultad de organizarse en 2020 para intentar frenar la mayor crisis civilizatoria de la historia.

En las organizaciones que conforman el Movimiento por el Clima saltaba la alarma. “Una mala noticia para el cambio climático”, sentenciaba el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Fernando Valladares. Desde Amigos de la Tierra sentenciaban lo que todo el mundo estaba pensando: “No puede servir de excusa para dejar de lado la lucha frente a la crisis climática”.

La duda de si la comunidad internacional había dado un traspié con la decisión planeaba sobre la comunidad internacional. Como señalaba Javier Andaluz, coordinador de Cambio Climático en Ecologistas en Acción, la decisión “podría ser un error si la comunidad internacional no acelera el paso y no asume que tiene que cumplir un calendario de revisión de los objetivos al que ya se había comprometido en el Acuerdo de París”. Visto lo visto, no parece que se haya acelerado demasiado el paso.

El Gobierno, a los tribunales por inacción climática

Había ocurrido en naciones de todo el planeta. Los gobiernos de Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda ya habían sufrido en los tribunales la ira de las organizaciones preocupadas por el calentamiento global. Pero en España la cuestión aún no se había llevado ante los jueces. El 15 de septiembre, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam anunciaban el comienzo de un proceso legal contra el Ejecutivo por incumplir sus obligaciones en la lucha contra la emergencia climática.

El 30 de junio de 2020, siete centrales térmicas, la mitad de las que quedaban en funcionamiento, echaron el cierre ese día para cumplir con la legislación medioambiental

La demanda se basada en la violación de los compromisos y acuerdos internacionales por parte del Estado, poniendo especial énfasis en el incumplimiento los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC. También en la promesa no cumplida de aprobar en diciembre un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una Estrategia a Largo Plazo, una obligación incumplida prevista en los reglamentos de la UE.

El Tribunal Supremo admitía a trámite el 1 de octubre el recurso contencioso-administrativo, allanando el camino para que en España ocurra algo como lo que ya ha pasado en los Países Bajos: que el Gobierno sea condenado por inacción climática y por no cumplir sus compromisos en relación con la mitigación climática. Medio centenar de organizaciones y más de 24.000 personas avalaban con su firma el proceso contra el Estado y el 16 de diciembre la iniciativa daba un nuevo paso, al ser presentada la demanda oficialmente ante el Supremo.

Adiós al carbón 

Un paso clave para la transición energética en España es el abandono del carbón para la generación de energía, y el 30 de junio de 2020 fue una fecha clave en este proceso. Siete centrales térmicas, la mitad de las que quedaban en funcionamiento, echaron el cierre ese día para cumplir con la legislación medioambiental, empujadas además por un mercado que ya no hace competitivo al más sucio de los combustibles fósiles. 

Otras cuatro estaban pendientes de la resolución gubernamental del permiso de cierre y, entre inactivas y pendientes de resolución, el 2021 llega con seis centrales encendidas y con todas ellas con fecha de cierre entre 2021 y 2026. Son los últimos coletazos de un proceso que comenzó en 2010 y que ha dado sus frutos: un informe del Observatorio de Sostenibilidad (OS) señalaba en marzo, con datos relativos a 2019 —antes del parón del covid—, que un 69,4% de la reducción de emisiones puede imputarse a la disminución de la quema de carbón para generar electricidad. De hecho, España había reducido sus emisiones un 5,8% respecto al año anterior, aunque aún se encuentra lejos del objetivo: la emisiones son un 8,8% superiores aún a las de 1990.

Sin embargo, en junio, el informe Descarbonización 2020, también realizado por el OS, ponía especial énfasis en un hecho incomprensible desde el punto de vista climático: tres de las grandes energéticas españolas —Iberdrola, Repsol y Cepsa— aumentaban sus emisiones. En concreto lo hacían un 18%, un 13% y 7%, respectivamente, a pesar de que, en conjunto, la industria había rebajado su gases de efecto invernadero un 13%.

El virus que frenó la contaminación, pero no el CO2

El covid-19 apenas trajo una noticia positiva, pero desde luego es un hecho que el aire de las ciudades mejoró sustancialmente con los diferentes confinamientos y restricciones de movilidad. Un grupo de investigadores de la Universitat Politécnica de València publicaba en marzo un estudio del que se desprendía un descenso del 64%, de media, en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) en las principales ciudades del Estado durante la primera semana del estado de alarma, decretado el 14 de marzo.

Haciendo balance, Ecologistas en Acción publicaba en diciembre un informe sobre covid-19 y calidad del aire que revelaba un descenso del 38% del NO₂ en 26 ciudades del Estado entre marzo y octubre respecto a la media de los años 2010 y 2019 en esos meses. Sin embargo, con la paulatina vuelta a la normalidad los niveles de polución urbana volvían a crecer.

Pero lejos de titulares, el planeta no ha notado un descenso de sus gases de efecto invernadero. En mayo se registraba un nuevo récord nada positivo: la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera llegaba a las 417 partes por millón, unos niveles jamás conocidos por la humanidad desde que los primeros homínidos pisaban la Tierra.

Amazonas, fuego y deforestación: el virus que escapó del bosque

A finales de noviembre, el Amazonas ya había perdido 11.088 kilómetros cuadrados de bosque, el nivel más alto en doce años. Los datos lo ofrecían las propias autoridades brasileñas y suponían un 9,5% más que en 2019, un año que fue especialmente catastrófico, que ya supuso un 85% más de deforestación en la región respecto a 2018.

De hecho, el incremento de los incendios provocados para ganar tierra a la selva en 2019 coincidía con la llegada de un negacionista del cambio climático a la presidencia de Brasil: Jair Bolsonaro. 2020 solo seguía la tónica del comienzo del mandato ultra en la nación carioca. El principal pulmón del planeta perdía la batalla, una vez más, aunque esta vez de forma más acusada.

Aunque la pérdida de masa forestal planetaria siempre es un tema candente, en el año del covid-19 una teoría ampliamente defendida por la comunidad científica aunque no certificada al cien por cien ha aumentado la concienciación frente al problema. El virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia global, parece haber llegado al ser humano debido a la deforestación.

La conocida como teoría del murciélago, plantea una cadena de acontecimientos de la que la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica ya había alertado: los humanos talan bosques hasta ahora en estado virgen, los animales que allí viven mueren al perder su hábitat, los patógenos que en ellos moran buscan nuevos huéspedes y seres a los que infectar para reproducirse. En el caso del covid-19, el principal acusado es un murciélago asiático que vio morir su bosque a manos del Homo sapiens y que, por medio de un animal intermedio (el pangolín tiene las de ganar), llegó a los humanos.

Las cifras del desastre del reciclaje en España

Si un año ha dejado claro que el reciclaje de envases en el Estado español no es lo que se creía ha sido el 2020. El 20 de octubre, Greenpeace publicaba el informe Ecoembes miente, una recopilación de datos que afirmaba que el reciclaje de envases domésticos, los recogidos en el contenedor amarillo, apenas llegaba al 25%. Ecoembes, el ente encargado de dicha tarea por ley y formado por las principales empresas del sector en régimen de monopolio, venía afirmando cifras muy superiores, del 78% en 2018.

Otro informe histórico, el realizado por el Govern balear y publicado el 29 de octubre, corroboraba la investigación de Greenpeace al menos en las islas mediterráneas. Era la primera vez que una comunidad autónoma presentaba datos completos de reciclaje de envases, y estos señalaban un porcentaje que apenas llegaba al 25%.

Con la noticia, quedaba patente la necesidad de que el Gobierno reformase el sistema de recuperación de residuos, dadas las bajas cifras y la lejanía respecto a los objetivos: la UE impone que, antes de 2021, el reciclaje de este tipo de residuos debería ser de al menos un 50%, llegando a un 65% en 2030.

El año 2020 termina así con algunas victorias, pero muchas derrotas desde un punto de vista medioambiental. Mientras, la crisis ecológica, centrada en la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática, avanza día a día, paso a paso. A ver qué nos depara el 2021.